La magistrada Jessica Bascuñán Morales, del Juzgado de Garantía de Rancagua, acogió a tramitación una querella criminal el pasado 28 de julio por los delitos de falsificación de instrumento privado y fraude al fisco, la cual involucra a las autoridades de una de las universidades estatales de más reciente fundación: la Universidad de O’Higgins (UOH), de Rancagua.

La querella fue presentada por la ex académica del Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) de ese plantel, la doctora Vania Figueroa, quien denuncia mediante esta acción judicial “la falsificación de documento privado, además de mi firma, a fin de obtener dineros del estado”.

Si bien la querella está dirigida “contra todos quienes resulten responsables”, en ésta se señala que estos ilícitos eran “conocidos por toda la plana directiva del Instituto de Ciencias de la Salud [de esa universidad]”. 

Además, indica que la plana directiva de la universidad también se encontraba en conocimiento de estos hechos, de tal forma que el escrito involucra a Rafael Correa Fontecilla, Rector de la UOH; Marcello Visconti, Vicerrector Académico de la UOH; Deodato Radic, director de investigación de la UOH; y a Javier Pino Alarcón, Vicerrector de gestión institucional de la UOH.

La trama de estos hechos involucra un proyecto de investigación ganado por la académica, su irregular desvinculación de la universidad, y la adulteración de un informe relacionado con el mencionado proyecto de investigación, el cual buscó evitar que la UOH tuviera que restituir cerca de $87 millones de pesos a la Conicyt.

Oscuras desvinculaciones

Los antecedentes de este caso se remontan al 27 de junio de 2018, cuando otra académica de la UOH, la doctora Karina Bravo, realizó una denuncia por acoso y hostigamiento laboral en contra de sus superiores inmediatos: Rubén Alvarado y María Soledad Burrone, los cuales en esa época se desempeñaban como director del Instituto de Ciencias de la Salud, y directora de la Escuela de Salud, respectivamente. 

Esta situación dio paso a un sumario interno con el propósito de investigar las acusaciones de Karina Bravo. En ese contexto, la académica Vania Figueroa participó en dicho sumario testificando a favor de Bravo, pues había visto los constantes malos tratos de los que era objeto su colega.

Finalmente las autoridades de la Universidad de O’Higgins desestimaron las acusaciones, dando por sobreseído el sumario, y luego, a finales de ese mismo año, ambas académicas fueron desvinculadas de la universidad. Esta decisión les fue notificada por correo electrónico y el argumento esgrimido por la universidad para no renovar la contrata de ambas fueron los malos resultados que habrían tenido en sendos “informes de desempeño”.

Estos informes de desempeño carecían de indicadores, y más bien eran escuetos comentarios formulados precisamente por Rubén Alvarado, y María Soledad Burrone, los dos funcionarios sumariados previamente (ver documento).

Este caso causó revuelo por la eventualidad de una decisión arbitraria tomada contra estas académicas. Los estudiantes de la universidad se manifestaron en apoyo de ellas y además se discutió el tema en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, desde donde se le pidió explicaciones a Rafael Correa Fontecilla, rector de la UOH.

A causa de esta situación, Vania Figueroa presentó una demanda por tutela laboral en contra de la UOH, cuya resolución aún se encuentra pendiente. Sin embargo, en este juicio apareció una arista nueva del caso.

uoh1.jpg

Manifestaciones de estudiantes en la época. Frontis de la UOH, Rancagua

Documento adulterado: la UOH expuesta por Conicyt

Durante su estadía en la UOH, Vania Figueroa se había adjudicado un proyecto de investigación de Conicyt, que significaba el traspaso de un monto de $86.960.000 a la Universidad de O’Higgins por un periodo de tres años. Se trataba de un proyecto PAI (Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado en la Academia) correspondiente a la convocatoria de 2017, aprobado por Conicyt mediante la resolución exenta 7533/2017. 

En vista de su intempestiva desvinculación, Figueroa comunicó a Conicyt que no seguiría en la universidad el día 10 de diciembre de 2018, según consta en un documento oficial, y además, redactó el “informe técnico de avance anual” sobre su proyecto de investigación, documento que Conicyt considera un requisito fundamental para mantener el financiamiento de un proyecto.

La académica se comunicó con la UOH durante diciembre –según consta en correos electrónicos que INTERFERENCIA tuvo a la vista– solicitando que se solucionara el envío del informe de avance a Conicyt, puesto que si bien lo había confeccionado, no solo requería de la firma de la investigadora, sino que también de la institución. Finalmente Vania Figueroa envió el informe solo con su firma el último día de 2018. 

Una resolución posterior de Conicyt, señalaría además que ese organismo se comunicó con la UOH  por correo electrónico el día 2 de enero de 2019, haciéndole ver a esa universidad que "la entrega del primer informe técnico de avance no puede ser considerada como realizada por no estar firmado por ambas partes, correo que la universidad nunca contestó", dice el documento.

Debido a este grave incumplimiento por parte de la universidad, el 5 de abril de 2019 Conicyt dio término anticipado al proyecto por haber faltado a este “requisito indispensable para que el proyecto siga siendo financiado”, resolviendo además, que la UOH debía restituir la totalidad de los fondos asignados por el proyecto, es decir, los $86.960.000.

El 16 de abril de 2019, el rector Rafael Correa, en calidad de representante de la UOH, presentó un recurso de reposición ante la Conicyt con el propósito explícito de no restituir la totalidad del dinero, sino que sólo aquello que no se había gastado. 

Además, en este recurso la universidad adjuntó el informe técnico de avance que no había entregado a tiempo. Sin embargo, se trataba de un informe que se encontraba adulterado.

El informe confeccionado por Vania Figueroa constaba de tan solo 6 puntos, en los cuales identifica el proyecto y principalmente presenta resultados experimentales de su investigación. Sin embargo, el informe que la UOH envió a Conicyt en el recurso de reposición tenía un punto adicional, el punto 7. 

En este punto, la universidad introdujo una serie de apreciaciones sobre la deficiente labor de Figueroa como investigadora en este proyecto, las cuales habrían sido formuladas por un “experto externo” según señala la propia universidad. Todo esto lo corona la firma del rector Rafael Correa y una firma de Vania Figueroa como si ella hubiera estado de acuerdo con estos comentarios extra.

Finalmente, el 11 de junio de 2019, la Conicyt rechazó el recurso de reposición presentado por el rector Correa: “[es] improcedente que la propia universidad beneficiaria se arrogue la potestad de indicarle a Conicyt el nivel de logro imputable a los proyectos que ejecuta”, señala la resolución exenta 6496/2019 de ese organismo, quitándole completamente el piso a los comentarios de la universidad.sobre el desempeño de Figueroa en el proyecto.

Además de esto, Conicyt expuso a la Universidad de O’Higgins, por cuanto señaló en esta resolución que la universidad había adulterado el informe técnico e hizo un discutible uso de la firma de Vania Figueroa.

“(...) el informe presentado fue acompañado fuera de plazo, además fue alterado en su contenido al agregar información no requerida en él, y no fue firmado conjuntamente con la Investigadora Insertada [Figueroa] y la Contraparte Institucional [la UOH], sino que solamente por el Rector de la Universidad de O’Higgins, por cuanto la firma de la investigadora no es original”, señala el considerando “h” de la resolución que rechazó el recurso de la universidad, la cual fue firmada por Alejandra Pizarro Guerrero, directora ejecutiva de Conicyt en la fecha.

Conicyt señala en el mismo documento que “(...) a la fecha de recepción de la reposición, el Programa no contaba con una versión del informe que contuviese la firma de un responsable de la Universidad y de la Investigadora en Inserción, sin perjuicio que ésta última haya sido digitalmente inserta, como se hace evidente a la vista”.

INTERFERENCIA se comunicó con Vania Figueroa para conocer más detalles sobre este caso.. 

Señala que fue gracias al juicio por tutela laboral que pudo darse cuenta de la adulteración de este documento. “La UOH presentó sus pruebas en el desarrollo del juicio y entre esos documentos estaba el recurso de reposición de la universidad, el cual mencionaba un informe técnico. ¿Cuál? Si ellos no lo habían enviado, pensé”, dice.

“Como salía mencionado ese documento, lo tuve que pedir por Ley de Transparencia, y ahí recién me di cuenta de que habían adulterado ese informe metiendo unos comentarios de un experto externo que básicamente decía que mi investigación era basura, y encima con mi firma pegada ahí, como si yo consintiera todo eso”, dice Figueroa, y agrega: “es un experto anónimo, al día de hoy la universidad todavía no ha podido responderme quién fue el experto que hizo esos comentarios”. 

La académica añade que ha tenido múltiples problemas debido a su irregular desvinculación y también debido a su fallido proyecto de investigación, pues significó prácticamente poner fin a su carrera académica.

“Con esto dañaron mi honra, mi prestigio como investigadora. Los costos profesionales son tremendos, y para qué hablar de los psicológicos. Cortaron toda mi cadena productiva, que es algo que ya no puedo recuperar, tanto es así que desde que ocurrió todo esto no he podido volver a trabajar como investigadora”,  dice Figueroa.

“Por eso no he cesado en mi búsqueda de justicia. Hay responsabilidades de la universidad. Un actuar concertado que me perjudicó a mi y también a Karina”, cierra Figueroa. 

INTERFERENCIA se puso en contacto el viernes 7 de agosto de 2020 con la Universidad de O’Higgins para realizar algunas preguntas sobre este caso. Además, nos comunicamos de manera directa con Rafael Correa Fontecilla, el rector de la UOH, a través de su casilla de correo electrónico. 

Nuestro medio recibió respuesta desde el área de comunicaciones de esa universidad, desde donde se nos señaló que la universidad prefiere no emitir declaraciones sobre el tema, puesto que es un caso que tendrá que solucionar la justicia.