La propuesta de ley corta de pensiones que el gobierno ingresó el lunes al Congreso incluye discretos ajustes tributarios para dos de las abundantes exenciones que benefician injustificadamente a distintas industrias de nuestra economía. Bienvenidas las nuevas fuentes de financiamiento para las postergadas pensiones, aunque resulten bastante pálidas ante las recomendaciones solicitadas por el FMI y la OCDE, en octubre del año pasado, y reiteradas en el informe encargado por el Ministerio de Hacienda a un grupo de expertos de la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad.

El proyecto de ley en comento es apenas una “ley corta”, que no pretende hacerse cargo de las postergadas reformas tributaria y previsional, pero viene a recordarnos que hace más de dos años, estallido social mediante, se aprobó una reestructuración de impuestos bajo el compromiso formal y solemne del Congreso y el gobierno de impulsar a la brevedad una revisión de las exenciones.

¡Cómo no! el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, se apuró en criticar la medida, pese al respaldo técnico trasversal entre los economistas de todos los colores. El reclamo fue primero por la vía clásica de la amenaza: “va a repercutir en el costo y en el acceso de la vivienda de los sectores emergentes y medios”.

Como la mitomanía reina en Palacio, este compromiso se suma a una larga lista de incumplimientos.

Según distintos informes económicos existen al menos 20 beneficios tributarios y exenciones del IVA para ganancias corporativas o personales, que sólo promueven intereses específicos, sin efectos de incentivo para el desarrollo económico ni la equidad.  Pero las enmiendas tributarias levantan estridentes amenazas desde los intereses afectados y silenciosas complacencias entre los que zafan de los ajustes, a pesar de figurar entre los privilegios objetados por técnicos nacionales y organismos internacionales.

Esta vez,  las quejas resonaron en el gremio de la construcción y el mutismo fue absoluto entre los camioneros, inversionistas bursátiles y agricultores.

¡Cómo no! el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, se apuró en criticar la medida, pese al respaldo técnico trasversal entre los economistas de todos los colores. El reclamo fue primero por la vía clásica de la amenaza: “va a repercutir en el costo y en el acceso de la vivienda de los sectores emergentes y medios”, dijo Errázuriz, en una afirmación antojadiza pues existen múltiples instrumentos para subsidiar viviendas sociales sin pagar “el peaje” de las constructoras.

En cuanto a las ganancias de capital, bastantes abundantes durante la pandemia, el proyecto del gobierno propone gravar las lucrativas operaciones bursátiles que enriquecen a 1% de la población, con una tasa del 5%; un impuesto  minúsculo si se compara con el 20% de Inglaterra, 23% de Irlanda o 28% de Portugal.  Tal vez por eso no se oye reclamos del sector “afectado”.

Otro silente es el gremio del transporte de carga, beneficiado con el reintegro del impuesto al diésel, un privilegio que nadie se atreve a cuestionar ante la pesadilla de carreteras bloqueadas. Esos camiones que en distintos momentos de la historia han cortado cadenas de abastecimiento, en realidad son verdaderas máquinas de capturar favores. Tanto así, que en enero del 2019 el Gobierno logró una amplia aprobación parlamentaria de la ley que extendió este beneficio por otros 4 años. El trámite demoró nueve días, para que nadie tuviera que ponerse colorado por mucho rato.

El impuesto al diésel equivale a un cuarto del gravamen de la gasolina para automóviles, a pesar de que contamina el cuádruple. En plena crisis climática, somos líderes de la OCDE con la tasa de impuesto al diésel más baja en relación a la bencina.

Otro beneficio ampliamente criticado pero que también pasó colado es el de la renta presunta para supuestas pymes de agricultura y transporte. Tan abusivo ha sido el uso de esta exención que grandes empresas han llegado a crear sociedades fantasmas de actividad agrícola para luego venderse a si mismas sus bienes, sin tributar.

¡Ah! y si usted posee un bien raíz con avalúo sobre 33 millones de pesos, sabrá que este fin de mes tendrá que pagar la tercera cuota de  contribuciones. Pero varias propiedades suntuosas no desembolsarán ni un centavo, como el Sport Francés, el Club de Golf Los Leones, el Colegio Nido de Águilas, entre otros, porque son de uso recreativo o educativo lo que también las deja exentas del impuesto.

Hace casi un año, el entonces ministro de Hacienda Ignacio Briones convocó a un grupo de 18 economistas a participar en la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, con el objeto de formar un órgano consultivo transversal de expertos. El informe recomendó eliminar ocho beneficios para impuestos corporativos y siete exenciones de IVA.  Buen intento, que permanece sepultado bajo la presión de los intereses que afecta, junto al royalty a la minería y el impuesto a los súper ricos.