En marzo de este año, siete meses antes de que estallara la crisis en Ecuador, la llamada mesa ejecutiva del Fondo Monetario Internacional anunció su segundo gran movimiento en Sudamérica: los US$4.200 millones solicitados por el gobierno de Lenín Moreno, que se suman al préstamo de US$57.000 millones que el organismo financiero le otorgó a Mauricio Macri de Argentina en 2018, al que adicionó otros US$5.400 millones en julio de este año.
El acuerdo se cocinó un par de semanas antes del anuncio del Fondo según las declaraciones que entregó durante los últimos días de febrero el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Richard Martínez, quien afirmó ante la prensa la existencia de un acuerdo financiero por US$10.500 millones que incluye también al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
"Es un acuerdo inédito porque su estructura permite la convergencia de voluntades de distintos organismos multilaterales y apunta no solo a resolver un problema de orden fiscal, sino a reformas estructurales", explicó Martínez, de 37 años, quien antes de asumir el cargo ejercía como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador.
Con reformas estructurales, el titular ecuatoriano se refería a la serie de medidas que el organismo multilateral exigió a cambio del préstamo, las que comenzaron a implementarse el jueves de la semana ante pasada, cuando el presidente Moreno anunció un paquete de medidas económicas que desataron una ola de furia que tiene completamente paralizado al país con una huelga encabezada por la Confederación Nacional Indígena Ecuatoriana (Conaie), que agrupa a 4,3 millones de personas, y un toque de queda decretada ayer sábado 12.
En un comienzo, el llamado a las calles fue realizado por el gremio de los transportistas, afectado por el retiro del subsidio a las gasolinas que elevaron el precio del combustible en un 120%, pero este, ligado a la derecha, rápidamente depuso el paro que comenzó a tomar un carácter más político exigiendo el fin del acuerdo alcanzado con el FMI.
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En entrevista con El Mercurio, Jaime Vargas, líder de la Conaie, aseguró este viernes que no se detendrían “hasta que el gobierno deje atrás la eliminación de los subsidios y se vaya el FMI”, punto que ha logrado unir a la oposición ecuatoriana, movilizando además del sector indígena a los adherentes del ex presidente Rafael Correa, que hoy alcanza un 20% de la población, junto a amplios sectores de los servicios públicos que se verán afectados por los recortes del gasto fiscal.
De esta forma, los dardos de la oposición apuntan no solo a Moreno como el responsable de la crisis, sino también a quienes lideraron el acuerdo desde los organismos multilaterales. Así, Christine Lagarde, la abogada francesa que hasta hace poco encabezó el FMI, junto a Alejandro Werner, representante del organismo para América Latina, vuelven a estar al centro de la polémica, tras las críticas desatadas en Argentina, cuya crisis aún está lejos de ser sorteada, y a quienes se les suma Anna Ivannova, jefa de la misión del Fondo en Ecuador.
Anna Ivannova es una economista que trabaja hace casi una década en el FMI y que anteriormente se desempeñó, a fines de los años 90, como consultora en el Banco Mundial. Según el perfil que publica en la red LinkedIn, obtuvo una Maestría en Desarrollo Económico de la Universidad Vanderbilt, en Nashville, Tennessee, y un doctorado en Economía Internacional en la Universidad de Wisconsin, en Madison.
Alejandro Werner, argentino que creció en México, fue subsecretario de Finanzas del país azteca entre 2006 y 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón y director de la Banca Corporativa y de Inversiones de BBVA-Bancomer de ese país. Es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Tanto Werner como Ivannova han insistido a lo largo del año en que el principal objetivo que persigue el plan del FMI es modernizar la economía de Ecuador, cuestión que buscan lograr junto al gobierno reduciendo el gasto fiscal y abaratando la mano de obra, creando un mercado laboral más competitivo para la inversión extranjera.
En concreto, el programa exige un ajuste del presupuesto nacional del país de alrededor del 6% del PIB en los próximos tres años. Esto, sin lugar a dudas incluirá despidos masivos en el aparato estatal, medida a la que se le suma una flexibilización de la jornada de trabajo, junto a mecanismos más flexibles de despido.
En palabras del FMI, Ecuador necesita un "ajuste de la nómina salarial pública", emplazando al gobierno a recortar los salarios mediante el despido de los empleados del sector público con contratos temporales y armonizando los sueldos de este sector con los del mundo privado, reduciendo el salario mínimo.
En la misma línea, en uno de los anexos del acuerdo, el Fondo estipula revisar el pago de los fondos de contingencia, un beneficio al que tienen derecho todos los trabajadores asalariados, y reduciendo el porcentaje de participación en las ganancias que la ley ecuatoriana proporciona a los trabajadores del sector privado.
Las recomendaciones han sido tomadas por la gestión de Moreno, que para ejemplificar, impulsó la modificación del Artículo 17 del Código de Empleo, eliminando la cláusula que estipula que los trabajadores contratados como empleados ocasionales recibirían un aumento salarial de hasta el 35% del valor del salario mínimo por hora.
Así, la paralización de Ecuador comienza a dejar de ser tan solo una reacción al alza de los combustibles, sino que empieza a confrontar lo que desde el correísmo y el indigenismo se ha interpretado como una arremetida en contra de la legislación laboral ecuatoriana, buscando favorecer el mercado financiero y la industria privada.
En medio de este escenario, el gobierno se ha quedado con un margen estrecho y el FMI también: ya van 10 días de movilización, en los que Moreno ha tenido que decretar estado de excepción, trasladar la sede de gobierno de Quito a Guayaquil y declarar toque de queda desde las 3 de la tarde, cuando ya se contaban 5 muertos, 929 detenidos y 554 heridos.
Con estos antecedentes, el FMI ha sumado una nuevo obstáculo en la región, tras la aplastante victoria de Alberto Fernández en las primarias Argentinas que lo tienen a un paso de ganar las presidenciales por sobre el candidato del FMI, el actual presidente Mauricio Macri, cuestión que no necesariamente se traduciría en el término del acuerdo, pero que presenta un rechazo mayoritario por parte de Argentina y, ahora en Ecuador, de las políticas que ha intentado implementar esa organización en la región en respuesta al ciclo progresista.
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En ambos países, los sectores más afectados por las crisis económicas que golpearon a dichos estados entre los años 90 y principios de los 2000 no olvidan las recetas del FMI y han desplegado intensas movilizaciones que cuestionan el carácter político del organismo financiero. La crítica nace por la composición y el origen de los recursos del fondo, dominado por Estados Unidos y los países líderes de la Unión Europea, así como por sus efectos devastadores a nivel social.
El FMI fue fundado por 29 países al término de la Segunda Guerra Mundial, y actualmente cuenta con 189 miembros con sede en Washington. Tradicionalmente, la presidencia y la vicepresidencia se la alternan entre las potencias de Europa y Estados Unidos, que han llevado la misma práctica en el Banco Mundial. Es tanta su cercanía que la actual presidenta del FMI, la búlgara Kristalina Gueorguieva, quien ejerce el cargo desde septiembre, fue vicepresidenta del Banco Mundial en 2008.
De acuerdo a sus estatutos, el organismo encargado de aprobar y llevar las negociaciones sobre los préstamos y acuerdos alcanzados por el FMI es el directorio ejecutivo que está compuesto por 24 directores, los que se reparten el porcentaje de votación de acuerdo al peso económico de los países que representan.
Bajo esta lógica, Estados Unidos, el país que más recursos aporta al fondo, tiene el 16,52% de los votos, seguido por Japón (6,15%), China (6,09%), Alemania (5,32%), Francia (4,03%) y el Reino Unido (4,03%). El resto de los países para obtener consejeros se distribuye en bloques. Ecuador, por ejemplo, está agrupado junto a Brasil y países centroamericanos en un bloque que tiene el 3,07% de los votos. Chile, en cambio, está junto a Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Perú en el grupo menos influyente con el 1,59%.
Tomando en cuenta los estatutos del FMI, que dejan con un quórum del 85% las decisiones más relevantes que tiene adoptar el organismo, Estados Unidos por sí solo tiene la capacidad de veto. De ahí, que tanto en Ecuador como en Argentina apunten a la gestión de Donald Trump y a las potencias europeas como las responsables de las reformas que han impulsado ambos gobiernos.
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