Hasta la década de los años 60 no se hablaba en el Ejército de Chile de la Inteligencia como función primaria del mando. Existía sólo el Servicio de Informaciones, en esa calidad, así como son simples servicios los de Transportes, Intendencia, Sanidad y Material de Guerra, entre otros.

La creciente influencia estadounidense en los ejércitos americanos indujo a los mandos a transformar el Servicio de Informaciones, otorgándole  la función de inteligencia, tal como, por ejemplo, en el contexto de esa misma influencia, la tradicional arma de Zapadores pasó a llamarse de Ingenieros.

No obstante, la mentalidad conservadora que parece caracterizar a todos los ejércitos del mundo dificultó el florecimiento de la nueva función primaria. Al alto mando de entonces no le hacía mucha gracia la existencia de militares que usaran el cabello un poco largo y que vistieran de civil.

En 1967, el teniente coronel Luis Alvarado y el mayor Sergio Fernández fueron comisionados para seguir un curso especial de inteligencia de nueve meses de duración en Fort Gulick, Canal Zone, Panamá.

Esos oficiales son considerados los pioneros de la inteligencia militar chilena contemporánea.

Desde 1968, se empezaron a impartir los primeros cursos de inteligencia para personal de suboficiales, los que tendían fundamentalmente a enseñar la doctrina de seguridad militar y el empleo de claves para el cifrado de mensajes secretos. El mayor Sergio Fernández, aun cuando tenía el grado de capitán, inventó y consagró un criptógrafo, una máquina de claves: el Capfer, sigla del capitán Fernández.

Cuando se hubo contado con suficiente personal capacitado en los rudimentos de la Inteligencia, se empezó a hablar oficialmente de Servicio de Inteligencia Militar (SIM).

La guerra de Vietnam hizo que los estadounidenses redoblaran sus recomendaciones y entonces, en el Estado Mayor  del Ejército chileno  se empezó a mirar con preocupación los brotes subversivos representados por Espartaco, primero, y luego por el MIR. Al mismo tiempo se observaba con desconfianza la labor de la Policía Política de Investigaciones, institución que, en el ambiente castrense, se reputaba como corrupta.

Por tales razones,  los cursos de inteligencia empezaron a incluir temas como la subversión y la contra subversión y, con no pocas dificultades, se comenzó a infiltrar personal militar en entidades estatales como Corfo, Cora, Indap y en algunos ministerios.

El descubrimiento en 1968 de una célula del MIR en la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército en Colina,  terminó de convencer al alto mando militar de la necesidad de subir a la categoría de función primaria al servicio de Inteligencia. Nació así la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, y se empezó a entrenar a oficiales en tal subespecialidad.

El primer revés importante de la Dirección de Inteligencia del Ejército estuvo constituido por el hecho de que el llamado ‘‘acuartelamiento del Tacna’’, el 21 de octubre de 1969, tomó por sorpresa al mando militar de entonces. No obstante, no es descartable que los medios de inteligencia de ese tiempo ‘‘no hayan querido saber’’ lo que era un secreto a voces: el indiscutido liderazgo del general Roberto Viaux Marambio sobre la oficialidad y suboficialidad del Ejército y sus frecuentes reuniones clandestinas previas a la ocupación del Regimiento Tacna.

Superado el levantamiento del general Roberto Viaux, en las postrimerías del gobierno del Presidente Frei surgió como una posibilidad cierta una eventual victoria electoral de la izquierda. Entonces, los grupos de ultraderecha empezaron a converger en busca de acuerdos y de estrategias comunes.

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Sitio al RegimientoTacna.

Conocido el triunfo de Salvador Allende, tomaron la decisión de impedir su ratificación por el Congreso Pleno. A partir del 5 de septiembre de 1970, los bombazos y atentados a las vías férreas y sistemas de electrificación sacudieron al país. Irrumpió una autodenominada Brigada Obrero Campesina, de misterioso origen, que se adjudicó varios de los ataques. Más tarde se conocerían los nombres de los comprometidos en ese verdadero ente fantasma.

Surgió también un Frente Cívico dirigido por el abogado Pablo Rodríguez, que a partir de marzo de 1971 pasó a llamarse Frente Nacionalista Patria y Libertad, y que pronto llegaría a tener cerca de tres mil integrantes, la mayoría secretamente compartimentados.

Una comisión política oculta dirigía los diversos frentes del movimiento: un aparato de inteligencia, grupos de apoyo y de choque distribuidos en doce unidades territoriales y tres jefaturas nacionales, en el norte, centro y sur del país.

Los militantes eran adiestrados en códigos, manejo de armas, defensa personal, manipulación de explosivos, sistemas de enlace y otros conocimientos necesarios para el trabajo clandestino de subversión.

El aparato militar estaba construido sobre la base de núcleos, pelotones y escuadras, dirigidos y adiestrados en muchos casos por ex oficiales de las Fuerzas Armadas.

En Santiago operaban 20 grupos de choque, de 25 miembros cada uno. Disponían de un servicio de inteligencia con cerca de 25 vehículos provistos de radios para captar las transmisiones de Carabineros, Investigaciones e incluso del Ejército. El financiamiento de estas actividades provenía de importantes empresarios y connotados dirigentes sociales, quienes, a su vez, recibían apoyo del exterior.

El Partido Nacional, en tanto, surgido de la fusión de conservadores, liberales y nacionalistas, creó el comando Rolando Matus, que encabezó el presidente de la juventud, Juan Luis Ossa. Nacieron, además, grupos como Solidaridad, Orden y Libertad, SOL; La Unión Cívica Democrática, creada a fines de 1971 con 186 firmas, 28 de las cuales correspondían a oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas; el Partido Viauxista, presidido por el capitán (R) Víctor Catalán, y con el abogado Carlos Miranda Arrau como secretario; y, la Junta Unificadora Nacionalista, dirigida por el general (R) Alfredo Canales, entre otros grupos.

En el otro bando, los partidos y movimientos de izquierda se aprestaban a defender como fuese el triunfo popular. La tensión era creciente y mientras cientos, miles de chilenos, vendían sus bienes y abandonaban Chile huyendo del régimen marxista, se produjo un hecho que sacudió al país hasta sus cimientos.

Aquella mañana sonó el teléfono en las oficinas de la agencia United Press International,  en el noveno piso de un edificio ubicado en calle Nataniel, frente a la Plaza Bulnes. El director de la agencia, el periodista Roberto Mason, tomó el fono y al escuchar se puso pálida.

-¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cuántos eran? ¿Cómo está? ¿Quiénes fueron?.....

Colgó y se sentó frente a su máquina de escribir. Las palabras empezaron a salir veloces...

-En rápida operación comando, terroristas dispararon hoy contra el comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, hiriéndolo de gravedad, 48 horas antes de la reunión del Congreso Pleno que debe proclamar Presidente electo al doctor Salvador Allende, socialista.

Schneider fue sometido a operaciones de urgencia en el Hospital Militar, para extraerle tres proyectiles que tenía alojados en el cuello, en el tórax y en un antebrazo.

El Ministerio de Defensa anunció que debido al atentado, el general Carlos Prats asumió el comando en jefe del Ejército, como subrogante.

Agregó que ‘‘el Ejército deplora esta cobarde agresión y reitera a la ciudadanía que continuará inalterable en el cumplimiento de su misión’’.

El atentado ocurrió cuando el general Schneider se dirigía en automóvil desde su residencia en el barrio alto hacia el ministerio de Defensa.

Tres automóviles interceptaron el vehículo del jefe militar y varios terroristas luego de romper los vidrios del coche dispararon con revólver hacia el interior.

Era la mañana del 22 de octubre de 1970 y la noticia hizo repiquetear las campanillas de los teletipos en las salas de redacción de todo el mundo. América, Asia y Europa miraban atentamente el proceso político chileno. Era la primera vez que una alianza marxista llegaba al poder a través de las urnas.

Schneider murió a las 7:52 del 25 de octubre, a consecuencia de dos heridas de bala en el abdomen y en el tórax, además de una grave lesión en el hígado.

Casi ocho meses después, el fiscal militar Fernando Lyon Salcedo entregó su dictamen sobre el homicidio del general Schneider. En 12 páginas y 27 acápites, Lyon resumió la conspiración, la planificación y el asesinato del jefe del Ejército.

Según la resolución, el general (R) Roberto Viaux Marambio, previa concertación con su suegro Raúl Igualt Ramírez, y con el fin de ‘‘alzarse contra el gobierno constituido’’, encargó a Juan Diego Dávila Basterrica la misión de coordinar a diversos grupos de personas que se pusieron a su disposición para estudiar y preparar el secuestro de los cuatro generales de mayor antigüedad. Estos eran René Schneider Chereau, Carlos Prats González, Pablo Schaffhauser Acuña y Manuel Pinochet Sepúlveda.

Inicialmente los conspiradores decidieron secuestrar a los generales Schneider y Prats el día 19 de octubre, luego de una comida que el cuerpo de generales de la guarnición de Santiago ofrecería a su comandante en jefe. El intento falló pues Schneider salió de la reunión en su vehículo personal no el que usaba habitualmente, de cargo a la comandancia de la institución.

Los conjurados intentaron secuestrar a Schneider nuevamente el día 20 de octubre. El intenso tránsito impidió que la maniobra se realizara.

Finalmente, el día 22 de octubre, a las 7:30, instalados en varios automóviles, esperaron al general en el lugar elegido para el secuestro, en las inmediaciones de Américo Vespucio con Martín de Zamora.

Cerca de las 8 horas salió el automóvil de Schneider, que fue seguido hasta el sector de la emboscada. En un momento, varios vehículos interceptaron al del oficial. De ellos bajaron varios hombres que destrozaron los vidrios de las ventanas traseras. A continuación, a lo menos cuatro de los secuestradores dispararon diversas armas hacia el interior, hiriendo gravemente al comandante en jefe del Ejército.

Los que dispararon fueron identificados por el fiscal Fernando Lyon como Jaime Melgoza, Juan Luis Bulnes Cerda y Diego Izquierdo Menéndez. El fiscal no logró precisar quién disparó el revólver cuyas balas impactaron en el cuerpo del oficial.

Varios de los responsables argumentaron en su defensa que ellos obedecían órdenes de una secreta organización, cuyos presuntos jefes aún permanecían en las sombras.

En junio de 1972, el juez militar de Santiago, general Orlando Urbina, dictó sentencias en primera instancia sobre el asesinato de Schneider. Las penas impuestas fueron las siguientes:

José Melgoza Garay: A presidio perpetuo e inhabilidad absoluta de sus derechos políticos y ciudadanos, como autor del homicidio calificado del comandante en jefe del Ejército; y a tres años y un día de relegación en su grado máximo a Achao, como autor de delitos en contra del orden público.

Roberto Viaux Marambio: 20 años de presidio mayor en su grado máximo, e inhabilitación absoluta de derechos políticos y cargos públicos, como autor del delito de secuestro con resultado de muerte del general Schneider. Y cinco años de extrañamiento menor por delitos varios dentro de la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Raúl Igualt Ramírez: A diez años y un día de presidio e inhabilitación de sus derechos como ciudadano mientras dura la condena, como autor del delito de secuestro con resultado de muerte del general Schneider, y a tres años de extrañamiento.

Luis Gallardo Gallardo: A quince años y un día de presidio mayor e inhabilidades ciudadanas, y tres años de relegación a la ciudad de Maullín, como autor del secuestro con resultado de muerte del general Schneider y por la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Juan Diego Dávila Basterrica: A diez años y un día de presidio e inhabilidades ciudadanas por el delito de secuestro y a tres de extrañamiento por la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Julio Fontecilla Rojas: A cinco años y un día de presidio mayor como autor de secuestro y a tres años de relegación en Curepto por actos sediciosos.

Carlos Silva Donoso, Carlos Labarca Metzger, Jaime Requena Lever, Rafael Fernández Stuardo, Luis Hurtado Arnés y Edmundo Mario Berríos: Todos a diez años y un día de presidio mayor e inhabilidad ciudadanas mientras dure la condena, como autores de secuestro con resultado de muerte, y a tres años de relegación a diversas ciudades del país.

Jorge Medina Arriaza: A diez años y un día de prisión y a tres años de relegación en Cunco.

Mario Montes Tagle: A diez años y un día de presidio e inhabilidades ciudadanas mientras dure la condena, como autor de secuestro.

Fernando Yarur Huerta, Julio Bouchón Sepúlveda, León Cosmelli Pereira, Raúl Igualt Ossa, Jorge Lagos Carrasco, Sergio Toperberg Volosky: Todos a tres años y un día de prisión e inhabilidades ciudadanas durante la condena como cómplices de secuestro y a todos también tres años de relegación a diversas ciudades por actos sediciosos.

Camilo Valenzuela y Hugo Tirado: A tres años de extrañamiento por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Juan Enrique Prieto Urzúa, Nicolás Díaz Pacheco y Roberto Vinet Llamazares: A tres años de relegación en diversas ciudadades del país.

Abdul Malak Zacur, Carlos Aravena Toro, Adolfo Ballas Ostergaard, Alejandro Cabriler Moya, Guido Poli Garaycochea, Boris Ravest Toro, Edwin Robertson Rodríguez, Mario Tapia Salazar, Edison Torres Fernández y Fernando Cruzat: A cada uno dos años de relegación a diversas ciudades del país como autores de delitos que alteraron el orden público, atentados dinamiteros y otros, producidos entre el 5 de septiembre y el 15 de octubre de 1970.

Alexis Sánchez Herrera: A 541 días de relegación por delitos similares.

Finalmente, el juez militar de Santiago dejó pendientes las penas que se impondrían a ocho prófugos, muchos de ellos autores materiales del homicidio del general Schneider. En ese caso estaban Juan Luis Bulnes Cerda, Julio Izquierdo Menéndez, Andrés Widow, Silan Leslie Cooper, Hiram Bey Bazán, Eduardo Maffei, Fernando Maffei y Rubén Santander.

El general Urbina condenó a 42 personas, dejó pendiente la sentencia para ocho prófugos y sobreseyó de toda culpa a cinco acusados.

La falla de los medios especializados en Inteligencia del Ejército se había repetido exactamente un año después del levantamiento del Regimiento Tacna.  El complot previo a la intentona fue también un secreto a voces y hasta hoy el MIR se jacta de haber infiltrado la denominada ‘‘Operación Alfa’’.

Se debe recordar que durante los funerales de Luciano Cruz, Miguel Enríquez dijo en su discurso póstumo que Cruz, entre muchos otros méritos personales, contaba el de haber hecho abortar el secuestro de Schneider.

La frustración de aquella intentona habría consistido en que, no estando previsto en absoluto disparar en contra del general, Luciano Cruz logró infiltrar entre los conspiradores a Rachid Saladino, militante del MIR, el que aprochando su ascendencia palestina no tuvo incoveniente para hacerse pasar por nacionalista.

Saladino habría logrado obtener una información completa

sobre los dos planes presentados a Viaux por dos de sus colaboradores: Luis Gallardo Gallardo, autor de la ‘‘Operación Alfa’’, el que en definitiva se puso en práctica, y Juan Diego Dávila Basterrica, diseñador de la ‘‘Operación Beta”. (Ver capítulo Guerra contra el MIR).

En el plano de las justificaciones posteriores, se llegó a decir que la inteligencia militar dejó hacer a los conspiradores a fin de no entorpecer el esfuerzo tendiente a impedir que el entonces presidente electo Salvador Allende asumiera sus funciones, pero, a la luz de los antecedentes disponibles y de un elemental sentido de la ética, tal versión no resiste el menor análisis.

Ocho meses después, algunos servicios de inteligencia detectaron que se cometería un atentado en contra de un importante hombre público con apellido de origen yugoslavo. Una discreta vigilancia empezó a operar sobre Pedro Vuskovic, Angel Faivovich. Se ordenó también proteger disimuladamente a Eduardo Frei, al cardenal Raúl Silva Henríquez y a Jorge Alessandri.

Minutos antes de las 11 de la mañana del 8 de junio de 1971, un comando armado de la denominada Vanguardia Obrera del Pueblo, VOP, asesinó al ex vicepresidente de la República, el demócrata cristiano Edmundo Pérez Zújovic, luego de interceptar el automóvil en que viajaba desde su residencia en Las Condes hacia el centro de la ciudad, acompañado de su hija María Angélica, de 30 años.

Pérez Zújovic había salido de su casa en calle La Bravanza a las 10:45 al volante de su automóvil Mercedes Benz rumbo a su oficina. Al doblar por calle Hernando de Magallanes, hacia el norte, fue interceptado por un automóvil Acadian Beaumont rojo, a bordo del cual viajaban tres individuos.

Uno de ellos descendió del vehículo con una metralleta en sus manos y tras romper el vidrio de la ventanilla izquierda disparó una ráfaga sobre el dirigente del PDC, incrustándole las balas en el cuerpo y en la cabeza.

En ese momento apareció en el lugar un automóvil Volskwagen con tres personas en su interior que presenciaron el ataque. El sujeto que empuñaba la metralleta se le acercó e intimidándolos con el arma les exigió las llaves del vehículo. 

Un instante después el individuo retornó al Beaumont y huyó con sus acompañantes hacia el sector norponiente de la capital.

Pérez Zújovic cayó sobre los brazos de su hija, que trató vanamente de contener la sangre que brotaba de sus heridas con un pañuelo. Un testigo que vivía frente al lugar de la emboscada, el actor Julio Jung, llegó presuroso al sitio de la tragedia. Un estudiante que iba a dar un examen a su escuela, Guillermo Arthur Errázuriz, se puso al frente del volante y condujo el Mercedes Benz hacia el Hospital Militar.

Diez minutos después de ingresar al centro asistencial falleció el ex vicepresidente del gobierno de Eduardo Frei.

El Presidente Allende habló al país por cadena de emisoras y comparó las muertes del general Schneider y de Pérez Zújovic.

‘‘En ambos hechos se advierte la introducción en nuestro país de prácticas absolutamente ajenas a su tradición. El móvil en los dos casos es el mismo: provocar una sensación de caos en un desesperado esfuerzo por alterar la normalidad’’, dijo el mandatario.

Horas más tarde la policía de Investigaciones logró identificar las huellas dactilares dejadas por los autores en el automóvil Beaumont que habían abandonado en un suburbio de Santiago. Correspondían a los hermanos Ronald y Arturo Calderón, el primero de ellos de 24 años, disidente del Comité Regional Sur de Santiago de las Juventudes Comunistas, donde había tenido responsabilidades dirigentes hasta 1966. Luego, con su hermano ingresó al MIR donde militó hasta 1969.

Ese mismo día, el PDC en una declaración pública exigió del gobierno ‘‘la inmediata disolución y sanción de todos los grupos armados que actúan en Chile al margen de la ley y la plena restitución de su autoridad a Carabineros y a la policía civil’’.

El PDC reclamó también del gobierno que ‘‘para el buen éxito de la investigación y esclarecimiento de los hechos, se entregue la dirección de todas las investigaciones a los servicios de inteligencia militar del Ejército’’.

Cinco días después del asesinato, el 13 de junio, en una acción conjunta de militares y policías, fueron localizados en el barrio Vivaceta los autores del crimen. Ronald Rivera fue abatido por los disparos de la policía y su hermano Arturo, que había sido indultado por el Presidente Allende en enero de ese mismo año, se suicidó antes de ser apresado.

El día 16, el tercer miembro del comando que dio muerte a Pérez Zújovic, Heriberto Salazar Bello, realizó un ataque suicida en contra del cuartel central de Investigaciones, matando a dos detectives, hiriendo a un tercero que luego falleció y destrozándose al activar varios cartuchos de dinamita que llevaba entre sus ropas.

La investigación sobre la VOP siguió su curso en los tribunales militares hasta lograr identificar, procesar y condenar a los siguientes individuos: Julio César Carreño Hernández, Galvarino Jorquera Galaz, Luis Pérez Azócar, Juan Heriberto Marchant Berríos, Víctor Soto Alvarez, Horacio Astorga Godoy, Jorge Muñoz Espinoza, Owens Salinas Cabello, Carlos Rojas Bustamante, Hernán Torres Salinas, José Bernardo Larrocha García, Arnaldo Carvajal García, Bernardo Ledermann K., Carlos Jorquera Galaz y José Aguilera Pavez.

Varios de ellos eran culpables de asesinar a los carabineros Luis Fuentes Pineda, Armando Jofré López y Tomás Gutiérrez, además de otros homicidios y diversos asaltos a bancos, supermercados y locales comerciales.

El arma con que fue asesinado Pérez Zújovic, una subametralladora Carl Gustav, había sido robada al carabinero Tomás Gutiérrez, el 24 de mayo, 14 días antes, luego de ultimarlo cobardemente.

En la dirección del Partido Socialista siempre hubo dudas sobre una eventual infiltración de la VOP. Tres o cuatro meses antes se habían incorporado cinco extranjeros al grupo, cuatro latinoamericanos y un japonés, que impartían instrucción militar y participaban en la elaboración de los planes de asaltos y expropiaciones.

Un militante socialista se infiltró días después en la VOP y pudo comprobar que los extranjeros habían participado en la elaboración del plan para asesinar a Pérez Zújovic. No obstante, cuando la policía de Investigaciones los detuvo en un predio de la localidad de Lampa, no pudo comprobar su complicidad en el crimen. Un tribunal ordenó dejarlos en libertad 24 horas después de su detención y a las pocas horas el grupo salió del país, no volviéndose a saber de ellos.

A mediados de junio de 1973 se reunieron en algún lugar de Santiago algunos oficiales del Regimiento de Blindados Nº 2, ubicado en la avenida Santa Rosa, con miembros de la dirección de Patria y Libertad. El propósito era planificar el levantamiento de esa unidad militar y el apoyo que le brindarían los civiles.

El capitán Sergio Rocha Aros y el teniente Guillermo Gasset pidieron que los miembros de Patria y Libertad les ayudaran a silenciar las radioemisoras marxistas, a conseguir combustible para los tanques y a tratar de contener el avance de algunas brigadas de izquierda en los principales accesos al centro de Santiago.

En la mañana del  miércoles 27 de junio, el comandante de la Guarnición de Santiago y de la Segunda División de Ejército, general Mario Sepúlveda Squella, informó al comandante en jefe de la institución, general Carlos Prats, sobre actividades sospechosas en el Blindados Nº 2 y que había dispuesto la incomunicación del capitán Rocha y de algunos suboficiales, mientras se efectuaba un sumario.

Ese mismo día el general Prats protagonizó un incidente en la avenida Costanera cuando creyó que iba a ser víctima de un atentado y al reaccionar amenazó con su revólver a una mujer, identificada como Alejandrina Cox Palma, que al volante de un vehículo lo había insultado. Prats se dirigió a La Moneda y presentó su renuncia ante el Presidente Allende. Luego se reunió con el consejo de generales, donde recibió claras muestras de apoyo y solidaridad. Esa noche, Allende rechazó su renuncia.

El viernes 29 Prats se quedó dormido luego de que el despertador sonara a las 6.30. A las 9:00 el teléfono lo hizo saltar de la cama. Era el secretario general de la Comandancia en Jefe, coronel Rigoberto Rubio, que le informó sobre la sublevación del Blindado. Los tanques estaban atacando La Moneda y el Ministerio de Defensa, le dijo.

Prats le ordenó que se mantuviera en contacto con el jefe del Estado Mayor, el general Augusto Pinochet; con el general Urbina y con el jefe de la guarnición, el general Sepúlveda. Se vistió rápido y salió hacia la Escuela Militar donde se reunió con el comandante de Institutos Militares, el general Guillermo Pickering.; y con el director de la Escuela Militar, el coronel Nilo Floody. Luego, telefónicamente aprueba las medidas tomadas por el general Urbina.

El Regimiento Tacna ocuparía el Blindados para impedir el abastecimiento de los tanques. Prats sale hacia la unidad de artillería ubicada junto al Parque Cousiño. El comandante de esa unidad, el coronel Joaquín Ramírez Pineda no tiene dudas y ordena a sus tropas salir a cumplir su misión.

Prats se traslada a la Escuela de Suboficiales, antiguo edificio de Escuela Militar, unidad que avanzaría hacia La Moneda desde el sur. El director de la escuela, el coronel Julio Cannesa le dice que los oficiales no quieren salir. En minutos, impone su mando y salen rumbo a la Plaza Bulnes.

Pocas horas después, la sublevación había sido controlada. Los máximos dirigentes de Patria y Libertad -Pablo Rodríguez, Benjamín Matte, John Shaeffer, Juan Eduardo Hurtado y M Welding- se asilaron en la embajada de Ecuador junto a otros dos militantes, Fernando Moro y José manuel Ruiz, que horas después saldrían de la sede diplomática con instrucciones para la militancia.

Más tarde, otros dos conjurados, Patricio Jarpa y Patricio Souper, se asilarían en las embajadas de Colombia y Paraguay, respectivamente.

A contar del 3 de julio, el melipillano capitán Sergio Rocha Aros, autor intelectual del ‘‘tanquetazo’’, pudo contar en el cuartel del entonces Regimiento de Ingenieros de Ferrocarriles de Montaña Nº 2 ‘‘Puente Alto’’, algunos aspectos no conocidos de su frustrada empresa.

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Bar Club Militar en 1966, escenario de complots militares.

Rocha llegó en calidad de arrestado a la unidad militar puentealtina y recibía diariamente indisimuladas muestras de afecto y de admiración por parte de sus camaradas del arma de Ingenieros.

El capitán Rocha había entrado desde marzo de 1973 en contactos personales con uno de los jefes de Patria y Libertad, comenzando a urdir lo que muchos uniformados deseaban vehementemente, pero que no podían o no se atrevían a materializar: el golpe militar que depusiese al Presidente Salvador Allende.

Según Rocha, ese jefe del FNPL le había dado plenas garantías de que un incruento cerco a La Moneda, con los tanques del entonces Regimiento de Blindados Nº 2, contaría con el apoyo del regimiento de Infantería Nº 1 ‘‘Buin’’, con la de otras unidades militares de Santiago, con la irrestricta adhesión de la Armada y con una multitudinaria manifestación callejera organizada por Patria y Libertad.

En tales condiciones, el capitán Sergio Rocha -oficial impenitentemente germanista y ferviente admirador de la blietzkrieg  emprendida por Hitler- dio el vamos a la operación.

No obstante, la acción golpista fue detectada por el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, instancia que, a decir de Rocha, ‘‘hizo la vista gorda hasta donde pudo’’.

 En realidad, exactamente hasta que el complot llegó a conocimiento del general Carlos Prats, que dispuso el arresto del capitán en dependencias del Ministerio de Defensa, así como la destitución del teniente coronel Ricardo Souper Onfray, a la sazón comandante del Regimiento de Blindados Nº 2.

Para el día 29 de junio estaba prevista la entrega de mando de esa unidad militar.

Como es tradicional, una comisión interventora presidida por el entonces coronel Cárol Urzúa Ibáñez, debía hacer efectivo el cambio de comandante.

Pero los oficiales que directa o indirectamente habían estado comprometidos con Rocha asumieron que era mejor jugarse el todo por el todo.

Los subtenientes Gasset y Dimter se apersonaron ante Souper. Gasset portaba el casco de tanquista del comandante del regimiento.

-Mi comandante, no vamos a aceptar su remoción; sería una humillación para todos-, le dijo

Gasset, en elocuente gesto, entregó el casco al vacilante Souper.

Pocos minutos después, el comandante del Regimiento de Blindados Nº 2 hacía, desde la torreta de un tanque M-36, el consabido movimiento del brazo derecho que indica ¡Adelante!

Los tanques sólo llevaban munición de salvas para sus cañones y el combustible era muy escaso.

El asalto a La Moneda fue rápidamente conjurado.

El subteniente Erwin Dimter Bianqui -hombre conocido por su temperamento impetuoso desde sus tiempos de cadete-, comandando un viejo tanque M3 A1, rescató al capitán Rocha desde el edificio del Ministerio de Defensa.

Rápidamente y sin conocer el desenlace de lo que ocurría en La Moneda, Rocha se trasladó hasta el antiguo cuartel de la calle Santa Rosa y comenzó a organizar el apoyo a la aventura.

Grande fue su asombro cuando una batería de obuses del Regimiento de Artillería Nº 1 ‘‘Tacna’’, mandada personalmente por el comandante de esa unidad, coronel Joaquín Ramírez Pineda, comenzó a rodear el cuartel de los blindados.

Como se estila, Ramírez exigió la presencia del más antiguo -el de mayor graduación-.  Respetuosamente, Rocha se hizo presente en la calle.

-Capitán Sergio Rocha se presenta, mi coronel-, gritó, haciendo sonar los tacos de sus botas y llevando la mano a la viscera de su casco de acero.

-Entregue de inmediato el regimiento, sin condiciones-, espetó cortante Ramírez.

-Los blindados no nos rendimos jamás, mi coronel.

-No sea tonto, amigo mío, está totalmente rodeado. ¿Acaso quiere muertes inútiles?

-Estoy dispuesto a dejar salir a la gente que lo desee, mi coronel.

-Conforme. Dispone de cinco minutos-, conminó Ramírez.

Rocha narra que alcanzó a escuchar al coronel decir ‘‘¡Agárrenlo!’’, por lo que emprendió una veloz carrera hacia el interior de su regimiento.

Pero Ramírez hablaba muy en serio. Una ráfaga de fusil ametralladora se dejó oír. Un cabo, escolta de Rocha, cayó herido de muerte. El mismo capitán alcanzó a recibir un impacto en su cintura.

La ‘‘batalla’’ se prolongó durante media hora. Los obuses de 105 milímetros dispararon en contra del cuartel de Santa Rosa, alcanzando a destruir parte del casino de oficiales y causando un número indeterminado de muertos y heridos.

Febrilmente, Rocha dirigía la defensa, según lo ha contado, ‘‘evitando disparar sobre los soldados del Tacna’’.

Súbitamente, alguien gritó ‘‘¡los tanques!’’.        

Desde el norte, los vehículos blindados que habían ‘‘cercado’’ La Moneda regresaban al cuartel.

Las esperanzas de los soldados sitiados fueron efímeras: sus camaradas volvían derrotados y, en gran medida, arrastrando el estigma de ‘‘una acción que no contó con la unidad del Ejército’’.

Hasta hoy, el modo con que el coronel Joaquín Ramírez cumplió la orden del general Carlos Prats en cuanto a someter a los ariscos ocupantes del Regimiento de Blindados Nº2 es condenado por quienes conocieron el episodio.

Se llegó a decir que Ramírez era ‘‘activo simpatizante de la Unidad Popular’’, lo que puede ser negado por cualquiera que lo haya conocido.

Ramírez alcanzó el generalato, el mando de la Misión Militar en Sudáfrica y, hasta 1989, la rectoría delegada de la Universidad de La Serena, condiciones imposibles para quien haya podido cargar con la más leve sospecha de haber simpatizado con el gobierno de Allende.

Consideración aparte merece el caso del capitán Carlos Mena, oficial del regimiento ‘‘Tacna’’ que tenía el mando directo de la batería que rodeó el cuartel de la calle Santa Rosa.

En forma personal y sin que le correspondiera hacerlo, Mena fue el autor del primer disparo de obús en contra de los situados que comandaba su compañero de promoción, el capitán Rocha.

En Puente Alto, Rocha aseguraba que ‘‘Mena es un comunista de mierda’’. 

Cuando aún no se cumplía un mes desde la abortada intentona de Patria y Libertad y de algunos oficiales del Blindados Nº2, el país volvió a estremecerse ante un nuevo asesinato.

En la madrugada del viernes 27 de julio, el edecán naval de Allende, el comandante Arturo Araya, cayó herido de muerte en el balcón de su casa, en el barrio de Providencia, con una bala calibre 22 disparada por una metralleta Batán.

Casi 20 horas después del crimen,  el electricista José Riquelme Bascuñàn, obrero de una industria filial de Corfo, iba pasando en avanzado estado de ebriedad por la puerta de la Prefectura de Carabineros de Santiago. Un policía le llamó la atención y Riquelme respondió con un insulto.

Fue detenido de inmediato.

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Velatorio del comandante Araya.

Al día siguiente, varias radioemisoras de oposición y el vespertino La Segunda  informaron del arresto de uno de los asesinos del comandante Araya.

La Segunda, con grandes caracteres, tituló: ‘‘Cayó asesino del edecán. Se habría entregado a Carabineros. Grupo extremista de izquierda lo ultimó. Pretendían raptarlo para convulsionar al país. FTR, MIR y PS serían los cómplices’’.

El capitán Germán Esquivel, miembro del Servicio de Inteligencia de Carabineros, Sicar, había logrado la confesión del detenido luego de un minucioso interrogatorio. Según el informe elaborado por Esquivel, el electricista Riquelme se había entregado porque estaba arrepentido y temía que sus compañeros lo mataran.

Esquivel también dio cuenta de otros pormenores de la confesión:  Riquelme había sido contratado por 12 mil escudos para realizar dos atentados terroristas; lo había contratado Domingo Blanco Torres, miembro del GAP del Presidente Allende; otros integrantes del grupo eran del FTR, del MIR y del PS; habían participado tres cubanos y habían recibido la orden de secuestrar al comandante Araya para impedir cualquier diálogo entre el gobierno y la oposición.

Aparentemente no había dudas. Esa tarde el electricista Riquelme fue conducido al cuartel de Investigaciones. Pocas horas después los detectives comprobaron que la confesión extraída a Riquelme había sido obtenida bajo presión y que era  falsa.

La Dirección General de Carabineros emitió un comunicado, en parte del cual señalaba que la detención de Riquelme ‘‘no tiene relación con el atentado y que su detención provisional se debió a razones de índole muy diversa, encontrándose en estado de intemperancia alcohólica’’.

Al día siguiente el Pleno de la Corte Suprema designó al juez Abraham Meersohn como ministro en visita para el caso, pese a la existencia de una comisión investigadora formada por el Consejo Superior de Seguridad Nacional, Consupsena, y la existencia de un juez militar, Joaquín Earlbaum, que seguía el caso y que incluso había decidido incomunicar al electricista. En las horas siguientes el Consupsena dirimió el conflicto de competencia dictaminando que correspondía a la Fiscalía Naval el sustanciar el proceso.

¿Qué había ocurrido? ¿Cuál era la verdad? ¿Quién había asesinado entonces al comandante Araya?

En los días siguientes la historia sufriría un espectacular vuelco.

Los agentes de Investigaciones empadronaron el lugar del homicidio. Uno de los testigos se había fijado en las patentes de algunos de los vehículos que circularon a la hora del crimen por el sector. Así, los detectives lograron ubicar a una citroneta que había sido manejada por Mario Rojas Zegers.

El consiguiente arresto de Rojas y las diligencias posteriores permitieron a los policías, encabezados por Alfredo Joignant, director de Investigaciones; Hernán Romero, director de la Escuela Técnica; y, Waldo Montecinos, jefe de la Brigada de Homicidios, esclarecer el asesinato del edecán naval de Allende.

Los responsables configuraban un comando integrado por René Guillermo Claverie Barbet, Edmundo Enrique Quiroz Ruiz, Guillermo Necochea Aspillaga, Guillermo Bunster Thiese, Juan Antonio Zacconi Quiroz, Miguél Víctor Sepúlveda Campos, Carlos Fernando Farías, Wilfredo y Luis Perruy González, Luis Palma Ramírez, Mario Rojas Zegers, Uka Lozano, Guillermo Schilling Rojas, José Iturriaga Aránguiz, Ricardo Vélez Gómez, Rafael Mardones Saint Jean, Odilio Castaño Jiménez, Andrés Potín Lailhacar y Alejandro Figari Verdugo.

En las casas de varios de ellos se encontraron cerca de 20 armas de diferentes tipos y calibres, detonantes, cargas explosivas y municiones.

Algunos afirmaron haber formado un grupo escindido de Patria y Libertad denominado ‘‘Guerrilleros Nacionalistas’’ en concomitancia con miembros del Comando Rolando Matus, brazo operativo del Partido Nacional.

El día 26 de junio, Guillermo Bunster recibió instrucciones para realizar una acción destinada a crear el clima propicio para el alzamiento de una rama de las Fuerzas Armadas. El día anterior, los camioneros habían decretado un nuevo paro nacional y el país estaba en extrema tensión.

Bunster reunió a una veintena de jóvenes en su casa, en Américo Vespucio Norte. Distribuyó explosivos, escopetas, metralletas y pistolas. La orden era acudir al barrio de Providencia a provocar el mayor alboroto posible.

En una camioneta amarilla de doble cabina se trasladaron a la esquina de las calles Huelén con Providencia, muy cerca de las torres Tajamar. Iban Bunster, Claverie, los hermanos Perry, Guillermo Necochea, Enrique Quiroz, Luis Palma, Odilio Castaño, Alejandro Figari y un sujeto de barba que más tarde sería identificado.

En la citroneta de Rojas subieron Miguel Sepúlveda Campos y Edmundo Quiroz. Su misión era sembrar con ‘‘miguelitos’’ el sector elegido para el ataque.

Otro grupo, formado por José Iturriaga Aránguiz, Uka Lozano, Guillermo Schilling y Carlos Gaymer, ocupó un Peugeot rojo. Ellos estaban encargados del apoyo logístico y de avisar en caso de peligro haciendo sonar unos pitos. Todos llevaban un brazalete blanco.

Claverie, provisto de una metralleta Batán, disparó indiscriminadamente contra los vehículos que a las 0:30 pasaban por Providencia cerca de Pedro de Valdivia. Wilfredo Perry disparó su escopeta en contra de un taxibús y un bus. Bunster hizo explotar una bomba en una camioneta de Indap que estaba estacionada.

Ocho miembros del comando ingresaron a la calle Fidel Oteíza. Un hombre en bata salió a un balcón a increparlos. Claverie disparó fríamente sobre él, eran ocho jóvenes dispuestos a todo. Llegaron a Pedro de Valdivia y siguieron disparando a cualquier cosa que se moviera. Enseguida abordaron sus vehículos y regresaron a la casa de Bunster.

En un balcón ubicado en Fidel Oteíza, con una bala calibre 22 en su corazón,  agonizaba el edecán naval de Allende.

El grupo homicida, refugiado en un fundo de San Felipe, se entregó al Ejército el 12 de septiembre de 1973, siendo trasladado a Valparaíso, desde donde, luego de unos dos meses, viajaron a una clínica en Santiago. Finalmente, el grupo consiguió el indulto del general Pinochet en 1980.

Los antecedentes que permitieron el indulto incluyeron una versión del escenario del crimen desconocida antes de entonces. Según ella, a la misma hora en que los jóvenes extremistas de derecha empezaban a operar en Providencia, a pocas cuadras de allí, en la embajada de Cuba, se desarrollaba una violenta discusión entre los asistentes a una recepción ofrecida por el embajador.

La esposa del comandante Araya increpó duramente a una de las mujeres presentes en la sede diplomática por intentar acarrear al oficial a una aventura amorosa extraconyugal.

Araya, muy abochornado, pidió excusas y se retiró.

Minutos más tarde, un alto funcionario de la embajada cubana llamó a tres miembros de la guardia de seguridad y les dió una orden:

-Síganlo y denle una lección.

Los cubanos salieron hacia el domicilio del edecán de Allende, pero antes de llegar se encontraron con los jóvenes de Patria y Libertad. Llovieron los improperios. Desde uno de los balcones se asomó el edecán para hacerlos callar. Una seguidilla de insultos lo hizo entrar a su dormitorio y salir a los segundos con una metralleta apoyada en su pecho.

Uno de los ultraderechistas empleó su metralleta Batán y una ráfaga de balas se paseó por el segundo piso de la residencia del marino.

Una de las balas traspasó su mano derecha y se le alojó en el corazón. Todos los que estaban en la calle huyeron de inmediato.   

La muerte del comandante Araya fue uno de los últimos episodios dramáticos que se vivieron durante la Unidad Popular. En los años siguientes se aseguraría a los chilenos que el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 fue una decisión de las Fuerzas Armadas, impelidas por el clamor de la mayoría de los ciudadanos. No obstante, existen antecedentes muy serios que dan cuenta de los enormes esfuerzos desplegados desde el extranjero para conseguir que el gobierno de Salvador Allende fuera depuesto.

El 11 de octubre de 1973, miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, interrogaron largamente al director de la CIA, William Colby, y a su principal asesor, Frederick Dixon Davis, sobre la participación de empresas brasileñas, ligadas a compañías transnacionales, en un supuesto complot en contra de Allende.

Michael Harrington, diputado demócrata, preguntó a Colby, si sabía que Jack Wyant, representante del Consejo de las Américas, una institución estadounidense privada, había viajado dos veces desde Brasil a Chile con instrucciones y dinero.

-No estoy cierto-, respondió Colby.

-No tengo pruebas de ésto-, dijo Dixon Davis.

-Yo no excluiría eso. Francamente, no sé. Sin embargo, no puedo afirmar que eso no sucedió-, añadió Colby.

El diputado Dante Fascel volvió a preguntar sobre lo mismo.

-Hay evidencias de cooperación entre grupos de empresarios de Brasil y de Chile. Eso constituye sólo una pequeña proporción del auxilio financiero. La mayor parte del apoyo fue logrado internamente, en Chile.

La National Congress of Latin America, NACLA, institución estadounidense dedicada a la intervención norteamericana en América Latina, publicó el 3 de octubre de 1973 en Nueva York un artículo donde identificó a ‘‘un equipo de golpe de Estado’’ de la CIA en Chile. En ese artículo, la NACLA sindicó a los siguientes estadounidenses como miembros de la red de espionaje en Chile:

-Nathaniel Davis: Embajador de Estados Unidos en Chile, ex miembro de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), predecesora de la CIA, jefe del buró para asuntos soviéticos en el Departamento de Estado durante el período más crudo de la guerra fría, alto funcionario del Cuerpo de Paz. Entre 1968 y 1971 estuvo destinado en Guatemala como jefe de la misión norteamericana para el Programa de Pacificación.

-Deane Hinton: Trabajó con Davis en Guatemala en 1968 y 1969. Fue trasladado luego a EE.UU. como segundo director del Consejo sobre Política Económica Internacional (CPEI).

-Frederick Latrash: Involucrado en el derrocamiento de Jacobo Arbens, en Guatemala.

-Raymond A. Warren: Involucrado también el el derrocamiento de Jacobo Arbens, en Guatemala.

-James E. Anderson: Presente la santo Domingo durante la invasión de los marines en 1965.

-Harry Shiaudeman: Segundo jefe de la embajada de EE.UU. en Chile. Presente también en Santo Domingo durante la invasión norteamericana.

En el mismo equipo, que según NACLA, operó en Guatemala en el 54, en Brasil en el 64, en Bolivia en el 71 y en Uruguay en el 73, estaban Arnold M. Isaacs, John B. Tipton, Joseph F. Mc. Manus y Keith W. Weeloock.

El Presidente Gerard Ford, cuando se le preguntó, en septiembre de 1974, en una conferencia de prensa, sobre la legalidad de la operación de desestabilización de Chile por la CIA, dijo: ‘‘No voy a juzgar si está permitido o autorizado bajo la ley internacional. Es un hecho reconocido que, históricamente tanto como en la actualidad, se realizan esas acciones para el mayor bien de los países afectados’’.

Hasta hoy se ignoran los detalles de la colaboración que la CIA prestó al gobierno militar del general Augusto Pinochet, y en especial a la DINA en los años siguientes al golpe. 

A fines de mayo y comienzos de junio de 1995, en las últimas semanas del juicio que durante casi 18 años se le siguió a Manuel Contreras y a Pedro Espinoza por el asesinato en Washington de Orlando Letelier, estos oficiales insistieron en culpar a la CIA del asesinato del ex canciller de la Unidad Popular. No obstante, hasta ahora, las pruebas que ellos u otros han aportado son insuficientes para otorgar alguna credibilidad a sus afirmaciones.

Continúa.