Queda una semana para que la Dirección de Presupuesto (Dipres) cierre el periodo de construcción del proyecto presupuestario para el 2022, el cual debe discutido y aprobado en el Congreso. En ese contexto, el organismo ha mantenido una serie de reuniones con los encargados de la Convención para ver cuál será el monto que dicho espacio necesitará durante el próximo año y también durante lo que queda de este.

Hace poco más de un mes la Convención envió un oficio –realizado en conjunto a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres)– a la Dipres donde solicitó el aumento del presupuesto en base a lo que el Pleno había aprobado en materia de asignaciones. Y esta semana, el organismo estatal rechazó dicha solicitud apelando al principio de austeridad y argumentando que necesitan más claridad y detalles respecto a los criterios por los cuáles el espacio constituyente requiere aumentar los montos que serán utilizados para el pago de asignaciones.

El 20 de agosto, la Convención envió un oficio a la Segpres, donde solicitaban un aumento de $393 millones para gastos de soporte y servicios y otros $1.794 millones para el concepto de asignaciones, cerrando el año con un presupuesto de $11 mil millones, contraviniendo con lo estimado por el gobierno, que tras cuatro aumentos concretados esperaban destinar $9.600 millones.

Originalmente, el presupuesto de 2021 tenía contemplado un total de 6.700 millones de pesos para el funcionamiento de la Convención. Sin embargo, luego de que esta iniciara sus labores se hizo evidente que la glosa presupuestaria establecida para esta era deficiente.

Y es que en cuanto al ítem de las asignaciones, la actual Constitución dice en su artículo 134 que es la Convención la que debía establecer el monto necesario para esta materia. “Los integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren, recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento”, dice el Artículo 134  de la actual Carta Magna.

A pesar de esto, la partida presupuestaria de este año había contemplado un total de 1.900 millones de pesos para las asignaciones y participación ciudadana, monto que se liberaría una vez se instalará el Comité Externo de Asignaciones, organismo que administrará dicho dinero de manera exclusiva. 

En ese sentido, el 12 de agosto la Convención aprobó con 111 votos a favor y 37 en contra, la redistribución de los montos establecidos para las asignaciones, de forma que estas aumentaran de 40 UTM (1.500.000 pesos aproximadamente) a 77 UTM mensuales (4 millones de pesos aproximadamente) como tope máximo por convencional. 

Pocos días después, el 20 de agosto, la Convención envió un oficio a la Segpres, donde solicitaban un aumento de $393 millones para gastos de soporte y servicios y otros $1.794 millones para el concepto de asignaciones, cerrando el año con un presupuesto de $11 mil millones, contraviniendo con lo estimado por el gobierno, que tras cuatro aumentos concretados esperaban destinar $9.600 millones.

Según la Segpres, el dinero actual alcanzaría para cubrir los gastos hasta octubre. Mientras que ayer, el vicepresidente Bassa dijo que este llegaría hasta el 30 de septiembre.

Esto se convirtió en el gallito de los últimos días, ya que si bien la Dipres accedió a entregar $787 millones para los gastos de soporte, el organismo rechazó otorgar los casi 1.800 millones para las asignaciones, puesto que según ellos falta información respecto a cuáles son los marcos que utilizaron para establecer ese monto. 

En punto de prensa realizado ayer en la tarde en el ex Congreso, la mesa directiva ampliada se refirió al tema dejando clara su molestia con el Ejecutivo y el organismo que ve los presupuestos. En la instancia,  la presidenta Elisa Loncon declaró que esto había ocurrido por una falta de coordinación entre la Dipres y la Segpres y que estaba estrechamente vinculado con “la responsabilidad del Presidente respecto del apoyo a la Convención”.

En la misma línea fue el vicepresidente Jaime Bassa (Independiente por cupo Convergencia Social), quien recordó que el Ejecutivo tiene la responsabilidad constitucional de entregar todo el apoyo financiero y administrativo necesario para poder llevar adelante el proceso constituyente. Además, agregó que la solicitud que se envió iba “acompañada de un informe de más de 15 páginas, del cual nosotras justificamos la necesidad de esos recursos, y detallamos especialmente el destino de esos recursos”.

Por otro lado, según indican fuentes de la Segpres, lo que está ocurriendo actualmente con la Dipres es un problema general que ocurre con todos los organismos autónomos cuando solicitan aumento de su presupuesto, pero que esta vez ha generado impacto porque se trata de la Convención Constituyente. 

“Las conversaciones que debieran tener un color técnico o un carácter financiero, han estado teñidas lamentablemente por consideraciones políticas, que han impedido que podamos avanzar”, dijo el vicepresidente Bassa.

Si bien la Segpres ha sido ampliamente criticada desde que inició el proceso constituyente y fue acusada de torpedear el espacio, desde la salida de Catalina Parot de la Secretaría Ejecutiva de la Convención y la llegada de Matías Cox, las relaciones con la mesa directiva ha mejorado considerablemente. 

Es por esto que la situación de la negociación presupuestaria ha incomodado un tanto a la Segpres, quienes indican tener voluntad de ayudar a la mesa para que se puedan otorgar los fondos que necesita la Convención para su correcto funcionamiento, puesto que según el organismo, el dinero actual alcanzaría para cubrir los gastos hasta octubre. Mientras que ayer, el vicepresidente Bassa dijo que este llegaría hasta el 30 de septiembre.

Y en esa línea el convencional agregó que desde que salió Parot e ingresó Cox han recibido mucha colaboración desde la Segpres, pero a pesar de estar trabajando codo a codo con el organismo el tono con el gobierno ha sido cambiante, puesto que este ha puesto obstáculos políticos sin fundamento técnico o financiero. “Las conversaciones que debieran tener un color técnico o un carácter financiero, han estado teñidas lamentablemente por consideraciones políticas, que han impedido que podamos avanzar”, dijo el vicepresidente.

El 30 de septiembre el Comité Externo de Asignaciones debe tener listos los cerca de 200 contratos de asesores de los convencionales, pero la concreción de esto está en duda frente a la negativa que ha mantenido la Dipres hasta ahora.

En el punto de prensa de ayer, la vicepresidenta Elisa Giustinianovich agregó que les parece indigno que haya trabajadores –equipos asesores– de la Convención que no han recibido remuneración en los casi tres meses que lleva funcionando este espacio.

Además indicó que espera que durante la reunión con Hacienda que tendrán esta mañana se llegue a buen puerto para que la mesa pueda concentrarse en la votación de las indicaciones al Reglamento y así “poder soltar esta responsabilidad que hemos tenido que asumir y que no nos corresponde, de tener que estar negociando el presupuesto para poder llegar a fin de año”, indicó la convencional Giustinianovich.

La reunión de Hacienda con la mesa directiva que sería el miércoles, se corrió para este jueves en la mañana, antes de que comience la sesión plenaria que tendrá su primera jornada para votar en particular el Reglamento General, que recibió un total de 343 indicaciones.