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Domingo, 5 de Diciembre de 2021
Investigación

El fracaso del MOP y del sistema de concesiones en proteger a los reos de cárceles de administración privada ante el Covid-19

Sebastián Ávila
Giannina Giordano*

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Foto enviada a los autores desde Santiago 1.
Foto enviada a los autores desde Santiago 1.

Mientras que el Ministerio de Obras Públicas que dirige Alfredo Moreno, no realizó ninguna exigencia extra por la emergencia sanitaria a las empresas concesionarias, pudiendo hacerlo legalmente, uno de sus inspectores a cargo de fiscalizar estas cárceles dijo que no pueden hacer nada, pues dotar de elementos de protección “no sale en las bases de la licitación”.

Pese a que las mascarillas se transformaron en un insumo básico para evitar contagios por Covid-19, a los miles de internos de las ocho cárceles concesionadas del país no se les garantizó el suministro mínimo de este elemento.

A través de documentación solicitada vía Ley de  Transparencia, entrevistas a los entes involucrados en el sistema concesionario y conversaciones con internos de distintas cárceles, esta investigación da cuenta de esa falencia, además de varias otras que abundan en el modelo administrado por privados y fiscalizado por el Estado. Algo que se acentuó con la llegada del Covid-19 en Chile, a partir de marzo de este año.

De tal modo, la falta de insumos de prevención, gastos de 8.124 millones de pesos en asesorías que no cumplen con el propósito de fiscalizar el funcionamiento de las cárceles y traslados interpenales sin toma de PCR previos que generaron la propagación del Covid-19 entre centros penitenciarios, son algunos de los aspectos que salieron a la luz, cuya principal responsabilidad política corresponde al Ministerio de Obras Públicas, que dirige Alfredo Moreno.

Algo que afecta directamente a los internos de las ocho cárceles licitadas desde 2002, y que entraron en funcionamiento desde 2005, cuando debutó el sistema bajo el gobierno de Ricardos Lagos. Se trata de los recintos de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua (Grupo 1; concesionado a Sociedad Concesionaria BAS S.A., que reúne como socios igualitarios a Besalco Construcciones, Sodexo Chile y la Sociedad de Concesiones de Chile); Concepción y Antofagasta (Grupo 2, de Sodexo Chile) y Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt (grupo 3, de Vinci Construction Grands Projets).

Cada quien se rasca con sus propias uñas

Las mascarillas, el alcohol gel y otros productos sanitarios se han convertido en elementos de primera necesidad para evitar el contagio del virus. Pese a ello, existen internos que no tienen acceso a éstos.

Las empresas concesionarias están a cargo del sistema de salud dentro de los penales y el Covid-19 es una enfermedad respiratoria, por lo tanto, deberían responder a ella dado que ese ítem está en los contratos de concesión. Sin embargo, actualmente no se están entregando los insumos necesarios y son las familias quienes se han encargado de proveer a los reclusos.

Acorde a lo investigado para este artículo, el interno puede recibir por encomienda una vez a la semana hasta siete mascarillas, las cuales tienen una duración efectiva de cuatro horas como máximo, en caso de que no se humedezcan antes de ese tiempo. En el mejor de los escenarios, solo por 28 horas a la semana el interno estaría realmente protegido y cumpliendo con lo señalado por los protocolos del Ministerio de Salud (Minsal). Esto pasa solo si los familiares logran enviarles productos e insumos mínimos para desinfectar sus espacios personales, situación que no es igual para todos, y que produce diferencias dentro de las cárceles.

“La entrega de mascarillas como prevención para posibles contagios Covid-19 no está indicado en las bases de licitación, por lo tanto, no es algo que esta Inspección Fiscal pueda exigir y tampoco es una obligación de proveer para la Sociedad Concesionaria”. Esta fue la respuesta entregada por Francisco Miranda, asesor del inspector fiscal del MOP Felipe Acuña López, encargado de fiscalizar el Grupo 3, de Vinci Construction Grands Projects, luego de que Gendarmería solicitara mascarillas para toda la población del Centro Penitenciario de Puerto Montt.

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Una de las pocas entregas de EPP por parte de Vinci Construction Grands Projects: una mascarilla de tela y un alcohol gel. A la fecha no hay registros de que se haya vuelto a suministrar este tipo de insumos, según internos de Santiago 1.
Una de las pocas entregas de EPP por parte de Vinci Construction Grands Projects: una mascarilla de tela y un alcohol gel. A la fecha no hay registros de que se haya vuelto a suministrar este tipo de insumos, según internos de Santiago 1.

Sin embargo, en el documento Bases de Licitación Grupo 3, se establece que durante “el transcurso del plazo de la concesión [...] el Ministerio de Obras Públicas (MOP) podrá solicitar al concesionario la prestación de nuevos servicios adicionales a los establecidos en el artículo 1.10.2 [infraestructura, alimentación, salud, lavandería, aseo y control de plagas, etc.] y en el artículo 1.10.3 [servicios complementarios] de las presentes bases de licitación, o la modificación de los servicios contemplados en dichos artículos”.

Lo anterior faculta al MOP a solicitar servicios no contemplados en el contrato, como lo es la adquisición de insumos para la prevención de contagios. Pero hasta el día de hoy no se ha generado ninguna solicitud al respecto.

Consultado al respecto, funcionarios del MOP que respondieron a este reportaje atribuyen la responsabilidad al Ministerio de Justicia: “A la fecha el mandante del contrato, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no ha planteado requerimientos en esa línea”. Además, señala que “es posible inferir que hasta el momento dicho requerimiento no ha surgido dado que el alcance del contrato y sus servicios concesionados han permitido enfrentar de forma adecuada la situación de crisis sanitaria”. 

Al preguntarle al Ministerio de Justicia sobre lo dicho por el MOP, sus funcionarios optaron por no dar respuesta, esto, pese a que cercanos a Sebastián Valenzuela, subsecretario de Justicia, sí contestaron respecto a otros temas.

Vía Ley de Transparencia, Gendarmería señaló que los PCR tomados a internos de penales concesionados desde marzo al 28 de abril de 2020 fueron los siguientes:

1.-Rancagua: 00 PCR 

2.-Alto Hospicio: 00 PCR

3.- Antofagasta: 03 PCR, (todos negativos). 

4.- Bío-Bío: 04 PCR, (todos negativos). `

5.- Puerto Montt: 00 PCR. 

6.- Santiago 1: 13 PCR, (01 positivo y 12 negativos). 

7.- La Serena: 02 PCR, (todos negativos). 

8.- Valdivia: 00 PCR.  

Actualmente existen 2.834 casos de contagios a nivel nacional, en los que se encuentran 1.224 funcionarios y 1.610 privados de libertad. El último mes el número de contagios se ha duplicado, sumando diariamente alrededor de 20 casos nuevos, según datos entregados por Gendarmería.

Durante los primeros meses de la pandemia, las cárceles concesionadas no presentaron mayores contagios, produciéndose un brote tardío que hasta la fecha se traduce en 692 casos confirmados ( 517 internos y 175 funcionarios) y 144 (131 internos y 13 funcionarios) en situación de aislamiento sin confirmación aún de Covid-19, según el último catastro a nivel nacional elaborado por Gendarmería.

Vacíos e incumplimiento de las bases de licitación

Las bases de las licitación, documentos en que se detallan las obligaciones del privado, no incluyen situaciones de pandemia o emergencia sanitaria. Esto hace que la empresa concesionaria no esté obligada directamente a proporcionar los insumos necesarios en situaciones como la actual.

Los concesionarios tienen claro que existen vacíos que los libran de ciertas responsabilidades. A partir de la respuesta dada el día 3 de abril a un oficio realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al MOP, respecto a la provisión de insumos de aseo e higiene destinados a la población penal, el inspector fiscal del Grupo 3, Felipe Acuña, traspasó dicha responsabilidad a Gendarmería. “Cualquier aspecto o servicio no contemplado en los documentos contractuales le corresponde a dicha institución”.

La falta de protocolos hace desconocido cómo proceder, siendo Gendarmería la institución que debió elaborar un documento para abordar la crisis sanitaria.

Otro punto en el limbo es la limpieza en los recintos. En las Bases de Licitación del Grupo 3 se señala en el punto Aseo y control de plagas los protocolos de limpieza que la empresa debiera aplicar obligatoriamente en áreas comunes y al interior de las celdas. 

Dice: “El concesionario deberá ejecutar un programa de limpieza profunda quincenal de la totalidad de cada establecimiento penitenciario, excluyendo el interior de las celdas […] El interior de las celdas, deberá ser aseado y sanitizado una vez al mes. Dicha actividad deberá ser programada por el concesionario y autorizada por el inspector fiscal […] Aseo baños y duchas se limpiarán a fondo diariamente después de cada uso y siempre que sea necesario”.

Sin embargo, de acuerdo a testimonios de internos, la situación sanitaria dentro de algunos penales no está cumpliendo con lo estipulado, pese a que el gasto total mensual por cada privado de libertad perteneciente al sistema carcelario concesionado es de $777.192. Esto de acuerdo a datos entregados por Gendarmería en su último informe de 2018.

En Santiago 1, a partir de imágenes enviadas por internos, se puede observar áreas comunes con basura y heces de palomas, baños tapados con restos fecales y agua estancada, lo que evidencia que la limpieza descrita en las bases de licitación no se lleva a cabo.

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Baño celda de módulo de máxima seguridad, Santiago 1.
Baño celda de módulo de máxima seguridad, Santiago 1.

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Baños área común módulo 2, Santiago 1.
Baños área común módulo 2, Santiago 1.

Malos resultados, tras una gran inversión

La inversión total del Estado traspasada a empresas concesionarias para la construcción y explotación de las cárceles es de 560.633 millones de pesos, desde 2002 –año en que se adjudicó la primera licitación- a 2026, cuando vence el último contrato.

Los estudios de los que se tiene registro en cuanto a la evaluación del sistema concesionado indican que no existe una diferencia considerable entre centros manejados por privados y por el Estado. En ítems como habitabilidad, violencia carcelaria, acceso a programas, acceso y trato a visitas, las cárceles públicas presentan mejores resultados.

El 14 de abril pasado, la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, dio a conocer el informe Situación recintos penitenciarios en pandemia Covid-19, el cual fue realizado en conjunto por todas las cortes de apelaciones nacionales. Éste califica la situación de todos los recintos penitenciarios frente al coronavirus como una “bomba de tiempo”.

Hace dos años la fiscal judicial de la Corte Suprema Javiera González, comenzó a indagar en el área, visitando con frecuencia el Centro Penitenciario Santiago 1. Su labor estaba enfocada en fiscalizar el tratamiento que se les da a los internos, solicitando de manera extraordinaria algunas mejoras, tanto en la infraestructura como en la alimentación.

Frente a la interrogante del desempeño del sistema concesionado, la fiscal González señala que existen distintas aristas que deberían modificarse. “Las bases de licitación se debieran reestudiar”, dice. Además, afirma que hay que “extender un poco el ámbito de la responsabilidad de la concesionaria, porque es muy básica”. Esta última es una opinión compartida con la fiscal judicial Lya Cabello. “Las concesiones hicieron un negocio, hay intereses de privados”, dice Cabello.

En tanto, la idea de que exista otro ente que apoye en la gestión y fiscalización del sistema concesionado, ya sea el Ministerio de Justicia o uno distinto, fue otro de los puntos coincidentes entre las fiscales.

Inspectores fantasmas y asesorías por más de 8 mil millones

A partir de la creación de concesiones, el MOP creó la figura del inspector fiscal, para supervisar el trabajo de los privados. Cada grupo tiene uno a su cargo, pero la periodicidad de su trabajo y sus visitas a los centros penitenciarios es desconocida; el inspector se ha convertido en un trabajador “fantasma”, según antecedentes y testimonios conocidos en esta investigación.

A cargo de la cárcel de Iquique, La Serena y Rancagua, está el inspector fiscal Jaime Lillo Toro. Los recintos penitenciarios de Concepción y Antofagasta son supervisados por Yair Varas Rojas, mientras que Valdivia, Santiago 1  y Puerto Montt, están a cargo de Felipe Acuña López.

Al consultarle a los representantes del INDH de las distintas regiones que cuentan con cárceles concesionadas, la respuesta fue la misma: nunca han visto al inspector fiscal.

La fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, se refiere así al rol de este tipo de trabajador del MOP: “La figura que debería velar por los intereses estatales no parece estar jugando de nuestro lado”.

Con el fin de apoyar el trabajo del inspector fiscal, el MOP realizó tres licitaciones para conseguir asesores a cada grupo. La primera se la adjudicó en 2017 Axioma Ingenieros Consultores S.A. por 2.989 millones de pesos. Desde el 2018 Consorcio Creaxxion-RFA es la empresa a cargo de asesorar al inspector fiscal del Grupo 2, servicio por el cual se adjudicó 2.384 millones de pesos. A cargo de asesorar al inspector del Grupo 3 quedó Ingenieros Consultores Luis Alejandro Brulé E.I.R.L, por la suma de 2.750 millones de pesos a partir de 2019.

En total, el MOP invirtió por concepto de asesorías 8 mil 124 millones de pesos, en contratos que duran tres años.

Sin embargo, junto con lo anterior, las multas cursadas entre 2017 y 2020 a las concesionarias encargadas de cada grupo han ido en aumento. El déficit calórico en los alimentos y las falencias en los programas de reinserción son las causas más recurrentes de estas infracciones. 

En el área de salud, aseo y control de plagas, no existen multas registradas en este periodo, pese a que en esta investigación se ha dado cuenta de problemas evidentes, dada la emergencia del coronavirus.

El total pagado por las concesionarias por concepto de multas entre 2017 y lo que va del 2020 es de 613 millones de pesos. Por otra parte, el Ministerio de Justicia, entre 2006 y 2014, ha debido pagar un total de 9.174 millones de pesos a los concesionarios por concepto de sobrepoblación, ya que por cada privado de libertad adicional en los centros penitenciarios el Ministerio debe indemnizar a las empresas privadas, según se estipula en las bases de licitación.

El traslado del Covid-19 a regiones

El documento Medidas con que Gendarmería enfrenta al coronavirus señala: “Los traslados interpenales están suspendidos, a menos que sean de estricta necesidad de seguridad, implementación de audiencias y visitas por videoconferencias”.

Tras el intento de motín realizado en el Centro Penitenciario Colina 1, el 14 de mayo, se ordenó el traslado de 126 internos a siete cárceles concesionadas del país, bajo la justificación de que fue por “medidas de seguridad institucional”, según un documento enviado por el jefe del Departamento de Control Penitenciario al alcaide de Colina 1.

Ese mismo día, en un vehículo de la unidad de traslados de Gendarmería, llevaron a 20 internos al Complejo Penitenciario La Serena. Tras cinco horas de viaje se les aisló inmediatamente en celdas individuales de confinamiento para iniciar una cuarentena preventiva. Los PCR arrojaron cinco contagios. 

El 17 de mayo J.L., uno de los trasladados, llamó a su hermana Jessica y le dijo: “Hermana llegaron los exámenes, di positivo”. Desde Santiago, ella relata: “Estuvieron dos semanas y tanto con la misma ropa, sin jabón, sin nada. Les daban una pura comida al día. Los tienen botados, no entran [gendarmes] porque saben que ahí hay contagios”.

La primera encomienda que pudo recibir J.L. fue el día 6 de junio, más de tres semanas después de haber llegado a La Serena. Ese día obtuvo insumos de higiene personal, de protección y ropa. “Es una caja súper chica. Ahí tienes que meter todo lo que puedas. Recién hace unos días les llegaron las cosas y se pudieron afeitar, lavar, limpiar, entonces es súper inhumano lo que están haciendo”. 

El traslado genera como principal consecuencia la disminución de la llegada de encomiendas. Al encontrarse en otra ciudad, se dificulta el envío de insumos, ropa y alimentos para los internos. Como se mencionó en esta investigación, son los familiares por medio de las encomiendas los que se hacen cargo de proveerles insumos para prevenir el contagio. 

En el informe realizado el 5 de mayo por la jefa regional de Coquimbo del INDH, Tarcila Piña, tras la visita a la cárcel de La Serena, se detallan distintos aspectos que evidencian que el recinto penitenciario no tiene lo necesario para sobrellevar la pandemia. 

“De las 16 camas con las que cuenta el establecimiento, al día de la visita, no existe ninguna disponible […] el personal sanitario no ha recibido capacitación, ni tiene kit para testear a las personas privadas de libertad que lo requieran, ni de parte de la concesionaria, ni de la autoridad sanitaria pública”, dice. 

Dentro de los hallazgos que generaron mayor preocupación por parte de la jefa regional de Coquimbo, según se detalla en el documento, es que los espacios destinados a los contagios positivos no cuentan con las condiciones necesarias para cumplir esa función. 

El momento en que se desató el miedo y las manifestaciones en Rancagua

El 15 de junio, 99 privados de libertad fueron trasladados desde Santiago 1 a Rancagua. Recién al llegar a la región se les realizó el examen PCR y 78 dieron positivo para Covid-19. 

El módulo 85 del Centro Penitenciario de Rancagua fue el lugar destinado para recibirlos. Una celda para dos personas en confinamiento total durante las 24 horas del día por un período que se extendió por dos semanas completas, sin implementos de limpieza para sanitizar el baño, sin jabón para lavarse las manos ni medicamentos mínimos como el paracetamol para calmar los síntomas producidos por el virus.

“Los internos tenían síntomas, pero pese a ello no se los tomó PCR [en Santiago]. Gendarmería cometió un error al realizar estos traslados”, explica David Bahamondes, jefe regional de O’Higgins del INDH. 

Ante el hecho, Gendarmería afirmó que “desde el 16 de junio pasado no se realizan traslados de internos sin la toma previa de examen PCR. Además, desde esta fecha no ha habido más traslados, excepto si son de decisión judicial”.

En algunas celdas existen grandes filtraciones de aire provenientes de las ventanas que no cuentan con vidrios, lo que ha hecho que los internos deban destinar prendas para tapar estos orificios por los que ingresa el frío y la humedad, formando gotas de agua que se adhieren a las paredes del espacio donde viven.  

“Llevamos 23 días encerrados, no nos quieren bajar. Tenemos el baño tapado, la ducha tapada. Estamos en una pieza de 2X2, en la que no tenemos luz”, señala F. C. del módulo 85.

Toda esta situación llevó a que el pasado 24 de junio los internos quisieran dar a conocer su descontento. Hubo manifestaciones en cada módulo del penal de Rancagua, en un paro de actividades que incluyó una serie de lienzos y huelgas de hambre, con el fin de solicitar que los ministros de Salud y Justicia se hicieran presente en el lugar. 

La incertidumbre, el miedo, la desinformación, fue lo que motivó a los internos. Desconocer si su compañero de celda está contagiado, o si ellos mismos lo estaban. A muchos la angustia y el miedo a morir por Covid- 19 los aterroriza  más que pasar toda su vida encerrados dentro de  esas cuatro paredes. 

“Durante tres meses y medio tuvimos un puro contagiado y en siete días se nos metieron 80 personas con Covid-19. Resultado de eso, infectados en los módulos 41, 43, y 44. Acá nos estamos infectando sin ningún tipo de atención, hay cero comunicación con los internos, estamos botados como viles perros”, dice Rodrigo Henríquez, interno módulo 85. 

Desde Gendarmería señalan que “no existe ninguna relación entre los internos trasladados y el brote en los módulos 41, 43 y 44”.

En algunos casos los traslados interpenales provocaron la propagación del virus, pero tal como se evidenció en esta investigación, ningún interno cuenta con los insumos necesarios para protegerse del contagio, ya que ni las concesionarias ni el Estado se han responsabilizado.

Entre los años 2024 y 2026 los contratos con las empresas concesionadas concluirán, teniendo el MOP que volver a licitar las concesiones de los centros penitenciarios. 

Han transcurrido más de 15 años desde que se crearon las bases de licitación las cuales no han tenido cambios estructurales a la fecha y tal como se demostró en la investigación, no existen protocolos definidos en estos documentos para abordar emergencias sanitarias con las características de la pandemia producida por Covid-19.

Para esta investigación contactamos  a las empresas concesionarias para hacer las consultas  respectivas al tema, sin embargo, ninguna de ellas respondió al cierre de la edición. La empresa  Sodexo, a través de su área de comunicaciones, señaló que no podían entregarnos información al respecto.

(*) Este trabajo es producto de la investigación semestral de estos estudiantes de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones Universidad Católica de Chile en el curso Taller de Periodismo Avanzado del profesor Boris Bezama.

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