Ya van cinco vuelos a la fecha del Plan Humanitario de Regreso Ordenado para ciudadanos haitianos del Ministerio del Interior, en el que han retornado 828 personas de dicha nacionalidad a su país de origen, con prohibición de volver en nueve años, según datos del Departamento de Extranjería y Migración (DEM).

Actualmente Haití atraviesa una crisis humanitaria motivada por casos de corrupción perpetrados por los últimos tres gobiernos, lo que ha traído como consecuencia manifestaciones que han dejado al menos nueve muertos en dos semanas.

Pese a esto, el gobierno no se ha pronunciado sobre si el Plan Retorno continuará normalmente o sufrirá las modificaciones pertinentes. Cabe señalar que la Misión Jesuita de Migrantes pidió suspenderlo, dada la crisis humanitaria que vive Haití.

Tratando -sin éxito- de obtener una respuesta por parte de Extranjería, apareció una denuncia interpuesta en Contraloría por ex funcionarios del este plan de expulsión voluntaria, la que revela una situación de caos al interior Extranjería, razón por la cual todavía no hay una respuesta.

En síntesis, se trata de una seguidilla de acusaciones por maltrato y explotación laboral, las que han redundado en graves faltas a la prolijidad en el proceso de selección de quienes quieren regresar al país caribeño.

Un caos administrativo

El 16 de octubre de 2018 inició sus actividades laborales en el Departamento de Extranjería y Migración un grupo de multidisciplinario, subcontratado a través de la empresa Abenis. Ellos estaban a cargo de revisar el caso de cada uno de los postulantes haitianos que buscaba retornar a su país.

El equipo de analistas estaba compuesto por profesionales extranjeros, líderes de sus comunidades, eran: Luis Antonio Sotelo Arenazas, estudiante de derecho de nacionalidad peruana, Johanna Paola Barrera Caballero, abogada especializada en derecho migratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de nacionalidad colombiana; María Del Pilar Calvo Sánchez, técnico en sistemas, de nacionalidad colombiana; Julián Guzmán Mejia, abogado titulado en República Dominicana, de nacionalidad dominicana; Jean Cherry Dormeus, estudiante de sociología, de nacionalidad haitiana y Romer Rubio Flores, abogado y político venezolano.

Si bien la función especificada en el contrato de los profesionales correspondía exclusivamente al Plan Retorno, desde el primer día esto no se cumplió. El equipo de analistas fue enviado a prestar servicios a tres departamentos diferentes.

Si bien la función especificada en el contrato de los profesionales correspondía exclusivamente al Plan Retorno, desde el primer día esto no se cumplió. El equipo de analistas fue enviado a prestar servicios a tres departamentos diferentes: Modernización, Refugio y Visa Sujeta a Contrato, aduciendo a que esto ocurría porque, posteriormente a terminar el contrato original, podrían seguir desempeñando funciones al interior de alguna de esas oficinas.

Pero estos funcionarios se encontraron con un problema logístico que no les correspondía. En total respondían a cinco jefaturas: Javiera Saldaña, Fernando González, Constanza López, Matías Améstica y Vartan Ishanoglu. Cada una de ellas instruía al grupo de analistas y en varias ocasiones de manera contradictoria. Durante los días 16 a 19 de octubre de 2018 los analistas circularon entre los diferentes edificios de las tres oficinas de Extranjería, donde presentaron servicios que no estaban estipulados en el contrato.

El dia viernes 19 de octubre, Constanza López abordó al grupo y les comentó que debían quedarse después del horario de trabajo para comenzar a trabajar en el hasta entonces relegado Plan Retorno, o de lo contrario tendrían que asistir a trabajar durante el día sábado, a lo que accedieron.

El lunes 22 de octubre comenzó el trabajo en el Plan Retorno, pero los integrantes del grupo de análisis no habían recibido una capacitación hasta ese momento, sólo instructivos básicos. El resto fue autodidáctico, señala la denuncia.

El proceso de análisis de los ciudadanos haitianos postulantes a retornar a su país era lento, inexacto y finalmente un caos, acusan.

En primera instancia estos funcionarios recibían los datos unificados de la página de Extranjería y Chile Atiende, en un sistema llamado sistema simple.

Pero en este sistema simple, se duplicaban en muchas ocasiones los nombres de algunos de los 1.300 inscritos, por lo que trabajaban dos veces o más en varios casos, o se incluían personas que no habían presentado la totalidad de documentos.

Luego debían determinar si todos los documentos requeridos estaban adjuntos y después comprobar si los postulantes cumplian con los requisitos para postular al viaje. Estas comprobaciones sólo se hicieron durante las cuatro primeras semanas de trabajo, acusan los trabajadores. También era necesario que se verificara la vigencia de los documentos de identificación, pasaporte o cédula de identidad, lo que sólo se habría hecho hasta la sexta semana.

En este punto solicitaron a Contraloría que investigara posibles irregularidades en la aprobación del viaje de algunos haitianos: “La lista presentaba inconsistencias, y contenía a ciudadanos que no se habían considerado, ni analizado, incluso algunos se habían rechazado puesto que no estaban las declaraciones completas o se hallaban en estado de embarazo avanzados. Otras no estaban firmadas por Álvaro Bellolio [director del DEM], ni vistas por los analistas”, dice la denuncia.

Por último trámite necesario era imprimirt la totalidad de los documentos para ser enviados al área jurídica del DEM. En el caso del primer vuelo, esto se realizó después de que el avión ya había dejado el país, acusan.

En total se calcula que para revisar 100 solicitudes se necesitaban dos días, pero las expectativas de Extranjería estaba muy por sobre esa meta. Además, como este equipo recibía instrucciones de cinco jefaturas distintas, los tiempos se realentizaban más y más.

Además de la complejidad del proceso, recibieron presiones de parte de sus superiores para agilizar las expulsiones voluntarias. El 5 de noviembre de 2018, Fernando González los citó por WhatsApp para conversar sobre “rendimiento y cantidad de apruebos obtenidos los días anteriores”. En la oportunidad les dijo que serían evaluados por la cantidad de haitianos que aprobó cada uno para que volvieran a su país.

Maltrato laboral y desvinculaciones

El pasado lunes 17 de diciembre, a las cuatro de la tarde, poco después de almorzar, Johanna Barrera, Pilar Calvo y Luis Sotelo, fueron notificados por Antonio Calvo y Andrea Casas, ambos representantes de Abenis, de que estaban desvinculados. Esto ocurrió justo después de que los tres funcionarios acusaran ante Recursos Humanos del DEM una serie de maltratos e irregularidades.

La denuncia puesta en Contraloría detalla varias situaciones que atravesaron estos trabajadores.

Una parte habla de extensas jornadas que debieron realizar. El 9 de noviembre, citando un caso, a Johanna Barrera y a Pilar Calvo se les dio la orden de revisar una lista de cien casos que postulaban al Plan Retorno, con la condición de que no podían retirarse hasta terminar y que el superior Fernando González revisara el estado de avance.

Esa misma jornada, después de dos semanas trabajando como analista, el abogado y líder migrante de la comunidad de República Dominicana en Chile, Julián Guzmán, fue despedido del mismo trabajo sin quedar claros los motivos. Por lo mismo las funcionarias acataron y se quedaron hasta las 18 horas, aún sin terminar, por lo que le pidieron a Matías Améstica, otro de los jefes, que consultara a Fernando González si es que podían irse y volver al día siguiente, pero este no se encontraba disponible. Según averiguaron posteriormente, se había ido a jugar fútbol con otros funcionarios del DEM, sin dejar instrucciones.

El 23 de noviembre ocurrió algo similar. Días antes de la salida del segundo vuelo, se les pidió que no se retiraran hasta terminar la enumeración y copia de 176 resoluciones de salida. Según señalan en la denuncia, Fernando González se fue nuevamente a jugar fútbol. Aquel día la jornada de estos funcionarios terminaba a las 16 horas, pero se retiraron a las 20 horas finalmente.

Otra de las situaciones críticas acusadas corresponde a la falta de permisos en caso de emergencias. El 11 de diciembre Johanna Barrera, quien se retiraba a las 17 horas ese día, solicitó salir diez minutos antes puesto que tenía una hora al médico para su hijo. La jefa Constanza López le indicó que lo pidiera por escrito y entregara el informe de horario de entrada. Esto retrasó a la funcionaria quien finalmente no pudo llevar a su hijo al médico.

Al día siguiente, la misma trabajadora pidió autorización para asistir al día siguiente a una actividad del jardín de su hijo y no obtuvo respuesta. El mismo día, el niño tuvo un accidente doméstico en el cual se cortó el cuero cabelludo, ante esto Barrera también solicitó el permiso pero no lo obtuvo, pudiendo recién retirarse a la hora de colación para llevar a su hijo a urgencias.

La denuncia a Contraloría también contiene malos tratos de las jefaturas. En esto la situación más grave ocurrió días antes de las desvinculaciones.

La denuncia a Contraloría también contiene malos tratos de las jefaturas. En esto la situación más grave ocurrió días antes de las desvinculaciones.

El viernes 14 de diciembre, Pilar Calvo, Johanna y Luis Sotelo llegaron a las 8 de la mañana a su trabajo. A las 17 horas, aún sin terminar, Sotelo informa que según instrucciones de Vartan Ishanoglu Marzuca, otro de los superiores, debían tener todas las resoluciones de quienes viajarían el 17 de diciembre firmadas en 15 minutos, lo que era materialmente imposible. Le informaron esto a  Constanza López, otra de las jefas, porque tenían experiencias anteriores en que habían tardado cerca de cuatro horas en la misma labor.

Según la denuncia, mientras revisaban las resoluciones bajó Ishanoglu gritando y jactándose de que llevaba “como cuatro días sin almorzar y aquí estoy”.

Después de esto le gritó a Sotelo: “Trabaja, ponte a hacer algo, no te veo trabajando, trabaja ahora, quiero verte trabajando ahora mierda ¿Sabes qué? Coge tus cosas, ándate, ándate y no vuelvas más, porque si tú no sabes seguir órdenes no quiero verte más y no vuelvas el lunes mierda”, señala la denuncia.

Tras esto Johanna Barrera entró en estado de pánico y se puso a llorar, por lo que Alejandro Ramírez de Recursos Humanos la citó a su oficina junto con Sotelo y Pilar Calvo, quienes le expusieron en detalle lo ocurrido durante aquella jornada y las irregularidades de las que fueron testigos.

El lunes siguiente redactaron formalmente las acusaciones, las que hablaban de jornadas de más de 12 horas de trabajo, estrés por la situación con Ishanoglu y falta de alimentación, puesto que el viernes también se les había indicado que para terminar las labores con urgencia no debían almorzar.

El mismo día fueron desvinculados, por lo que presentaron el requerimiento ante Contraloría y paralelamente una demanda contra la empresa externa Abenis en los tribunales laborales.