La última vez que los tres poderes del Estado –el presidente de la República, los presidentes del Senado y la Cámara, el presidente de la Corte Suprema– además del contralor general y los comandantes en jefe de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, se juntaron para atender algo que "atente gravemente en contra las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional", fue en 2014 por una pérdida territorial. Se trató del fallo de La Haya que entregó mar considerado chileno, al Perú.

En ese entonces el presidente era Sebastián Piñera y convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), tal como lo es hoy, que llamó nuevamente a este organismo para enfrentar el estallido social en su tercera semana.

Según el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, “el objetivo de la sesión del Consejo fue doble. Por una parte informar sobre la situación del país, en particular los graves hechos y episodios de alteración del orden público que hemos experimentado en las últimas tres semanas y compartir dicha información con todos los organismos del Estado que forman parte del Consejo. Y en segundo lugar, el objetivo fue solicitar la máxima colaboración y coordinación para todas las tareas que tenemos que enfrentar como Estado las instituciones de él para poder superar esta crisis e ir restableciendo el orden público”.

Blumel dijo esto último en relación a la agenda de seguridad que ayer lanzó Piñera, que incluye leyes antiencapuchados y antibarricadas, entre otras, que apuntan a robustecer las atribuciones policiales, en un contexto de masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros. 

El Cosena fue concebido en la reforma a la Constitución de 2005 como una instancia consultiva del presidente de la República, cuya función es congregar a las cabezas del Estado y las de la seguridad, para enfrentar graves amenazas, de modo que puedan actuar juntas y así defender asuntos tales como la integridad del territorio nacional o movimientos hostiles de enemigos externos.

Es decir, el Cosena no ha sido empleado para enfrentar graves desórdenes, pues -por ejemplo- no fue convocado para el terremoto de 2010, ni el de 1985 (que se sepa, pues en esa época dictatorial, hubo dos reuniones secretas). Tampoco esta instacia fue consultada en los primeros días de las protestas, los más violentos, como para haber respaldado en la instancia la decisión de aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, los estados de emergencia, y los toques de queda.

Sin embargo, el Cosena sí ha sido convocado para resolver graves problemas políticos, como fue en 1991 a propósito del Informe Rettig, o en 1993, por la acusación constitucional contra el supremo Hernán Cereceda, o en 1999 y 2001, por el arresto de Augusto Pinochet en Londrés. Todos momentos anteriores a la reforma constitucional de 2005.

Cabe señalar que esta institución fue creada por la Constitución de 1980, y constituía -hasta 2005- una especie de Consejo de Estado, que podía ser autoconvocada por dos de sus miembros, con una composición extendida, cuyo efecto en la transición post dictatorial fue justamente limitar los poderes de los presidentes democráticamente elegidos, en manos de autoridades militares y designadas por la dictadura. Hoy solo es de carácter consultivo y solo puede ser convocada por el Presidente de la República.

A la salida de la reunión, Jaime Quintana (PPD), presidente del Senado, declaró: "Yo asistí fundamentalmente por la responsabilidad que impone mi cargo, pero claramente al igual que otros actores señalaron, de que hoy día no es tal, que esto no era necesario”. Según Quintana, compartieron impresiones con el contralor Jorge Bermúdez, en tanto a "aprehensiones" legales. Quintana, más tarde, declaró que en "ninguna circunstancia aceptaremos la vulneración de derechos fundamentales, y por eso le pedí al Gobierno autorizar a la brevedad la misión que ha solicitado la Comisión Interamericana de derechos humanos”.

Por su parte, Iván Flores (DC), presidente del Cámara de Diputados declaró que "no se debió haber convocado al Cosena. Y voy a ser claro, no hay espacio para reactivar estados de excepción. Lo que corresponde es dar soluciones reales. Y, en eso, la Nueva Constitución es clave. Prioridades: pensiones y salud con urgencia”.

Ambas autoridades asistieron el día domingo 20 de octubre a La Moneda a una reunión convocada por Piñera para buscar soporte político de su gobierno ante el estallido social, horas antes de que el mismo mandatario declarase "estamos en guerra contra un enemigo poderoso", tras lo cual se desató una intensa campaña de fake news que sugería la existencia de grupos violentistas altamente organizados, de matriz cubana y venezolana. Algo que con el correr del tiempo fue desactivado, tras la crisis en la redacción del diario La Tercera por la publicación de un artículo que daba sustentabilidad a esa línea argumentativa, la cual contó con declaraciones de respaldo, incluso por parte de Juan Guaidó, Donald Trump y Luis Almagro, secretario general de la OEA. Hasta ahora, el fiscal del caso, Omar Mérida, ha negado tajantemente la participación de agentes venezolanos o cubanos en los ataques del Metro.

Marcha del viernes 8 de noviembre

Nuevamente está autoconvocada una marcha masiva para este viernes a las 17:00 horas en Plaza Italia. Como en ocasiones anteriores es difícil predecir su masividad. Pese a ello, la actividad en redes sociales, y la experiencia de esta redacción, indican que se han ido prendiendo los ánimos, aunque estos cada vez más son de ofuscación, por lo que es posible que se resten personas mayores y niños, en comparación de la Gran Marcha del viernes 25 de octubre. 

Esta marcha se da en un contexto en que Carabineros ha empezado la labor de dispersión de los manifestantes incluso antes de las horas de convocatoria, y precedida por masivas escenas de violencia protagonizadas por Carabineros y algunas protagonizadas por manifestantes.

En suma, mañana será un momento propicio para medir el real desgaste de la movilización y la capacidad de Piñera de resistirla, con un 9,1% de aprobación ciudadana.