Brasil y sus 8,5 millones de kilómetros de superficie (más de 11 veces la de Chile) y sus más de 190 millones de habitantes, guarda cuantiosos recursos naturales y una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo. Sin embargo, el 36,3% de su población vive bajo la línea de la pobreza y el 10,6 % tiene el carácter de indigente. Sus 16 mil kilómetros de fronteras con casi todos los países de América del Sur, así como su cercanía a Europa y África, lo han hecho muy permeable a todo tipo de comercio ilícito y transformado en refugio predilecto para delincuentes de las más variadas procedencias.
El tráfico de cocaína no ha sido la excepción. En 1985 se incautaron 500 kilos de esa droga; sólo una década después, en 1995, los decomisos llegaron a 11,4 toneladas, y seguían aumentando. Si se parte del supuesto de que se intercepta aproximadamente el 10 por ciento del tráfico, se deduce que otras 110 toneladas entraron para el consumo interno o en tránsito hacia otros países. Esa cantidad equivalía aproximadamente a unos US$ 4.500 millones. Ese mismo año se decomisaron casi 19 toneladas de marihuana y volúmenes crecientes de heroína, crack y productos químicos para la producción de cocaína.
A comienzos de la década de 1990, diversos informes policiales advirtieron que las mafias italianas, estadounidenses y los dos grandes carteles colombianos, controlaban ya porcentajes considerables de la propiedad de unas 200 de las más importantes sociedades brasileñas, incluidas grandes empresas dedicadas a la construcción y al transporte, que les servían para lavar dinero y como pantallas para el tráfico de drogas y de precursores químicos. El juez Walter Fanganiello, miembro del tribunal regional de justicia de Sao Paulo, afirmó a fines de 1995 a un periódico de su país que cerca de 50 jefes de la mafia internacional vivían en Brasil, la mayoría en Sao Paulo, eje financiero e industrial de la nación.
Los gestores financieros de las organizaciones criminales ponían sus ojos en empresas brasileñas con dificultades económicas y ofrecían aportes de capitales frescos a cambio de participación accionaria. Así, entraron en diversos ámbitos del turismo; del transporte terrestre, marítimo y aéreo; de la ingeniería civil y química; de la agricultura; e incluso de la banca. El periódico O Globo, informó en noviembre de 1995 que el mafioso italiano Antonio Salamone, prófugo de la justicia de su país y nacionalizado brasileño para evitar la extradición, era dueño de una parte importante de una gran constructora que trabajaba en obras de Río de Janeiro y Sao Paulo.
“Estamos investigando denuncias contra un pequeño constructor que quebró y que gracias al dinero del narcotráfico colombiano recuperó la salud financiera y hoy es propietario de por lo menos mil inmuebles en Río de Janeiro y Sao Paulo, así como de una red de hoteles usados para distribuir cocaína”, agregó un jefe policial al mismo periódico.
Anualmente se blanqueaban entre 15 mil y 20 mil millones de dólares originados en el narcotráfico, especialmente en operaciones montadas por los “doleiros” –los cambistas de dólares- de Sao Paulo y en Río de Janeiro.
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La conexión nigeriana
El extenso territorio brasileño permitía que los narcotraficantes traspasaran sin grandes dificultades los controles fronterizos. La policía sabía que la droga proveniente de Bolivia, Perú y Colombia ingresaba al estado de Amazonas para seguir por carretera hasta el puerto de Belem, donde era embarcada hacia el extranjero. La ciudad Foz de Iguazú, en tanto, se convirtió en la ruta preferida de los traficantes de armas que operaban desde Argentina y Paraguay.
En octubre de 1995, policías antinarcóticos de Sao Paulo informaron que en ese estado existían más de cinco mil traficantes que abastecían a unos 150 mil drogadictos, consumidores de unos 3.500 kilos de cocaína al mes. Añadieron que también se había detectado la creciente participación de extranjeros, en su mayoría europeos, operando en las redes de la distribución de estupefacientes.
Antonio Mota Graza, apodado “Curica”, aparecía como el principal intermediario entre los carteles colombianos y los traficantes brasileños que operaban desde Sao Paulo para llevar cocaína a Europa. Se estimaba que Mota Graza era el propietario de unas 20 toneladas de cocaína incautadas entre 1991 y 1995.
A la ola de inmigrantes con antecedentes criminales llegados a Brasil se sumó la presencia de la denominada “Conexión Nigeriana”, sindicada como responsable de transportar hacia Europa unas diez toneladas de cocaína al año. Las bandas de narcos los convencían para que se desnacionalizaran y adquirieran otra ciudadanía africana, viajando con pasaportes europeos falsos. Entre 1992 y 1995 las policías de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina detuvieron a más de 400 africanos acusados de tráfico de drogas.
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Las ciudades brasileñas eran escenario a la vez de una soterrada guerra entre el cártel de Cali y los miembros del “Triángulo Dorado”, que luchaban por las rutas de la heroína hacia Estados Unidos. El conflicto terminó en los primeros meses de 1995 cuando acordaron usar a Brasil como base de operaciones conjuntas. Otra nueva conexión entre las diversas organizaciones criminales quedó al descubierto a fines de 1994 cuando se incautaron 500 kilos de cocaína en una pista de aterrizaje cercana de la frontera con Colombia, destinada a Japón, donde la distribuiría la temida mafia yakuza.
A fines de mayo de 1995, el presidente Fernando Henrique Cardoso creó la Comisión Nacional de Seguridad Pública para Combatir el Narcotráfico, integrada por los ministerios de Justicia, Marina, Hacienda, Relaciones Exteriores y Transportes, en un esfuerzo por controlar el explosivo auge del narcotráfico. Pocos meses antes, Romeu Tuma, senador por Sao Paulo y ex vicepresidente honorario de Interpol, había expresado su opinión sobre el tema:
-El cártel de Cali se asoció con brasileños para crear empresas pantalla de exportación de químicos, de hierro y de maderas a fin de camuflar sus envíos de cocaína. Tras la muerte de Pablo Escobar, Cali ha tomado el control del narcotráfico con más violencia. En Brasil no se da, todavía, la duplicidad de poder que hay en Colombia; aquí el narcotráfico consigue corromper autoridades, pero no tiene estructuras de poder propias como en Colombia. En ese sentido, no deben importar las cantidades de los decomisos, sino la desarticulación de las bandas y la destrucción de su poder económico.
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Las declaraciones de Romeu Tuma apuntaban a la urgente necesidad de desarticular las bandas, pero la penetración de los narcotraficantes ya había extendido profundas raíces entre los grupos urbanos más pobres del país como son los que habitan las favelas.
La enorme mayoría de las casi 500 favelas existentes en Río de Janeiro, donde habitan más de 2,5 millones de personas, estaban controladas por el Comando Vermelho, entonces la más poderosa organización delictiva del Brasil, que disponía de 6.500 hombres armados para vigilar un centenar de puestos de venta de drogas distribuidos en todos los cerros de la ciudad. Otros diez mil pandilleros trabajaban haciendo contactos y distribuyendo drogas, estimándose que más de 300 mil personas vivían del comercio de estupefacientes.
La vigilancia de este comercio en las favelas hasta hoy está encargada a los olheiros (campanas), en su mayoría niños pequeños que de acuerdo a códigos previamente establecidos tiran bengalas o arrían volantines cuando llegan extraños. Cuando los niños entran a la adolescencia pueden aspirar a convertirse en “aviones”, los mensajeros entre consumidores y traficantes; más tarde, si demuestran condiciones, se gradúan como jefes de favela.
El Comando Vermelho es autor de las ‘‘Doce reglas del buen bandido’’, las que exigen respetar a las mujeres, a los niños y a los indefensos; andar siempre aseado y bien vestido, y no usar tatuajes. También impuso un riguroso código de penas que rige en los lugares donde habitan sus miembros. Según éste, los ladrones son castigados con feroces palizas y se incurre en pena de muerte si un integrante comete violación, traiciona o mata a quien no corresponda.
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En las favelas ya estaba todo está controlado. Si las empresas de electricidad, de agua potable, de aseo o de correos deseaban ingresar a ellas, debían negociar directamente con los narcos o buscar una mediación a través de las agrupaciones vecinales.
Informes de la inteligencia militar indicaban que en las favelas se comercializaban casi 12 toneladas de cocaína al mes, proporcionando dividendos que permitían al Comando Vermelho adquirir desde modernos fusiles automáticos hasta proyectiles antiaéreos.
Las estadísticas policiales situaban en 1994 a Río de Janeiro como una de las ciudades con los índices de criminalidad más altos del mundo, registrándose un promedio de 65 homicidios por cada 100 mil habitantes, el doble de los contabilizados en Nueva York.
El general Newton Cruz, a cargo de la lucha en contra de los grupos mafiosos, dio cuenta de que en Río de Janeiro operaban cerca de tres mil peligrosos sicarios del narcotráfico, apoyados por casi dos mil escoltas y unas 750 embarcaciones de diversos tipos y tamaños. Añadió que los verdaderos jefes vivían seguros y tranquilos en Miami y en algunas de las principales ciudades de Europa.
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Pastelitos de miel
Detectives de Río de Janeiro relataban que en las favelas se distribuía marihuana en en forma de pequeños pasteles endulzados en miel y envueltos en papel celofán para incitar a los niños a consumir drogas. Los paquetes tenían una etiqueta que decía Pasteles de Salgueiro CV, PLJ, las siglas del Comando Vermelho (CV), cuya consigna es Paz, Justicia y Libertad (PLJ).
En mayo de 1994, la prensa brasileña reveló las conexiones que se habían establecido entre los financistas de la lotería clandestina llamada jogo do bicho (juego del bicho) y los carteles colombianos de la cocaína, corrompiendo a numerosos representantes de diversas esferas ciudadanas. Los numerosos allanamientos a las sedes de los padrinos del juego (bicheiros) permitieron incautar las listas de los beneficiarios de sus favores. Entre ellos figuraban el ex presidente Fernando Collor, el alcalde de Sao Paulo y el gobernador de Río de Janeiro; por lo menos diez diputados, un centenar de policías, jueces e incluso el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, Joao Havelange. Los documentos establecerían igualmente el envío de importantes sumas a Cali y el pago de sobornos a agentes de las unidades antidrogas de la policía de Río de Janeiro
El juego del bicho o juego de animales, del cual vivían unas 100 mil personas en Río de Janeiro y en Sao Paulo y que movía unos dos mil millones de dólares al año, se inició inocentemente en 1889, cuando el barón de Drummond, patrono del zoológico de Río de Janeiro, introdujo esta lotería para reunir fondos para alimentar a los animales. En su forma actual, 25 animales representan números del 1 al 100. La mariposa, por ejemplo, cubre el 13, 14, 15 y 16. Los jugadores pueden apostar sin límites y si aciertan al animal, reciben 18 veces el dinero invertido.
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Una encuesta realizada por un periódico brasileño reveló que un 41 por ciento de la población de Río de Janeiro -unos 3,5 millones de personas- jugaba ocasional o regularmente en el bicho en alguno de los 300 puntos de apuesta que existían en esa ciudad. Los empleados al servicio del juego eran calculados en unos 40 mil, en su mayoría jubilados o gente con limitaciones físicas.
Policías federales afirmaban que esa lotería clandestina era controlada por unos 200 poderosos jefes, conocidos como los “banqueros del bicho”, quienes constituían una verdadera mafia que ocasionalmente se trenzaba en violentas disputas territoriales.
A fines de 1986, tres cuartos de la población de Río de Janeiro se había manifestado favorable a la legalización de esa lotería. El entonces gobernador Leonel Brizola dijo que la actividad “es una de las pocas en el país que trabaja y paga honestamente”.
A los banqueros del bicho se les atribuía ser muy generosos a la hora de distribuir sus ganancias, reconociéndose que cada año gastaban unos 500 mil dólares en cada una de las escuelas de samba que conseguían los mejores resultados en el Carnaval de Río. El famoso banquero Castos de Andrade, que asumía esa condición, era en los hechos el dueño del equipo de fútbol Bangú.
Las denuncias periodísticas sobre las actividades mafiosas y la corrupción que irradiaba el juego, provocó reacciones encontradas. El jefe de la policía de Río de Janeiro llegó a sostener públicamente que “uno tiene que enfrentar la realidad. Si uno trata de suprimir ese juego, 40 mil personas perderán sus empleos y estarán en las calles robando para sobrevivir”.
A fines de 1988 una encuesta realizada en cuatro ciudades brasileñas había demostrado que el juego del bicho era la institución que más confianza inspiraba a la población, con porcentajes superiores al 70 por ciento. La Iglesia Católica, en cambio, llegaba al 50 por ciento, los diputados y senadores sólo al 20 por ciento y el gobierno a menos del 10.
Los debates sobre esa lotería clandestina eran un indicio más sobre como la corrupción y los dobles estándares morales se habían empezado a adueñar de la sociedad brasileña, proceso al que no eran ajenos otros países del continente. En 1991, en otro ejemplo destacable, algunos medios de prensa informaron que mensualmente ingresaban 15 kilos de cocaína al Congreso Nacional de Brasil, visitado diariamente por unas 15 mil personas y donde la droga se comercializaba al módico precio de 25 dólares el gramo.
-Aparentemente los principales quioscos de cocaína estaban en el Anexo 4 de la biblioteca de la Cámara de Diputados y en la playa de estacionamientos privados del lugar, donde la calidad eran mejor. Los lugares eran óptimos porque el Congreso, por ley, es territorio inaccesible para la policía. También se vendía cocaína en los baños. Hay dos empleados arrestados, tres sospechosos acusados de tráfico directo y otros 22 que podrían estar involucrados, mientras las ramificaciones más altas del escándalo alcanzan a un diputado cuyo hermano fue descubierto en 2007 en Sao Paulo con un cargamento de 554 kilos de cocaína.-, ironizaba el diario Folha de Sao Paulo.
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Los garimpeiros
Desde fines de la década de los 80, las zonas fronterizas del sur y del suroeste brasileño empezaron a mostrar los efectos de la invasión de las mafias de la droga instaladas en Bolivia. En ese territorio, centenares de barriles conteniendo acetona y éter, precursores químicos indispensables para la producción de clorhidrato de cocaína, cruzaban diariamente la frontera hacia laboratorios situados en el altiplano.
En sentido contrario, ingresaban a Brasil cientos de toneladas de la droga refinada hacia las grandes ciudades o destinada al consumo de los miles de buscadores de oro que se apiñaban en decenas de campamentos en la Amazonia.
Cargamentos de aceite de copaiba, de mineral de casiterita y de madera provenientes de Rondonia muchas veces ocultaban grandes cargamentos de cocaína que viajaban hacia las grandes ciudades del sur de Brasil a través de una carretera recién construida y que los lugareños habían bautizado como la “Transcocainera”.
Unos cien traficantes de corta edad vendían la droga en los principales centros poblados de Rondonia, así como en los garimpos, como se denominaba a las minas a cielo abierto de oro y casiterita existentes en esa región. En ambas márgenes del río Madeira, unos 50 mil buscadores de oro -los famosos garimpeiros- recurrían a las drogas y el alcohol para aliviar los rigores de su dura faena y mantener la esperanza de encontrar la esquiva riqueza.
En la aldea de Ariquemes, a 200 kilómetros de Porto Velho, la mayor parte de los 80 mil hombres que trabajaban por su cuenta en las minas de casiterita, se drogaban diariamente con cocaína, con marihuana o fumando pasta base mezclada con marihuana. Por esos días, los diarios daban cuenta además de una guerra entre bandas rivales que se disputaban las operaciones de trueque de armas y de cocaína provenientes de Paraguay, por automóviles robados en Sao Paulo y Río de Janeiro.
A fines del siglo XX, la DEA había identificado a 14 carteles que operaban en BrasilSólo en el estado de Río de Janeiro existían 23 rutas internacionales para el transporte de drogas: 18 “de salida” (hacia Europa y los EE.UU.), cuatro “de entrada” (desde Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay), y una “de tránsito” (que triangula heroína de Hong Kong en ruta a EE.UU.).
En 1997 se calculaba que en Brasil se lavaban por lo menos unos U$S 20.000 millones anuales. Por otra parte, el aumento de la violencia parecía incontrolable. La tasa de asesinatos del país como un todo era de 25 por cada 100.000 habitantes, comparados con los 7,4 de Estados Unidos. En algunos pueblos, esa tasa se disparaba a 140 por cada 100.000. Además, la tasa de “masacres” (asesinatos múltiples) aumentaba constantemente. En la zona del Gran Sao Paulo se produjeron 47 masacres en 1996 y otras tantas en 1997; en 1998, la cifra escaló 189. Casi todos esos crímenes estaban vinculados al narcotráfico y la inmensa mayoría de ellos quedaban impunes.
Muy pronto surgiría la explicación: decenas de miles de armas de todos los calibres y de los más variados tipos estaban ingresando al país como moneda de pago a cambio de drogas.
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Mañana: Las armas vienen del norte
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Hola, me gustan sus
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