El pasado viernes 30 de julio, el diputado Alexis Sepúlveda (PRSD) concurrió a las dependencias de la Contraloría Regional del Maule -en Talca- para presentar un oficio en el que exige al contralor general, Jorge Bermúdez, que se inicie una investigación respecto del convenio que tiene la Universidad de Talca y el centro de estudios afín a la ex Concertación, Cieplan; el cual permite financiar en gran medida a ese think tank. 

Cabe mencionar que estos hechos fueron dados a conocer en un artículo publicado por INTERFERENCIA, (ver artículo Los dineros de la Universidad de Talca que financian a CIEPLAN). En el artículo se expone cómo un convenio entre esta casa de estudios firmado en 2014 -y que tendrá vigencia al menos hasta el año 2022- entrega recursos por más de 270 millones de pesos anuales a Cieplan, centro de estudios de la vieja guardia concertacionista y principalmente ligado a la DC. 

Cabe mencionar que el rector de esa universidad es Álvaro Rojas Marín, militante precisamente de la Democracia Cristiana, afiliación que le significó ser ministro de Agricultura durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando Alejandro Foxley -el presidente de Cieplan- se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores. Este rector cumplirá en 2022 28 años a la cabeza de esta casa de estudios.

Para la investigación del artículo mencionado, la Universidad de Talca mencionó a nuestro medio que en todo caso, debido a la pandemia de Coronavirus, el monto correspondiente a 2020 para Cieplan se redujo en un tercio debido a las dificultades económicas. A pesar de eso no quisieron decirnos a qué monto corresponde la totalidad de los fondos comprometidos durante 2021, a traspasarse desde la universidad maulina a Cieplan.

El oficio del diputado Sepúlveda busca en particular, como producto de la investigación solicitada a Contraloría, que este órgano emita un “pronunciamiento respecto de la legalidad e idoneidad de los hechos” denunciados. 

"¿Resulta válido para ellas propiciar o incluso financiar con recursos del erario fiscal, una corporación con marcada tendencia ideológica?", señala el escrito.

“Lo que nos parece no razonable es que una universidad pública gener un contrato de esta magnitud de recursos con un centro de pensamientos que claramente tiene una tendencia política imperante”, señaló Sepúlveda a las puertas de la Contraloría Regional del Maule, el pasado viernes, donde señaló que espera que se determine “por qué esta institución y no otra, si se licitó [el convenio], si se hizo consultas a distintos centros de estudios, o por fue designado directamente a dedo como pareciera que fue”.

La solicitud de investigación del diputado pone foco en aspectos como el "pluralismo universitario" que las universidades públicas debieran tener, de manera que en el escrito se pregunta "¿Resulta válido para ellas propiciar o incluso financiar con recursos del erario fiscal, una corporación con marcada tendencia ideológica?".

El requerimiento señala que "dada la alta inversión fiscal comprometida en este convenio, superior a los dos mil doscientos millones de pesos, que beneficia a un organismo cuyos integrantes tienen una marcada y asumida ideología política, en desmedro de los académicos de carrera de sus propias filas.

El escrito también discute "la idoneidad del producto aportado por CIEPLAN a la Universidad de Talca", cuestionando los textos e investigaciones que han resultado como producto de este convenio, los cuales no necesariamente cumplen con estándares académicos contemporáneos, como la publicación en revistas indexadas; y también pone foco en "discriminación arbitraria al personal académico de UTALCA", debido a que la externalización de este tipo de investigación tiene como resultado entregar altas sumas de dinero a investigadores que no necesariamente están obligados a cumplir con los altos estándares a los que están obligados los académicos e investigadores de la universidad.

"¿No habría sido más ajustado a derecho, a los fines que persigue Universidad de Talca y, por cierto mucho menos pesado para el presupuesto de la Universidad, encargar los mismos objetivos plasmados en el convenio, al cuerpo académico de UTALCA?", menciona el oficio.

El documento señala que la Contraloría tiene la competencia de realizar esta investigación y pronunciarse al respecto debido a que tiene a su cargo "a fiscalización de la inversión de los fondos del Fisco".

En ese sentido, el escrito señala que "dada la alta inversión fiscal comprometida en este convenio, superior a los dos mil doscientos millones de pesos, que beneficia a un organismo cuyos integrantes tienen una marcada y asumida ideología política, en desmedro de los académicos de carrera de sus propias filas, resulta justo y necesario que este órgano contralor, emita un pronunciamiento de legalidad y/o de juridicidad, respecto de los hechos expuestos en el presente requerimiento.".