Desde 2010 los integrantes de la familia Ossandón Larraín –herederos de la fortuna basada en bienes raíces de Bernardo Larraín Vial– han librado una serie de batallas judiciales, tanto en Chile como en Estados Unidos. Todo lo comenzó Manuel Ossandón, uno de los hermanos del clan, contra toda la familia y contra su hermano Bernardo, quien encabezó una serie de movimientos para reorganizar el patrimonio familiar avaluado en cientos de millones de dólares.

Hasta el momento, ningún fallo de la justicia había respaldado la tesis defendida por Manuel y sus abogados ante las distintas instancias. Sin embargo, este martes 24 de septiembre, la primera sala de la Corte Suprema emitió un fallo que podría ser un revés para la operación protagonizada por Bernardo, que, en representación de todas las sociedades de sus hermanos, cedió los derechos poseídos en múltiples activos a favor de Inversiones Cordillera Limitada, el holding de la familia en Chile, que es controlado por una sociedad en Islas Vírgenes Británicas. Todo esto por precios muchísimo menores a los comerciales, lo que les significó protagonizar una de las tramas judiciales más bulladas con el Servicio de Impuestos Internos.

Movimiento anulado: ¿y qué pasa con la deuda?

En particular, la Corte Suprema declaró la nulidad absoluta de la cesión de derechos que realizó la sociedad de Manuel Ossandón, DM Inversiones, representada entonces por su hermano Bernardo Ossandón, en favor de Inversiones Cordillera. Eso incluye los derechos que Manuel tenía de manera indirecta en una sociedad conocida como Lomas II, y que sus abogados tasaron en un valor cercano a los 100 millones de dólares en septiembre de 2009, cuando se realizó la transacción por un valor de 100 mil pesos.

Todos los hermanos realizaron operaciones idénticas. Aquello les significó comparecer ante el Tribunal Tributario y Aduanero, donde explicaron las cesiones de derechos que realizaron –de Lomas II desde las sociedades que cada uno controlaba, y también sobre las cesiones de los derechos que poseían de manera individual en otras compañías– a Inversiones Cordillera Limitada en 2009. 

Por lo mismo, entró al ruedo el Servicio de Impuestos Internos. El órgano público encendió las alarmas y en julio de 2013, les impuso a cada hermano liquidaciones por diferencias del impuesto de primera categoría individualmente por sobre los 1.400 millones, y a cada una de las sociedades que controlaban por 9.000 millones de pesos.

Todos los hermanos, salvo Manuel, se defendieron de manera similar, asesorados por los mismos abogados, para buscar que se eliminaran estas liquidaciones que los obligaban a pagar este saldo de millones de dólares, argumentando que todo había sido hecho en base a una reestructuración entre las mismas personas, por lo que no correspondía transar en base a valores comerciales.

Recién a fines de julio de este año, la Corte de Apelaciones acogió el reclamo de las sociedades controladas por Bernardo, Gabriel y María Teresa Ossandón, además de la controlada por su madre, María Soledad Larraín, lo que ya había sido dictaminado por el Tribunal Tributario y Aduanero. Pero el SII concurrió a la Corte Suprema para dejar sin efecto el fallo del tribunal de alzada, lo que todavía no se decide.

Asimismo, y en busca de que quedaran sin efecto las liquidaciones de estos tres hermanos de manera individual, perdieron en la Corte de Apelaciones a fines del año pasado, y presentaron recursos de casación ante la Corte Suprema para revertir esta decisión, lo que tampoco se decide aún.

Como Manuel nunca argumentó a favor de la reestructuración del grupo, tiene una deuda con el fisco como persona natural y a través de su sociedad DM Inversiones. La de esta última supera los 15.000 millones de pesos, tal como lo relató INTERFERENCIA en el artículo "La millonaria deuda fiscal que nadie le ha cobrado al empresario Manuel Ossandón".

Sin embargo, no están muy claros los pasos que se seguirán ahora que la Corte Suprema anuló la operación que cuestionó en su minuto el Servicio de Impuestos Internos (SII), y que le significó a DM Inversiones generar esta deuda en millones de dólares que, hasta hoy, no ha podido ser cobrada por la Tesorería General de la República.

Ello se debe a que Manuel Ossandón traspasó gran parte de sus activos a sociedades relacionadas, con el fin explícito de esconder sus bienes del SII, como él mismo confesó en una declaración judicial en Estados Unidos.

Este medio se contactó tanto con Manuel como con Bernardo Ossandón, así como con sus abogados, para obtener alguna reacción a partir de este fallo. Sin embargo, ninguno quiso referirse al tema.