Capítulo II - La Pacificación de La Araucanía
Terminada la Guerra de la Independencia, los mapuches vivieron un período de 40 años en que hubo más paz que guerra.
El gobierno central debió preocuparse de su consolidación y postergó el tema indígena. Por lo demás, la fama de los mapuches de guerreros bravíos y, en alguna medida, la admiración que ello suscitaba en la incipiente nacionalidad chilena, postergaba cualquier intento de ocupar las tierras sureñas. Existía cierto grado de conciencia de que los pactos y parlamentos celebrados entre España y los lonkos conferían territorialidad al pueblo mapuche.
La colonización “hormiga”
Pero poco a poco se iba expandiendo la economía agraria desde el centro del país hacia el sur y numerosos colonos traspasaban ‘pacíficamente’ el Bío-Bío para ocupar tierras entre los mapuches. Una suerte de “colonización hormiga” y silenciosa avanzabas sobre las tierras indígenas.
“La guerra civil de 1851 envolvió nuevamente a los mapuches, que junto a los rebeldes de Concepción se aliaron contra el gobierno central.
Hacia 1859, nuevas luchas electorales, un nuevo intento de revolución en las provincias del sur y, sobre todo, los conflictos provocados por los nuevos colonos, llevaron a un alzamiento en que los mapuches destruyeron varias ciudades al sur del Bío-Bío.
Los planes de ocupación
A partir de entonces comenzó a discutirse en Santiago y Concepción un plan de ocupación de La Araucanía, el cual fue finalmente encomendado al coronel Cornelio Saavedra.
La fortificación de la línea militar del río Malleco provocó la intranquilidad de los mapuches, que una vez más veían amenazados sus territorios.
En 1867 comenzó un alzamiento general de los arribanos, que dio lugar a 15 años de guerra, culminando con la ocupación definitiva de La Araucanía y la pérdida de los territorios independientes mapuches.
La ocupación del territorio mapuche del Bío-Bío al sur se planificó entre 1870 y 1880, cuando el Estado chileno puso en marcha distintas estrategias para conquistarlo y ocuparlo en forma definitiva.
Durante los primeros años, los ejércitos chileno y argentino se dieron a la tarea de acorralar a los mapuches en la Cordillera de Los Andes, desplazándolos hacia ambos lados del macizo.
Desde 1871 hasta 1881, con la intervención del Ejército, se logró la ocupación de la provincia de Arauco, y se fundaron en la actual provincia de Malleco, en su parte central, varias ciudades.
El Ejército consolidó la línea del Malleco con sistemas de comunicación rápidos y expeditos, como el telégrafo y el ferrocarril, que unieron estas tierras al resto del territorio y cambiaron el escenario de la guerra.
La ocupación
Los soldados ya no se dedicaron solo al hostigamiento y al robo de animales, sino derechamente a la ocupación del territorio mapuche, cambiando el diseño estratégico desde las acciones ofensivas a una guerra de posiciones, pues las tropas ocupaban un territorio y creaban fuertes. A la vera de las instalaciones militares empezaron a proliferar los faltes (buhoneros), comerciantes itinerantes, y lo que en rigor es posible denominar colonos chilenos. La clara intención de la correspondiente decisión política era que ni militares ni colonos se fueran de allí jamás. Esta estrategia empezó a significar la pérdida de la independencia global del pueblo mapuche.
Durante todo el largo tiempo de resistencia, los mapuches habían sido acorralados por el influjo de la sociedad winka. Eran vistos como un pueblo de bárbaros, con el cual no había alianza posible. Desde el siglo XVIII, ningún europeo -quizás sí con la excepción de los misioneros católicos- pensó en forma alguna de integración que no pasara por el sometimiento, por la llamada civilización y por la pérdida total de la libertad de los mapuches.
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En 1871, el gobierno obtuvo autorización de la Cámara de Diputados para aprobar un proyecto de ley que normaba lo que ocurría en las tierras conquistadas al sur del río Bío-Bío. Las tendencias privadas y estatistas lograron imponerse y vastos territorios pasaron a ser considerados fiscales.
Desde 1881, los ejércitos chileno y argentino se unieron para derrotar a los mapuches, con el acuerdo entre los generales Cornelio Saavedra y Julio Argentino Roca. José Bunster, un empresario de la época, propuso la concertación de ambos estados, idea que fue recogida por ambos ministros de Guerra. Para coordinar las operaciones, Argentina estableció un consulado en Angol.
La ocupación militar de las tierras mapuches –eufemísticamente llamada Pacificación de La Araucanía– fue impulsada por los estados chileno y argentino, vulnerando así los tratados firmados entre la Corona de España y el pueblo mapuche. Estos tratados –en particular el de Quillem, en 1641– establecían como frontera territorial desde el río Bío-Bío al sur, con absoluta independencia política de los mapuches. Reconocían también a las autoridades tradicionales de esa etnia como depositarios de soberanía, cuyo poder real se basa en el derecho consuetudinario que regula las relaciones políticas y sociales, y establecían la continuidad de los principios de autoridad y representación propia.
“Desde la ocupación militar de nuestro territorio, el Estado Nación chileno, a través de su aparato ideológico, despojó a nuestras autoridades originarias de su poder político y social relegándolas a ocupar posiciones subalternas para conseguir la consolidación de la plena soberanía estatal sobre nuestro pueblo”, afirmaba en 1992 el Consejo de Todas las Tierras.
Manuel Santander, werkén del Consejo de Todas las Tierras al escribirse este trabajo, afirmó que la negación de los mapuches desde el Estado chileno ha llevado al conjunto de la sociedad global a desvalorizar la situación real y los aportes culturales del pueblo mapuche- “Por eso –sostuvo– los movimientos sociales y políticos de Chile, voluntariamente o no, han cometido errores en el enfoque y tratamiento de nuestra sociedad, reproduciendo análisis que desconocen nuestra particularidad histórica. Esto los ha transformado en nuevos colonizadores, porque esa carga ideológica distorsiona nuestras aspiraciones y nos encamina hacia la desintegración gradual, reduciendo nuestras demandas a cuestiones generales, como si fuésemos cualquier otro sector social”.
Más allá de estas consideraciones, es evidente que, con la ocupación militar de La Araucanía, los mapuches perdieron como pueblo el derecho a su libertad e independencia, pasando a ser dominados por el estado chileno.
A partir de la derrota militar de 1881 y la ocupación de Villarrica en 1883, cambió la sociedad mapuche internamente, como también su relación con el Estado y la sociedad chilena. La reducción territorial fue el elemento central y evidente del cambio ocurrido. Se decretó a La Araucanía como propiedad fiscal y se procedió a colonizar las tierras para así ponerlas en producción, esto es, en relación a la producción del centro del país. A los mapuches se los sometió al rigor de la civilización; se les entregaron pequeñas mercedes de tierras, se los encerró en sus reducciones y se los obligó a transformarse en agricultores. El guerrero debió mutarse en ciudadano y el pastor de ganado en campesino, productor de subsistencia. Este paso fue dirigido drásticamente por el Ejército chileno. Fueron años de temor, de pestes, de hambre, de pérdida de identidad y reformulación de una nueva cultura como minoría étnica enclavada en la sociedad rural chilena.
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Parece muy claro que la intención del Estado chileno fue crear en el sur una agricultura de corte capitalista, al mejor estilo de las europeas. La intención iba por el lado de establecer agricultores sobrios y capaces, y un estilo de cultivo agrícola familiar como el que se desarrollaba en el viejo continente.
Cuesta poco no reconocer que los hombres chilenos de pensamiento, los intelectuales, no han sido capaces de generar ideas propias y que, por el contrario, han vivido siempre mirando hacia escenarios y modelos exteriores. El modelo europeo de desarrollo era para esa época el mejor paradigma de progreso y desarrollo.
Diversos factores impidieron que esto ocurriera, y más bien se reprodujo en esa parte del sur de Chile un tipo similar de agricultura extensiva a la que desde varios siglos se desarrollaba en la zona central del país.
Los despojos y las burlas
Es pertinente y justo anotar que el proceso de Pacificación de La Araucanía no sólo no comenzó siendo cruento, sino que se caracterizó en su inicio por un claro espíritu de diálogo entre los militares chilenos y los lonkos y caciques mapuches.
Cuando llega Cornelio Saavedra, en 1862, trató de convencer a los caciques, de desarrollar una estrategia de acercamiento que no significara el uso de las armas.
Prueba de ello es que confió en el cacique Juan Colima, que queda por el lado de Maitenrrehue, cerca de Angol. Luego se pactó la estadía de las tropas en Angol con el cacique Pichipinolevi. Ese cacique era prácticamente el propietario de lo que hoy es el valle de Angol.
Entonces, no hubo en un comienzo ningún derramamiento de sangre y esa actitud de diálogo se mantuvo gasta 1868, cuando se empiezan a “comprar” los primeros territorios y se comienza prácticamente a instigar y a obligar a los caciques a que cedan sus terrenos al Fisco por módicas cantidades. Luego empezó el despojo abierto, porque los terrenos que no eran vendidos al Fisco eran declarados terrenos baldíos y, como tales, pertenecientes al Fisco de igual modo.
La violencia se inició cuando estalló la Guerra del Pacífico, en 1879. El mapuche se sintió con un poco más de libertad al no haber tropas y poder defender sus propiedades. También se iniciaron las tropelías de algunos colonos. Hubo una serie der abusos como la violación de algunas muchachas mapuches lo que condujo a un levantamiento general en 1881 que fue repelido con singular violencia.
El último acto libertario de los mapuches fue el ataque al fuerte de Lumaco, el 5 de noviembre de 1881, acto en que fueron apresados 13 mapuches.
En Lumaco estaba el Batallón “Ñuble”, un batallón cívico. Los 13 mapuche fueron confinados en dos celdas. El día 12 de noviembre, en la noche, hubo una trifulca con un solado que se llamaba Juan Evangelista Fuentes, el que fue muerto por un mapuche de un palo en la cabeza. La tropa, entonces, urdió un plan para cobrar venganza. Argumentaron un supuesto motín de los prisioneros y los asesinaron a todos. Al día siguiente, los cadáveres fueron desnudados y abandonados en unas vegas cercanas al fuerte de Lumaco para que fueran devorados por los jotes, según un relato del historiador angolino Hugo Gallegos.
Gallegos no sindica a los militares como causantes o principales culpables de la represión sangrienta del pueblo mapuche. Para él, lo grandes responsables fueron los jueces, los notarios, los colonos chilenos y extranjeros y la venalidad de los llamados “protectores de Indígenas”.
Lumaco
Los abusos cometidos por agentes del Estado en la actual comuna de Lumaco, situada entre Angol y Temuco, resultan paradigmáticos de lo ocurrido durante la Campaña de Pacificación en toda la provincia de Malleco y explican los ya ancestrales y vigentes rencores de los hijos de esa etnia, que empezaron nuevamente a manifestarse a partir de 1997.
En 1878, el cacique Juan Levián era propietario, junto a 40 personas, de unas ocho mil hectáreas en Lumaco, configuradas por las hijuelas números 438, 461, 463, 468, 469 y 470.
El Defensor de Indígenas, Tomás Romero, pidió a Levián que convenciera a los suyos de hacer abandono de esas parcelas en beneficio del Fisco, a fin de que fueran rematadas. Se le prometió a cambio la entrega de 600 hectáreas para el total de la reducción y de 300 para el usufructo del cacique, a modo de comisión, en el lugar de su preferencia.
La parcela 438, bajo la tuición de Coli y José Catrileo, fue la primera en ser entregada al Estado. Al ser rematada, fue adjudicada por Manuel Manríquez, “palo blanco” del empresario José Bunster. Las parcelas 469 y 463 fueron adjudicadas por Juan Moya y la 468 por Manuel Segundo Valdivieso.
La entrega fiscal a los mapuches de las prometidas 900 hectáreas no se veía venir por lo que asesorado por el abogado Bernardo Salazar, Juan Levián y algunos de los suyos recurrieron a la Justicia.
El abogado Salazar logró la entrega a sus clientes de dos parcelas –signadas con los números 729 y 730–, ubicadas al sur del río Traiguén y frente a la ciudad del mismo nombre, con una superficie de 900 hectáreas. El traspaso se materializó el 24 de julio de 1880.
La tranquilidad del cacique sólo duró hasta el 22 de noviembre de 1886, fecha en que se hizo presente en Traiguén la Comisión de Tierras, compuesta por Emiliano Fuentes, Alejandro Larenas, Darío Espinoza y el ya mencionado Defensor de Indígenas, Tomás Romero.
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Romero hizo saber a Levián y los suyos que la Comisión había reducido sus 900 hectáreas a sólo 100.
El 27 de noviembre de 1886, nuevamente con la asesoría del abogado Salazar, si dio inicio a una querella por despojo en contra del Fisco. No habiéndose hecho presente nadie por parte del Estado, el juez letrado de Angol, Manuel Antonio Cruz, se declaró incompetente por lo que los querellantes apelaron ante el tribunal de alzada de Concepción, que no dio lugar a la reposición de las 800 hectáreas.
“Jamás se vieron abusos más escandalosos, maldades más grandes y despojos más irritantes que los producidos por la aplicación del Decreto del 14 de marzo de 1853. Si antes los encargados de velar por el cumplimiento de la ley tenían algún respeto por la opinión pública, después del expresado decreto no respetaron barreras”, señala la página editorial del diario El Malleco del 7 de abril de 1877.
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