“Más de 5 mil alumnos acudieron al llamado de la [universidad] estatal Utem, con la firme convicción de ser agentes de producción para el país, depositando sueños, esperanza y fe en esa hermosa carrera, además de la inversión que esto significó para cada familia, quienes también se involucraron para que nosotros sus hijos en aquel entonces pudiésemos cumplir el sueño de ser profesionales. Llevamos 14 años de lucha constante, compañeros que fueron embargados y otros que simplemente no pudieron lidiar con el peso y la carga emocional decidiendo quitarse la vida”. 

Así comienza la carta que hace algunas semanas un grupo de ex estudiantes de la carrera de Criminalística de la Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem) dirigió a los constituyentes de la Convención Constitucional para intentar dar visibilidad a un problema que no ha tenido remedio desde el año 2007, cuando numerosos alumnos de dicha universidad denunciaron el nulo campo laboral que tenía la carrera y la eventual estafa a la que habían sido sometidos por parte de la universidad luego de pagar costosos aranceles por un proyecto de vida que no tenía futuro, pues las policías -su casi único empleador probable- estaban legalmente impedidas de contratarlos.

En la época se conocieron numerosos casos similares principalmente en universidades privadas que vieron como un negocio atractivo el impartir carreras como “perito forense” o “investigación criminalística”. Muchos de estos estudiantes consiguieron reparación a través de demandas colectivas en las que incluso tuvo participación activa el Sernac. Sin embargo, este no ha sido el caso de estos ex estudiantes de la universidad estatal. 

Denuncian haber sido estafados por el Estado, ya que en las causas judiciales en las que perdieron (Rol C-27315-2007 y también C-27641-2007; además de una causa penal por estafa), se hizo partícipe el Consejo de Defensa del Estado, poderoso órgano estatal encargado de defender judicialmente a los entes públicos. 

“Hemos tenido 14 años de pelea para conseguir reparación y no hemos sido escuchados. Hemos ido a todas las instancias, judiciales y políticas, pero no nos ha ido bien, a pesar de que muchas universidades privadas resultaron condenadas por los mismos hechos. Curiosamente en este caso, en el que está metida la única universidad pública que impartió esta carrera no pudimos tener reparación”, menciona a nuestro medio Eduardo Sáez, parte del 'Grupo de ex alumnos de criminalística de la Utem', el cual busca justicia por estos hechos.

Denuncian haber sido estafados por el Estado, ya que en las causas judiciales en las que perdieron (Rol C-27315-2007 y también C-27641-2007; además de una causa penal por estafa), se hizo partícipe el Consejo de Defensa del Estado, poderoso órgano estatal encargado de defender judicialmente a los entes públicos. 

Planteles privados como Santo Tomás o la Ucinf, los cuales resultaron condenados por impartir estas carreras, no contaron nunca con tal nivel de defensoría, en causas que -por cierto- estaban patrocinadas por otro ente estatal, el Sernac. 

En años posteriores, los ex estudiantes decidieron ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la cual no tuvieron buenos resultados, debido a que algunos procesos judiciales fueron desarchivados en ese momento, de manera que, habiendo causas pendientes en el país, no prosperó la solicitud ante la CIDH.

Educación de mercado y el emplazamiento a Provoste

El caso de estos ex estudiantes tiene una arista que hizo noticia en la época y que en palabras de los estudiantes afectados muestra que son “el reflejo de lo peor de la educación de mercado que se instaló en Chile”.

"[la Utem] en 2005 estableció un convenio con la empresa Celta para impartir la carrera de criminalística (...) en Celta la Utem no tiene participación, pero la empresa usa su nombre para dictar la carrera. Celta se quedaba con el 70% de los pagos de los alumnos y la Utem, con el 30% restante y se limitaba a entregar los diplomas, ya que los profesores eran externos y ni siquiera usaban las instalaciones de la universidad”. 

La carrera impartida por la Utem fue parte de una externalización de la oferta académica de dicha universidad durante la primera década de los años 2000. En efecto, la carrera de criminalística fue parte de un acuerdo que dicha universidad forjó con la empresa Servicios Educacionales Celta Sociedad Anónima, constituída en 2002 según registros del Diario Oficial por dos únicos socios: Alex Zuanic Brupbacher y Mateo Zuanic Brupbacher; dos que a la postre fueron directivos de la carrera en cuestión, y encargados de impartirla. 

El cuerpo B de El Mercurio hace alusión a esto en un artículo de mayo de 2008 llamado Escándalo de la Utem reveló riesgo de externalizar carreras, en el que se menciona que la Utem tercerizó carreras de admisión especial en empresas externas a pesar de que Contraloría había señalado que esto no se ajustaba al marco legal. 

“La Utem continuó con el sistema, haciendo oídos sordos a la Contraloría y fue más allá cuando en 2005 estableció un convenio con la empresa Celta para impartir la carrera de criminalística”, menciona la publicación, y agrega que “en Celta la Utem no tiene participación, pero la empresa usa su nombre para dictar la carrera. Celta se quedaba con el 70% de los pagos de los alumnos y la Utem, con el 30% restante y se limitaba a entregar los diplomas, ya que los profesores eran externos y ni siquiera usaban las instalaciones de la universidad”. 

Se trata de una estrategia diseñada por el ex rector del plantel Miguel Ángel Avendaño, quien debió salir del cargo en medio de querellas y polémicas por estas prácticas.

Los ex estudiantes de criminalística en la época se acercaron a la que entonces era ministra de Educación del gobierno de Michelle Bachelet, la actual candidata presidencial de la DC, Yasna Provoste: "la ministra de educación de la época Yasna Provoste comprometió ayudas ministeriales, luego con el tiempo nos dimos cuenta de que solo fue una estrategia para desentenderse del problema y ganar tiempo, ya que luego abiertamente nos desconoció", mencionan en su carta a los convencionales.

"Nos reunimos nuevamente con ella en 2014 cuando fue diputada, y recientemente le hemos solicitado en varias ocasiones reuniones a través de Transparencia en su calidad de presidenta del Senado para ver si puede honrar a lo que se comprometió alguna vez con nosotros, pero hasta la fecha no se ha reunido con nosotros", menciona Sáez, quien agrega que incluso se han hecho campañas por redes sociales, y que el único precandidato de Unidad Constituyente que les prestó alguna palabra de apoyo fue el radical Carlos Maldonado.

Nuestro medio dejó mensajes en el whatsapp de Yasna Provoste y también nos comunicamos con el equipo de la campaña presidencial de la candidata para saber si se referiría a este tema. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no había respuesta.