Tras una serie de acciones dilatorias por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) frente al reclamo de contribuyentes que exigían transparentar los criterios específicos utilizados para el reavalúo de sus propiedades -y con ello el aumento en el pago de sus contribuciones-, tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema (ver documento adjunto) respaldaron la determinación del Consejo Para la Transparencia (CPLT), que ordenó al SII entregar dicha información a los solicitantes. 

En mayo del año pasado, INTERFERENCIA ya había advertido sobre esta situación en el artículo Contribuyentes adultos mayores acusan que el SII no entrega información que justifica elevados reavalúos de sus propiedades, donde se estableció además que, pese a que Tesorería implementó una exención de contribuciones para un rango de adultos mayores vulnerables, no había certeza sobre si dicha exención era retroactiva respecto de cobranzas anteriores.

En conversación con este medio, Rodrigo Valdés, abogado de uno de los contribuyentes que vio aumentadas sus contribuciones en un 100% y que reclamó para conocer estos criterios, se refirió a la decisión de los tribunales explicando el caso. 

“Cuando fuimos a reclamar nos dimos cuenta de que el parámetro que se usa para hacer el cálculo de la deuda que hay que pagar consistía en que el valor de tu propiedad aumentaba de acuerdo a lo que aumentaba un sector establecido por el mismo SII. En ese sector, se eligen algunas compraventas de los últimos años y a partir de la variación que han tenido esas propiedades, ellos hacen el cálculo. El punto está en que nosotros solicitamos saber cuáles eran esas propiedades que se consideraron para calcular la reavaluación. El SII negó esa información, así que recurrimos al CPLT y ellos nos dieron la razón, ordenando que nos dieran esa información. Por lo anterior, el SII hizo un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago y esta Corte también falló en favor de nosotros. Ellos presentaron un recurso de queja a la Corte Suprema, y la Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones”, describe Valdés. 

En esa línea, el jurista afirmó que en todo Chile hubo un proceso de reavalúo de las propiedades, el que provocó que muchas personas perdieran sus exenciones de pago al subir las contribuciones. 

“Nosotros conocimos el caso de varios adultos mayores que tenían miedo de reclamar, pero eran casos similares, gente que había pasado de pagar más del doble de lo que originalmente cancelaban. Entre ellos, una cantidad importante de gente que fue afectada estaba pensando en irse de sus viviendas hacia otro lado, e incluso algunos elevaron recursos de protección que fueron acogidos por la Corte para mantener el precio. En la Suprema nos dimos cuenta de que hubo otras sentencias que se habían dictado, que no habíamos sido los únicos que habían alegado. Me da la impresión que con este fallo, la Suprema cierra la discusión”, expresó. 

En cuanto a la justificación del SII para negar la información, alegando la privacidad de los contribuyentes que son los dueños de esas casas, el defensor indicó que ellos no pidieron información de la tasa impositiva ni de dónde sacan el dinero, sólo querían identificar cuáles eran las casas y cómo se justificaba el alza en los impuestos.

“Hasta esta fecha, no es posible saber como contribuyente, por qué me están cobrando lo que me están cobrando en términos de contribuciones”, dice Valdés. 

“En Chile desde 2018 se ha hecho un gran esfuerzo por mantener la transparencia del mercado inmobiliario, y esto creo que apuntaba en contra de ese esfuerzo. En cualquier caso, a mí me da la impresión de que, más que cargarle la culpa al SII, lo que hemos analizado es que desde el gobierno de Ricardo Lagos en adelante, ha ido sistemáticamente cambiándose el eje de la importancia del urbanismo”, aseguró.

En esa línea, Valdés explica que “cuando se construyen infraestructuras como un Metro, te suben las contribuciones y mucha gente termina yéndose de barrios donde residió toda su vida. Estamos hablando de personas que con mucho esfuerzo compraron sus casas, que se encargaron de mejorar y hermosear el barrio y que se jubilaron sin buenas pensiones, por lo que el impacto del aumento de contribuciones los termina sacando de esos lugares. Nosotros sospechamos que ese proceso de ‘gentrificación’ está siendo impulsado por las decisiones de políticas gubernamentales, donde se prioriza la vivienda como inversión”. 

Consultado por el revuelo que generó el caso del embargo y remate en 2019 de la casa de las hermanas Struthers en Zapallar -por adeudar tres cuotas de contribuciones- que permitió una posterior compra del empresario Leonidas Vial, el abogado afirmó que “ahí el tema no es sólamente que le hayan rematado la propiedad, sino que queda claro que el tributo que se le impuso fue de tal magnitud que la terminó perdiendo. ¿Y quién la compró? Una persona que tiene mucho más dinero. En el juicio que nosotros seguimos, estamos tratando de evitar que siga ocurriendo eso”.