Ayer fue la penúltima noche del Festival de Viña del Mar y nuevamente la jornada estuvo marcada por el presente sociopolítico del país. Si bien la parte musical, a cargo de Maroon 5 y Alexandre Pires, sonaba a plato fuerte, fue la rutina humorística de Paul Vásquez (El Flaco), la que siguió la línea de las noches anteriores en que hubo mensajes potentes en contra del presidente Sebastián Piñera.

El ex Dinamita Show reservó para el final de su rutina las referencias más fuertes al estallido social iniciado el pasado 18 de octubre. El comediante ha sido brigadista de salud durante las protestas, por lo que ha sido testigo directo de las cientas de violaciones a los DDHH que se han cometido en la Plaza Dignidad.

A raíz de esto, el flaco vistió una polera que aludiía a los heridos oculares que ha dejado el actuar de Carabineros. Asimismo, su último chiste fue una referencia directa a Sebastián Piñera, el cual trataba sobre un loro vecino del mandatario que durante todo el día repetía "que se vaya el presidente".

Pero así como el festival ha continuado su funcionamiento pese al contexto nacional, pese al espectáculo también persiste el llamado atención de los sectores marginales de la ciudad jardín.

Los cerros, donde las ganancias no llegan

La última medición del Barómetro Visión Humana arrojó que Viña del Mar es la segunda mejor ciudad para vivir y visitar en Chile, sólo detrás de Valdivia. La “ciudad jardín” ha logrado exportar una imagen que, apoyada por la plataforma mediática de su Festival, ofrece sólo bondades. Sin embargo, al poco andar entre los cerros que circundan la propia Quinta Vergara, el panorama urbano se vuelca con fuerza hacia las necesidades.

A seis kilómetros del escenario festivalero, subiendo el cerro Forestal, se emplaza el campamento Felipe Camiroaga, que alberga a cerca de 900 familias. Las calles no están pavimentadas, no hay alcantarillado ni un servicio regular de limpieza de pozos sépticos. En los sectores de Achupallas y Villa Independencia, las más de 1.100 familias del campamento Manuel Bustos —el más grande del país— lidian con un entorno de empinados caminos de tierra por los que únicamente pueden transitar automóviles con tracción 4x4.

Si bien el campamento Manuel Bustos data de 1995 y el Felipe Camiroaga de 2011, ambos dan cuenta una misma realidad socio-espacial y poseen iguales prioridades en cuanto a urbanización y servicios básicos. INTERFERENCIA visitó estos lugares para conocer en terreno las necesidades de sus vecinos, durante una semana en la que toda la atención está puesta sobre el Festival de Viña del Mar, evento valorado entre la población, pero del que se esperaría más al momento de repartir las ganancias.

La ciudad con más campamentos

Según un catastro de la ONG Techo que data de 2016, en la Región de Valparaíso existen 159 campamentos, con 10.072 familias viviendo en ellos. De dicho cómputo total, Viña del Mar posee 74, con 6.207 familias, cifras que la convierten en la ciudad con el mayor número de campamentos del país.

A pesar de contar con un presupuesto anual de $95.093.335, la ciudad expone, precisamente, un espacio urbano que es fiel reflejo de una desarrollo desigual. En Concentración espacial del poder, segregación socio-espacial y legitimidad del orden, la socióloga Mónica Vargas expone que en un contexto de acumulación neoliberal, se configura una segregación socio espacial que implica también una concentración territorial del poder, “pues la élite se concentra en sectores muy bien delimitados y que concentran todos los privilegios, distanciandose física, social y culturalmente del resto de la población”.

En este sentido, como señala Alejandra Rivas en Campamentos, Factores socioespaciales vinculados a su persistencia, al poner al mercado como principio de articulación social y traspasar los costos de la vida al individuo y su capacidad generadora de ingresos, el desarrollo urbano excluye a los grupos vulnerables y los relega a las periferias. 

Viña del Mar ha experimentado con fuerza este proceso a partir de la década de 1990, cuando los campamentos volvieron a surgir después de haber sido duramente reprimidos y erradicados durante la dictadura. Ante este problema, el Estado ha respondido de dos maneras: erradicar los campamentos mediante la relocalización de las familias, o a través de la regularización de las viviendas. 

Esta última vía, implementada en 1997, ha sido la preferida por los vecinos que, tras años de convivir en un espacio donde forjaron un espíritu de comunidad, no quieren abandonar los campamentos. Es así que, a partir de dicho sentido comunitario, la dirigencia social cobró un realce que ha sido clave para conseguir avances en la regularización de los terrenos ocupados.

A modo de ejemplo, luego de numerosas gestiones por parte de sus dirigencias, en 2017 el campamento Manuel Bustos consiguió el Protocolo de Urbanización que dio inicio a la posibilidad de radicación. 

En el caso del Felipe Camiroaga, la realización de un catastro del campamento permitió que se comience a gestionar la regularización de las viviendas, a través de la eventual compra de los terrenos por parte del Estado al propietario.

Durante su visita a estos campamentos, INTERFERENCIA conversó con algunos de sus dirigentes para conocer sus actuales inquietudes y su rol de mediadores entre las autoridades y las comunidades. En el campamento Felipe Camiroaga, nuestros periodistas se reunieron con los dirigentes José Carrasco y Marcela Salazar.

Por su parte, en el campamento Manuel Bustos nuestro medio conversó con María Medina. Sin embargo, desistimos de incluirla en el siguiente video por dejar entrever ciertas contradicciones en su relato. Durante la entrevista, señaló que la municipalidad usualmente ha mostrado interés en resolver las necesidades de los vecinos y que no se veía la realización del Festival como un desmedro para la satisfacción de esas necesidades. Sin embargo, posterior a la entrevista contó que recibió una entrada de cortesía del Concejo Municipal para ir a ver el show de Ana Gabriel a la Quinta Vergara, y dejó entrever que tenía una buena relación con la alcaldesa Virginia Reginato, así como la intención de postular al concejo municipal viñamarino por el Partido por la Democracia en las próximas elecciones municipales.