Los 600 kilómetros entre Quintero y Pemuco que recorren los camiones que transportan gas natural licuado que luego será regasificado para abastecer el Gran Concepción tienen una gran importancia. Se estima que mientras en Quintero el gas vale alrededor de 10 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica), el costo se incrementa a alrededor de 30 dólares por millón de BTU al llegar a Concepción, lo que termina afectando directamente el bolsillo de las familias penquistas. 

Los 20 dólares por millón de BTU de diferencia entre el punto de origen y el destino han levantado suspicacias en Concepción, en especial si se considera que el margen de ganancia de la empresa que presta el servicio en la provincia -Gas Sur- está regulada a un máximo de 9%, por lo que la gran beneficiada con este sistema es la petrolera estatal Enap.

La discusión sobre los costos para los usuarios fue abordada en el artículo Los abusos en el precio del gas natural en el Gran Concepción de INTERFERENCIA, y todos los actores involucrados -privados y públicos- apuntaron al transporte como la principal causa del encarecimiento del producto. Las principales críticas apuntan a la diferencia de tarifas entre Concepción y Santiago por parte de los proveedores de cada ciudad: Gas Sur y Metrogas, ambas pertenecientes a CGE, la cual domina el mercado del gas en Concepción, en asociación con Enap y Gasoducto del Pacífico. 

En paralelo se ha librado una ardua batalla entre CGE y GNL Talcahuano, firma ligada al grupo británico EOS Investment y a la firma internacional AG&P, la cual intenta levantar un proyecto de regasificación de gas natural licuado en la bahía de Concepción y la cual ha asegurado estar enfrentando a un “cartel monopólico” que impide el ingreso de nuevos actores que podrían competir por precio, reduciendo hasta en un 30% las tarifas, beneficiando así a los consumidores. Esta situación está siendo investigada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). 

La ruta del gas

El negocio del traslado de gas natural licuado desde Quintero a Pemuco para ahí ser regasificado y distribuido hacia el Gran Concepción -con la diferencia de precios implicada- significa un ingreso estimado de 130 millones de dólares al año a Enap, la cual estaría operando a través de Transportes Santa María, una empresa nacida en 1987 y que dice ser pionera en el transporte de gas natural licuado en Chile. 

Fuentes que conocen la empresa aseguraron a INTERFERENCIA que la cifra mencionada probablemente no sea tan abultada, pero confirmaron que sí se trata de un negocio millonario.

Como contexto, vale la pena consignar que en los estados financieros consolidados de 2018 y 2017 de Enap, se indica que “la generación de ingresos ordinarios en la línea de negocio G&E [Gas y Energía] proviene principalmente de la venta de gas natural licuado”. 

En el mismo documento se observa que la empresa aparece con poco más de 7 mil 300 millones de dólares total de activos en 2018, un aumento de casi 500 millones de dólares en total de activos respecto al año anterior. A su vez, aparece que acumula deudas por poco más de 6 mil 200 millones de dólares, con un aumento de poco más de 200 millones de dólares entre 2017 y 2018. Según sus balances a diciembre de 2018, Enap tuvo pérdidas por poco más de 230 millones de dólares, frente a una ganancia de poco más de 23 millones de dólares en 2017. 

INTERFERENCIA se contactó con la Gerencia de Asuntos Públicos de Enap para consultarle sobre esta situación, y obtener así el monto que recibe la empresa por la operación de transporte de gas natural licuado, pero la estatal no ofreció una respuesta hasta el cierre de esta edición. 

Altas tarifas

Para una familia de Concepción, comparar su boleta de gas natural con una de Santiago puede ser un ejercicio frustrante. Lo anterior, puesto que se ha comprobado que para el consumo de un núcleo familiar de cuatro integrantes, Gas Sur de CGE cobra hasta 20 mil pesos más que a un grupo similar en la capital.

Ante esta situación, la respuesta es una sola: el costo del transporte. Así lo confirmó la Secretaría Regional Ministerial de Energía del Bío Bío, la que consultada por nuestro medio indicó a través de un comunicado que “el gas residencial que llega a Concepción viene desde Quintero, vía terrestre por camiones y se regasifica en Pemuco. Por tanto, los gastos y costos de traslado y distribución son diferentes y más elevados que en otros lugares, como Santiago”.

Misma respuesta que entregó a INTERFERENCIA la empresa Gas Sur, la cual señaló que los precios se deben a que “Chile no cuenta con fuentes de aprovisionamiento de gas natural propias, por lo que su precio refleja el costo de la compra del gas natural y su transporte desde el terminal de GNL Quintero en camiones hacia la región del Bío Bío”. 

De todos modos la empresa ofreció una explicación adicional: El valor de la tarifa de gas natural también está en gran medida influido por el volumen de gas distribuido en cada mercado, donde el mercado residencial de Concepción y Los Ángeles, que atiende Gas Sur, llega aproximadamente a los 42 mil clientes, lo que representa una diferencia importante con el número de clientes de la Región Metropolitana, donde existen más de 700 mil clientes. En esa línea, Gas Sur asegura que distribuidoras de similar tamaño en otras regiones del país presentan valores similares. 

Ante la pregunta de si se está contemplando alguna medida en el contexto del Covid-19, como congelar precios o diferir las cuentas para los usuarios a fin de mes, Gas Sur respondió “podemos indicar que estamos revisando eventuales medidas con el objetivo de facilitar la interacción con nuestros clientes mientras dure la emergencia sanitaria. De efectuarse, éstas serán informadas oportunamente”.

Trabas a la competencia

El martes 11 de febrero, el Diario Financiero tituló su edición con la investigación que está llevando a cabo la FNE en el conflicto por la distribución del gas natural en Concepción. 

Lo anterior a raíz de las denuncias de la firma GNL Talcahuano, las cuales apuntan a las dificultades que se le han impuesto para levantar un proyecto que considera una inversión de 160 millones de dólares. Según la empresa, esta iniciativa pretende conectarse al Gasoducto del Pacífico y entregar gas de forma directa a los usuarios del Gran Concepción, abaratando con ello los precios, pero la compañía estaría enfrentando distintas trabas que han impedido que pueda llevarse a puerto el proyecto, pese a tener los permisos legales y ambientales pertinentes. 

En conversación con INTERFERENCIA, el vicepresidente de Desarrollo de Negocios de GNL Talcahuano, Francisco Ibieta, indicó que “hace mucho que venimos sosteniendo que este es un mercado que tiene características monopólicas", las que dan lugar a a prácticas abusivas. Ibieta señala también que las empresas del negocio del gas en Concepción están vinculadas por propiedad, al estar todas ligadas al grupo CGE. "Es lo que la FNE está investigando a raíz de una presentación que nosotros le hicimos en diciembre del año pasado”, dice.

Otra de las situaciones que denuncia la compañía, tiene que ver con el proceso Open Season que Gasoducto del Pacífico solicita como requisito para conectarse a su red. Según Ibieta, GNL Talcahuano debería someterse a dicha licitación posteriormente a su conexión, pues antes de eso no pueden ofrecer ninguna capacidad de transporte a sus clientes.

Del otro lado de la cañería, GNL Talcahuano, argumenta que también existen 16 empresas que se han conectado al gasoducto sin pasar por Open Season. Estas son, para el sector de Talcahuano y Hualpén, las firmas Landes, Unfish (Congelados del Pacífico), Moly Cop, Inchalam, Huachipato, Enap Bío Bío, Rocuant y Sal Lobos. Por otra parte, para la zona de Coronel, se trata de Orizont, Ewos, Davison, Alimex, Aislapanel, Camanchaca, Keimatter y Pesquera San José. 

Según GNL Talcahuano, no pudo participar del proceso de 2019 porque Gasoducto del Pacífico desconoció un certificado que acreditaba la factibilidad de conexión, lo que le impidió a la firma negociar con potenciales clientes y proyectar ventas futuras de gas natural.

“Se nos están exigiendo cosas que al resto no se le piden. Y es un proceso de licitación que no está regulado por ninguna institución pública, donde ellos determinan las bases y éstas pueden ser absolutamente arbitrarias”, dice Ibieta.