Hoy el Senado tiene programada una sesión especial para abordar la polémica que se desató tras darse a conocer que el desarrollo del futuro Instituto de Tecnologías Limpias se había adjudicado a un consorcio liderado por Associated Universities Inc. (AUI), una organización con sede en Washington dedicada al desarrollo y gestión de centros de investigación.

Para el mediodía está citado el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Pablo Terrazas, para entregar a los legisladores más antecedentes sobre el proceso de esta licitación que causó indignación en algunos sectores, en especial la de uno de los dos oferentes perdedores. Se trata de la Corporación Alta Ley, conformada por 10 universidades tradicionales chilenas, entre ellas la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Santiago, la Universidad de Concepción y la privada Universidad Adolfo Ibáñez.

En una carta publicada el viernes pasado, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, asegura que la decisión de entregar el desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) a AUI, que se asoció con tres universidades privadas y una pública chilenas, “debilita una política de Estado que debe promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Chile (...). Se pone así en entredicho el desarrollo del país y la posibilidad de dar un salto efectivo para cambiar la matriz productiva nacional”. En la misiva, el rector no descarta incluso iniciar acciones legales.

En un intento por calmar las aguas, el lunes en la noche la Corfo publicó las actas de adjudicación. Estas muestran que el comité evaluador interministerial propone al Consejo de Ministros de la Corfo a AUI como ganadora, ya que fue mejor evaluada en los ámbitos de cofinanciamiento y sustentabilidad de largo plazo del Instituto.

Alset -una empresa “de menor tamaño Pro-Pyme” según el SII- comprometió más dinero que empresas que también figuran como aportantes: Colbún (US$3 millones), Enel (US$760 mil), y BHP Billiton (US$ 200.000).

Las actas no lograron calmar los ánimos. Ayer el senador Guido Girardi (PPD) aseguró al Diario Financiero que la Corfo "está mintiendo y engañando, porque fue una comisión evaluadora 'de papel' la que le dio la puntuación a las universidades norteamericanas (...) estamos pensando poner una denuncia penal por prevaricación y negociación incompatible".

Un aspecto relativamente desconocido es la forma en que cada uno de los tres oferentes (el tercero fue la Fundación Chile) estructuró su propuesta de financiamiento. El futuro Instituto -que de ser exitoso podría desempeñar una función de desarrollo clave, en especial dada la creciente demanda mundial por litio- ya cuenta con recursos por US$193 millones que aporta la minera SQM, lo que fue parte de un acuerdo con el Estado firmado en enero de 2018.

AUI -fundado en 1946 por nueve universidades estadounidenses, entre ellas las universidades de Columbia, Harvard, Cornell, Johns Hopkins, Princeton y Yale- propuso aportar casi 104 millones de dólares de su propio bolsillo y solicitó un aporte de US$ 142 millones del fondo de SQM. La Corporación Alta Ley (CAL), en tanto, solicitó el aporte máximo del fondo de SQM (US$193 millones) y un aporte de US$ 37,5 millones.

Sin embargo, ese aporte propio en realidad proviene de “aportantes externos”, según consta en documentos públicos de la Corfo. La suma que las 11 universidades chilenas ofrecieron de su propia billetera es de sólo US$47 mil.

Al revisar quiénes son las entidades externas que aportan los US$37,5 millones de la propuesta financiera de CAL llama la atención una empresa denominada Alset Ingeniería Spa. Según la propuesta del consorcio de universidades chilenas, esta firma se compromete a aportar US$18,3 millones; es decir casi la mitad de los aportes directos totales de CAL. 

Así, Alset -que en los registros del Servicio de Impuestos Internos figura en la categoría de “menor tamaño Pro-Pyme- abonaría más recursos que varias grandes corporaciones que también figuran como aportantes externos en la propuesta CAL. A los US$ 18,3 millones de esta firma le sigue Colbún del Grupo Matte con un aporte de casi US$ 3 millones, Enel con US$760.000 y BHP Billiton con casi US$ 200.000.

El negativo historial de Alset

Alset Ingeniería es una sociedad que se constituyó en febrero de 2016 por un único accionista: José Ignacio Galindo Cabello, un ingeniero de la Universidad Técnica Federico Santa María. En la escritura pública se señala que el objeto de la firma es “la realización de estudios, la asesoría y el desarrollo de todo tipo de proyectos de ingeniería, en especial los que digan relación con energías derivadas del hidrógeno y de todo tipo de energías renovables”. 

Galindo también es el CEO de Alset Global, una sociedad que funciona en Holanda, pero cuya página web -que hasta el cierre de esta edición llevaba varios días caída- tiene dominio de Austria (alset.at). 

Al revisar los registros de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, Alset figura con sede en Luxemburgo -considerado paraíso fiscal- cuando en 2013 patentó un motor de combustible dual. Como dueños de la patente figuran Galindo y tres ingenieros austríacos.

A inicios de 2018 Alset Ingeniería ganó un proyecto de la Corfo para implementar la combustión dual hidrógeno-diésel en la industria minera. En concreto, el proyecto consiste en desarrollar una tecnología para habilitar los camiones mineros de alto tonelaje con estos motores duales que puedan reducir en un 60% el consumo de diésel al reemplazarlo por hidrógeno verde.

Galindo tiene actualmente un proyecto Corfo para el desarrollo de un motor dual para reducir las emisiones de la gran minería, el cual en dos años apenas ha avanzado. Aun así, ya ha obtenido casi US$ 3 millones de la entidad y se ha asignado a sí mismo un sueldo de 19 millones de pesos mensuales. Hace algunos meses la entidad comenzó a suspenderle los pagos.

Sin embargo, el poco avance de este proyecto ha causado frustración en la entidad estatal. En julio del año pasado un informe interno habría advertido sobre los riesgos de continuar con el proyecto de combustión dual de Alset. Las razones que se esgrimieron fueron, según supo nuestro medio, “un escaso avance en el desarrollo (...) y una rendición de gastos en desproporción con el avance técnico, concentrando el gasto en recursos humanos preexistentes y gastos anticipados sin autorización previa”.

Hasta mediados del 2020 Corfo había transferido unos 2.100 millones de pesos (unos US$3 millones) a Alset, la que a su vez se había comprometido en la propuesta original aportar de su bolsillo unos 1.600 millones de pesos. Según el reporte de julio, “a la fecha (los aportes) no se han materializado en absoluto”.

Gran parte del dinero que la entidad le ha entregado a Alset se ha gastado en remuneraciones. De hecho, el propio José Ignacio Galindo se asignó un salario mensual de 19 millones de pesos en este proyecto, según consta en documentos obtenidos vía Ley de Transparencia. En total, para un período de dos años Alset asignó 456 millones de pesos del proyecto en sueldo para Galindo; 186 millones de pesos para el gerente de la firma Rodrigo Edwards; 87 millones de pesos para el subgerente Laurent de Sasia y 87 millones para el coordinador Freddy Reyes.

Debido a todo ello, Corfo comenzó a suspender la transferencia de dineros Alset, lo que llevó a Galindo presentar un recurso de reposición en contra de la Corfo, según consta en los documentos obtenidos por este medio.

El recurso fue rechazado mediante resolución exenta de Corfo del 18 de noviembre de 2020, debido a que dicha suspensión “obedece a una medida correctiva motivada y debidamente fundada en antecedentes concretos, esto es, la verificación de un bajo grado de aprobación de rendición de cuentas de gastos efectuados con cargo al subsidio y el nulo aporte pecuniario realizado no obstante la planificación de aportes configurada por el recurrente”. 

Alset presentó un recurso jerárquico para insistir en que le transfieran las cuotas suspendidas de dinero, lo cual fue rechazado por las mismas razones mediante resolución exenta del 4 de enero de este año.

INTERFERENCIA intentó conversar con José Ignacio Galindo llamando y escribiendo a su celular personal. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no había logrado hacer contacto.

La queja de inversionistas

No sólo Corfo ha experimentado problemas con el principal aportante económico de la propuesta de las universidades chilenas para desarrollar el ITL.

Varios inversionistas que aportaron capitales sin derecho a propiedad a Alset han acusado a la firma de Galindo de varios incumplimientos. A fines de octubre del año pasado, siete de ellos -entre estos Inversiones Licancabur y la gestora de fondos Aurus Capital- le enviaron una carta a la entidad estatal en la que alertan a la Corfo que José Ignacio Galindo “ha incumplido el más básico deber de información y rendición de cuentas para con sus accionistas, directores y, en general, para con los inversionistas que han financiado la compañía durante estos años”. 

La carta que nuestro medio tuvo a la vista señala también que Galindo no ha cumplido “con el más elemental y mínimo deber de realizar Junta de Accionistas de la sociedad de forma anual para reportar el estado de la misma a sus accionistas, o de conducir auditorías a los estados financieros de la misma”.

La misiva agrega que estas situaciones se suman a “otras malas prácticas laborales, de transferencia de activos y de registro de propiedad intelectual (que se) arrastran desde hace varios años a pesar de múltiples intentos realizados para solicitar medidas de subsanación a la administración liderada por el Sr. Galindo”. 

“En base a estos antecedentes, es que venimos por esta carta en solicitar formalmente a CORFO para que tengan a bien condicionar futuros apoyos a la compañía a una adecuada normalización de sus deberes con sus inversionistas y accionistas y a una regularización de su situación administrativa y contable”, señalan los firmantes, advirtiendo que los proyectos de Corfo podrían verse entorpecidos en el futuro por eventuales litigios judiciales o derechamente por falta de financiamiento. 

Fuentes que han conocido estos tratos entre la Corfo y Alset señalan a nuestro medio que el grado de avance del proyecto liderado por Alset sobre motores duales apenas sería del 2% de lo esperado, en circunstancias que el proyecto se encontraría en una fecha cercana a su término. Estas fuentes también mencionan que es posible que se le de término anticipado al proyecto. 

Consultada la Corfo, declinó referirse al tema. Sin embargo, fuentes al interior de la institución señalaron que están analizando las acciones a tomar.

Más allá de los líos administrativos y financieros de Alset Ingeniería, José Ignacio Galindo es considerado uno de los ingenieros que más sabe sobre nuevas energías y electromovilidad. De hecho, ha participado como expositor en el Congreso del Futuro y ha sido invitado a congresos, seminarios y también a exposiciones en el Senado, en especial a la Comisión de Futuro que preside el senador Girardi.