Esta semana Lenin Moreno vivió su peor momento desde que asumió la presidencia de Ecuador en mayo 2017, supuestamente como continuador de las políticas de Rafael Correa, de quien fue vicepresidente entre 2007 y 2013.

Tras anunciar un paquete de reformas económicas, laborales y sociales -que fue una condición para que el Fondo Monetario Internacional le entregara a su gobierno un préstamo de US$ 4.200 millones- el jueves estallaron protestas en todo el país que obligaron a Lenín Moreno a decretar Estado de Excepción. En especial el fin del subsidio a los combustibles, en un país que es productor de petróleo, provocó la ira de los sectores de transporte.

En medio de la incertidumbre, INTERFERENCIA conversó con Santiago Ortiz, académico ecuatoriano de Flacso, doctor en Ciencias Sociales, quien ha seguido de cerca la política de su país, y ha estudiado y escrito acerca de la participación territorial y los movimientos sociales. Ortiz analizó las manifestaciones de esta semana, y aunque no se atreve a afirmar su continuidad, opina que estas medidas económicas toman por sorpresa a las principales organizaciones sociales, lo que dificulta el diálogo en este momento.

A continuación, una versión editada de esta conversación.

Hace años que no se veían disturbios sociales como los de esta semana. ¿Qué provocó este estallido social?

Desde hace algún tiempo se han venido tomando algunas medidas económicas que han afectado a la población, como los ajustes fiscales y la baja de la inversión pública. Eso generó un ambiente enrarecido, donde la población ha perdido confianza. De hecho, el presidente Lenin Moreno llegó a tener 60% de popularidad y hoy está en menos de 20%. Ha habido un desgaste del gobierno, especialmente en el plano económico, donde las ofertas de Lenin Moreno no se han cumplido. 

Otro elemento importante es el hecho de que el sindicato de choferes siempre ha sido un actor importante en el país. Durante los últimos 15 años no había tenido este tipo de acciones, pero en general tuvo una relación de interlocución con el gobierno anterior y en ese sentido pudo mantener la fuerza de los sindicatos. Estos son los dos actores de lo que ocurre ahora, el gobierno y los sindicatos de transporte. Y el elemento que detona todo esto fue el acuerdo con el FMI.

¿Las manifestaciones del jueves se relaciona sólo con la subida del diésel y la gasolina?

El tema de eliminar el subsidio a la gasolina y al diésel es una medida que afecta a toda la población. Con ello suben los precios de todos los productos y en ese sentido toda la población se ve afectada. Yo tengo la impresión de que la mayoría de las organizaciones están participando de una manera marginal, el grueso de las manifestaciones son choferes, pero con apoyo de estudiantes, otros sindicatos, pero quienes conducen este proceso son los choferes.

¿Cómo van a evolucionar estas manifestaciones? ¿Pueden ir creciendo o se van a quedar como demandas sectoriales de los transportistas?

Yo no tengo una visión clara de lo que va a suceder, porque es un paro sorpresivo, con la fuerza que ha tomado. Prácticamente se ha paralizado todo el país: los choferes sacaron sus unidades de los terminales de buses y pusieron sus buses en las entradas estratégicas de la ciudad, con el fin de bloquear el paso del transporte. Las ciudades han sido bloqueadas, así como las grandes carreteras. Por otro lado están las manifestaciones de estudiantes y trabajadores, especialmente en Quito, que crearon disturbios en el centro de la ciudad. Ese es el repertorio que se ha estado usando, pero esos hechos no han sido transmitidos en los medios masivos de comunicación, que están respaldando al gobierno.

¿Los grupos indígenas se han manifestado sobre este tema?

Los grupos del Frente Unitario de Trabajadores, que ya venía bastante debilitado, y la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), que mantiene cierta fuerza especialmente a nivel político, tuvieron al principio tuvieron una actitud conciliatoria con el nuevo gobierno, en la medida que habían sido atacadas por el gobierno de Rafael Correa. Por ejemplo, a la Unión Nacional de Educadores les quitaron la personalidad jurídica y quisieron quitarle su local a la Conaie y se les vetó la educación bilingüe, entonces, eran medidas inadecuadas de parte del gobierno anterior, que los enemistó. Por eso, estaban dialogando con el gobierno actual. 

Esa actitud ha cambiado por parte de la Conaie, porque especialmente en las zonas mineras han tenido conflictos abiertos con empresas respaldadas por el gobierno. Ahí hay comunidades indígenas y la Conaie ha tenido que respaldarlas. Eso ha generado que la Conaie haya tomado una posición frontal con el gobierno.

¿Y existen tratativas de diálogo entre los transportistas y el gobierno, para llegar a una solución?

El problema es que el gobierno ya firmó el acuerdo con el FMI, que incluye el aumento de los combustibles, pero también una serie de reformas de carácter laboral, lo cual genera conflicto con los gremios de trabajadores. También está prevista por parte del gobierno una reforma de la previsión social, que puede que implique privatización. Y una serie de reformas con respecto a impuestos, contrataciones laborales, salarios, etc. Es decir, este es el primer shock. Hay muchos actores que piden que solucione el conjunto de estos problemas, no solo lo de las subvenciones.  

Yo tengo la impresión que si bien el tema inicial era el de la gasolina, estos otros temas están empezando a inquietar a la población. Se suman una serie de movimientos de una manera desordenada, no hay una plataforma común, son actores heterogéneos. Y tras 10 o 12 años, en que no hubo movilización popular, que las organizaciones jugaron un rol marginal, ahora de nuevo están recuperando el espacio público. Y en ese sentido, el gobierno ha sido duro, no quiere moverse de implementar el acuerdo con el FMI, pero este gobierno está debilitado.

Recordemos que este gobierno surgió de la Alianza País, que estaba liderado por Correa, sale de una fracción de este partido, con el apoyo de Moreno, pero ha ido perdiendo fuerza desde el punto de política electoral. En las últimas elecciones cumplió un rol secundario y quizás en las próximas elecciones ni siquiera se presente. Entonces, los que están jugando detrás del gobierno son partidos como el social cristiano y partidos de derecha. Esta coyuntura debe tomarse en cuenta, porque la reforma neoliberal implica abrir y dejar limpio el terreno para que estos otros actores políticos, más importantes y relevantes, sacrifiquen a Lenin Moreno y puedan ganar en un proceso electoral futuro. Quieren volver al gobierno sin tener que sufrir lo que significa el desgaste de estas reformas.

¿En qué estado se encuentran los movimientos sociales en Ecuador hoy? ¿Están fortalecidos o debilitados?

Mi impresión es que el movimiento social que existió en el periodo neoliberal antes del 2007, del gobierno de la Revolución Ciudadana, ha sido profundamente transformado por una serie de factores. Y son factores estructurales. Es decir, el proceso de crecimiento económico de los últimos 15 años produjo una fuerte movilidad social y se amplió la clase media. Hubo migración y se erosionaron muchos de los actores sociales. En ese sentido, la base social del movimiento indígena también pasó a ser parte de los barrios urbanos y cambiaron su situación. Por eso, el movimiento social que derrumbó a tres presidentes, ya no existe como tal. 

El movimiento indígena perdió su contextura como eje vertebral de los movimientos sociales; los trabajadores industriales prácticamente desaparecieron, se debilitaron mucho, así también los sindicatos de trabajadores públicos. Y todos estos actores entraron a participar del gobierno de la Revolución Ciudadana de manera debilitada y un poco subordinada, llegaron a algunos acuerdos en el comienzo, pero el gobierno de Rafael Correa fue un gobierno muy Estado-céntrico. La tecnocracia que gobernaba, con el liderazgo de Correa, hizo una serie de reformas sociales, avanzaron en la inversión pública, aumentó el PIB, pero las organizaciones sociales se debilitaron. Y con el gobierno de Lenin Moreno esto se profundizó. Y lo que tenemos por ahora, en las protestas, es un sector popular bastante insatisfecho, que sigue siendo nostálgico del periodo de Correa, pero con sectores medios que son críticos al gobierno de Correa por el tema de la corrupción y lo que llaman autoritarismo, que es un discurso que han difundido en los medios de comunicación.

Lo que sí vemos es una recuperación de movimientos anti-mineros, ambientalistas, que son localizados en las zonas afectadas por la minería. También ha sido significativo el movimiento de las mujeres.  Pero el conjunto de los movimientos sociales ha sido debilitado. Los transportistas y sus sindicatos no fueron tocados por Correa, por eso se mantuvieron con el poder que tienen desde hace mucho tiempo.

Desde afuera llama la atención que un gobierno que prometía continuar con las políticas de Correa, hoy llegue a un acuerdo con el FMI. ¿Cómo ocurrió este proceso?

Este proceso comenzó un poco antes del cambio de gobierno. Ya se notaba un fraccionamiento de Alianza País, que gobernaba en ese momento. Y había algunos sectores vinculados al empresariado y a instituciones internacionales. De hecho, Lenin Moreno negoció al inicio de su gobierno con Donald Trump el apoyo sobre el tema de Julian Assange de la embajada de Ecuador, en Gran Bretaña y la salida del Unasur. Y los partidos de derecha y los medios de comunicación lograron establecer un discurso supuestamente democrático, que le permitió legitimar estas acciones, pero ya con una agenda claramente neoliberal, que se afirmó con el acuerdo del FMI.  

El sector de Correa lo cataloga como una traición. Pero Lenin Moreno fue modificando sus acciones con el sector empresarial de manera muy rápida, y de hecho los medios de comunicación lo han respaldado. Este es un gobierno de los empresarios y de los medios de comunicación.