El Ministerio de Minería anunció el miércoles una convocatoria pública nacional e internacional para la suscripción de contratos especiales de operación que desarrollen la exploración y producción de yacimientos de litio en suelo chileno.

En total, el concurso considera una cifra de 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas individuales de 80.000 toneladas.

En concreto, la iniciativa que pretende “buscar socios estratégicos que inicien las actividades de exploración, explotación y comercialización de nuevos yacimientos de litio en el país” establece que cada licitante sólo podrá resultar adjudicatario de un máximo de dos cuotas, de este modo, ningún oferente podrá adjudicarse el derecho a explotar más 160.000 toneladas. 

En un comunicado, el Ministerio de Minería explicó que habrá un plazo de siete años para hacer la exploración geológica, estudios y desarrollo del proyecto, prorrogable por otros dos, y otros 20 años para la producción.

Sin embargo, llamó la atención su temporalidad: el 17 de diciembre concluye el periodo de recepción de ofertas, mientras que el 14 de enero del 2022 se publicarán los resultados de la licitación. Es decir, el proceso se desarrollará durante los últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera. 

Al respecto, el convencional Daniel Stingo, junto al abogado Julio Salas, denunciaron que el Ejecutivo habría acelerado este proceso para afectar al proceso constituyente. 

Salas, abogado experto en políticas públicas, explicó que “nos encontramos con la sorpresa que el gobierno ha decidido iniciar un proceso de licitación, entre gallos y media noche, que se abre el 13 de octubre, y cierra el 22 de enero del 2022. Un proceso de licitación que claramente se produce en el momento en que está en discusión el rol subsidiario del Estado, y por lo tanto, la posibilidad de que se produzca la nacionalización efectiva del litio en la Constituyente, y más aún que en el futuro poder legislativo se construya una empresa nacional del litio”.

La iniciativa pretende “buscar socios estratégicos que inicien las actividades de exploración, explotación y comercialización de nuevos yacimientos de litio en el país”. 

El jurista además alertó sobre los eventuales peligros de esta licitación por vender por anticipado el litio, “ya que la empresa que se adjudique esta licitación, si se produce la esperada renacionalización del litio, podría cobrar una millonaria indemnización. Estos minerales hoy pertenecen a todos los chilenos”. 

En esa línea, Daniel Stingo, constituyente por el Distrito 8, sostuvo que “hoy estamos en la Constituyente dándole vuelta a la posibilidad de que el litio pueda ser objeto de renacionalización (por llamarlo así). Sabemos que, en la Constitución, los minerales son de todos los chilenos. Pero, igualmente se busca concesionar”.

Falta de planificación

En conversación con INTERFERENCIA, el geólogo económico José Cabello manifestó que la licitación anunciada por el Ministerio de Minería “una vez más muestra una falta de estrategia de Estado en el manejo de un metal considerado estratégico para el futuro energético del mundo y que nuestro país tiene las mayores reservas en los salares del norte”.

Sobre ello, el científico explicó que “se argumenta un aumento de producción sin analizar si se generará el máximo beneficio para el país. El Estado solo capturará una regalía por la adjudicación de las cuotas además de un pago variable durante la etapa de producción. Claramente poco adecuado para un metal que es jurídicamente propiedad del conjunto del país”.

Cabello criticó que no se mencione claramente la necesidad de aplicar un desarrollo sostenible a la producción de litio en el territorio. “No hay referencia que los salares son ecosistemas dinámicos y que el litio es parte de un conjunto de poli elementos: litio, boro, potasio, cloruros, sulfatos todos contenidos en importantes recursos hídricos. Uno sospecha que no se entiende como desarrollar una industria minera moderna que tenga licencia social para operar”.

Asimismo, el geólogo advirtió que “llama la atención que se plantea esta licitación sin considerar los acuerdos alcanzados por la Comisión Nacional del Litio en 2015. Recordemos que ese grupo estaba integrado por 20 expertos e hicieron recomendaciones válidas y que todavía no se aplican. Tampoco hay entendimiento del momento político, donde por un lado hay un gobierno llegando a término con bajísimo respaldo y el país está diseñando su futuro institucional”.

A juicio del científico “mientras sigan ocurriendo estas improvisaciones, estaremos postergando un desarrollo nacional adecuado sin aprovechar nuestra calidad de país minero a escala mundial pero que lo único que parece saber es llamar a otros para desarrollar sus riquezas minerales sin entender la capacidad que ha desarrollado durante años por sus propios trabajadores, profesionales y técnicos”.

En el ámbito parlamentario, la iniciativa gubernamental provocó que la diputada Daniela Cicardini (PS), integrante de la Comisión de Minería, anunciara el envío de oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados al ministro Juan Carlos Jobet y al Contralor General de la República. 

A su vez, el diputado Daniel Núñez (PC) señaló en Radio ADN que “vamos a buscar todos los mecanismos legales para oponernos a esta licitación, la que además hecha de forma como se está proponiendo a destajo, solo apuntando a la mayor extracción sin incorporación de valor agregado, pone en riesgo la sustentabilidad ambiental de los salares”.