Una querella presentada por seis ciudadanos en contra de los funcionarios de la Municipalidad de Estación Central que intervinieron, directa o indirectamente, en la aprobación ilegal de unos 70 permisos de edificación, guetos verticales fue admitida por el Juzgado de Garantía de Santiago esta semana.

En concreto, el documento apunta a Armin Seeger Hernández, arquitecto y funcionario público a cargo de la Dirección de Obras Municipales de Estación Central, hasta 2018, y a María Isabel Gaete Garreton, a cargo de la misma repartición pública, a partir del mes de agosto de 2018, “y en contra de todos quienes resulten responsables, por la participación que en carácter de autores, cómplices o encubridores le ha cabido en el delito de prevaricación administrativa, tipificado y sancionado en el artículo 228 del Código Penal, cometido con ocasión de la aprobación de permisos de edificación y dar recepciones definitivas a proyectos inmobiliarios acogidos a la norma urbanística de sistema de agrupamiento de tipo edificación continua”. 

Según la acción judicial (ver documentación adjunta), los funcionarios aprobaron permisos de edificación de proyectos inmobiliarios de edificios en altura acogidos a la norma urbanística de sistema de agrupamiento de tipo edificación continua desde el año hasta 2018, “de manera arbitraria, injusta e ilegalmente”. 

A su vez, argumentan que se aprobaron proyectos de edificios más altos que lo permitido por la preceptiva vigente, incluso, permitiendo que el titular de los proyectos determinara libremente la altura de los edificios.

Según la acción judicial, los funcionarios aprobaron permisos de edificación de proyectos inmobiliarios de edificios en altura acogidos a la norma urbanística de sistema de agrupamiento de tipo edificación continua desde el año hasta 2018, “de manera arbitraria, injusta e ilegalmente”. 

“El ardid se hizo consistir en que el sector donde se emplazaban los proyectos de edificios aprobados, según el querellado, no estaba regulada la norma urbanística de altura máxima permitida, autorizando al titular determinar libremente la altura”, apunta el texto.

En esa línea, acusan que los querellados aprobaron los aludidos permisos y dieron recepción definitiva, contraviniendo la legislación vigente, teniendo conocimiento del Ordinario N° 549 de 10 de julio de 2007, de la División de Desarrollo Urbano, que atendiendo una consulta de esa misma Dirección de Obras Municipales de Estación Central, concluyó que no era procedente aprobar edificios acogidos a la norma urbanística de agrupamiento de tipo edificación continua.

Desde la Fundación Defendamos la Ciudad apuntaron que “ahora será la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público quien investigará a los directores de obras municipales de Estación Central que cometieron el delito de prevaricación administrativa, conjuntamente con indagar al ex alcalde Rodrigo Delgado y actual alcalde Felipe Muñoz, en cuanto a si tuvieron conocimiento de la emisión de esos actos administrativos contrarios a derecho”.