El fiscal nacional de Perú, Pedro Chávarry, está en el centro de la polémica y podría estar contando sus últimos días a la cabeza del Ministerio Público. En menos de 48 horas retiró a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del equipo especial que investiga el caso Odebrecht en ese país, y luego los reintegró a sus funciones.

A pesar de que había justificado su decisión este martes 1 de enero a través de su cuenta de Twitter, diciendo que el órgano persecutor “sería implacable en la lucha contra la corrupción”, tuvo que retroceder 24 horas después. A nivel popular, su movimiento tuvo una lectura clara por parte de la ciudadanía, que se manifestó en las calles de Lima.

Esta maniobra, realizada entre gallos y medianoche –a pocas horas del año nuevo en Perú–, fue percibida como un intento por cubrir las espaldas de dos figuras políticas que están siendo perseguidos por los fiscales Pérez y Vela: el ex presidente Alan García y la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del presidente Alberto Fujimori que gobernó ese país durante los años 90.

Fundadora del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori se encuentra en prisión preventiva desde octubre del año pasado, investigada por presunto lavado de activos por aportes provenientes de la constructora brasileña para financiar su campaña presidencial de 2011, en un monto que alcanza 1,2 millones de dólares.

Alan García, en tanto, se encuentra con la prohibición de salir del país, en otra arista del caso Odebrecht impulsada por ambos fiscales restituidos, que indaga presuntos lavados de activos, colusión y tráfico de influencias por la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima la que, acorde al diario El Comercio, fue elaborada por la constructora brasileña durante el segundo mandato de García, entre 2006 y 2011.

"No se puede afirmar que no hay justicia, pero tampoco se puede afirmar que hay una justicia que resuelve las cosas. Hay una puja de poderes políticos que se están enfrentando”.

“Está totalmente cuestionado por la ciudadanía, porque ha tenido acciones que están en el límite de la ilegalidad”, aseguró a INTERFERENCIA la analista política Lucía Dammert, quien reside en Chile pero por estos días se encuentra en Perú.

Vizcarra encima

Horas después de que el fiscal nacional Pedro Chávarry tomó la decisión el 31 de diciembre, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, la repudió a través de su cuenta personal de Twitter.

“Expreso mi enérgico rechazo ante la remoción de los fiscales a cargo de los más importantes casos de investigación sobre corrupción. La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es una política prioritaria de gobierno, una necesidad impostergable y una causa ciudadana”, escribió.

Este miércoles, el Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para declarar la emergencia en el Ministerio Público, lo que, en caso de ser aprobado, suspendería “el ejercicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de la Nación actual”, es decir, de Chávarry y la primera línea que lo rodea en la Junta de Fiscales Supremos.

La expectativa de que este proyecto de ley se apruebe es alta. Si bien el poder legislativo se encuentra dominado por el fujimorismo, la hija del ex hombre fuerte peruano hizo un llamado a su bancada para aprobar la moción, lo que también fue leído como un intento de desvincularse de la fracasada maniobra puesta en marcha por Chávarry.

“Si tuviera alguna influencia, no estaría 65 días en prisión lejos de mis hijas y mi esposo. Como cualquier peruana, tan solo pido un proceso justo (…) Es necesario iniciar una reforma integral de una institución que es fundamental para una correcta administración de justicia. Es por eso que invoco a Fuerza Popular a apoyar y priorizar la declaratoria de emergencia del Ministerio Público de forma inmediata”, escribió en su cuenta de Twitter.

La misma Lucía Dammert cree que para Keiko Fujimori esta movida le ayuda a “fortalecer la idea de que se entromete en la justicia”.

“Ambos fiscales, Pérez y Vela, cuentan con altos niveles de popularidad, y ahora consolidan su imagen en la lucha anticorrupción. Chávarry lo que hizo es ir para atrás pero no termina de borrar su intención verdadera, que es lograr pactos de impunidad por actos de corrupción que todavía no se terminan de investigar”, dice Dammert, quien se desempeñó en temas de seguridad pública durante el último gobierno de Michelle Bachelet.

El fiscal nacional Chávarry ha estado en distintas ocasiones en el ojo del huracán. En octubre de 2018, la mayoría fujimorista en el parlamento archivó una acusación en su contra por estar presuntamente vinculado a una red de corrupción en la justicia de ese país, conocida como “Cuellos Blancos del Puerto”, según informó El País.

“No creo que haya nadie en Perú que tenga un mínimo de confianza en el fiscal; lo mínimo que había se terminó de diluir este 31 de diciembre. Desde la derecha hasta la izquierda ya no lo apoyan. La percepción que hay en Perú es que la Fiscalía es casi una asociación ilícita, salvo algunos fiscales probos”, afirma Dammert.

Consultada respecto de la imagen que entrega la justicia peruana a partir de este episodio, la analista conluye que el escenario tiene de dulce y agraz.

“Por un lado, Perú es uno de los pocos países que tiene gente detenida por el caso Odebretch. Acá está detenida Keiko Fujimori, está siendo perseguido Alejandro Toledo, estuvo detenido Ollanta Humala. Pero hasta ahí llega, y hay enormes mantos de impunidad sobre otros actores. No se puede afirmar que no hay justicia, pero tampoco se puede afirmar que hay una justicia que resuelve las cosas. Hay una puja de poderes políticos que se están enfrentando”.