Antes de las evasiones masivas del Metro que culminaron con el estallido social que todavía mantiene en una crisis política al país, el Gobierno había comenzado octubre con el pie derecho. 

Esto, pues uno de los miembros más cuestionados de su gabinete, la ministra de Educación Marcela Cubillos, había sorteado con éxito la anunciada acusación constitucional en su contra, pese a la mayoría de la oposición en la Cámara, lo cual fue celebrado como un triunfo político en el oficialismo, al tiempo que desataba una nueva fractura en el bloque opositor que no fue capaz de ponerse de acuerdo a este respecto. 

Dos semanas más tarde, el escenario cambió bruscamente, de modo que hoy el presidente Sebastián Piñera pende de un hilo, habiendo roto todos los récords de desaprobación presidencial, con organismos internacionales y medios de prensa extranjeros condenando enérgicamente las violaciones a los derechos de las cuales es responsable, con una agenda política y social que no ha logrado desactivar una movilización que amenaza con convertirse en crónica y con una economía seriamente amenazada en el corto, mediano y largo plazo. 

En este contexto, la figura de Marcela Cubillos había pasado desapercibida por la contingencia que se desarrolló durante los primeros días de manifestaciones y caos. Pero, poco a poco, comenzaron a aparecer señales de su necesidad de volver al ruedo público.

La primera figuración de Cubillos fue su ratificación en el cargo en el dilatado tercer cambio de gabinete de fines de octubre, donde el mandatario aceptó la renuncia de ocho ministros. En una movida donde salieron nombres emblemáticos como Andrés Chadwick, Nicolás Monckeberg, Juan Andrés Fontaine y Felipe Larraín, Cubillos y Gloria Hutt -la ministra de Transportes- parecieron los grandes sobrevivientes. En especial Cubillos, dado que su cartera históricamente es muy conflictiva, al igual que su estilo de liderazgo. 

A partir de ahí, la ministra comenzó su ofensiva. El 30 de octubre anunció y criticó en su cuenta de Twitter las cifras que dejó el último proceso del Sistema de Admisión Escolar (SAE), creado durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet e implementado este año por primera vez en todo Chile.

Según las cifras entregadas por la ministra en su red social, un 36% de los postulantes quedó en su primera preferencia y un 62% en alguna de las tres primeras, en un proceso que incluyó un total de 483.070 solicitudes. Sin embargo, los números fueron cuestionados por expertos de la Universidad de Chile mediante un informe publicado por El Desconcierto, que indicaba que un 54% quedó en su primera opción y un 80% accedió a alguna de sus primeras tres prioridades.

Más allá de la polémica, en la que incluso intervino el periodista Daniel Matamala contra la ministra, Cubillos de todos modos aprovechó de hacer proselitismo contra el SAE, anunciando un proceso de Cabildos de Apoderados, que tienen por objetivo dialogar sobre el sistema de admisión, lo cual fue desafiante y produjo molestia, por apropiarse del lenguaje propio de la protesta social, al usar la palabra cabildo.

Dos semanas después, el lunes 18 de noviembre, Cubillos continuó con el impulso a su proyecto Admisión Justa, utilizando uno de sus recursos digitales habituales: enviar correos masivos usando las bases de datos del Ministerio de Educación, acto similar que en septiembre pasado fue cuestionado por Contraloría, tal como informó INTERFERENCIA. 

Un lunes de furia

Este lunes 25 de noviembre una nueva y temeraria medida fue anunciada por la titular de Educación: un proyecto para sancionar el "adoctrinamiento político" a menores de edad en colegios y jardines infantiles. “Ver a niños de jardín infantil repitiendo como si fuera un juego, consignas políticas que una educadora les enseña, es violento”, indicó la ministra, señalando que apoyarán un proyecto de ley de Chile Vamos que busca calificar como “infracción grave” el propagar tendencias políticas en las escuelas.

Según Cubillos, el fundamento del proyecto está en la molestia de algunos apoderados, ya que de acuerdo al superintendente de Educación, Cristian O’Ryan, actualmente hay 28 denuncias de este tipo, las que -calculan- “afectan a cerca de 600 niños”.

Por su parte, la ministra indicó que “es una forma de violencia, quizás una violencia menos visible que un overol blanco tirando una molotov, pero ver a niños de jardín infantil repitiendo como si fuera un juego consignas políticas que una educadora les enseña, es violento, y nosotros como ministerio de Educación tenemos que velar porque las escuelas sean siempre un espacio libre de violencia”. 

La medida, además, contempla oficiar a la Defensoría de la Niñez, a la Superintendencia de Educación y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por estos casos.

El anuncio causó el inmediato rechazo transversal en la oposición y entre los educadores. Desde el Frente Amplio, la diputada y presidenta de la comisión de Educación, Camila Rojas, sostuvo que "es deleznable que en este contexto busquen polarizar y dividir. El gobierno habla de acuerdos de paz, pero la ministra de Educación y quienes la apoyen en esta pasada son unos extremistas y fanáticos autoritarios".

El diputado Gabriel Boric, en tanto, se preguntó si “¿esta campaña contra el debate político también incluye el adoctrinamiento religioso?”.

Por su parte, en un intercambio en Twitter, Cubillos argumentó su decisión frente Giorgio Jackson, publicando un video en que niños pequeños cantan El pueblo unido, jamás será vencido, claman "¡Renuncia Piñera!", "¡No a la sala cuna universal!", "¡El que no salta es paco!", "¡Piñera entiende, Chile no se vende!", "¡Piñera, cobarde, tus manos tienen sangre!".

Diputado, a esto nos referimos cuando hablamos de vulneración a los derechos de los niños. No desinforme. Aquí ejemplos de denuncias recibidas. Niños chicos, inocentes, en sus escuelas, filmados por profesores repitiendo consignas políticas que ellos les “enseñan”. https://t.co/jruZoPsvaA pic.twitter.com/bc0UHpWDmJ

— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) November 25, 2019