“Yo soy una convencida, y el Presidente [Sebastián Piñera] lo sabe, lo he conversado con él, de que sería vital tratar de tener una reformulación, una suerte de refundación de Carabineros, sobre todo en materia de orden público, tener una nueva policía en materia de orden público, mucho más especializada, con profunda capacitación en derechos humanos, con muchas herramientas en tecnología y de nuevos recursos para enfrentar esos desafíos que son tan complejos”.

Con estas palabras el miércoles 10 de febrero, la ministra de Desarrollo Social activó las alarmas del generalato de Carabineros, lo que terminó en una llamada de queja por parte del general director Ricardo Yáñez al ministro del Interior Rodrigo Delgado, y en dos publicaciones en El Mercurio y La Tercera, con el propósito de que el asunto se hiciese público.

La operación terminó con el respaldo de Delgado a Yáñez, descartando la idea de "refundar" Carabineros. 

¿Funcionó la jugada?

Tal vez en el cortísimo plazo, para sonsacar un respaldo del Ejecutivo. Pero no para el futuro de la institución policial, si es que se considera la opinión de Daniel Soto, coronel en retiro, y ex profesor de derechos humanos de Carabineros, quien estima que "el puchero" de Yáñez contribuye a ahondar la crisis de legitimidad de la policía. 

-¿Qué opina de la llamada del general Yáñez al ministro Delgado para manifestar su “incomodidad” por los dichos de Rubilar? 

Es normal que se den comunicaciones privadas de distinto tono entre los jefes de los servicios y las autoridades políticas. El problema en este episodio es que imprudentemente. Se filtró una comunicación personal cuyo contenido se debió haber mantenido en reserva, pues su publicidad dejó mal parados a todos los actores. 

El gesto del general director ha sido interpretado por algunos como si Carabineros hubiese querido regañar a sus jefaturas civiles y se ha señalado que una expresión de este tipo no corresponde en una democracia, porque podría constituir una contravención a la no deliberación que establece la Constitución para los cuerpos armados. 

-¿Cómo evalúa la reacción del gobierno?

El gobierno perdió la oportunidad de salir del atolladero demostrando su interés por hacer cambios significativos para mejorar el desempeño y la legitimidad de las policías. Contrariamente, mostró que no hay un rumbo claro sobre qué policía del siglo 21 se quiere, ni cómo llegar a ella. 

En el fondo, Karla Rubilar vino a esbozar lo que mucha gente del mundo político cree, y es que se debieran discutir e implementar mejoras en la policía, una cuestión que ni las instotuciones policiales ni el gobierno quieren abordar en serio. 

-¿Qué refleja el incidente al interior de Carabineros?

Esta anécdota genera dos inquietudes importantes: si Carabineros está hoy en posición de hacer reclamos a la autoridad política y si esta preocupación de los generales corresponde efectivamente a un malestar compartido por todos los carabineros. 

En mi impresión, estos eventuales reproches resultan extemporáneos porque surgen en un minuto en que Carabineros de Chile pasa por la peor crisis de su historia. 

Carabineros tiene cuatro leyes orgánicas [1927, 1960, 1975 y 1990] y en cada uno de esos momentos hubo una situación social y política que obligó a hacer cambios, pero jamás se discutió la posibilidad de hacer desaparecer la organización. 

Carabineros vive hoy una crisis que afecta su estructura y funcionamiento, y eso merma severamente su legitimidad social. Entonces, las preocupaciones debieran ser más bien acerca de cómo implemento los cambios que la gente está pidiendo y no cómo me justifico ante las críticas. 

Es sabido que las crisis de las organizaciones son procesos en los que se transita de un estado a otro y que de ellas sólo se puede salir mediante una reorganización. Pero Carabineros no atisba la dimensión de la crisis interna, entonces no percibe la necesidad de implementar restructuraciones radicales, sino que propone ciertas mejoras para poder seguir funcionando más o menos igual. 

La agitación de un grupo de generales que impulsan a su jefe a representar al Ejecutivo su disconformidad con una posible política pública que no depende de ellos, no sólo es un paso en falso, sino que da cuenta que la organización no repara que está en un proceso de cambio irreversible y opta por repetir respuestas que no funcionan en todos los ámbitos de su desempeño, incluyendo el último puchero a un gobierno que ha mantenido forzadamente en pie a los últimos generales directores, incluso a costa de sus propios personeros.

-¿Qué piensan los carabineros comunes y corrientes?

Pareciera que al carabinero de la calle le preocupa más el hecho de no saber cómo ésta reforma afectará su carrera, y su bolsillo, que los alcances jurídicos de la naturaleza militar o las particularidades de una conformación de fuerzas especializadas para el mantenimiento del orden público. 

El alto mando, el mundo político y los expertos no se ha dado cuenta aún que cada vez que se habla de “reforma”, el carabinero de la calle siente un nudo en el estómago porque piensa que eso va a dañar su estabilidad laboral y sus condiciones de trabajo. Entonces, uno podría creer que el interés colectivo y “no deliberante” de los carabineros no está representado por este malestar de los generales. 

Usted habla de una crisis de legitimidad ¿Por qué?

Los expertos en temas policiales señalan que la legitimidad consiste en la disposición de las personas a obedecer los mandatos de la autoridad o de las instituciones. La legitimidad policial consiste en que la policía pueda funcionar adecuadamente porque la gente cuenta con el ánimo de colaborar y -de esta manera- no se hace necesario emplear medios coercitivos sino en casos extremos. Cuando falla la legitimidad, la gente desobedece las reglas de convivencia, no acata las instrucciones de la policía y cuestiona la validez del empleo de la fuerza. 

Eso es lo que pasa hoy en Chile. 

Se desconfía del carabinero porque la gente cree -equivocadamente- que de alguna manera habría una cultura organizacional que los empaña a todos con la corrupción, el fraude a las cuentas fiscales, la inculpación de inocentes o el ocultamiento de pruebas, por citar los casos más nefastos que socavaron la confianza de la gente en la institución antes de la crisis por violaciones a los derechos humanos.

La consecuencia no es otra que la población comienza a relativizar el cumplimiento de la ley y se permite desobedecer las instrucciones de un carabinero, en quien desconfía, o simplemente los agrede con rabia por los principios que estos encarnan. La falta de legitimidad acarrea inseguridad para la gente y malas condiciones laborales para los trabajadores policiales. Es mal negocio para todos.

-Hubo tres muertes ligadas de un modo u otro a Carabineros en Panguipulli, Pedro Aguirre Cerda y Calama. ¿Cómo encajan estos casos en esa crisis de legitimidad que describe?

Los tres casos de la última semana incrementan la crisis de legitimidad. Antes de las denuncias de violaciones a los derechos humanos del estallido social, estos tres eventos lamentables habrían sido considerados “casos aislados” y los usuarios estarían esperando a que la justicia hiciera su trabajo. 

Hoy estos hechos generan violencia, porque se parte de la idea inicial de que los carabineros son responsables de delitos horrendos. Entonces de nada sirve que un carabinero esté formalizado y con medidas cautelares, que un fiscal haya aclarado que se trató de lesiones auto inferidas o que los carabineros imputados por el abandono de un lesionado boliviano aún no hayan sido formalizados. Lo que se plantea, desde el origen, es que existirían malas prácticas generalizadas.

Desde mi perspectiva, esta suspicacia tiene como causa inmediata el mal desempeño del gobierno y del alto mando de Carabineros para dar respuesta a la serie de denuncias por violaciones a los derechos humanos formuladas durante la crisis social de 2019. 

El resquemor surge por la resistencia a rendir cuentas sobre las circunstancias en que se produjeron los abusos de los más de 2.000 casos en los cuales el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó querellas contra funcionarios de Carabineros y por la obstinación de no informar apropiadamente sobre cuáles serían las medidas implementadas por Carabineros para ajustar los procedimientos policiales a la ley y al estándar de derechos humanos.

-¿Qué debiera pasar para sortear esta crisis de legitimidad?

Dado el desgaste de Carabineros de Chile y la mala asesoría recurrente del alto mando, especialmente en el ámbito jurídico, pareciera que los cambios que puedan sacar de esta crisis permanente a la institución sólo pueden provenir de fuera. 

Entonces, el gobierno y, particularmente, el Presidente de la República debieran recurrir a las herramientas que le entrega la Constitución y la ley para disponer que el Ministro del Interior designe una autoridad, o delegado, que se haga cargo de coordinar, evaluar y controlar el funcionamiento de ambas policías. 

Sólo si se implementan adecuaciones urgentes al mal funcionamiento de Carabineros, se podrá mejorar su legitimidad, evitando que la crisis institucional dañe de manera irreparable la seguridad pública y genere un desastre en las condiciones de trabajo de los propios funcionarios de Carabineros.

¿Eso es una intervención civil?

No. Se trata de que el gobierno asuma sus responsabilidades políticas en la seguridad pública y que las policías se encarguen de aquello que saben hacer, que es prevenir, detectar e investigar los delitos, sin que estén sujetas a los vaivenes de la contingencia.