Desde la recuperación de la democracia en 1989 ha habido seis comandantes en jefe del Ejército, todos ellos en periodos de cuatro años. El primero de ellos Augusto Pinochet, quien ostentó el cargo desde 1973 cuando protagonizó el golpe de estado que lo llevó al poder durante 17 años.

Una alta estabilidad en la jefatura de la principal rama de las fuerzas armadas chilena, la que cuenta con otra constante: los problemas legales de sus comandantes en jefe, sea por temas de corrupción o de violaciones a los derechos humanos, o ambas.

Esto se da en una trayectoria histórica de un Ejército liderado por Pinochet, quien durante la transición logró en buena medida proteger la institución del escrutinio civil, tanto respecto a causas de derechos humanos, como luego frente a casos de abierta corrupción, tendiendo sobre ella un manto de impunidad. Hasta hace poco.

De momento, solo se salvan dos ex comandantes que no han caído en procesos judiciales: Ricardo Izurieta y Óscar Izurieta, quienes ejercieron el cargo entre 1998 y 2002 y entre 2006 y 2010, respectivamente. 

Fuentealba

El caso más reciente es el del ex-comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba quien este miércoles confesó ante la ministra Romy Ratherford cómo gastó cerca de $3.500 millones de gastos reservados del Ejército para fines personales. 

Fuente-Alba, quien ejerciera el cargo durante el periodo comprendido entre el año 2010 y 2014, se encuentra hoy detenido en el Regimiento de Policía Militar en Peñalolén bajo el cargo de malversación de caudales públicos, luego de que la Corte Marcial rechazara el recurso de amparo tramitado por sus abogados y negara su libertad su libertad este 21 de febrero. 

El ex-comandante utilizó los fondos fiscales para adquirir propiedades como una parcela en Chicureo, avaluada en $500 millones y a la cual mandó a hacerle un jardín que tuvo un costo cercano a los $40 millones. Por otro lado, financió viajes personales para él y su esposa Anita Pinochet, y otros familiares, siempre en vuelos de primera clase. Además se constata su gusto por los autos de lujo, registrando autos de marcas como Audi y Mercedes Benz.

Cheyre

Juan Emilio Cheyre fue el mandamás del Ejército entre el 2002 y 2006 y actualmente está siendo procesado por su participación en la Caravana de la Muerte. Operación de la Junta Militar que durante los primeros meses de dictadura recorrió Chile, asesinando a cerca de 96 personas, entre ellas dirigentes sociales, obreros y estudiantes simpatizantes de la Unidad Popular.   

Cheyre fue procesado por el juez Vicente Hormazabal, quien el pasado once de febrero decretó su libertad bajo fianza por el delito de encubrimiento en 15 homicidios cometidos durante la Carava de la Muerte. Esté además de declararse inocente de los crímenes que se le imputan, anunció que apelará al fallo del ministro Mario Carroza.

Cheyre también es investigado por la tortura de 24 personas en el Regimiento Arica de La Serena.

Oviedo

Paralelamente, Humberto Oviedo, excomandante en jefe entre los años 2014 y 2018, está siendo procesado por el Caso Pasajes, mismo caso por el que fue  detenido Fuente-Alba. Oviedo es acusado de utilizar dineros de los gastos reservados de la institución para realizar viajes junto a su esposa. 

Por este motivo fue citado a declarar en calidad de imputado por la ministra Rutherford, en diciembre del años pasado, hasta el momento no se ha decretado ninguna medida cautelar contra Oviedo.

Escuela Pinochet

Sin embargo los crímenes cometidos por los ex comandantes anteriormente mencionados son pocos frente a los perpetrados por el fallecido dictador Augusto Pinochet. Sin embargo, a pesar de los procesos en su contra, Pinochet sólo pasó 503 días privado de libertad, entre octubre de 1998 y marzo del 2000. 

El entonces senador vitalicio, se encontraba en Londres para someterse a una cirugía de columna. El líder de la dictadura militar pensó que contaba con la inmunidad diplomática correspondiente a su cargo, pero sus delitos eran más graves, por lo que detención sentó un precedente jurídico internacional sobre la persecución de violadores de los derechos humanos. 

En concreto, su viaje a Londres representó una circunstancia propicia para el juez español Baltazar Garzón, quien emitiío la orden de captura internacional y extradición en su contra, por los delitos cometidos en el marco de la Operación Cóndor, en la cual las dictaduras latinoamericanas organizaron razzias de exterminio de sus opositores. 

Debido a esta gestión, el 16 de octubre de 1998 fue detenido en The London Clinic. 

Sin embargo, en enero del 2000 y tras ser sometido a exámenes que determinaron que su estado de salud no permitía su extradición a España, el juez Jack Straw liberó a Pinochet por razones humanitarias. 

En mayo del 2000 la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó el desafuero de Augusto Pinochet como senador vitalicio, abriendo la posibilidad de ser investigado por la justicia chilena, lo que fue parte de los acuerdos con los ingleses para su liberación.

Una vez de vuelta en Chile, el ex comandante en jefe del Ejército fue procesado por 18 secuestros calificados y 57 homicidios, por la Operación Cóndor, el asesinato del general Prats y el Caso Riggs, este último de corrupción. Pero nunca recibió una condena efectiva, sólo arresto domiciliario o libertad bajo fianza, debido a su supuesto deteriorado estado mental. 

Además de los crímenes de lesa humanidad, Pinochet tuvo un amplio prontuario en temas de corrupción y malversación de fondos públicos, cometidos durante la dictadura. Entre ellos se puede mencionar Cema Chile, la institución liderada por su esposa Lucía Hiriart, la que se hizo de un gran caudal de propiedades que pasaron al patrimonio de la pareja, o los Pinocheques, un caso de corrupción en el que estuvo envuelto Augusto Pinochet Hiriart, hijo mayor de la pareja, en unos pagos completamente injustificados por parte del Ejército, los que nunca se investigaron, en el marco de la transición.