Este 9 de noviembre como todos los años, Feller Rate, una prestigiosa clasificadora de riesgo, le otorgó la clasifcación E1, la más baja entregada a una aseguradora, a la cuestionada Mutualidad de Carabineros (Mutucar). Dice la clasificación que esta cifra obedece a “su ausencia de estados financieros”. 

La pésima clasificación de Feller Rate no es más que otra manifestación de la precaria situación financiera y de transparencia que desde 2018 ensombrece a la Mutualidad de las policías (también atiende a la PDI), la cual fue sancionada por la Comisión de Mercados Financieros (CMF) en 2018 por la misma razón que arguye la clasificadora de riesgo, limitando sus actividades sólo a la otorgación de seguros de vida obligatorios para los funcionarios de Carabineros y la PDI.

Tal y como se ha consignado en reportajes anteriores de INTERFERENCIA, esta sanción de la CMF obedece a que la Mutualidad lleva dos años de retraso en la entrega de balances financieros de 2018 y 2019; específicamente, desde que estalló el escándalo por el pago de sobresueldos a funcionarios activos de las policías, incluyendo a los ex generales directores de Carabineros y ex directores de la PDI, quienes percibían no sólo un sueldo mensual en la Mutualidad de 2 millones de pesos, sino que también gozaban de suculentas reparticiones de utilidades que alcanzaban a sumar más de $27 mil millones al año.

Así las cosas, Mutucar parece haber funcionado como caja pagadora de altos policías y es por ello que el fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, lleva una investigación que condujo el pasado mes de octubre al OS-7 de Carabineros a decomisar documentos y computadores de la Mutualidad, en el marco de una arista del llamado Paco Gate en la que se investigan los eventuales vínculos entre el Departamento de Bienestar de Carabineros, que entonces dirigía Mario Rozas, actual general director, y Mutucar, en la desaparición de $ 22 mil millones.

Según comentan fuentes ligadas a la investigación de Campos, esta semana comenzaron a entregarse notificaciones y citaciones correspondientes a la investigación de altos funcionarios y ex altos funcionarios de Carabineros ligados a la Mutucar. 

¿Quiénes son cada uno de los policías hasta ahora mencionados en este caso y cuáles son sus antecedentes y vínculos con la Mutualidad?

La citación incluirá a los cuatro últimos ex directores de la institución, quienes -junto al fallecido general Alejandro Bernales- recibieron sobrepagos mientras estaban al mando de la institución: Alberto Cienfuegos, Bruno Villalobos, González Jure y Eduardo Gordon, quienes recibieron grandes cifras de dinero entre la suma de sueldos mensuales, indemnización por despido y repartición anual de utilidades. 

El general Bruno Villalobos habría percibido -según reportó INTERFERENCIA- cerca de $59 millones de pesos, González Jure $93 millones, Alberto Cienfuegos $93 millones y Eduardo Gordon $76 millones. Esto, sin considerar los finiquitos, que en el caso de González Jure ascendía a $30 millones; dineros que deberán devolver a Mutualidad.

A ellos se suma Héctor Soto, director de la PDI, quien dejó de percibir sobrepagos en cuanto estalló el escándalo -a diferencia de sus pares de Carabineros que incluso presentaron una moción a Contraloría solicitando se cambiara la decisión y se les permitiera seguir percibiendo ingresos- y quien además ha señalado que no tiene problema en restituir los dineros entregados si así se señala.

Junto a este listado, hay un conjunto de al menos otros siete funcionarios y ex funcionarios de la institución aseguradora y de Carabineros que están siendo citados desde esta semana.  

Esto incluye a Ramiro Rosales Chacón, quien fuera jefe de gabinete de Humberto Gordon y quien trabajó junto a él, primero como asesor de la Mutualidad y luego como general director. Hoy Rosales es subgerente de Mutucar.

También está en el listado el actual gerente general de Mutucar, René Ureta, quien también trabajó en el gabinete de Humberto Gordon y quien tuvo que declarar en el Paco Gate por la arista de gastos reservados mal habidos.

A ellos se suma Luis Faggioni Campbell, actual gerente de negocios, quien también aparece mencionado en la lista de pago de gastos reservados del Paco Gate.

También se agrega Eric Guajardo Vistoso, quien estuvo involucrado en el disparo de perdigones a un estudiante en una manifestación el 2018, y en la estafa la Universidad Iberoamericana. Guajardo además participó del proyecto de Estadio Seguro, según reportó INTERFERENCIA. 

Sergio Alarcón Torreblanca es otro oficial que será citado, quien trabaja en el área de riesgos de la Mutualidad y quien llegó con el ex gerente Alfonso Muñoz Medina en 2018. Alarcón es un ex oficial acusado de prevaricación en Aysén y querellado por mal uso de instrumento público por falsificación de tablas de servicios. El ex oficial dirigía el Departamento de Cuarteles, unidad cuestionada por el desfalco de más de $365 millones de pesos en la construcción de recintos policiales en Aysén, caso indagado por el fiscal de Alta Complejidad Oriente, José Villalobos, lo que motivó una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado. Alarcón también fue acusado por otro funcionario, quien lo denunció por malversación, amedrentamiento, chocar su camioneta, por ir manejando en estado de ebriedad y darlo de baja de la institución de manera injusta, medida que fue revertida luego de una investigación. 

También será citado Alfonso Muñoz Medina, ex gerente general de la Mutualidad, instalado en ese puesto por el general González Jure y quien figura en la nómina de funcionarios que usufructuaron de los gastos reservados del Paco Gate. Muñoz también fue acusado por una funcionaria de finanzas de acoso sexual, según comenta una fuente de la Mutualidad que declaró en el proceso del fiscal de Magallanes la semana pasada: “Muñoz Medina tenía una actitud prepotente y especialmente intimidante con mujeres. Una compañera, esposa de un carabinero, lo acusó de acoso sexual, se abrió un sumario pero el tema no quedó en nada”, señala la fuente.

También será citado Mario Martínez Krause, ex subgerente de la Mutualidad, quien también fue dejado en el cargo por el director González Jure y quien figura en los antecedentes de la querella por malversación de fondos públicos por los gastos reservados del Paco Gate. Martínez Krause fue coronel de intendencia de Carabineros cuando explotó el caso. También fue acusado por la PDI de cambiar arbitrariamente los estatutos de la Mutualidad en beneficio de las autoridades y de poca transparencia.

Así está la arista financiera

Según señala a INTERFERENCIA René Ureta, actual gerente general de la Mutualidad, respecto de los datos que le exige la CMF, “no ha sido fácil consignar toda la información de los estados financieros, pero hemos trabajado en sanear la situación de la Mutualidad en beneficio de la transparencia y nuevas prácticas que dejen atrás el cuestionamiento del pasado”.

Palabras de un ex oficial de Carabineros que fue puesto en su sitial por el general director Mario Rozas y que sólo parecen ser palabras, ya que hasta el día de hoy la Mutualidad sigue sin entregar estos estados financieros y en su reemplazo sólo ofreció a la CMF auditorías externas realizadas por la empresa Deloitte, la cual se adjudicó este trabajo por mecanismo de contratación directa.

Deloitte pesquisó información imprecisa, con pocas fuentes reales, y con muchos vacíos. Al respecto, Ureta comentó a INTERFERENCIA que “hay información que debe ser procesada, usted tiene que entender que yo tomé la gerencia de la Mutualidad en junio y estoy haciendo mi mayor esfuerzo para limpiar cualquier sospecha”. 

Mientras no aparezca la información que permita tener los estados de resultados no informados, la CMF mantendrá las medidas restrictivas contra la Mutualidad, pese al informe auditor de 2019 recién entregado hace unas semanas. De tal modo y en concreto, la Mutualidad no puede realizar la contratación de nuevos seguros y el otorgamiento de préstamos, pero estas no afectan, por ahora, las coberturas asociadas al seguro de vida obligatorio de los policías.

Además está retrasado el estado financiero 2020, el cual, según explicó el ex gerente general, Muñoz Medina, no podía ser procesado por estar la Mutualidad en un momento de cambio y modernización interna.