Fue un día de 1990 que hasta la casa matriz del Banco Estado llegaron dos detectives con una misión en particular: conseguir los “pinocheques” desde el archivo. Los atendió un alto funcionario que conversó con INTERFERENCIA, para contar por qué guardó cuatro copias de los documentos que marcaron el inicio de la llamada “transición”.

Ese mismo año, días antes de la llegada de los funcionarios de la Policía de Investigaciones al banco, había estallado el caso: el comandante en jefe del Ejército y anterior dictador, Augusto Pinochet Ugarte, a través del Ejército, había comprado una empresa de armas frustrada a su hijo Augusto Pinochet Hiriart, con el pago de $971.940.000 millones que fueron divididos en tres cheques.

El alto funcionario, quien pidió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, estaba al tanto de la situación puesto que la prensa ya había informado públicamente de los hechos.

-Andan unos detectives que quieren los pinocheques originales-, le dijo un auxiliar al banquero.

-Dígales que tengo que preguntar y después buscarlos, pero usted vaya ahora a sacarlos del archivo, les saca fotocopias, las deja en el archivo y me trae los originales-, respondió el alto funcionario.

Fueron estas fotocopias la llave que abrió el conflicto entre militares y el gobierno de Aylwin. En diciembre de 1990, el Ejecutivo estimó que los cheques eran algo suficiente para pedirle la renuncia a Pinochet.

Después de esta operación, el representante de Banco Estado atendió a los detectives y les dijo que sólo tenían las fotocopias. En tanto, los pinocheques reales estaban guardados en una caja fuerte de la oficina del alto funcionario.

No era primera vez que negaba documentos a la policía. Diez años antes, a fines de 1980, en un caso particular hizo lo mismo con otros detectives. Días después fue citado a un tribunal y sólo debió estampar su firma en un documento que le mostró el juez.

Pasaron los días y el único con llave para acceder a los documentos originales y que tensionaban el país era él, hasta que un superior jerárquico se los solicitó.

El funcionario explica que al no acceder a la solicitud de los detectives su intención no era entorpecer la investigación, al contrario, buscaba que todo se hiciera en orden, que quedara constancia del movimiento de los cheques. Los policías llegaron sin una orden judicial para pedirlos, por eso se los negó.

Por lo mismo, cuando su jefe le pidió los documentos, el funcionario le dijo que antes le enviara un memorándum dejando constancia del traspaso.

Los cheques ya no estarían bajo su control, pero esto no le importaba. Sin embargo, antes de enviarlos a través de un abogado, pensó en que los papeles que pronto saldrían de su oficina no eran un mero conflicto judicial, sino que eran parte de la historia de Chile. Por lo mismo, comenzó a sacarles fotocopias “para uso personal”, cuenta.

No era el primero en replicar los “pinocheques”. A mediados de 1990, dentro de un sobre, llegaron de manera confidencial hasta el escritorio del entonces presidente Patricio Aylwin, según relata Ascanio Cavallo en su libro ‘La historia oculta de la transición’. Posteriormente estos se filtraron a los medios de comunicación, lo que presentó el caso a la opinión pública y dio paso a la creación de la primera comisión investigadora de la Cámara de Diputados post dictadura.

Fueron estas fotocopias la llave que abrió el conflicto entre militares y el gobierno de Aylwin. En diciembre de 1990, el Ejecutivo estimó que los cheques eran algo suficiente para pedirle la renuncia a Pinochet, pero este reaccionó con fuerza y ordenó el acuartelamiento del Ejército, lo que hoy se recuerda como los “ejercicios de enlace”.

El caso siguió en una incertidumbre judicial durante los primeros años de la Concertación, hasta que el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle ordenó al Consejo de Defensa del Estado que desistiera de seguir con la causa. En 2009, pero ya en el marco de la investigación que lideró el ministro Manuel Valderrama por el enriquecimiento ilícito de la familia, Pinochet Hiriart volvió a declarar sobre los cheques.

El alto funcionario cuenta que de las cuatro copias que sacó, regaló un par a amigos cercanos, mientras que los documentos originales, señala, posiblemente fueron quemados por la normativa que establece que después de ocho años hay que ir quemando archivos para evitar el exceso de material.

Entregó otra copia original a INTERFERENCIA para que las imágenes de los pinocheques estén disponibles digitalmente, también como un ayuda memoria de que Juan Miguel Fuente-Alba no es el primer comandante en jefe del Ejército que utiliza los fondos del Estado para su beneficio personal.

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Interferencia

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