Juicio a Townley
Pinochet y Rafael Videla
Contreras tuvo éxito y el 19 de enero ambos jefes de Estado se reunieron en el aeropuerto Plumerillo de Mendoza. De allí surgió la idea de crear dos comisiones para analizar el conflicto.
En Santiago, en tanto, las presiones por el crimen de Letelier se hacían ostensibles, en medio de recriminaciones y desconfianzas que cruzaban en todos los sentidos el corazón del régimen militar.
El entusiasmo que embargaba al general Contreras luego de ser considerado como una pieza clave en el manejo de la delicada situación con Argentina, tuvo un inesperado vuelco al enterarse que Pinochet había nombrado como director de la CNI a uno de sus grandes adversarios, el general (R) Odlanier Mena, a quien el ex jefe de la DINA consideraba haber derrotado para siempre hacía dos años. Todas las informaciones que tenía indicaban que el elegido para ese cargo sería el general (R) Fernando Paredes. La designación de Mena lo llevó a pensar que inexorablemente estaba siendo marginado del principal círculo de influencias que permanecía junto a su comandante en jefe.
Presintió también el peligro, el impensado riesgo de que algunos de sus hombres fueran entregados a la justicia estadounidense. Consideraba que algunos de los asesores más asiduos al piso 22 del Edificio Diego Portales, donde tenía su despacho el presidente, eran demasiado dóciles a los intereses norteamericanos y no dudarían en sacrificar a quien fuera para satisfacer a la Casa Blanca y a los poderosos conglomerados empresariales que deseaban imponer el modelo económico neoliberal.
El 2 de marzo Contreras habló con Townley. ‘‘El gringo” estaba inquieto; temía ser traicionado y desaparecer en manos de ejecutores enviados a cerrar sus labios para siempre. Tres días después, hizo lo mismo con Fernández Larios al que convocó a su casa en las Rocas de Santo Domingo. El capitán también se veía nervioso. Las instrucciones para ambos fueron perentorias: nieguen los viajes al extranjero.
Trataba de imaginar todos los escenarios posibles, buscando la salida adecuada para cada uno de ellos. Sabía que contaba aún con muchos hombres leales y con inmejorables contactos en el cerebro mismo de la CNI, pero desconfiaba de los civiles, en especial de esos imberbes gremialistas que creían saberlo todo y que estaban llenando de cuentos la cabeza del general Pinochet.
En eso estaba cuando fue convocado al despacho del vicecomandante del Ejército, el general Carlos Forestier. La noticia la recibió como un mazazo. Por decisión del comandante en jefe, se le comunicaba su baja inmediata del Ejército.
Aquella noche del 20 de marzo todas las luces de la residencia de la avenida Príncipe de Gales se encendieron para recibir a quienes llegaban a solidarizar con Contreras. A los oficiales de la DINA, se sumaron mandos de la FACh, de Carabineros e incluso el ministro de Defensa, el general Herman Brady. Cerca de las 10 de la noche hizo su entrada la esposa del general Pinochet, Lucía Hiriart, que abrazó efusivamente al general en desgracia.
Los nombres de los generales Sergio Covarrubias, René Vidal y René Escauriaza sonaron en los pasillos y en los jardines. Se les culpaba de estar aliados con los ministros civiles y con Jaime Guzmán, el influyente abogado y líder gremialista, uno de los principales asesores de Pinochet.
En las dos semanas siguientes los acontecimientos se precipitaron bruscamente. Townley, arrinconado por todos, decidió ponerse a disposición de Odlanier Mena; mientras, en Estados Unidos, emisarios de Pinochet acordaban los términos para la entrega del agente de la DINA que aparecía como el autor material del asesinato de Letelier. Una de las exigencias chilenas era que las confesiones de Townley no se emplearan para investigar otros episodios donde estuviera involucrada la policía política que había dirigido Contreras.
En la noche del viernes 7 de abril, Townley fue llevado a Investigaciones convencido de que sería enviado a Concepción. En la madrugada siguiente, al llegar a la losa del aeropuerto y ver a dos agentes del FBI parados junto a la escalerilla de un avión de Ecuatoriana de Aviación, ‘‘El gringo’’ percibió que había sido traicionado y que su única salida era hablar, no parar de hablar.
En medio de esos turbulentos días, el general Contreras llevó del brazo a su hija camino al altar para ser desposada por el subteniente Carlos Moller. Al término de la ceremonia religiosa, varios jóvenes oficiales desnudaron sus sables y se sumaron al tradicional arco nupcial que los militares realizan en esas ocasiones. Contreras se veía orgulloso
Habituado a leer los pequeños indicios que revelan la cercanía de acontecimientos mayores, Contreras se sintió en peligro. Si él era eliminado se borraría para siempre cualquier vestigio que pudiera incriminar al régimen militar. Decidió ser precavido y con algunos de sus hombres más cercanos, optó por sumergirse en un seguro refugio en el litoral central.
Reapareció el jueves 20 para dirigirse por vía aérea a Punta Arenas y embarcar 23 maletas en el carguero alemán Badenstein rumbo al puerto de Hamburgo. Otros bultos misteriosos los envió a través de Lufthansa con destino Nueva York-Frankfort. Ese despacho, que Contreras negó siempre, fue confirmado por fuentes seguras a la revista Qué Pasa, semanario que dejó constancia del hecho en sus páginas.
Versiones posteriores indicaron que la carga que iba en Lufthansa fue transferida a Braniff e interceptada en Nueva York por el FBI. Sobre su contenido, hasta ahora nada se ha sabido.
A fines de julio, la justicia chilena ordenó el arresto de Contreras, Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios y Vianel Valdivieso. La resistencia fue mínima y sólo verbal. El 2 de agosto los cuatro se instalaron en el Hospital Militar. Contreras se dedicó de inmediato a escribir lo que había ocurrido. El supuesto contenido de esas páginas –‘‘Ayudamemoria’’ les llamó– sembraron el nerviosismo entre sus amigos y enemigos.
Brigadier Pedro Espinoza
Cierta mañana, Contreras recibió en su habitación del sexto piso del Hospital Militar al que había sido uno de sus más enconados adversarios: el prefecto de Carabineros de Santiago, el general Germán Campos.
Durante 1977 ambos se enfrentaron en ásperas disputas. El jefe policial recibía diarios informes recogidos de los siete mil carabineros distribuidos en las calles de la capital. Una oleada de bombazos sacudía los barrios y los uniformados habían observado sospechosos movimientos.
En las horas previas a las explosiones se habían visto los mismos tipos de vehículos, la misma rubia bonita que ya era conocida y las mezclas de los detonantes eran similares, entre otros numerosos y repetidos indicios. Campos concluyó que los atentados los efectuaban los mismos agentes de la DINA.
El ministro del Interior, el general Herman Brady, había enfrentado a Contreras y Campos ante la presencia del jefe de la Guarnición y del Intendente de Santiago, los generales Enrique Morel Donoso y Rolando Garay. No obstante, pese a las advertencias, el prefecto no se había dejado intimidar.
Uno de los episodios más oscuros se registró cuando una patrulla de carabineros detuvo a tres sujetos por el robo de una renoleta, propiedad de un ciudadano francés. En una rápida investigación, los policías ubicaron a los ladrones y cayeron repentinamente sobre ellos. La sorpresa fue mayúscula: los arrestados eran el cabo de Carabineros Emilio Troncoso, el cabo de Ejército Manuel Leyton Robles y el sargento de Carabineros Heriberto Acevedo, todos adscritos a la DINA.
El grupo había recibido una orden del capitán de Ejército Germán Jorge Barriga Muñoz, ‘‘Don Jaime’’, miembro de la plana mayor de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, uno de los encargados de ubicar y detener a los dirigentes del Partido Socialista. Barriga les había encargado que ‘‘consiguieran’’ una renoleta porque estaban ‘‘faltos de repuestos’’.
Cerca de la medianoche del 24 de marzo de 1977, Campos recibió un llamado telefónico:
-Campos, tengo perdida una patrulla. Probablemente los secuestraron o los mataron. ¿Puedes ayudarme?
-Voy a poner a 400 hombres de las fuerzas especiales a buscarlos. Avísame si querís más.
Contreras se enteró en los minutos siguientes que sus hombres estaban en poder de Carabineros. Tomó el teléfono y llamó nuevamente a Campos
-Campos, ¿me estay hueveando...?
-No Contreras. No puedo hacer nada. Están detenidos y van a ser puestos a disposición de la justicia militar.
-Que huevá estay haciendo Campos. No me arrastrís el poncho..., podís cagar-, respondió el jefe de la DINA.
Contreras ordenó que se alistara la guardia del cuartel central. Minutos después en varios automóviles salió rumbo a la comisaría donde estaban detenidos los tres agentes de la DINA.
-¡Vengo a buscar a mi gente!-, dijo Contreras al ingresar con sus hombres al recinto policial. Portaba en sus manos una metralleta.
-Un oficial intentó oponerse
-¡Hácete a un lado concha de tu madre! ¡Ya, entréguenmelos! ¡Si no, aquí queda la cagá!
Contreras salió con los tres agentes de la DINA, rodeado por su guardia. Los carabineros no se atrevieron a reaccionar.
La investigación siguió su curso en la justicia militar. El día 30, Leyton debía presentarse a declarar. La DINA informó que había muerto de un infarto al corazón, producto de los apremios ilegítimos a que había sido sometido por carabineros. Años después, Michael Townley reveló en Estados Unidos que el cabo había sido asesinado con gas Sarín por sus propios compañeros luego de comprobarse que había declarado en contra de su jefe, el capitán Barría.
Leyton era el mismo que años atrás, a instancias del capitán Miguel Krassnoff, había contactado a Osvaldo Romo, el guatón Romo, para que colaborara con la DINA.
Poco antes de que Contreras tuviera que internarse bajo arresto en el Hospital Militar, el jefe de la Guarnición Militar de Santiago, el general Enrique Morel, recibió una sorpresiva visita del prefecto Campos.
-Tu general Contreras corre peligro de muerte-, dijo Campos secamente.
Morel esbozó una sonrisa.
-Lo van a matar y no son extremistas-, agregó el prefecto.
-¿De qué mierda estás hablando?-, preguntó el general mientras el semblante de su cara cambiaba bruscamente.
-Te estoy diciendo que van a matar a Contreras. Pero esa es una pelota de ustedes. Yo no me voy a meter.
-¿Estás seguro de lo que están diciendo?
-Mi información es firme. Te advierto, voy a impedir que maten a Contreras. Yo soy el responsable de lo que pase en Santiago y no voy a aceptar que ocurra esto.
-¿Qué más sabís?
-Lo van a matar en su casa, en Príncipe de Gales. Le van a disparar cuando vaya saliendo. Con tu apoyo o sin tu apoyo, voy a poner a cien carabineros de las fuerzas especiales frente al equipo militar que tienes ahí.
-¡No puede ser! ¡Tus fuentes están equivocadas!
-Averigua tú mismo. Llama a inteligencia militar...
-¡Pero esta es una cagá muy grande! ¡Es muy jodido! Dame un poco de tiempo. Tengo que preguntar.
Cuando Campos se retiró, el ‘‘Tigre” Morel hizo tres llamados telefónicos. El cuarto fue al mismo Campos.
-Tienes razón. Procede no más y pone a tu gente. Desde este momento no hay más soldados frente a la casa de Contreras. Y si aparece uno, dispárale.
Dos unidades de las fuerzas especiales de Carabineros, de 50 hombres cada una, se apostaron rodeando la casa del general Contreras. Los comandos del Ejército que permanecían allí abandonaron el lugar poco después.
El mayor a cargo de la fuerza policial se presentó ante la señora María Teresa Valdebenito para comunicarle que desde ese instante estaba a cargo de la seguridad de su casa.
La esposa del ex jefe de la DINA agradeció. Los carabineros, fuertemente armados, tomaron posiciones dentro y fuera de la propiedad.
Permanecieron allí durante más de dos meses.
Por eso aquel día, en la pequeña habitación de Contreras, ambos hombres se miraron a la cara y el jefe de la DINA estiró su brazo estrechando la mano del prefecto Campos.
-Gracias, mi general. Mi esposa ahora duerme tranquila.
En los minutos siguientes, los dos oficiales analizaron la salida del general Gustavo Leigh de la Junta de Gobierno y de la comandancia de la FACh a fines de julio. Coincidieron en que Pinochet recibía muy malos consejos.
Llegó la primavera de 1978. El general Contreras seguía escribiendo y leía mucho: novelas de espionaje y lo que le llevaran sobre los servicios de inteligencia del mundo, su tema preferido.
En noviembre, empezaron a formarse, primero tímidamente y luego incluso con publicaciones en los diarios, los Comités de Ayuda para la Defensa de Manuel Contreras. El primero en aparecer públicamente fue el de Osorno. Lo integraban Gustavo Galdámez, Ricardo Schilling, Gustavo Ellwanger, Marta de Hamann, Germán Waeger, Hernán Follert, Estanislao Vásquez, Harry Jürgensen, Roberto Vicenzio y Jorge Butte.
Ese mismo mes surgió la primera prueba maciza y concreta del horror vivido y denunciado, pero hasta ese instante ignorado: miembros de la Iglesia Católica y connotados periodistas se asomaron al infierno en unos hornos de ladrillos en la localidad rural de Lonquén, a unos pocos kilómetros al oeste de Santiago. En su interior, con sus manos atadas con alambre a la espalda, encontraron 15 cuerpos cubiertos con cal. Varios de esos hombres, en su mayoría campesinos, habían sido detenidos y sepultados vivos en los meses que siguieron al golpe militar.
Todos los antecedentes fueron puestos a disposición de los tribunales, los cuales nombraron empezaron a investigar.
En el verano de 1979, Santiago volvió a estremecerse por los bombazos. Los peritajes de la Policía de Investigaciones señalaban que los artefactos era fabricados con trotil; la CNI afirmaba que el trotil sólo lo empleaban las Fuerzas Armadas. En ambos organismos se pensaba que los autores de los atentados eran ex miembros de la DINA.
En los muros de Santiago empezaron a aparecer rayados y consignas desconocidas. Un ‘‘Comando Lautaro”, que hacía recordar los nombres mapuches de las brigadas y agrupaciones de la DINA; el ‘‘Comando Carevic”, que reclamaba venganza ‘‘ojo por ojo” por la muerte del teniente Luis Carevic, un ex miembro de la DINA que había seguido en la CNI y fallecido tras explotarle en el cuerpo una bomba colocada en un barrio de la capital y que intentaba desarmar.
El 14 de mayo de 1979, en un fallo de primera instancia, el presidente de la Corte Suprema, el ministro Israel Bórquez, anunció su rechazo a las extradiciones de Contreras y Espinoza solicitadas por el gobierno de Estados Unidos.
Seguros de que las condiciones habían cambiado, ambos ex jefes de la DINA decidieron iniciar un fulminante contrataque y el 31 de mayo acusaron constitucionalmente a los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Educación y de la Secretaría General de la Presidencia, Sergio Fernández, Hernán Cubillos, Gonzalo Vial y el general René Escauriaza, respectivamente.
Los acusaban de haber interferido en sus defensas, e influir de mal modo ante diversas instancias públicas para que no se les ayudara. Uno de sus abogados, Jorge Balmaceda, funcionario del Ministerio de Educación, había sido presionado para que dejara a sus clientes.
El trámite no prospero. Era un golpe demasiado duro para el gobierno militar. Contreras declaró en los días siguientes:
-Yo como militar estoy dispuesto a cumplir, una vez más, las instrucciones de mi general, pese a la actitud ignominiosa de algunos lacayos que actualmente lo rodean.
Los chilenos presenciaban por esos días las primeras grandes batallas de una guerra al interior del régimen militar que se prolongaría más allá del fin de su existencia. Los bandos en pugna fueron identificados como ‘‘duros” y ‘‘blandos’’, atribuyéndoles características y posiciones antagónicas en el manejo económico, en las relaciones exteriores, en los planes políticos, en la educación, en suma, en todos los ámbitos ideológicos y administrativos del gobierno.
El general Pinochet movió su tablero de estrategias y decidió impulsar un gran movimiento cívico militar que robusteciera los pilares de su gestión. La tarea recayó en el mismo hombre que le había sugerido reemplazar sus incrustaciones de oro en la dentadura, despejar su frente y levantar la altura de su gorra: el publicista Federico Willoughby. Trabajaría codo a codo con un coronel de Ejército en Cema Chile y emplearía como verdaderas monitoras de la idea a las esposas de los oficiales y de los funcionarios de las intendencias regionales.
En los últimos meses de 1979, Willoughby había logrado fichar a 240 mil chilenos. No obstante, la sombra del corporativismo había caído sobre el tan esperado movimiento y Pinochet ordenó congelarlo hasta una nueva orden.
En esos meses, la Corte Suprema decidió designar a un ministro en visita para aclarar lo ocurrido en Lonquén. El nombramiento recayó en el juez Adolfo Bañados.
-Un médico, por ejemplo, asiste a un enfermo aunque tenga cáncer. Los demás ven las proyecciones del asunto, pero uno, con la deformación profesional que tiene, conoce los límites y dentro de este cuadrángulo tiene que sembrar, cultivar, hasta que salga lo que se espera, y enseguida cosechar y redactar. Lo que pase más allá o más acá ya sale del ámbito. ¡Y lo que ha de venir, que venga!
En estos términos, Bañados explicó en diciembre de 1979 a la periodista Patricia Verdugo, cómo entendía su trabajo.
-En estos últimos años se han cernido sombras de duda sobre el Poder Judicial, sobre todo raíz de sus actuaciones en los casos de los desaparecidos. ¿Usted se siente con total independencia para actuar? ¿Le llegan estas críticas? inquirió la periodista, hija de un detenido desaparecido.
-En el caso de los desaparecidos, recién acabo de tener aquí un proceso en que quedan en evidencia algunos hechos. Se dice que hubo personas desaparecidas sobre las cuales no hubo una respuesta satisfactoria. Y como hubo presunciones de que en eso intervinieron miembros de las Fuerzas Armadas, se pasó a la Justicia Militar. Y ésta no la ha devuelto. Así es que si hay alguna responsabilidad moral más adelante, si pudiera haber la desidia que se atribuye al Poder Judicial, ésa quizás podría atribuírseles a los tribunales militares, porque el proceso pasó para allá.
Y, refiriéndose al recién dictado decreto ley de amnistía, Bañados agregaba:
-Creo yo que los que lo dictaron estarán ahora arrepentidos porque si esto llegara a ser un exceso cometido, hay que pensar en la trascendencia que va a tener hacia adentro y hacia afuera la circunstancia de que se haya anticipado el legislador a cubrir un delito de estas características. Eso es lamentable. Pudo haber sido un error. Algo insospechado. Porque en realidad no se conocen los fundamentos. Generalmente se dicta una ley de amnistía para pacificar los espíritus, después de grandes conmociones políticas, pero en este caso da la casualidad de que podría dejar impune a esta gente.
-Usted lleva muchos años como juez. ¿le había tocado conocer un crimen como éste?
-Suponiendo que sea lo que todos pensamos, una muerte violenta decretada y dispuesta por uno o más asesinos, no me había tocado, pero hechos igualmente macabros y tétricos, sí.
-¿Que le ha pasado a nuestra sociedad como para llegar a asesinatos masivos como éste?
-Será el signo del materialismo, quizás. Un crimen de esta naturaleza podría explicarse en el mundo de hoy por voracidad material o miedo. porque ¿cómo justificar un crimen de esta especie? No creo que por sadismo.
-¿Y por venganza?
-Sí. Quizás ahí, también podríamos señalar el odio, pero el odio tiene lugar con una persona que se conoce. Es muy raro un odio impersonal. Tendría que conocer a una persona y saber que ha hecho algo en su contra en un plano, digamos, político, pero de la noche a la mañana matar a un sujeto porque le dicen que es contrario a uno, es difícil.
-Así fueron los crímenes del nazismo...-, observó la periodista.
-Estamos lejos, quizá, de eso. Ahora, en un estado de guerra, la situación es un poco distinta. El militar debe obedecer. Si él piensa que es un delito, está obligado a representarlo, pero si el superior insiste, él ya no tiene discernimiento.
-¿Y usted considera que en Chile hemos estado en guerra estos años?
-Quizá en algún minuto y en algunos lugares, tal vez. Se han enfrentado grupos antagónicos, pero ha sido fugaz y esporádico. Guerra, guerra, no ha habido.
Manuel Contreras había previsto el fin de la DINA, su retiro y el de sus hombres. Pensando en ello creó una sociedad de responsabilidad limitada -Pedro Diet y otros- destinada a dotar de casas a todo el personal que conformaba el estado mayor del organismo de inteligencia. También, en sociedad con Vianel Valdivieso -Víctor Víctor, como le decían en la DINA- formó la empresa CONAS, dedicada a los servicios técnicos de ingeniería y mantenimiento.
Otras empresas bajo el control de Contreras al iniciarse los años 80 eran Conapala, una compraventa de automóviles; Enelectro, de artículos electrodomésticos; Impromet, en el rubro de la metalurgia; y, su empresa regalona: Servicios de Asesorías Integrales Alfa-Omega Ltda.
El general decidió instalarse en el 3º piso de Santa Lucía 270, en unas oficinas que arrendó a su amigo y ex agente DINA, Eduardo Romero Olmedo, que junto al segundo piso las había rematado poco tiempo antes.
Romero era dirigentes de los camioneros durante la Unidad Popular, época en que si hizo muy amigo de Contreras.
En mayo de 1980 se descubrió una gigantesca evasión tributaria, superior a 250 millones de pesos -unos20 millones de dólares- que involucró a a la empresa Union Trading Co. Ltda., propiedad de Romero, y ubicada un piso más abajo de las dependencias que ocupaba Contreras.
Entre mayo y agosto, tanto la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones, Bridec, como los medios de prensa, recogieron múltiples antecedentes que daban cuenta de un verdadero grupo económico con vínculos y negocios insospechados.
Los principales socios de Romero, con dilatada trayectoria en el mundo empresarial, eran el panameño Jorge Bendek Bendek; su cuñado, Jorge Masihy Duery; y, Manuel López Jiménez, un hombre que también había trabajado en la DINA, en el departamento encargado de falsificar cédulas de identidad y pasaportes.
-No nos van a amedrentar y les aseguro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y no nos vamos a detener, caiga quien caiga, porque es necesario investigar a fondo los alcances del fraude-, dijo el general Ernesto Baeza, director de Investigaciones, al contar en esos días a los periodistas que tanto los agentes de la Bridec, como sus familiares, habían sido amenazados.
La revista Hoy publicó un completo cuadro de las empresas a las que, de una u otra forma, estaba vinculado Romero.
Entre ellas aparecían:
Sociedad de Turismo Costa Brava Ltda., Caroicar y Cía. Ltda., Sociedad Minera Pucalán Ltda., Sociedad de Buses Flecha Verde Ltda., Romero y Cia. Ltda., Romero Bendex Ltda; Masihy Alfaro y Ortega Ltda.; Romero y Diez Ltda.; Transportes Internacionales Santiago Ltda.; Metalúrgica Lamifor Ltda.; Union Trading Ltda.; Comercial Fundación Ltda.; Agricola y Forestal La Cascada Ltda.; Compañía Nacional Metalera Ltda.; Cofema Ltda.; Minera y Mercantil Ramayana; Comercial Hual Ltda.; Somalco M.R.; Turismo Alfa Tour; Tisal Tour; Fundicol Ltda.; y, Comercial y Minera World.
Romero aparecía además conectado a una red de negocios en el exterior, donde figuraban la agencia aduanera Elissalde y Poblete; y, las sociedades panameñas Marbat S.A. y Ketol S.A.. También había intentado conseguir la representación para Chile de las tarjetas de viaje Big Travel Club Inc., de Miami, Florida, empresa presidida por el cubano norteamericano Ray Velásquez, un oscuro personaje de un pasado nunca revelado.
Entre las personas ligadas a estas sociedades -aparte de Romero, Bendek, Masihy y López Jiménez- destacaban: José Navarrete González, Miriam Bannura Babul, Abraham Jarur Puery, Manuel Ortega Pizarro, Osvaldo Huerta Pino, Alfredo Alfaro Motles, Nayo Rojas Abud, Héctor Palacios Green, Miguel Navarrete Cáceres, Carmela Hernáez Aute, Cornelio Albornoz Allende, Julio Solar Solar y Jorge Díaz Utrera.
En uno de los muchos nexos del escándalo, un nombre llamó la atención de los investigadores: Álvaro Miguel Barrios Duque, que aparecía como el principal proveedor de cobre para exportación de Union Trading. Entre mayo de 1979 y y marzo de 1980, Barrios había cobrado IVA por 245 millones de pesos, cheques de Tesorería que el mismo había cambiado en la sucursal Avenida Matta del Banco Español-Chile.
¿Que había de extraño? Álvaro Miguel Barría Duque había sido detenido por agentes de la DINA desde su domicilio el 15 de agosto de 1974 y visto por última vez en la casona de calle Londres. Era un detenido desaparecido.
Otra de las personas que aparecía cobrando cheques de IVA era Bonifacio Catacora Zarzuri, nombre falso del ex sargento Juan de la Cruz Cepeda Baraona.
Romero, López y Cepeda fueron a dar al Anexo Cárcel de Capuchinos, vigilados muy de cerca por el teniente primero de gendarmería Orlando Manzo Duran. Ese gendarme, adscrito a la DINA, había estado entre 1974 y 1977 a cargo del campo de prisioneros de Cuatro Álamos; y, el 2 de octubre de 1978, declarado ante el ministro en visita Servando Jordán, que investigaba algunos casos de detenidos desaparecidos, entre ellos el de Barría Duque.
El abogado Jorge Villalobos Bolt, ex fiscal de la DINA, asumió la defensa de Romero Olmedo.
Dos de los principales involucrados alcanzaron a huir de Chile antes de que los detectives los ubicaran para detenerlos. Se trataba de Jorge Masihy, cuñado de Romero; y, el colombiano Jorge Bendek Bendek.
Ese fraude, como muchos otros procesos, abandonó las páginas de los diarios y de las revistas, pasando poco a poco al olvido.
El miércoles 5 de septiembre de 1990, diez años después de lo relatado, en una operación conjunta del Departamento de Control de Drogas y Prevención Delictual de Carabineros, OS-7, y del Servicio de Aduanas, se descubrió una red internacional de tráfico de drogas, dependiente del Cartel de Medellín, que operaba enviando cocaína desde Santiago a Miami.
La conexión surgió cuando fueron detenidos en el aeropuerto de Pudahuel tres chilenos y un colombiano portando 61 kilos de cocaína, avaluada en el mercado negro en 1.200 millones de pesos, unos tres millones de dólares.
Cinco días después, el OS-7 informó que los detenidos en Pudahuel eran Jaime García Ruiz, 49 años, colombiano; Fernando Cortese Stevenson, 43 Años, chileno; Francisco Canales de la Cerda Fuentes, 31 años, chileno; y, Miguel Ángel Candia Morales, 53 años, casado. En los días siguientes, los agentes antinarcóticos habían arrestado a Oscar Barker Cárdenas, 43 años, chileno; Guillermo Franjola Orellana, 43 años, chileno; Carlos Guevera Bonilla, 38 años, chileno, Florencio Fuentealba Aguayo, 56 años, chileno; y, Jorge Bendek Bendek, 62 años, ingeniero químico, colombiano nacionalizado estadounidense.
El colombiano Bendek, el mismo que había sido socio de Romero Olmedo en el fraude al IVA detectado en 1980, era el jefe de la operación en Chile y trabajaba junto a un cubano estadounidense, entrando y saliendo de Chile desde 1988.
Su lugarteniente, Florencio Fuentealba Aguayo, tenía también un pasado interesante. El miércoles 12 de septiembre de 1990, el diario La Tercera de la Hora escribió sobre él:
La ‘‘ficha’’ de Florencio Celedonio Fuentealba Aguayo -uno de los nueve detenidos por el grandioso descubrimiento de cocaína- comenzó a nutrirse en junio del año 1970, cuando sustrajo armas de regimiento, donde servía con el grado de capitán.
En esa oportunidad, Florencio Celedonio Fuentealba Aguayo, acompañado de su primo, Luciano Cruz Aguayo, fallecido en extrañas circunstancias hace algunos años atrás, se dirigió a la población La Bandera, donde pretendieron instalar un foco armado de resistencia extremista de izquierda. Después del 11 de septiembre estuvo enrolado en organismos de seguridad.
En la actualidad a Fuentealba Aguayo se le conoce como fuente laboral una oficina exportadora de figuras en lapizlázuli, de escaso movimiento, pero con una numerosa planta de personal.
Hace pocos meses estuvo conectado a un empresario español que pretendió instalar máquinas tragamonedas en Santiago, a lo que se opusieron la Municipalidad y la Intendencia, fallo que confirmó la Corte de Apelaciones de Santiago. Ese empresario residió antes en Colombia.
En 1981, poco antes de que Alfa Omega entrara en su fase terminal, Contreras había logrado reunir junto a él a los generales en retiro Galvarino Mandujano y, Pablo Schaffauser Acuña, ambos del arma de ingenieros; Agustín Toro Dávila, de infantería; y, al coronel Ramón Larraín.
Entre sus principales clientes estaban la discoteca Eve, la planta de Vicuña Mackenna de IRT y numerosas financieras pequeñas. Para satisfacer sus compromisos comerciales, tenía a diez analistas de seguridad, todos ex oficiales de Ejército.
Una de sus ventajas era ofrecer servicios de seguridad casi exactamente iguales a los que exigía la comandancia de la Guarnición Militar de Santiago.
En uno de aquellos días, Contreras, con algunos tragos en el cuerpo después de concluir una comida de camaradería con sus colaboradores de Alfa Omega, se emocionó al recordar los funerales del generalísimo Francisco Franco en 1975, a los cuales asistió acompañando a Pinochet. Narró que miles de falangistas luciendo sus camisas azules saludaron con el brazo en alto el entierro del gobernante español en el Valle de los Caídos, mientras entonaban el ‘‘Cara al Sol’’, himno de la Falange que fundara José Antonio Primo de Rivera.
Contreras, con lágrimas en los ojos, comentó:
-¡Esa es la mística que necesitamos en Chile!
-¡Tómese el gobierno mi general, nosotros lo apoyamos!-, los instó uno de sus asesores.
-¡Sí, mi general! ¡Usted sabe que hay muchos que estarán junto a usted!- se entusiasmó otro.
El general pareció reflexionar algunos segundos. Luego, respondió:
-No; mi lealtad hacia mi general Pinochet es irrestricta, pero les aseguro que voy a quitar de circulación a esos cabrones de los gremialistas.
En los años siguientes, el general Contreras debió hacer frente no sólo a los gremialistas, sino a otros enemigos que empleaban como argumentos la bomba y las balas, los mismos que él tan bien conocía.
A las 19.50 horas del martes 21 de marzo de 1984, en la esquina de las calles Rancagua y Seminario, en el barrio de Providencia, Contreras se salvó de una muerte casi segura.
El BMW azul, patente IKF-389 que transportaba al ex jefe de la DINA se detuvo ante una luz roja cuando iba por Rancagua hacia el oriente. Dos sujetos de entre 20 y 25 años, luciendo casacas de cuero negro y cascos de fibra de color rojo, montados en una motocicleta Honda 750, se ubicaron al costado del automóvil y colocaron sobre el techo del vehículo un objeto de color negro de unos 20 centímetros de altura, al parecer con adherencias magnéticas en su base.
Ejecutada la maniobra, los motociclistas emprendieron veloz huida por Rancagua. Una fuerte explosión sacudió el sector al estallar el detonante, pero la bomba, el artefacto principal, no fue activada.
Una esquirla del detonante se incrustó en el pecho del taxista Carlos Flores, que salía de una panadería ubicada en el sector. El BMW viró brúscamente a su izquierda y tres hombres bajaron con armas en sus manos. El intenso tránsito impidió cualquier disparo o persecución. Los frustrados atacantes ya estaban a más de 200 metros de distancia.
En la noche del 22 de abril de 1986, desconocidos que viajaban en una camioneta colocaron dos bombas en la casa de Contreras en Príncipe de Gales. Una explotó. Los guardias no alcanzaron a reaccionar. Al día siguiente, el general declaró a La Segunda: ‘‘Tengo identificado al grupo. Se llama Frente Apreta Rodríguez’’. Revela además que es el décimo segundo atentado en su contra.
Poco más de un mes después, a las 21:15 del miércoles 3 de junio, explotó una bomba con 15 kilos de pentalita, un explosivo más poderoso que la amongelatina, instalada en un automóvil Charade estacionado frente al edificio de Santa Lucía 280, en cuyos últimos dos pisos -el sexto y el séptimo- estaban ahora instaladas las oficinas de Contreras.
La bomba se activó cuando efectivos de la CNI trataban de aislarla. Vidrios, puertas y mamparas del sector resultaron destrozadas por la onda expansiva.
El vehículo había sido comprado dos meses antes en el Mercado Persa por un sujeto que dio una identidad falsa. La CNI atribuyó el ataque al MIR.
Contreras empezó a pensar en radicarse en algún lugar más tranquilo. Estaba seguro que el proceso de apertura político era indetenible y no tenía certeza de que el régimen militar pudiera prolongarse con o sin el general Pinochet encabezándolo.
En 1986, el Comando de Ingenieros del Ejército se había abocado a construir el camino entre Osorno y Bahía Mansa. A través de un convenio suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, los ingenieros del Ejército, por medio de la subjefatura zonal de Osorno, se habían hecho cargo de la reparación de esa vía para sacar del aislamiento a la comuna de Puaucho e integrarla con el resto de la región. Se buscaba el desarrollo turístico de la zona, especialmente de los balnearios de Bahía Mansa, Maicolpué y Pucatrihue, enclavados en medio de bosques vírgenes que llegan hasta el mar.
A Contreras le pareció que ese era el lugar óptimo. Allí había crecido, tenía amigos, conocía el terreno y estaría seguro. Recurrió a sus contactos en Corfo, donde le informaron que había un predio que reunía las características que buscaba: el fundo Patatún, que logró adquirir a un muy bajo precio, casi un regalo.
El general, agobiado por juicios y demandas, sabía que ninguna sociedad o empresa podía estar a su nombre. En cualquier momento le podían embargar todos sus bienes. Era necesario crear una nueva figura legal para registrar la nueva propiedad y poder conseguir los créditos necesarios para habilitar allí una casa y desarrollar el proyecto de un aserradero que le habían recomendado. Existían los contactos para exportar madera semielaborada a Japón.
En eso estaba el ex jefe de la DINA cuando en enero de 1987 el mayor Armando Fernández Larios comunicó al Ejército su renuncia indeclinable y abandonó Chile para entregarse al FBI.
Fernández Larios había sido considerado durante años como uno de los cuadros más prometedores de la oficialidad joven de la institución. Había estado presente en la toma de La Moneda en septiembre de 1973; formado parte de la ‘‘Caravana de la Muerte” y luego llamado a la DINA. Las labores que allí cumplió lo afectaron notoriamente. Empezó a beber en exceso y su carácter se hizo cada vez más irascible. Cuando fue elegido para viajar a Washington en compañía de Liliana Walker era ya un alcohólico.
De regreso en Chile, su enfermedad lo llevaba a beber compulsivamente. Se hizo cliente habitual del ‘‘Fausto”, un bar ubicado en Providencia que era muy frecuentado por el personal de la embajada de Estados Unidos en Chile.
Reiteradas conversaciones con funcionarios de esa repartición diplomática y apartado progresivamente por sus camaradas de armas lo decidieron a entregarse a la justicia norteamericana y contar, al igual que Townley, todo lo que sabía.
La deserción de Fernández Larios conmovió al Ejército. El oficial al que incluso habían llegado a denominar como ‘‘El águila”, pasó desde ese instante a ser sólo un traidor.
La inquietud del general Contreras fue momentánea. No obstante, un nuevo imprevisto, lo obligó a postergar sus proyectos. Su hijo Manuel, su único hijo hombre, se había involucrado una vez más en un grave problema.
Desde adolescente el joven Manuel Contreras Valdebenito fue un muchacho difícil. En 1978, tratando de satisfacer el anhelo de su padre y siguiendo la tradición familiar, ingresó a la Escuela Militar para ser un hombre de armas. No pudo habituarse a la férrea disciplina del plantel y abandonó la carrera para retornar a su colegio, los Sagrados Corazones de Alameda, en la capital. Allí se sentía cómodo y tenía tiempo además para divertirse, lo que más le gustaba.
Su padre aceptó la decisión de abandonar la carrera militar, pero no se lo perdonó durante largo tiempo.
Manolo, como lo llamaban sus amigos, era un muchacho bien parecido, con buen gusto para vestirse, alegre y siempre dispuesto a las más intrépidas aventuras. Ejercía, además, una fuerte atracción entre las jovencitas lo que le permitía sostener sucesivos romances que sólo eran enturbiados ocasionalmente por sus celos excesivos.
Al Colegio Sagrados Corazones era acompañado por un guardaespaldas, que sólo lo dejaba cuando el muchacho ya estaba seguro en el interior del tradicional establecimiento de los padres franceses.
Al egresar tuvo su primer automóvil propio, un Charade de color azul que poco tiempo más tarde cambio por un vistoso y último modelo jeep Susuki de color rojo.
Hablaba poco de su padre, ya retirado del Ejército. Si mucho de su madre, por quien sentía un profundo respeto.
Antes de cumplir los 20 años, debió internarse en el Hospital Militar para extirpar quirúrgicamente una molesta aparición de varicoceles. Compartió allí gran parte de su tiempo con un comando del Ejército que se recuperaba de un accidente. Al abandonar el centro asistencias, estaba obsesionado por ingresar y a las fuerzas especiales y ser uno más de los temidos comandos.
Algunas personas que lo conocieron en esos años afirman que se ufanaba de haber concurrido a la base de la Escuela de Fuerzas Especiales en Peldehue para recibir instrucción en numerosas ocasiones.
Manolo practicaba Tae Kwon Do en una academia ubicada frente al ex Mercado de Providencia, propiedad de ciudadano coreano Young Soo Kim You, quien era su maestro. En ella el joven intentó alcanzar el más alto grado de esa milenaria disciplina oriental, pero sólo pudo llegar a obtener el cinturón rojo. Manolo no podía entender que esa disciplina, más que un medio de defensa o de ataque, es una actitud, casi una filosofía cuya regla básica es el autocontrol de sí mismo, actitud que el muchacho no tenía. Por el contrario, sufría de irrefrenables ataques de ira.
Su instructor era el propio maestro Kim, único representante en Chile de la Federación Mundial de Tae Kwon Do, que haciendo alarde de su oriental paciencia lo recordó siempre como un joven tranquilo, caballeroso y cooperador.
Manolo viajó a Estados Unidos y allí logró conseguir el tan ansiado cinturón negro en esa disciplina marcial, según le aseguró a algunos amigos en 1985.
Volvió a Chile, ingresó a estudiar Derecho en la Universidad Gabriela Mistral. Reprobó un ramo y no pudo continuar sus estudios. Intentó entonces matricularse en la Universidad Central, pero fue rechazado.
Incansable, habituado a que todos le dijeran que sí, acudió a la Fiscalía Militar, donde consiguió trabajo como actuario en el proceso por los arsenales clandestinos ingresados en 1986 al norte del país por el Partido Comunista.
Allí colaboraba cuando llegó la madrugada del sábado 29 de octubre de 1988.
En medio de una bien regada fiesta para celebrar el cumpleaños del padre de su polola, el mayor (R) Joaquín Molina, un temido agente de la CNI, Manolo sufrió un nuevo arranque de celos. Tratando de imponer la calma, la muchacha le pidió que se fuera, decisión que acató a regañadientes, mascullando insultos en contra de algunos presentes.
El mayor Molina, pistola en mano, muy embriagado, salió a encararlo. El joven Contreras, al verse en riesgo, sacó una pistola automática y disparó sin dudarlo. El dueño de casa cayó herido de muerte.
Contreras Valdebenito actuó en defensa propia y fue sobreseído en el proceso que le siguió el juez Adolfo Bañados.
Cuando el general Contreras avizoró que su hijo no iría a la cárcel, se abocó nuevamente a preparar su retiro en el sur. Ya había adquirido algunas maquinarias para el aserradero, pero necesitaba más dinero para seguir operando y para sus numerosos gastos personales.
El 14 de junio de 1989, Manuel Contreras Sepúlveda y su hija Mariela crearon la Sociedad Industrial Importadora y Exportadora Tegualda Limitada o Imeteg Limitada. Entre noviembre y diciembre de ese año, la sociedad consiguió en Corfo un crédito por 15.950 UF -equivalente a poco menos de 190 millones de pesos en 1995-, préstamo que se cancelaría en 13 cuotas semestrales y sucesivas a partir del 31 de octubre de 1991 con vencimiento final el 31 de octubre de 1997.
En 1990, el general Contreras ya estaba instalado en su fundo y su empresa Imeteg, con oficinas en calle Santa Lucía y domicilio legal en la Avenida 11 de Septiembre, exportaba tablillas de madera a Japón y Alemania. Además, el ex jefe de la DINA incursionaba en el rubro gastronómico en Puerto Montt.
Imeteg tenía como gerente a Manuel Palacios Burgos, un antiguo colaborador de Contreras que había formado parte de la plana mayor de la DINA y luego trabajado como secretario ejecutivo de la empresa de seguridad Alfa Omega.
El ‘‘Pato’’ Palacios era uno de los regalones del general y se había comprado un predio de 50 hectáreas frente al fundo de su jefe. Se veían casi todos los días y poco a poco el colaborador se había ido transformando en uno de los escasos confidentes del militar.
Todo parecía caminar bien. Era necesario tener paciencia hasta que el caso Letelier fuera sobreseído definitivamente o prescribiera. Se sentía cubierto de cualquier riesgo, pese al incansable trabajo de los abogados Fabiola Letelier y Jaime Castillo, que estaban recibiendo una creciente ayuda para conseguir reabrir el proceso. Lo que ocurriera en Estados Unidos lo tenía sin cuidado y en Chile todo estaba bajo control.
Contreras no podía saber que en esos mismos días varios periodistas del diario La Epoca realizaban un cuidadoso trabajo para identificar y ubicar a la única pieza clave que faltaba en el caso: la misteriosa agente Liliana Walker.
Lo que ocurrió en las horas, en los días y en las semanas siguientes, así como los esfuerzos en las semanas previas para identificar y ubicar a Mónica Lagos, es otra historia, una historia que tiene que ver más con el periodismo, que con la DINA, Contreras y el caso Letelier. Lo relevante es que el martes 18 el diario La Epoca salió a circulación con un titular en su portada que conmocionó al país. ‘‘Yo soy Liliana Walker’’, decía sobre una gran fotografía del rostro de Mónica Lagos.
Ese trabajo de un vasto equipo de personas que incluyó a periodistas, gerentes, fotógrafos, choferes, abogados, auxiliares, dirigidos todos por Emilio Filippi, probablemente sea la colaboración más importante realizada por la prensa chilena para reabrir definitivamente el proceso por el asesinato de Orlando Letelier.
La noticia de la identificación de Liliana Walker convulsionó el fundo ubicado cerca de Fresia, provocando además inmediatas réplicas en todos los ámbitos vinculados al caso Letelier.
En las semanas siguientes, Patricio Palacios dejó la gerencia de Imateg, traspasándola a las manos de Rolf Wenderoth Pozo, ex coronel de Ejército que también había integrado la DINA y que años después cumplió funciones como Gobernador de Osorno, antes de partir como agregado militar a Alemania.
Wenderoth permaneció junto a Contreras sólo tres meses y decidió adquirir una propiedad en Lautaro, cerca de Temuco, donde instaló su casa, viajando frecuentemente hacia el sur, especialmente a Osorno, donde habitan sus suegros.
Reabierto el caso Letelier el 16 de julio de 1991, el ministro en visita Adolfo Bañados demoró poco más de un año en decidir la encargatoria de reos de los dos ex máximos jefes de la DINA.
Fallo de Adolfo Bañados
El 21 de septiembre de 1991, Contreras fue detenido por agentes de Investigaciones en su fundo de Fresia y trasladado en su propio automóvil al Hospital Militar de Santiago. Simultáneamente fue arrestado el brigadier Pedro Espinoza en Viña del Mar y conducido a dependencias del Comando de Telecomunicaciones, en los faldeos precordilleranos de la comuna de Peñalolén, también en la capital.
Horas antes, faltando pocas horas para que prescribiera la eventual investigación judicial, Bañados los había encargado reos en el proceso caratulado como ‘‘Pasaportes falsos y Homicidio de Orlando Letelier’’.
El fundo de Fresia y el aserradero quedaron a cargo de Maximiliano Ruz, un hombre que llevaba tiempo trabajando con el general y que había administrado una empresa maderera en la ciudad de Victoria, pocos kilómetros al norte de Temuco.
En esa zona, en la provincia de Cautín, se habían congregado varios importantes ex colaboradores de Contreras. Allí estaba Vianel Valdivieso, que seguía dedicado a la electrónica tras haber sido el encargado de las telecomunicaciones de la DINA. También estaba Miguel Krassnoff Marchenko, aún en servicio activo y a cargo del Regimiento ‘‘Tucapel”; y, Marcelo Morén Brito, el ex jefe de la Agrupación Caupolicán, volcado al comercio de antiguedades y moviéndose entre Temuco y Coyhaique. Otros amigos eran el alcalde de Victoria, el abogado Claudio Morán; y, el director de la radioemisora La Frontera y presidente del Partido del Sur, Eduardo Díaz.
De diferentes maneras, desde 1987 en adelante, los ex hombres de la DINA y muchos de sus amigos y colaboradores se habían comenzado a instalar -en su mayoría de modo encubierto- entre Temuco y Coyhaique, prefiriendo las zonas semipobladas y distantes de miradas inquisitivas. Al otro lado de la Cordillera de Los Andes, también ocurría lo mismo con los ex miembros de los escuadrones represivos de la dictadura militar que había terminado en 1983.
El 26 de diciembre de 1991, la Corte Suprema concedió la libertad bajo fianza de un millón de pesos a Manuel Contreras y al brigadier Espinoza.
Casi diez meses después, el 10 de noviembre de 1992, el juez Bañados acusó a Contreras y Espinoza de ser los autores del homicidio de Letelier y de falsificación de pasaportes. El ex jefe de la DINA tuvo claro entonces que debía prepararse para la lucha final, el momento definivo en el que sería absuelto o debería ir a la cárcel.
El 14 de noviembre, a sólo cuatro días de la acusación de Bañados, la propiedad de la Sociedad Tegualda Ltda. fue modificada, traspasándose a Manuel Orlando, María Teresa y Mariela Contreras Valdebenito, tres de los hijos del general. No obstante, sólo cinco días después, el 19 de noviembre de 1992, se publicó en el Diario Oficial una modificación a las cláusulas de administración, donde los nuevos propietarios entregaron poder casi absoluto a su padre para que manejara la empresa.
En parte del extracto se señalaba que ‘‘don Juan Manuel Contreras Sepúlveda se encuentra expresamente facultado para enajenar, hipotecar y constituir prendas de cualquier clase sobre los bienes sociales y prohibiciones’’. También se ampliaban las facultades para que el representante legal y administrador de la sociedad confiera poder a Daniel Vergara Calderón para ‘‘hipotecar bienes sociales, constituir todo tipo de prenda sobre ellos y prohibiciones”.
Al año siguiente, Contreras y sus abogados realizaron desesperados esfuerzos para impedir la tan temida condena. Todos sus intentos fracasaron y el 12 de noviembre de 1993, el juez Bañados dictó su sentencia final.
Habían pasado casi 20 años exactos de aquel día de noviembre de 1973 cuando el teniente coronel Manuel Contreras llegó a tomar posesión del edificio del cerrado Congreso Nacional para instalar allí la primera oficina de la DINA.
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