El 15 de marzo de 2018, la subsecretaría de Salud Pública emitió una orden de compra a nombre de Andrés Bustamante Valenzuela, entonces gerente general de Asimov Consultores. Esta empresa, vía convenio marco, se había adjudicado un contrato superior a 35 millones de pesos para desarrollar un proyecto de receta electrónica. Esta iniciativa ya se venía trabajando, por lo que la tarea ahora era “avanzar en el diseño, desarrollo e implementación de la dispensación electrónica” de las recetas.

Dejar atrás tanto papeleo en el ámbito de la salud pública, y pasar a la metodología digital, es uno de los tantos planes de modernización que tiene el gobierno de Sebastián Piñera. Esta ambición de olvidarse del Estado engorroso viene desde su primer periodo en La Moneda, donde se constituyó un equipo especial para abordar el tema, encabezado por el ingeniero civil industrial Rafael Ariztía Correa, junto a su segundo a bordo, Andrés Bustamante.

La orden de compra de la subsecretaría fue la última del sector público que recibió Bustamante como gerente general de Asimov Consultores. El 16 de abril de 2018 asumió como jefe de Gobierno Digital, una unidad denominada como la “consultora de transformación digital del Estado” y dependiente del Ministerio Secretaría General de Presidencia (Segpres). También fue nombrado en el comité estratégico del Programa de Modernización del Sector Público, junto a Ariztía Correa, otro que regresó al gobierno de Piñera, luego de constituir su propio fondo de inversiones.

En poco más de un mes, Bustamante transitó desde la gerencia general de Asimov Consultores a un cargo de confianza del ministro Gonzalo Blumel, a quien conocía muy bien, pues entre 2011 y 2014 también había estado a la cabeza de ese departamento.

Así, y luego de vender sus acciones, dejaba en el pasado la empresa que había fundado en conjunto con tres socios el 14 de marzo de 2014, tres días después de que Piñera dejara la Presidencia. Una compañía que en 2016 se adjudicó montos fiscales por más de 296 millones de pesos y en 2017 por más de 236 millones. Una compañía que entrega servicios tecnológicos al Estado.

El desprendimiento

Desde su constitución, Asimov Consultores ha realizado trabajos de desarrollo tecnológico, tanto en el mundo privado como en el sector público, en Chile y en el extranjero.

En la Notaría Santos, ubicada en la calle Agustinas del centro de Santiago, se oficializó la compraventa, en donde Mancini y Silva se repartieron los porcentajes tanto de Hanna Back como de Andrés Bustamante. Sin embargo, el precio que pagaron por acciones de iguales características no fue el mismo.

Según un documento de la sociedad, hay distintos casos que comprueban su trayectoria. En 2014, por ejemplo, confeccionaron una “plataforma digital de información financiera personalizada para clientes” de MFO Advisors, la administradora de fondos en la que participa Rafael Ariztía Correa.

En 2015, desarrollaron “un programa de entrenamiento en técnicas de marketing digital” para funcionarios del BCI. En 2016, desarrollaron “Bencinas en Línea” para la Comisión Nacional de Energía, una “aplicación móvil para iPhone y Android que permite comparar precios de combustible entre estaciones de servicio según la localización del usuario”. En 2017, a pedido del Ministerio de Hacienda, desarrollaron un “portal de Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Modernización del Sector Público: sitio informativo con dashboards de avance de proyectos”. Ese mismo año, para Chilecompra, desarrollaron “un modelo de gestión de cambios en la plataforma orientado a la satisfacción usuaria”. Todo esto, por cierto, en el gobierno de Michelle Bachelet.

Los cuatro socios iniciales de Asimov Consultores, Felipe Mancini, Nicolás Silva, Hanna Back y el mismo Bustamante, habían participado en la modernización del Estado durante el primer gobierno de Piñera, en la Segpres, que entonces estaba a cargo del economista Cristián Larroulet, quien ahora ocupa un lugar en el Segundo Piso de La Moneda como asesor directo del presidente.

Las dos millones de acciones de la sociedad se dividieron en partes iguales, una estructura que se mantuvo hasta el 11 de abril de este año. En la Notaría Santos, ubicada en la calle Agustinas del centro de Santiago, se oficializó la compraventa, en donde Mancini y Silva se repartieron los porcentajes tanto de Hanna Back –que también regresó al gobierno– como el de Andrés Bustamante. Sin embargo, el precio que pagaron por acciones de iguales características no fue el mismo.

El costo total de las 500.000 acciones de Hanna Back se vendieron entre los socios por un precio de 45 millones de pesos, mientras que las 500.000 acciones de Andrés Bustamante se enajenaron por un precio de 14 millones. INTERFERENCIA se contactó con Felipe Mancini, actual CEO de Asimov Consultores, para preguntar por qué una operación llevada a cabo el mismo día, por el mismo paquete de distintos propietarios, había tenido tal diferencia de precio. Esta fue su respuesta:

“Es efectivo que las acciones de Andrés Bustamante fueron compradas a un menor valor que las de Hanna Back. Esto, debido a que la salida de Bustamante, quien se desempeñaba como gerente general de la consultora, fue sorpresiva y no esperada por los actuales accionistas de Asimov. En dichas circunstancias, su decisión provocó un perjuicio a la empresa, a diferencia de la salida de Back. Por lo mismo, al momento de negociar la compra de las acciones de Bustamante, estas se castigaron significativamente en lo que concierne a su valor”, afirmó Mancini.

Asimismo, explicó que el perjuicio se debió a que la empresa “se vio en la necesidad de reemplazar a su gerente general, teniendo claro, además, que el nuevo desafío de Bustamante generaría sólo inconvenientes a la consultora, puesto que implicaba la decisión de no participar en contratos con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ya que, pese a que legalmente Asimov puede contratar, eso podría provocar una percepción errada acerca de la empresa”.

“Considerando los perjuicios que generó la salida de Bustamante para la consultora, los actuales accionistas de Asimov no aceptarían su retorno”.

Otra consulta de este medio tenía que ver con lo que sucedió el 3 de julio de 2018, día y mes en que Andrés Bustamante se encontraba en pleno ejercicio de sus labores en Gobierno Digital, y la misma fecha en que la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió una orden de compra para esta sociedad, que iba a nombre de Bustamante por un monto superior a los 33 millones de pesos.

“Hubo una desactualización de la base de datos de Chile Compra. Tan pronto Bustamante dejó la empresa, se hicieron los trámites correspondientes para comunicar su salida y el cambio de representante legal a Chileproveedores, pero el sistema de registro no está sincronizado entre ambas instituciones. Además, la actualización manual en Chilecompra fue realizada apenas se detectó esto”, indicó Mancini.

Asimov Consultores descartó de plano una eventual ventaja respecto de sus otros competidores por el pasado vínculo empresarial; y descartaron un eventual regreso de Bustamante al término de su labor en el gobierno. “Considerando los perjuicios que generó la salida de Bustamante para la consultora, los actuales accionistas de Asimov no aceptarían su retorno” (respuesta completa en documento adjunto).

En tanto, desde Gobierno Digital respondieron a INTERFERENCIA que Andrés Bustamante, al momento de integrarse al gobierno, cumplía con todos los “requisitos exigidos por la ley para desempeñarse en calidad de funcionario público”.

Respecto de Asimov Consultores, indicaron que han sido requeridos "para colaborar con instituciones públicas debido a su alta experticia en el Gobierno Electrónico e innovación pública. Entre 2014 y 2017, la empresa ha prestado servicios en 32 oportunidades a diversos servicios de la Administración Central del Estado (...) Finalmente, cabe señalar que ninguna de las contrataciones y/o desarrollos adjudicados por la empresa tiene relación con Programa de Modernización del Estado”.

Este 2018, desde el inicio del gobierno de Sebastián Piñera, la empresa se ha adjudicado órdenes de compra por más de 320 millones de pesos con el sector público, tomando en cuenta entidades gubernamentales y municipios.

Los tuiteros

Este lunes 3 de diciembre, el mismo día en que este medio envió a la Segpres los principales antecedentes a publicar en este artículo, tanto Andrés Bustamante como Hanna Back, funcionarios de Gobierno Digital, escribieron mensajes a través de sus cuentas de Twitter.

“Nos gustan los lobbistas que colaboran para hacer el bien usando la tecnología. No es un problema si están o no con nosotros, el problema es si están con las personas a las que buscamos mejorar su calidad de vida”, escribió Bustamante a las 17:20 del lunes.

Hanna Back fue más allá. “Heavy, la agenda que tienen ciertas empresas y ciertos lobbistas, todo porque estamos tratando de mejorar la industria y que se respeten las platas que el Estado invierte en Tech”, escribió a las 15:37 de este lunes. “Dónde y qué supiste?”, le preguntó un usuario. “Un intento de difamación flaite”, contestó.

Ambos tuits fueron borrados de las cuentas de los dos miembros de Gobierno Digital durante la tarde de este martes. Los pantallazos se encuentran en los archivos adjuntos.

INTERFERENCIA no ha estado en contacto con ningún lobbista o empresa de lobby para este artículo.