Enrique Rajevic -profesor de la Universidad Alberto Hurtado, a quien en octubre de 2015, el Senado rechazó su nombramiento como nuevo contralor general- fue consultado por INTERFERENCIA respecto de preguntas básicas, pero fundamentales para el proceso constituyente. "En mi opinión, la fuerte erosión que han tenido los partidos políticos y el Parlamento hacen poco viable que ante un escenario de estallido social como el que hemos vivido acudamos a ellos para afrontar esta tarea", dijo en una entrevista anterior al acuerdo alcanzado por el Congreso para definir un cambio de la Constitución.

- ¿Por qué es tan importante la Constitución?

- Porque define la forma en que los entes públicos se constituyen y ejercen el poder, esto es, adoptan decisiones que nos van a resultar obligatorias, como también los derechos que cada uno tiene y que tanto el Estado como las demás personas deben respetar. Una buena Constitución debe permitir una convivencia social pacífica sobre la base de un mínimo de valores que todos y todas compartimos.

- ¿Por qué debemos cambiar la Constitución?

- La Constitución actual fue elaborada durante la Dictadura Militar y pretendía impedir un régimen estatista como el de la Unidad Popular. En ese momento se hablaba de una “democracia protegida”, que originalmente entregaba importantes cuotas de influencia a las Fuerzas Armadas, como un Consejo de Seguridad Nacional con mayoría militar que podría “representar” situaciones al Gobierno civil o senadores designados que provenían de las ramas militares. Es cierto que muchos de los llamados “enclaves autoritarios” han sido reducidos o eliminados, especialmente con la reforma de 2005, pero la Constitución sigue conteniendo reglas que limitan políticas públicas que den mayor protagonismo al Estado.

Así, por ejemplo, no es factible pensar en un modelo de seguro de salud público obligatorio porque la Constitución reconoce el derecho a elegir un sistema de salud estatal o privado, de manera que las Isapres no podrían eliminarse sin una reforma constitucional. A ello se suma que existen importantes materias en que la Constitución exige mayorías superiores a la mayoría absoluta de los presentes, lo que le entrega a la minoría una especie de derecho de veto, varias materias exigen 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, que viene a ser casi el 60%, a lo que se suma la exigencia de un control preventivo del Tribunal Constitucional, órgano que en virtud de sus mecanismos de integración ha perdido su prestigio y es percibido, tratándose de los grandes temas de discusión nacional, como quien termina definiendo el resultado del debate democrático y no, simplemente, como el árbitro que exige respetar ciertas reglas mínimas.  

Aunque este es evidentemente un tema opinable, mi impresión es que la Constitución no un rayado de cancha que nos dé garantías a todos. Elaborar una nueva es una oportunidad para definir esas reglas en democracia y con amplia participación, algo que nunca ha ocurrido en nuestra historia. Obviamente que no resolverá todos nuestros problemas, pero si nos dará un marco de referencia compartido para resolverlos y que, ojalá, renueve las formas de participación porque es evidente que la democracia representativa del siglo XX no está dando el ancho para la sociedad actual y debemos buscar respuestas que la modernicen en conjunto.

- ¿Cuál debe ser el camino –paso a paso- para cambiar la Constitución?

- En esto no hay una fórmula predefinida porque nuestra Constitución no contiene un procedimiento para dictar otra en su reemplazo, sólo un mecanismo para reformas parciales. Siendo así, es preciso “inventar” un sistema acudiendo a la experiencia internacional en estas materias, que puede revisarse en un informe que en 2015 elaboró el PNUD.

En mi opinión, la fuerte erosión que han tenido los partidos políticos y el Parlamento hacen poco viable que ante un escenario de estallido social como el que hemos vivido acudamos a ellos para afrontar esta tarea. Necesitamos un mecanismo que asegure alta participación, donde esté representada la comunidad nacional en su conjunto, y para tales efectos una Asamblea o Convención Constituyente me parece la mejor alternativa.

Esto supondría reformar la Constitución para introducir este mecanismo en nuestro sistema definiendo sus rasgos fundamentales. Es decir, una elección democrática de sus integrantes y probablemente la necesidad de respetar cuotas de representatividad en su integración en lo relativo a género y pueblos originarios, un plazo máximo de funcionamiento y un plebiscito para ratificar el texto propuesto. Todo ello debería ser desarrollado en una ley e implica un proceso de, al menos, un par de años. Algunos agregan que debiera previamente plebiscitarse la idea de cambiar la Constitución y el mecanismo, algo que no me parece indispensable en el contexto actual, particularmente si se realiza la consulta que ha anunciado para diciembre la Asociación Chilena de Municipalidades.

Con todo, creo que hay no hay que ser dogmático en materia de mecanismos y hay que abrirse a dialogar para construir un consenso amplio. 

- ¿Por qué es necesaria una asamblea constituyente?

Creo, como dije antes, que por desgracia el Congreso es percibido más como parte del problema que como parte de la solución, algo a lo que contribuye la reelección de un número importante de sus integrantes. Una asamblea permitiría renovar la mirada, pero creo que debería estar acompañado de reglas de inhabilidad que eviten conflictos de intereses, entre ellas que quienes sea parte de esta instancia no puedan optar a cargos públicos en las siguientes elecciones democráticas, de manera que tomen decisiones pensando en el interés general y no en su futuro inmediato. 

- ¿Cómo se elige una asamblea constituyente?

- No tengo una respuesta precisa, sólo criterios. Creo que debiera elegirse un número de asambleístas en unidades regionales, entregando a cada región la proporción que corresponda a su población actual, y exigiendo el cumplimiento de las cuotas que he señalado previamente. 

- ¿Cuáles crees usted que son los plazos para hacer estos cambios?

- Creo que entre dos o tres años, si bien la reforma que establezca el mecanismo para adoptar una nueva Constitución debiera acelerarse porque es el puntapié de partida del proceso. Puede parecer un periodo prolongado, pero en esto es mejor no andar con prisas y buscar un resultado que permita contar con un texto compartido. Lo peor que podríamos hacer es transformar este proceso en el intento de consolidar en la Constitución las políticas públicas que estimamos mejores. Pretender que esta sea una especie de “devuelta de mano”, de manera que allí donde hoy la Constitución establece medidas neoliberales consagre un Estado interventor sería, me temo, pan para hoy y hambre para mañana. Preferiría una Constitución que diga menos cosas pero en cuyas reglas todos/as nos reconozcamos, que una que pretenda clavar la rueda en un sentido ideológico determinado. Eso permitiría situar esas discusiones en el ámbito de la Ley y darnos mayor estabilidad constitucional, que no es poco.