Este artículo es parte del newsletter exclusivo La Semana del pasado sábado 1° de mayo, y ahora se comparte para todos los lectores.
Durante la semana pasada la justicia de Minneapolis condenó al asesino de George Floyd, Derek Chauvin, un policía de Minneapolis, por los tres cargos que se le imputaban y enfrenta una posible condena de entre 15 y 75 años, la cual se dará a conocer el 16 de junio próximo.
El resultado judicial era esperado, dada la conmoción del asesinato -el que fue grabado por el celular de Darnella Frazier y visto por cientos de millones de personas- lo que en 2020 produjo una oleada de protestas de afrodescendientes, no solo en Estados Unidos, mediante las cuales se denunció un racismo estructural de las policías.
Pero, la jurisprudencia estaba de parte de Chauvin, pues pese a que se cuentan por miles las denuncias penales anuales contra policías, solo han sido formalizados 121 uniformados desde 2005. Esto dada un decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que data de 1967 y que permite a los oficiales solicitar la "inmunidad cualificada".
Respecto de lo anterior, vale la pena leer El veredicto de George Floyd no habría ocurrido sin meses de protesta de la columnista de The Guardian Nesrine Malik, quien describe el clima internacional creado a partir de la indignación del homicidio, lo que produjo incluso cambios en la policía francesa y una fuerte discusión en las redacciones británicas de periódicos por sesgos racistas en sus coberturas, algunos inconscientes (y que se curan contratando periodistas, editores y editoras no caucásicos).
De tal manera, la comunidad de afrodescendientes y las agrupaciones de derechos humanos, han buscado destacar el carácter inusual del juicio, de modo que marque un antes y un después, para "proteger a los futuros George Floyd de los futuros Derek Chauvin". Esa es la conclusión del análisis de Paul Butler en The Washington Post; en su artículo Opinión: El juicio más importante a policías por matar a un hombre negro aún no ha ocurrido, en el cual se abordan aspectos procesales que dan cuenta de vicios del sistema judicial.
Tal vez, más importante aún, es este artículo de Ed Pilkington en The Guardian: Los asesinatos policiales de afroamericanos equivalen a crímenes de lesa humanidad, según una investigación internacional, en el cual se dan a conocer las conclusiones y el impacto del Informe de la Comisión internacional para la consulta sobre racista sistémico y violencia policial contra la gente de ascendencia africana en los Estados Unidos, financiado por la Fundación del Gremio Nacional de Abogados.
En síntesis, el reporte indica que lo que ha sucedido históricamente en Estados Unidos contra su población afrodescendiente viola distintas normativas internacionales al punto en que algunos casos configuran crímenes contra la humanidad, los que -por su gravedad- son perseguibles internacionalmente y no prescriben.
Dadas estas conclusiones, los 12 comisionados -de Barbados, India, Sudáfrica (2 en total), Francia, Costa Rica, Reino Unido, Pakistán, Japón, Antigua y Barbuda, Jamaica y Nigeria- han pedido un fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya para que investigue y juzgue.
Un antecedente que tiene impacto en varios países en que los afrodescendientes son minorías relevantes, como en Brasil, pero que también podría extenderse a juzgar la violencia policial como crímenes contra la humanidad en países con otras minorías étnicas, como Chile.
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