El jueves y el miércoles 9 y 10 de octubre la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago emitió dos fallos que en lo sustantivo obligan a Estación Central a revisar la entrega de 49 permisos de edificación de los denominados guetos verticales por parte de la dirección de obras (DOM) del Municipio.

Esto ocurre tras un reclamo civil, el que se produjo luego de que el Municipio rechazara la invalidez de los permisos de edificación de estos edificios, lo que -a su vez- fue ordenado por la Contraloría en noviembre del año pasado, por considerarlos ilegales.

Además, el fallo valida a las organizaciones ciudadanas Defendamos la Ciudad y la Agrupación Defensa de Barrios de Estación Central como partes interesadas para participar de los nuevos procesos resolutivos en torno a los permisos de los guetos verticales, ante la DOM. Estas instancias ciudadanas se han opuesto a estas megaestructuras de más de 30 pisos, por las externalidades negativas de las obras y las irregularidades en los procedimientos en que los permisos han sido otorgados. 

En efecto, uno de los fallos hace referencia a un reclamo presentado por dichas organizaciones por la ilegalidad de una resolución de la DOM del 17 de enero de 2019, en la que se le niega su calidad de partes interesadas en los procedimientos de invalidación de permisos de edificación de obras dictadas entre el 5 y 10 de diciembre de 2018, lo cual fue solicitado -precisamente- por estas entidades ciudadanas (ver documentación adjunta).

Esta decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago se da en el contexto de otros fallos desfavorables para las inmobiliarias, tales como el dictamen de la Contraloría General de la República de noviembre de 2018 que ordenaba paralizar las obras de los megaedificios, la ratificación de dicho dictamen por parte del Tribunal Constitucional en agosto de este año (ver artículo Guetos verticales: TC asesta duro golpe a inmobiliarias de INTERFERENCIA) y el reciente fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2019, en el cual se dictaminó la ilegalidad de cuatro proyectos de la Inmobiliaria SuKsa en Estación Central, tal como informó INTERFERENCIA en su momento. 

Participación de organizaciones ciudadanas

La decisión judicial fue valorada por Patricio Herman, de la Fundación Defendamos La Ciudad, quien expresó que "a la luz de este categórico fallo, queda en evidencia que ante la evidente corrupción inmobiliaria existente en el país, la tabla de salvación para el estado de derecho son los tribunales de justicia y la Contraloría General de la República. Aprovechamos de invitar a todas las comunidades de vecinos que ante cualquier atisbo de ilegalidad cometida por estos actores, inicien las acciones judiciales". 

"En representación de Defendamos la Ciudad, junto a los arquitectos Mario Neira y Miguel Lawner -actual Premio Nacional de Arquitectura- nos reuniremos el 23 de octubre con el ministro Cristián Monckeberg para resolver cómo se va a solucionar el problema de los permisos ilegales por los guetos verticales en Estación Central. Vale decir, veremos si se va a aplicar la ley o se está buscando otra solución", apuntó Herman, quien considera que la normativa vigente implica que el Estado debe ordenar la demolición de todos los guetos verticales que exceden la altura máxima permitida por la ley. 

"Estamos llanos a ponernos de acuerdo con el ministro para buscar otra solución, que podrían ser millonarias compensaciones para las comunidades adyacentes u otras fórmulas, que tendrán que ser conversadas con él. Creo que en este momento la pelota la tiene el ministro”, indicó. 

A su vez, Alejandro Verdugo de la Agrupación de Defensa Barrios de Estación Central, manifestó que "nosotros entendemos que las inmobiliarias están haciendo sus construcciones, basándose en la política de hechos consumados. Vale decir, como en Chile nunca se ha demolido un edificio por ser ilegal, ellos construyen estando en conocimiento de sus irregularidades. Esas son situaciones que causan molestias en los vecinos, ya que entendiendo que hay fallos judiciales que demuestran la ilegalidad de estos edificios, las constructoras no hacen caso y en la actualidad hay proyectos que siguen construyéndose. Quizás una demolición sentaría un predecente, para que se dejen de violar las normativas y exista algún tipo de participación ciudadana". 

Sobre la participación de los vecinos, Verdugo dijo que "desgraciadamente la ciudadanía no había podido participar del proceso con el que se otorgan estos permisos de edificación, ya que la Municipalidad en su conjunto jamás ha tenido el deseo ni ha propuesto algún tipo de participación en la toma de decisiones de la dirección de obras".