Una denuncia de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, y otra del congresista de Renovación Nacional, Andrés Celis, fueron presentadas el pasado martes en el Ministerio Público, con tal de que se investiguen los hechos revelados por INTERFERENCIA que dan cuenta que en al menos dos contratos de residencias sanitarias destinadas a pacientes o casos sospechosos de Covid-19, se vieron beneficiados funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera.

El domingo nuestro medio informó que el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, contrató por 205 millones de pesos una serie de departamentos que son parte del negocio hotelero de Orlando Durán Ponce, quien hasta el lunes era el jefe de la División de Atención Primaria de la misma Subsecretaría. En tanto, ayer miércoles este diario digital publicó los antecedentes de que por 187 millones de pesos el mismo organismo benefició un negocio de la familia del subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia.

“A mi juicio acá podrían existir diversos tipos penales comprometidos. En primer lugar, aquellos referidos al tráfico de influencias, previstos en los artículos 240 y 240 BIS del Código Penal, que podrían afectar al funcionario Durán, en la medida que éste se encontrara involucrado en la decisión de contratar a la sociedad. Y, también sería aplicable el artículo 246, que refiere al caso de que un empleado público, indebidamente se anticipe a ciertas decisiones estatales por el conocimiento que le da su cargo, lo que podría aplicar siempre y cuando la sociedad se haya constituido para el solo objeto de ser contratada por trato directo, sirviendo de residencia sanitaria. Lo anterior es sin perjuicio de otros delitos de mayor envergadura que pudieren investigarse, cuya definición, dependerá del fiscal a cargo de la investigación”, dijo en un comunicado de prensa el diputado Celis, quien además denunció los hechos en Contraloría el pasado lunes.

En representación de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, el parlamentario Gabriel Silver explicó en un punto de prensa lo que motivó esta acción.

“Los propios funcionarios públicos se están auto adjudicando contratos por cuantiosas sumas de dinero por residencias sanitarias, y la respuesta no puede ser solo sumarios administrativos, no hay funcionarios ni suspendidos ni cesados en sus cargos, y además hay antecedentes que desde la propia Subsecretaría de Redes Asistenciales se ha dado instrucciones para acelerar pagos, y en consecuencia, lo que corresponde es investigar", manifestó el parlamentario.

Los falangistas también solicitaron al fiscal nacional que, a raíz de estos casos, se conforme una unidad anticorrupción para vigilar los gastos del Estado en medio de la pandemia del coronavirus, con tal de que se les dé un buen uso.

De esta manera, los antecedentes actualmente se encuentran en el Ministerio Público pero también en Contraloría, desde donde ordenaron una investigación administrativa que comenzó el pasado martes con la extracción de datos de los computadores de distintos funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.