Durante octubre y diciembre, el magistrado del Juzgado de Garantía de Talca, Víctor Rojas Oyarce, declaró ilegales las detenciones que se cursaron contra dos personas, en el contexto de las manifestaciones sociales que ocurrieron en esa ciudad durante el estallido social. 

Se trata de las detenciones de dos estudiantes universitarios. Uno de ellos es Fernando Figueroa, estudiante de Bachillerato, el cual fue detenido el 30 de octubre de 2019, cerca de las 21 horas, en Talca. Según el parte de carabineros, el joven habría sido sorprendido moviendo una banca para realizar una barricada en una calle del centro de esa ciudad.

Sin embargo, en el control de detención, la defensa del imputado señaló que el actuar de carabineros había sido excesivo, al punto de que los efectivos policiales habrían realizado tocaciones y presión sobre su zona genital cuando el imputado ya se encontraba reducido. El juez Rojas resolvió que esta detención fue ilegal, e instó al imputado a que denunciara estos hechos por los conductos formales, dado que se trata de “una eventual vejación o trato degradante”. 

El otro caso corresponde al estudiante de la carrera de Derecho, Kevin Tobar, detenido el 16 de diciembre cuando se encontraba en las cercanías de una manifestación realizada en la Plaza de Armas de Talca. El parte policial también le atribuye participación en la elaboración de barricadas.

El juez también declaró ilegal su detención, debido a “no existir respaldo contrastable alguno más allá de la simple declaración del o los aprehensores, contenido incluso que no se condecía con fotografías acompañadas al parte policial”, según palabras de Rojas. 

En esta audiencia de control de detención, Rojas Oyarce contextualizó su decisión, señalando que a esa fecha ya habían cuatro informes de organismos internacionales sobre derechos humanos que señalan numerosas situaciones de vejamen y abusos por parte de efectivos policiales. Además, indicó que estos informes de prestigiosas organizaciones han puesto foco en la labor que los jueces estaban teniendo en la administración de justicia sobre este tipo de hechos. 

El 7 de febrero de 2020, el general y Jefe de Zona del Maule, Héctor Salazar Martínez, presentó un recurso de queja en contra de Rojas Oyarce ante la Corte de Apelaciones de Talca. En este documento, Carabineros de Chile expone que le parece “inadmisible cómo a través de las resoluciones presentes se mancha de manera generalizada la imagen de nuestra institución (...) no obstante que el Juez de Garantía debe velar por la presunción de inocencia” en el marco del debido proceso. 

Llama la atención que es precisamente el principio de “presunción de inocencia” el que asiste a los imputados para que las eventuales infracciones o delitos que hubieren cometido deban ser probados e investigados antes de asignar culpa alguna. 

Esta acción fue acogida por la Corte de Apelaciones de Talca el día 8 de abril, señalando que el juez Rojas Oyarce “excedió su competencia al fundamentar las resoluciones adoptadas en los procesos y fechas requeridos, (...) por haber sostenido en esas audiencias, que los hechos que estaba juzgando ocurrieron en un contexto de violación sistemática de los Derechos Humanos por parte de Carabineros de Chile”. 

Además, esta Corte señala que dicha cuestión constituye “una imputación de carácter genérico en contra de la Policía Uniformada” y que “tales expresiones afectan indebidamente la imagen de Carabineros de Chile”.

Se trata de una decisión que recuerda lo que pasó con el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el cual cambió la prisión preventiva de trece supuestos integrantes de la “primera línea” de las manifestaciones, por la medida cautelar de arresto domiciliario. Esto con motivo de evitar una situación de contagio de Covid-19 en la cárcel. En esa ocasión, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó tal decisión durante la misma jornada -25 de marzo-, y posteriormente suspendió a Urrutia de su cargo e inició un sumario de investigación en su contra. 

La Asociación de Magistrados del Maule emitió una declaración el 27 de abril, en la que expresan que la decisión de la Corte de Apelaciones de Talca es un “grave atentado a la independencia judicial, y peor aún, debilita la función de jueces y juezas en cuanto garantes de la vigencia de los derechos de las personas, función que es doblemente trascendente en el escenario de crisis social en cuyo contexto se verificó”

El abogado penalista, y profesor de la Universidad Autónoma con sede en Talca, Iván Vidal, firmó junto a otros 99 abogados una carta en apoyo de Rojas Oyarce, en la que rechazan la decisión tomada por la Corte y señalan que los controles de detención vistos por el juez Víctor Rojas tuvieron una resolución fundada y contextualizada a la luz de los hechos que estaban ocurriendo en ese entonces. 

Este abogado comenta a INTERFERENCIA que los Derechos Humanos, contenidos en tratados internacionales firmados por Chile, “no pueden ser solo poesía”, y que según la doctrina chilena, "son normas que están por debajo de la constitución, pero sobre las leyes, por lo cual deben ser tomados en cuenta cuando un juez fundamenta su resolución”. 

Según Vidal, lo que dice la Corte de Apelaciones al admitir esta queja de parte de Carabineros es “usted señor juez no contextualice, remitase a recibir lo que Carabineros le dice como prueba y no cuestione nada.”

Por último, este abogado criticó que Carabineros utilice como argumento el “honor de la institución”, pues el honor “ya está muy discutido como bien jurídico respecto de las personas naturales, por ende jamás lo han tenido las instituciones”.

Este recurso de queja fue apelado por el juez Rojas y en los próximos días la Corte Suprema deberá resolver si es admisible. En caso de que se verifique su admisibilidad, deberán pronunciarse sobre las cuestiones de fondo de esa apelación.