El peso de la Universidad Católica, en especial el de su Facultad de Derecho, en la construcción del actual modelo político y económico chileno es una verdad que resiste pocos argumentos en contra. La redacción de la Constitución Política de 1980 tuvo como protagonista a Jaime Guzmán Errázuriz, abogado y profesor de esa facultad y principal impulsor de los principios del Estado subsidiario que rigen hasta hoy.

Guzmán fue estudiante de Derecho en la UC, y fundador del Movimiento Gremial, agrupación política que nació en oposición a la FEUC demócratacristiana de Miguel Ángel Solar, responsable de la reforma en la UC y la toma de la Casa Central en 1967. Los gremialistas darían origen a la UDI, partido que ha dedicado su existencia a salvaguardar el modelo y la obra de Jaime Guzmán. Varios de los llamados “coroneles” de la UDI son egresados de Derecho UC y discípulos del padre de la constitución: Jovino Novoa, Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick y Hernán Larraín, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Guzmán es visto con nostalgia, tanto como guía como mártir, por quienes llevan hoy las riendas de Derecho UC. Así lo comprueban las salas Jaime Guzmán 1 y 2 en la Casa Central (las que existen desde mucho antes que las recientemente inauguradas aulas “Alberto Hurtado” y “Eduardo Frei Montalva”); y así lo comprueba también el seminario “Jaime Guzmán: Servicio Público, Formación, Academia y Vocación Cristiana”, dictado este martes 27 de abril, el cual fue motivo de polémica en redes sociales, debido a cuestionamientos de parte de estudiantes en contra de Guzmán y su pasado en una dictadura que violó sistemáticamente los Derechos Humanos.

“Derecho es una burbuja”, es el comentario coloquial y frecuente en todas las otras carreras de la UC desde hace muchos años. Sin embargo, el estallido social, la ola feminista y la crisis social y económica asociada a la pandemia, parecen haber dejado en off side a una facultad que en su discurso de inicio de año -según comentan asistentes- estaba preocupada de la religión en la Constitución y de volver a ser un supuesto faro moral para la república.

Este conservadurismo se expresa en un estilo del que participan los más antiguos miembros de la facultad, precisamente los que tienen el poder. La mayoría de ellos fueron cercanos a Jaime Guzmán en los años 80. Hoy, según se comenta en sus pasillos, ven a Sebastián Piñera como alguien que ha traicionado los principios de la derecha al aprobar la Ley Zamudio y tener un estilo “blando”. Se declaran, al menos en privado, como antagonistas al rector Ignacio Sánchez, cuyo estilo más liberal y abierto les incomoda. Por otro lado, la mayoría del núcleo duro de esa facultad simpatiza con las ideas José Antonio Kast.

“Difícilmente van a tener herramientas para comprender lo que está ocurriendo en una sociedad actual y el debate constituyente, si en las materias más reflexivas a lo más llegan a enseñar hasta pensadores católicos de la Edad Media. Con suerte alguno que otro autor liberal del siglo 19”, dice un académico que ha ejercido en esa facultad.

Fuentes al interior de la UC señalan que la Facultad de Derecho se ha convertido en un dolor de cabeza para el rector Sánchez, quien en los últimos años se ha desmarcado de posturas extremadamente conservadoras.

El incómodo rector Sánchez

Uno de los episodios más llamativos que grafican la disputa cultural entre la facultad y la rectoría ocurrió durante el estallido social, a fines de octubre de 2019. Las protestas motivaron la suspensión de todas las actividades académicas durante varias semanas, y junto con ello, los exámenes de grado que debían rendir los estudiantes de Derecho de la Católica, para lo cual suelen destinar varios meses de estudio y preparación.

Ante esa situación el decano de Derecho UC, Gabriel Bocksang, tomó la decisión de realizar igualmente dichos exámenes de grado pero fuera de la universidad. ¿Dónde? Al abrigo de crucifijos e imágenes sagradas en una iglesia del sector oriente de Santiago, mientras en el centro de la ciudad se producían sangrientos enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, muchos incluso al frente de la Casa Central ubicada en la Alameda con la calle Portugal.

En la Católica es un secreto a voces que Ignacio Sánchez en persona telefoneó a Bocksang pidiéndole que detuviera los exámenes debido a la compleja situación social del país. El decano rehusó la solicitud del rector.

La cuenta oficial de twitter de la Universidad Católica se refirió a este incidente en respuesta a la inquietud de una alumna: “(...) desde la Dirección Superior de la UC no apoyamos esta actividad [la toma de exámenes en iglesias]. Hoy nos comunicamos con el decano para revertir la decisión, pero optaron por mantenerla. Lo lamentamos muy sinceramente entendiendo el contexto en que nos encontramos”.

Por esos días, Sánchez protagonizó declaraciones en un tono reflexivo sobre el estallido, condenando las violaciones a los derechos humanos. Este tipo de actitudes del rector han motivado muecas y adjetivos en contra de Sánchez en reuniones de todo tipo -según comentan distintas fuentes- especialmente en el núcleo más duro de la facultad, que incluso tildan al rector como alguien demasiado inclinado hacia la izquierda.

Estos comentarios ya existían desde antes, especialmente luego de la toma feminista de la Casa Central de la UC en mayo de 2018, cuando el rector decidió no desalojar a las estudiantes, a pesar de que Derecho UC apoyaba la intervención de la fuerza pública, con Carlos Frontaura, decano de esa época, incluido. De hecho, en esos tres días de toma, muchos estudiantes de derecho participaron de una “contratoma”, oponiendo férrea resistencia al diálogo que buscaba el rector Sánchez.

El propio Frontaura participó junto a un grupo de profesores y alumnos en una especie de “resistencia pacífica”, para evitar que se tomaran la Facultad de Derecho.

Cuando sobrevino el estallido social, además de cancelar sus actividades, muchas universidades realizaron jornadas de reflexión sobre el futuro del país una vez que la protesta social se aplacó lo suficiente. Fue también el caso de Ignacio Sánchez el cual incluso fue a sentarse en medio de la Alameda en noviembre de 2019 para compartir un picnic con estudiantes de la UC que se estaban manifestando.

Sin embargo, en Derecho no hubo la misma disposición. De hecho, según comentan algunos estudiantes de la carrera, hubo una polémica entre el alumnado debido a que el Centro de Alumnos de Derecho (Cade UC) de ese momento no se pronunciaba respecto de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en las calles producto de la violencia policial.

Las autoridades de la facultad  -algunos de llos connotados abogados corporativos, como Roberto Guerrero- tampoco tuvieron demasiadas palabras por las violaciones a los derechos humanos La primera declaración a la opinión pública del decano Bocksang respecto del estallido ocurrió el 23 de octubre de 2020, en una carta enviada a El Mercurio, titulada “Un ataque al alma de Chile”, en alusión a la quema de la iglesia de La Asunción. “No; esto no es solo el ataque a un vitral o a una estatua. Es mucho más. Es un ataque al alma de la nación, a nuestra historia, a nuestras raíces, a nuestras familias, y a nuestra vida en común”, dijo Bocksang sobre el incidente.

El 22 de diciembre del año pasado, el decano Bocksang volvió a recurrir a la prensa, pero esta vez para quejarse de las restricciones en torno a la pandemia. En una nueva carta al director en El Mercurio, titulada “¿Una Navidad inadmisible?”, mostraba su preocupación porque las Cortes de Apelaciones habían declarado inadmisibles sendos recursos de protección presentados por fieles cristianos que pretendían celebrar misas navideñas.

“Es de esperar que la Corte Suprema enmiende lo juzgado por las Cortes de Apelaciones, y disponga que se entre a conocer del fondo de las acciones de protección. Y ello, por supuesto, sin perjuicio de las medidas que el Gobierno pueda adoptar en orden a permitir, oportunamente y con los debidos resguardos, la asistencia de los fieles a los oficios de Navidad”, dijo Bocksang en su carta sobre la misa del gallo.

A la derecha de la UDI

El decano de Derecho UC, Gabriel Bocksang, es profesor de derecho administrativo y llegó a ese cargo a principios de febrero de 2019. Sucedió a Carlos Frontaura (2015-2019), profesor de larga trayctoria en esa facultad, amigo de Jaime Guzmán y parte del núcleo más duro. Antes de Frontaura, el decano era Roberto Guerrero Valenzuela (2010-2015), conocido abogado corporativo que salió en cuestionables circunstancias del estudio del que era socio: Guerrero Olivos (Ver artículo La traición de Roberto Guerrero que sacude a los abogados corporativos de Sanhattan).

Según cuentan fuentes al interior de la universidad, Guerrero pretendía la reelección para el periodo posterior a 2015. Sin embargo, en la época se comenzó a destapar el escándalo de financiamiento ilegal de la política relacionado con Jovino Novoa (UDI) en el cual se vio envuelta una firma vinculada a Guerrero. “A fines de octubre de 2014, Roberto Guerrero envió un correo electrónico anunciando que finalmente no iría a la reelección. Recién ahí apareció Frontaura y su candidatura”, dice una fuente que conoció la trama.

Bocksang es considerado un ahijado de Roberto Guerrero. “Guerrero sigue siendo teniendo gran influencia, mantiene el poder, porque permanece en las comisiones más importantes de la facultad, las que califican a los profesores y la elección de decanos”, señala un funcionario de la UC.

Frontaura, Guerrero y Bocksang son parte del núcleo duro de la facultad, a los cuales se agregan Mario Correa, Raúl Madrid, Marco Antonio González y Carmen Domínguez Hidalgo (la mayoría de ellos están en el Consejo de la Facultad); Gonzalo Rojas, que escribe una columna regular en las páginas editoriales de El Mercurio, también formaba parte de este grupo hasta que tuvo que salir de la facultad.  La mayoría de ellos serían cercanos a las ideas de José Antonio Kast según mencionan varias fuentes consultadas.

El perfil extremadamente conservador del grupo de académicos y juristas que controla la Facutad de Derecho UC los vuelve incluso incómodos para colegas que también son de derecha, pero con posturas más abiertas.

A juicio de algunos docentes y funcionarios de la universidad, este atrincheramiento cultural y político -muchos de ellos se consideran como el último bastión de defensa del modelo chileno- ha llevado a que la facultad haya perdido peso en el debate público, en especial en el actual escenario de un inédito proceso constituyente.

Un dato que ilustra cómo ha perdido influencia es la composición de la Comisión Técnica de 14 constitucionalistas que asesoró el proceso constituyente en noviembre de 2019. Contó con apenas tres académicos de Derecho UC: Arturo Fermandois, Sebastián Soto y José Francisco García, ninguno de ellos demasiado ligado al ala más dura de la facultad. Por el contrario, tanto Sebastián Soto como José Francisco García son cercanos a Libertad y Desarrollo y Cristián Larroulet, la cual es vista por ellos como un think tank de derecha, pero demasiado economicista, liberal, y a la izquierda de la Fundación Jaime Guzmán.

En la facultad de Derecho además ejerce Cristóbal Orrego, actual candidato a constituyente por el Partido Republicano, quien hace clases de fundamentos filosóficos del derecho, el ramo más doctrinario de la formación de los estudiantes de esa carrera. En 2012 protagonizó una polémica debido a que trató de "maricas" a activistas por los derechos de la comunidad homosexual, lo que motivó que el rector Ignacio Sánchez manifestara su desacuerdo con los dichos del profesor.

La misma asignatura la imparte Carlos Casanova, académico venezolano de reciente incorporación, el cual ha sido objeto de comentarios entre estudiantes y funcionarios debido a un comentario en la plataforma youtube titulado “Carlos Casanova: La Asamblea Constituyente, camino a Chilezuela”.

“Los actos terroristas del 18 de octubre han gatillado una ola de vandalismo que a los venezolanos nos dan escalofríos, porque nos recuerdan al pie de la letra lo sucedido en Venezuela previo al ascenso del chavismo. Desde hace años aquí están Atria, Bachelet, Teillier y otros gurúes de la revolución empujando por establecer una asamblea constituyente o nuevo pacto social. Eso en Chile es inconstitucional como lo era en Venezuela. La asamblea constituyente fue precisamente el camino que usaron los comunistas para acabar con mi bella Venezuela (…)”, dice Casanova en dicha comunicación.

También está Marcos Jaramillo, profesor de derecho internacional público, numerario del Opus Dei, el cual suele compartir en sus redes sociales reflexiones de José Antonio Kast y Sergio Melnick. Además de eso, ha compartido imágenes en las que trata a Sebastián Piñera directamente de “Cobarde”, pidiendo además estado de sitio.

A ellos se suma el abogado Cristián Valenzuela, director de Desarrollo de Derecho UC, el cual oficia como director de comunicaciones del Partido Republicano. Criticó al futbolista Jean Beausejour por utilizar su apellido mapuche en su camiseta en un juego de fútbol, calificandolo de “mapuche por conveniencia”.

Los señores de la querencia

En abril de 2020 -en plena pandemia- el profesor de derecho internacional público, Álvaro Paúl Díaz, dijo a sus alumnos a través de una clase telemática: “me importa un bledo, no vayan al baño. Para algo tienen el recreo, y personas adultas pueden aguantar 1 hora y 20 minutos sin ir al baño”, impidiendoles salir de cámara a sus alumnos. En la misma asignatura, Paúl mandó a sus estudiantes a trabajar a un McDonalds -en plena pandemia- para costear una mejor conexión a internet para así no tener problemas al dar evaluaciones y asistir a clases.

El episodio fue registrado en video y se viralizó en redes sociales, generando molestia por lo arbitrario de la medida y el tono autoritario de Paúl. Según funcionarios de la universidad, desde ese momento los profesores están mucho más cuidadosos. Con todo, el decano Bocksang respaldó a Paúl: “la digitalización de la actividad universitaria, recurso útil para salvar estos obstáculos, también supone un peligro de tergiversación (...)”

“Hoy en Derecho UC, la mitad de los profesores no graban sus clases, ¿puedes creerlo? Me parece insólito. Conozco la realidad de otras universidades y se graba para dejar registro de las materias y ningún profesor hace problema. Así de paranoicos y ensimismados se han vuelto”, dice un funcionario de la UC que conoce la situación. “En realidad no graban porque saben que, sin darse cuenta, pueden decir cualquier barbaridad, porque en el fondo es lo que llevan haciendo durante años. Pero claro, la excusa que usan para no grabar es que ‘la izquierda’ podría sacar de contexto las palabras de los profesores”, asegura la misma persona.

El estilo autoritario de muchos profesores ha generado polémica antes. Fue bullado el caso de Gonzalo Rojas, ex profesor de historia del derecho de esa facultad, sumariado por acoso en contra de una estudiante que emitió críticas a su cátedra en una cuenta de Facebook privada. También está la carta que firmaron 127 mujeres estudiantes de Derecho en 2018 -algunos meses antes de la toma feminista de la Casa Central- denunciando comentarios sexistas de parte de profesores de la facultad. La frase más recordada de esta denuncia fue: "¿usted vino a dar una prueba oral o a que la ordeñen?", la que se le habría dicho a una estudiante que vestía escote.

Otro episodio ocurrió en junio de 2017, cuando la Secretaría de Género de la UC organizó una “besatón” en apoyo a la comunidad LGBTI en el patio de Derecho en la Casa Central de la Católica. Posterior a ese evento, en el que parejas de distinta orientación sexual se besaron; el decano de ese entonces, Carlos Frontaura, en compañía de Gonzalo Rojas y otros profesores y alumnos, hicieron una ronda en el patio para orar.

Los estudiantes en la época lo sintieron como si los profesores quisieran “exorcizar” ese lugar de la casa de estudios.

d5e43a22-128e-4e34-a891-5330eaae52f9.jpg

Profesores y estudiantes orando en el patio de Derecho UC.

A todo esto se suma la pelea que está dando el actual centro de alumnos a propósito de la salud mental, problema que se ha visto agudizado con la pandemia. Recientemente, el Centro de Alumnos publicó los resultados de un estudio consistente en un catastro a 753 estudiantes de Derecho, en el cual se da cuenta de realidades como las escasas horas de sueño con las que cuentan los alumnos en tiempos de exámenes, además de algunas arbitrariedades en el sistema de evaluación, dado que las solemnes y exámenes orales tienen como resultado calificaciones que no exponen razones ni rúbricas, muchas veces.

Sobre el tema, el año pasado algunos estudiantes organizaron un hashtag en twitter denominado #EscuchaDerechoUC, en el que numerosos estudiantes relatan complicados episodios en los que la salud mental no fue tomada en cuenta por autoridades y profesores de la universidad . Los dardos apuntaron principalmente a Marco Antonio González, secretario académico de la Facultad, el cual en una reunión con alumnos en 2018 habría indicado que para mejorar sus condiciones de salud mental podían intentar comer almendras.

Otro de estos comentarios menciona que Marco Antonio González le recalcó a algunos estudiantes que su contrato con la universidad es por prestación de servicios de educación y no de salud.

INTERFERENCIA conversó con varios funcionarios, docentes y alumnos. Pero ninguno de ellos quiso dar a conocer su identidad por temor represalias por parte del grupo de académicos que lidera la Facultad de Derecho de la UC.