Luego de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamara como presidente interino encargado del país el 23 de enero de este año, se pudo apreciar cómo se venía el futuro venezolano en términos internacionales. La arremetida contra el presidente Nicolás Maduro fue dura. Dentro de la región, el único presidente que respaldó abiertamente al presidente electo fue el boliviano Evo Morales, mientras que los gobernantes de Uruguay y México optaron por un camino más cauteloso.

La arremetida opositora venezolana -respaldada por Washington y decenas de países occidentales, entre estos Chile- llegó a su clímax con el evento musical realizado a fines de febrero en el pueblo colombiano de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Sin embargo, la versión siglo 21 de los conciertos Live Aid de los años 80 -incluyendo la supuesta entrega de toneladas de enseres para la ayuda humanitaria- no logró su cometido.

El gobierno de Nicolás Maduro, en tanto, ha declarado muchas veces que la grave crisis económica y social que atraviesa su país se debe al intervencionismo extranjero. Por ello, hizo un llamado a la ONU para visitar el territorio venezolano. La invitación fue extendida a Michelle Bachelet, quien desde el 2018 es la Alta Comisionada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra, Suiza. Durante varios meses, para regocijo y críticas de la derecha chilena, la ex mandataria pareció no hacer nada.

Todo cambió hace algunas semanas, cuando Bachelet finalmente visitó ese país. Ayer, esa repartición de la ONU entregó su reporte final, que ha resultado ser poco halagador para el régimen chavista. “Existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud”, reza e informe preparado por Bachelet y sus asesores.

Violaciones graves

El informe investiga los hechos ocurridos entre enero de 2018 y mayo de 2019, y plantea que la serie de medidas implementadas por el Estado venezolano en todo el espectro institucional han restringido el espacio democrático, llevando de paso a una militarización de la población civil.

El pasado 19 de junio Bachelet pisó tierra venezolana. Su visita de tan solo tres días fue criticada y a la vez apreciada. Situación que se repitió durante la jornada de ayer luego de que el contenido de su informe acusara una sostenida e institucionalizada violación a los derechos humanos por parte de los organismos estatales.

Pero las opiniones respecto a la situación en Venezuela han estado divididas hace años, tónica que se repitió frente a la investigación comandada por la ONU. Desde la oposición el informe fue catalogado como contundente y que da cuenta de la violación a los derechos humanos y persecución que sufren los detractores al gobierno de Nicolás Maduro.

En conversación con INTERFERENCIA, Omar Lugo director del medio digital venezolano El Estímulo, planteó que el informe de ACNUDH pone en evidencia la “magnitud de la catástrofe que representa el madurismo para los venezolanos”. Sin embargo, el gobierno de Maduro no reconocerá la legitimidad de la investigación y “acudirá a la narrativa que niega la existencia de problemas graves que son latentes todos los días, van a decir que Bachelet es parte del complot internacional para desacreditarlos”, asegura el comunicador. 

Los problemas graves a los que hace referencia Lugo radican en la falta de alimentos, la precarización del sistema de salud, la poca libertad de expresión y las acciones violentas de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) creadas en 2016.

Según el informe, la hiperinflación ha provocado que el salario mínimo solo cubra el 4,7% de la canasta básica de alimentos. Este acceso restringido a los alimentos mantiene a 3,7 millones de venezolanos en estado de desnutrición, siendo las mujeres las más afectadas, ya que en promedio destinan 10 horas del día haciendo filas para adquirir comida.

Además, producto de la escasez de medicamentos y de anticonceptivos, el embarazo adolescente aumentó en un 65% desde 2015. Esta situación va de la mano con el incremento de 20% en muertes provocadas por abortos clandestinos e inseguros.

En materia de derechos civiles y políticos, ACNUDH reitera que en los últimos 10 años los casos de represión selectiva y detenciones arbitrarias han alcanzado una cifra alarmante. Entre enero de 2014 y mayo de 2019, más de 15.000 personas fueron detenidas por motivos políticos.

En estas instancias de detenciones y encarcelamiento, mujeres y hombres han sido sometidos a tortura con “la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”, indica el informe.

Uno de los puntos más graves contenidos en la investigación de Bachelet es la acusación que hace a las FAES. El párrafo 47 indica que se documentaron casos de ejecuciones extrajudiciales en barrios pobres. “Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un ‘escuadrón de la muerte’ o un ‘grupo de exterminio’. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas”, se lee en el reporte.

Críticas

Poco después de que se hiciera público el reporte de la ONU, el gobierno de Maduro hizo circular una declaración con 70 objeciones denunciando que “el informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada”.

En el comunicado oficial el gobierno de Venezuela critica que el 82% de las fuentes de entrevistas utilizadas se hayan encontrado fuera del territorio nacional. Además, enfatiza que el informe omite “el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos contra la nación sudamericana".

El dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Carlos Aquino, afirmó a INTERFERENCIA que no esperaba un resultado transparente desde la ONU, ni tampoco una respuesta positiva desde el gobierno. “Desde antes de la llegada de Bachelet a Venezuela expresamos públicamente que no compartíamos las expectativas manifestadas por el gobierno nacional. En primer lugar porque sabemos que ninguna de esas instituciones y ninguna de las personas que las integran son ni pueden ser equilibradas o neutrales, porque tienen posiciones políticas, y toda situación la ven a través del filtro de su posición”, afirmó.

Aquino agrega que el origen del informe en sí ya es desalentador, al considerar que la ONU ha ignorado hechos de violación a los derechos humanos cuando estos han venido desde países como Estados Unidos y sus aliados europeos. “Ya se sabía que, para intentar dar una imagen de equilibrio, el informe contendría aspectos que agradarían y desagradarían tanto al gobierno como a la oposición, lo cual no lo hace más objetivo, sólo políticamente conveniente para seguir siendo un interlocutor aceptado y reconocido por ambas partes”, dice Aquino.