Las caras nuevas y la transparencia fueron una de las dos consignas que levantó el precandidato presidencial Felipe Kast durante su campaña para las primarias de Chile Vamos en julio de 2017. Dentro de su equipo, como asesor y jefe programático en materia migratoria, se encontraba el economista Benjamín Maturana Almarza, ingeniero comercial de la Universidad Católica y master en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.

Luego de la derrota electoral de Kast frente a Manuel José Ossandón y Sebastián Piñera, después de que la principal cara del partido Evolución Política (Evópoli) se hiciera con un cupo senatorial en la región de La Araucanía, y después de que Piñera regresó a La Moneda el 11 de marzo de 2018, Maturana Almarza asumió como asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Su contrato a honorarios con esa entidad comenzó 12 de marzo de 2018, a cargo del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), definido como el “principal instrumento para dotar de nuevos y mayores recursos los distintos esfuerzos que el Estado realiza en torno a la innovación”.

Ya asumido en ese cargo, mostró interés por ciertos temas que no eran típicos de la competencia de esa cartera. Como los contratos de impacto social que, básicamente, consisten en la entrega de recursos a privados luego de que estos resuelven un determinado problema que ocurre en la sociedad. En simple, la ganancia se da siempre y cuando existan resultados concretos. Este tipo de tratos, según Economía y Negocios del diario El Mercurio, fue una de las promesas de campaña de Sebastián Piñera y se le encomendó al Ministerio de Economía.

De esta manera, el 9 de noviembre de 2018 el organismo encabezado entonces por José Ramón Valente llamó a una licitación que se tituló “Estudio factibilidad contrato impacto social”. El objetivo, tal como se describió en ese llamado, fue “evaluar la factibilidad de implementación y diseñar un contrato de impacto social para disminuir la reincidencia delictiva en jóvenes que han cumplido sanciones privativas de libertad o de medio libre bajo el marco de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile”.

El hecho de dejar en manos de privados un asunto social fue criticado internamente en esa división. Una fuente que conoció de cerca este tema, comentó a INTERFERENCIA que Maturana Almarza fue quien llegó al ministerio con la misión de implementar los contratos de impacto social. “Sabía que no existen las competencias desde Economía para abordar temas sociales, cuando el que debe hacerlo es el Ministerio de Desarrollo Social. Aunque no tenía experiencia, se notaba que imponía su pensamiento en este y otros temas, dando a entender que tenía algún tipo de protección”, dijo.

A pesar de esta disyuntiva, la licitación se llevó a cabo y la ganó la Fundación Paz Ciudadana, luego de que la comisión evaluadora respectiva recomendara adjudicársela después de la realización de un informe técnico, fechado el 27 de noviembre de 2018. En esta última instancia participó como integrante el mismo Benjamín Maturana Almarza, además de otra funcionaria del Ministerio de Economía y un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social.

Los tres integrantes de esta comisión juraron no poseer conflictos de intereses con los oferentes que participaron del concurso, invocando, entre otras regulaciones, un artículo de la Ley 19.880, donde se detalla que el principio de abstención regirá sobre un funcionario cuando este tenga relación de “amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas anteriormente”, además de haber tenido “servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”.

Hace menos de dos años, precisamente, en junio de 2017, Maturana Almarza tenía un rol fundamental como asesor y jefe programático en materia migratoria en la campaña presidencial de Felipe Kast, quien hasta el día de hoy es miembro del directorio de la Fundación Paz Ciudadana. También se conocen por su militancia, pues ambos integran las filas de Evópoli. Estos antecedentes podrían provocar un conflicto de intereses en este contrato que, a su vez, es el único suscrito en este período del actual gobierno y el organismo fundado por Agustín Edwards Eastman.

Según abogados familiarizados con temas de compras públicas, incluso existen dictámenes de la Contraloría General de la República que regulan eventuales circunstancias en las que se podría ver restada la imparcialidad de las decisiones de los funcionarios en procesos como estos.

Consultado por INTERFERENCIA, Benjamín Maturana Almarza indicó que se contactaría durante la tarde de ayer de manera telefónica con nuestro medio para abordar este tema. Casi una hora y media después, este medio fue contactado por el equipo de comunicaciones del Ministerio de Economía, desde donde señalaron que enviarían una declaración al respecto sobre este eventual conflicto de intereses del funcionario con un miembro de Paz Ciudadana.

En ese sentido, indicaron que no existe un motivo de abstención, ya que el economista nunca ha trabajado en la Fundación Paz Ciudadana. Además, señalaron que “la oferta presentada por Fundación Paz Ciudadana obtuvo el mejor puntaje global, destacando el componente técnico de la propuesta presentada con respecto a las otras tres ofertas”. Por último, indicaron que “de acuerdo al artículo 64 de la ley General de Bases de Administración del Estado y el artículo 4 de la Ley de Compras -Ley N° 19.886-, no existe causal de inhabilidad para quienes participaron como evaluadores de esta licitación por parte del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo”.