El 23 de octubre de 2019, a poco de comenzado el estallido social a lo largo del país, Leonardo Quilodrán Carrillo fue detenido mientras hacía la fila para entrar a un supermercado en Coronel, Región del Bío Bío. Al día siguiente, después del control de detención en el Juzgado de Garantía de Coronel, este pescador de 26 años fue encarcelado, medida cautelar que cumplió hasta septiembre de este año, momento en que el mismo tribunal decidió darle el beneficio de arresto domiciliario nocturno mientras espera el juicio que se realizará en febrero de 2021
El Ministerio Público le imputa los delitos de tenencia ilegal de armamento de guerra, el cual tiene una pena de entre 5 años y un día hasta 15 años; como también el delito de hurto.
El joven trabajador marítimo no tenía ningún antecedente penal, por ende, nunca en su vida se había enfrentado a la justicia. Pero tres días antes de su detención, en medio de una protesta en el centro coronelino, fue testigo y sufrió personalmente la violencia con que el personal de la Armada llegó a dispersar a los manifestantes, lo que le llevó a tomar una decisión que le trajo como consecuencia la persecución judicial.
Según un artículo del periódico Resumen de Concepción, publicado en aquel entonces, el 20 de octubre de 2019 personal de la Armada entró golpeando a disolver la revuelta, e incluso, disparando e hiriendo a una persona. En medio de esto, Quilodrán fue retenido por un marino y comenzaron un forcejeo, tras el cual al uniformado se le cayó una munición. En cosa de segundos, el pescador la tomó y huyó –cojeando por los golpes–, del lugar con las balas en la mano.
Esa misma noche, con un ánimo de denuncia, Leonardo Quilodrán publicó las municiones en su cuenta de Facebook.
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“Estas son las armas que están utilizando contra el pueblo, no será mucho?”, escribió el joven pescador. A partir de este mensaje, fue localizado rápidamente por la Armada y detenido por Carabineros.
El duro paso por la cárcel
Cuando tenía 16 años, en 2010, Leonardo Quilodrán tuvo que abandonar la escuela después de la muerte de su padre y así apoyar económicamente en el hogar que compartía con su madre y hermano menor. Así empezó su carrera de pescador artesanal en la comuna de Lebu, Región del Bío Bío, cuyas ganancias hasta el momento de su detención eran un aporte para su familia y también para su pareja, puesto que Quilodrán financiaba gran parte de los estudios de medicina veterinaria que ella cursaba, los que debió congelar a raíz del encarcelamiento del joven.
El impacto económico, pese a estar actualmente con arresto domiciliario nocturno, es algo que aún afecta a Quilodrán, puesto que no ha podido volver a trabajar por la incompatibilidad de la medida cautelar con las jornadas laborales de la pesca artesanal. Pero además de esto, el trabajador aún carga con lo que experimentó en los once meses de presidio en la cárcel de Coronel y posteriormente la de Lebu.
Mientras estaba privado de libertad el pescador sufrió violencia de parte de Gendarmería y también de otros presos.
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“Emocionalmente se muestra muy afectado cuando recuerda hechos de su golpiza recibida por los militares, su arresto y estadía en la cárcel. Su tonalidad expresiva fue precisa y con énfasis en los temas de violencia vividas”, señala un informe pericial realizado por el psicólogo Francisco López Gallardo en el marco de este caso, al cual INTERFERENCIA tuvo acceso.
Este diagnóstico señala que Quilodrán, a raíz de lo vivido desde el incidente con la Armada y durante su estancia en la cárcel, le provocó un trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de estrés postraumático. Por otro lado, respecto de los delitos que se le imputan, el especialista concluyó algo totalmente distinto a lo que piensa el Ministerio Público.
“No se observan en él rasgos criminales que lo muestren como una persona que pone en riesgo la integridad de otros individuos o que sea una amenaza a la sociedad”, dijo el profesional en el informe.
Nuestro medio accedió además a un informe socioeconómico y psicosocial realizado por José Miguel Guzmán Rojas, trabajador social del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos Cintras. Este llega a la misma conclusión que la pericia anterior respecto del perfil de Quilodrán en términos criminales, destacando que “no se observa en don Leonardo ningún elemento (personal, familiar o social) que dé cuenta de algún grado de compromiso delictual”.
Este documento además describe a Quilodrán Carrillo como alguien con “capacidad resiliente, su entereza frente a experiencias adversas y su sensibilidad social. Muestra conductas prosociales, preocupándose de aquellos que tienen condiciones de vulneración. Se observa en él valores orientados al bien común y la responsabilidad por su pareja, familia, amigos y colegas de trabajo”.
Pese a todos estos antecedentes, Quilodrán arriesga un mínimo de cinco años y un día de presidio por tenencia ilegal de armas, cargo que la Fiscalía le imputó el 24 de octubre durante el control de detención. A esto se suma el cargo de hurto que el fiscal Hugo Cuevas Gutiérrez decidió agregarle posteriormente, el cual dificultó –por el número de delitos imputados– que el acusado pudiera acceder a otra medida cautelar que no fuera la cárcel por durante casi un año.
Esta condición pudo ser revertida recién el 11 de septiembre pasado, cuando de manera unánime los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, Gonzálo Díaz González, Carmen Gloria Durán Vergara y Jaime Vejar Carvajal, accedieron a modificar la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno, argumentando que “no se advierten antecedentes que digan relación con afanes de eludir la persecución penal o la responsabilidad penal que le cabe en el procedimiento”, consigna el fallo, el cual fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Concepción.
La defensa del pescador, a cargo del abogado Javier Ahumada Jegó, ha insistido siempre ante el tribunal que el delito de hurto no se configura, puesto que no existió ánimo de lucro de parte de Quilodrán Carrillo al escapar con la munición. En los hechos fue el mismo día del altercado cuando publicó la denuncia en una red social e incluso tenía planificado devolver los elementos para evitar problemas legales.
De esta forma, el joven trabajador está a la espera del desarrollo del juicio oral en su contra, el cual está programado para febrero de 2021.
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HOLA,,, he intentado
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