John Dewey fue un influyente filósofo y pedagogo estadounidense del siglo 19, quien bajo una inspiración progresista -que lo llevó por ejemplo a defender el voto femenino- apostó por una educación basada en la experiencia, lo que le dio un enfoque fuertemente pragmático.

Bajo esa inspiración fue creado en 1984 el John Dewey College, un colegio particular pagado que nació en Providencia para un público de elite de sensibilidad laica y progresista. Luego el colegio se expandió en 1995 a avenida Cristóbal Colón a la altura del 3200 en Las Condes con la compra de un inmueble por 187 millones de pesos y con la adquisición de una propiedad contigua en 2002 por 639 millones de pesos. Luego de abandonar el inmueble de Providencia, el colegio se instaló solamente en Las Condes, donde llegó a tener un servicio educacional de párvulos a enseñanza media, contabilizando unos 500 alumnos.

Hoy ese inmueble unificado en la dirección Cristóbal Colón 3250, ya no es más un colegio, sino que corresponde al proyecto inmobiliario de Pé, Pé y Riquelme Limitada -la misma sociedad que fundó el colegio, compuesta por partes iguales por las hermanas Nerea y Osane Pé Azumendi, y Sergio Riquelme Guerrero- hoy reconvertida en un proyecto de renta de este bien inmueble, el que proyecta la edificación de dos torres con funciones habitacionales, y comerciales en la planta baja.

En la experiencia de los apoderados, alumnos y profesores del John Dewey, esa mutación fue cosa de menos de cinco meses -desde que el coronavirus llegó a Chile el 3 de marzo de 2020- hasta el 29 de julio del mismo año, Pé, Pé y Riquelme Limitada, recibió la autorización por parte de la Municipalidad de Las Condes para construir el cambio de giro.

Entre medio, la comunidad escolar buscó apoyar al colegio para enfrentar la pandemia, proponiendo, por ejemplo, esquemas de aranceles diferenciados y solidarios para asumir los pagos de colegiaturas de los apoderados que habían perdido sus trabajos o que habían visto reducidos sus ingresos, de modo que se asegurase un flujo de ingresos capaz de financiar los costos del John Dewey. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de comprar el colegio a sus dueños.

Entre marzo y julio, la administración del John Dewey buscó contener las inquietudes de los apoderados, y mantener el precio de matrícula, abordando uno a uno los casos de quienes no podían pagar la colegiatura completa; “a ellos deberemos abocarnos en primerísimo lugar, antes que aplicar medidas generales, considerando que por ahora, la mayoría de ustedes no se encuentra aún, y esperamos que así sea, en definitiva, en un caso de despido ni de pérdida de ingresos”, dice un comunicado del 25 de marzo, firmado por Bernardita Ocampo, directora administrativa, junto con otros directivos.

Al final, todos esos ejercicios de salvataje fueron en vano, y el viernes 19 de junio de 2020 el colegio anunció su cierre definitivo. “Nunca tomaron en consideración ninguna de las propuestas, el cierre estaba definido incluso antes de la pandemia”, dice Ricardo Hurtubia, apoderado.

Ese día se convocó a un Zoom para conversar sobre la determinación de cerrar, sin embargo, en la ocasión habló Osane Pé, quien tras decir que estaba muy nerviosa por no tener experiencia en hablar en público, leyó una carta y posteriormente no aceptó preguntas y salió de la conferencia. 

La carta fue al principio, una mezcla de una semblanza histórica del colegio, con retazos sentimentales y reforzamiento de sus principios pedagógicos. Sin embargo, “los tiempos cambian” al punto en que el proyecto cayó en “una crisis profunda que pone en cuestionamiento su existencia misma”, dijo la sostenedora, acusando particularmente los perniciosos efectos de las redes sociales en las comunicaciones y en general la “incomunicación” entre estamentos, en especial entre el Centro de Padres y los directivos. Dado lo anterior, Pé consideró que es “inviable en el futuro la continuidad de nuestro proyecto educativo”. La sostenedora, dijo también que tanto ella como su hermana, no tienen la misma energía, claridad ni salud para seguir adelante, lo que hacía “irrevocable” la decisión de cierre. “Fue una decisión muy difícil y tomada después de mucho pensarlo”, aseguró. 

La sostenedora dijo también en la ocasión que la decisión no tuvo que ver con el estallido social ni con la pandemia, “sin embargo es obvio que dichas nuevas realidades han venido a agudizar los problemas ya señalados y a confirmar nuestra decisión”, aseguró. 

Finalmente, Pé descartó cualquier alternativa que no sea el cierre del John Dewey para 2021, aseguró que cumplirán con todas las obligaciones legales pertinentes con profesores, apoderados y alumnos, agradeció a la comunidad y pidió comprensión por la decisión adoptada en razón -también- de la elevada edad de los socios, quienes rondan los 70 años.

La sensación que invadió a la mayoría de los apoderados fue de rabia.

En mayo había circulado un video motivacional de 1:05 minutos creado por la directora Ocampo, titulado Fuerza Familia, Fuerza John Dewey, en el cual se dejaba ver que se harían los esfuerzos por sostener a la comunidad educativa. “Confiamos que con el apoyo de todos juntos saldremos adelante. Recordemos que nada es para siempre y con la fuerza que tiene nuestra gente sin duda seremos capaces de enfrentar este desafío complejo”, dice parte del video institucional.

“Nos mintieron en la cara”, dice Alejandro Dagnino, miembro de la directiva del Centro de Padres, para quien toda la preocupación de la administración era intentar que no cesara el pago de la matrícula para amortizar el costo del cierre, el que por ley debe sostener la operación al menos durante el curso del año en que se solicitó el mismo cierre. “Ponían en duda la viabilidad del proyecto si es que no se pagaba la matrícula”, recuerda Dagnino.

“Esta es una historia cruel, de un cinismo y una avaricia gigantescas, en la que se dejó sin colegio a una comunidad en la mitad de una pandemia”, dice el apoderado.

Por su parte, la directora Ocampo asegura haberse enterado de la decisión de los sostenedores de cerrar "apenas una semana antes de que fuera comunicado a los apoderados", esto es el 12 de junio de 2020, después de la elaboración del video motivacional. 

La inmobiliaria que corre en paralelo

A fines de 2019 el John Dewey despidió a seis profesores sin que haya habido reemplazos, lo que provocó la inquietud del Centro de Padres, pues en ese entonces se hablaba de una “reestructuración” producto del estallido social. Es así como -después de mucho intentarlo- al fin consiguieron una reunión el 3 de enero de 2020 con dos de los socios de Pé, Pé y Riquelme Limitada, además de con las autoridades administrativas. En dicha reunión les aseguraron a los apoderados que “había un compromiso de largo plazo con el colegio por parte de los sostenedores”, cuenta Dagnino, quien estuvo ahí.

Hay un antecedente más antiguo que muestra que el fin del John Dewey estaba escrito. 

Según documentación que INTERFERENCIA pudo recabar, Sebastián Cerda Pé, hijo de una de las socias, solicitó el 24 de julio de 2018 el Certificado de Informaciones Previas al Municipio de Las Condes, con información urbanística clave para saber qué se puede hacer, y qué no, en Cristóbal Colón 3250. Se trata de un informe de tres páginas (y un anexo de diez), expedido el 30 del mismo mes, en el que se otorgan diversas especificaciones técnicas claves para presentar proyectos de construcción ante el mismo Municipio. El uso de suelo permitido es de Vivienda en dos modalidades, lo que -según se deduce- permite construir un conjunto habitacional de mediana altura, con permisos para patentes comerciales en los primeros pisos.

Después de dos años y medio, sería el mismo Cerda quien tomaría el protagonismo de la arista inmobiliaria de este caso. Fue él quien el 17 de abril de 2020 -mucho antes que el video motivacional de la directora Ocampo- presentó ante la Municipalidad de Las Condes el documento Solicitud de Aprobación de Anteproyecto de Edificación, en el que presentó un proyecto completo para el inmueble, con los planos para edificar dos edificios de ocho pisos, que contempla 118 viviendas, 87 oficinas, dos comercios y 238 estacionamientos.

Un proyecto que -por sus características y dificultad- no pudo ser creado en el plazo de un mes y medio (que es lo que iba de la pandemia), y menos ser aprobado -luego de un par de iteraciones con la DOM (Dirección de Obras Municipales) de Las Condes- el 29 de julio de 2019. 

En una breve conversación telefónica con Osane Pé, ella dijo que la solicitud de el Certificado de Informaciones Previas de 2018 no tenía nada que ver con el proyecto inmobiliario actual, pues esa gestión se realizó para ver "lo que uno tiene". Respecto del anteproyecto presentado el 17 de abril de 2020 por Cerda, Pé dijo escuetamente que se hizo mucho antes que esa fecha, sin especificar cuándo. 

Por su parte, Sebastián Cerda estuvo inubicable durante el día de ayer al teléfono que reportó en la Solicitud de Aprobación de Anteproyecto de Edificación. 

Se trata de una obra que -pese al tiempo récord en que fue aprobada- todavía no puede empezar, mientras Pé, Pé y Riquelme Limitada no cumpla con el cierre de su proyecto educativo de 2020 con los pocos alumnos que les queda y los profesores contratados que no pueden ser despedidos hasta el fin de este semestre.

El apoderado Hurtubia -quien todavía tiene a sus hijos en el John Dewey- reflexiona: “Esto fue perfectamente legal, pero tenemos que preguntarnos sobre cuál es la garantía que el sistema ofrece a la educación privada para evitar que un dueño quiera capitalizar un terreno que logró pagar a través del negocio de un colegio”.