El domingo 10 de noviembre, La Moneda recibió al presidente Sebastián Piñera, a los jefes de partido y a los ministros políticos. Tras la reunión, el ministro del Interior ofició de vocero presidencial y comunicó que "hemos acordado iniciar el camino, el proceso para avanzar hacia una nueva Constitución", y que "en el último tiempo hemos visto que ha sido una demanda fundamental de la ciudadanía".
Acto seguido, Blumel habló de "trabajar sobre la base de un Congreso Constituyente, que cuente con amplia participación de la ciudadanía y en segundo lugar, que pueda tener un plebiscito ratificatorio".
Blumel también hablo de plazos: un año o dos.
Pese a la grandilocuencia del aviso gubernamental, que por primera vez se abría a un cambio de Constitución -antes se hablaba de reforma a la Constitución de 1985- lo cierto es que el anuncio produjo más dudas que certezas.
En primer lugar, las palabras de Blumel eran ambigüas respecto a qué Congreso se estaba refiriendo ¿Este o uno ad hoc?
Las pistas llevaban a Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, y el líder de la derecha que más pronto se abrió a responder a la necesidad de un cambio institucional. Desbordes ya había dicho que no se cerraba a uno ad hoc en portada del viernes de La Segunda. Sin embargo, con el correr de las horas, nadie en la derecha apostaba a esa figura, pues implica adelantar elecciones parlamentarias, lo que es inviable políticamente si es que no se realiza una elección presidencial en paralelo.
De tal modo, la propuesta piñerista que emerge es que sea el actual Congreso el "constituyente".
El problema de esa carta es que no representa ninguna novedad institucional. Para algunos juristas expertos, todo Congreso tiene el potencial constituyente si logra los quórums, por lo que la propuesta es solo añadir un adjetivo -constituyente- al actual Congreso, con el propósito de una negociación política entre los actuales incumbentes; el actual Gobierno y los parlamentarios en ejercicio.
Es importante resaltar que este debate aparece luego de una atronadora manifestación de soberanía popular -para muchos, algo con efectos plebiscitarios- estando tanto el presidente Piñera, como todos los congresistas, en una especie de limbo de legitimidad.
Las encuestas son prueba de lo anterior. Según Activa Research, los niveles de reprobación del presidente Piñera y del Congreso son similares, por lo que es prácticamente imposible que la ciudadanía acepte un debate constitucional definido por autoridades pre-manifestaciones, Incluso si es que hay un llamado a un plebiscito.
Por lo mismo, es poco probable que este anuncio -entre bombos y platillos- tenga efectos desmovilizadores.
De hecho, la ciudadanía está organizándose en cabildos territoriales, laborales y gremiales, adquiriendo lentamente una voz constituyente. El autor de este artículo participa de uno de ellos en calle Seminario en Providencia, y tras saberse la noticia -a eso de las 22 horas- se desató un largo debate sobre las implicancias del anuncio presidencial. "Es jugar al telefono... mientras mas directo el mensaje mejor" dijo uno de los participantes respecto de la necesidad de autorrepresentarse de los ciudadanos.
Sin embargo, la Nueva Constitución parece ya engendrada, al estar reconocida por el Gobierno y el oficialismo como una necesidad política. La misma encuesta antes referenciada, dice que cerca del 80% de los chilenos y chilenas anhelan dotarse de una nueva carta magna.
Con esto, solo falta definir la forma y el cronograma. Respecto de la forma, difícilmente la ciudadanía movilizada acepte un acuerdo cupular, con plebiscito ratificatorio. Por eso, cada vez es más probable que se haga una elección de un nuevo Congreso Constituyente, lo que implica adelantar elecciones, pues hay acuedo que la situación no se sostiene así durante dos años, que es lo que falta para terminar el periodo presidencial. ¿Podrá sobrevivir Piñera como presidente en medio de un proceso constituyente? Dificilmente, por lo que se abre, más bien, es un escenario de adelantamiento de elecciones generales, incluso presidencial.
Lo que es más dudoso es los políticos acepten la modalidad de una Asamblea Constituyente, es decir, la elección de un grupo de ciudadanos cuya labor única y exclusiva será redactar la Nueva Constitución, sin fórmula de continuidad institucional de esas personas en el estado, tras la tarea. Esto implicaría la existencia de un Congreso paralelo, para las funciones legislativas normales, el cual no legislaría una Constitución para sí mismo, pues su tarea es regular y extendida en el tiempo.
Dicho de otro modo, la racionalidad más probable de los actuales incumbentes es que haya un nuevo Congreso, en elecciones adelantadas probablemente generales (es decir también presidencial), con mandato constituyente, y que siga en operación tras el cambio constitucional ¿Aceptará la ciudadanía algo de esa naturaleza?
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