A solicitud de la médica y diputada, Marcela Hernando (Partido Radical), la Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo una investigación especial a la Subsecretaría de Salud Pública para dilucidar posibles irregularidades en torno a la entrega en arriendo de ventiladores mecánicos a establecimientos de salud privados bajo el contexto de la pandemia.

Dentro de los hallazgos, uno resalta: la entidad detectó la entrega de equipos sin realizar contratos con los privados beneficiados, totalizando $432 millones de pesos, los que el Estado perdería al no cobrar arriendo por los equipos a los establecimientos.

Emitido el pasado 28 de septiembre, el Informe N° 510/2020 de la Contraloría explica una serie de decretos, circulares y normativas dictadas por el Ministerio de Salud (Minsal) durante la pandemia que establecían el cobro de arriendo por parte de la Subsecretaría, todo en el periodo del ahora constituyente, Arturo Zúñiga (UDI). (Revise acá el informe de la CGR).

La Contraloría estableció un plazo de 30 días hábiles desde la recepción del informe para que la Subsecretaría de Redes Asistenciales adopte “las medidas necesarias para recaudar las sumas pendientes por concepto de arriendo de los equipos”.

Para Hernando, el informe “revela una serie de irregularidades mientras el responsable era el señor Zúñiga, quien hoy es constituyente”. La diputada criticó también que el ex subsecretario participe y opine en el proceso consitituyente “cuando debería estar dando explicaciones de todas las irregularidades que se cometieron con los ventiladores”. En su opinión, “van a tener que hacer un juicio de cuentas en el Ministerio respecto de los recursos que hoy no se sabe dónde están, cuyos valores aún no han vuelto al Ministerio”.

La CGR, por su parte, estableció un plazo de 30 días hábiles desde la recepción del informe para que la Subsecretaría de Redes Asistenciales (SubRedes) actualice el cálculo de ingresos no percibidos por el sistema de salud público y adopte “las medidas necesarias para recaudar las sumas pendientes por concepto de arriendo de los equipos”.

El hoyo de Santiago Oriente

De los servicios de salud más perjudicados por ingresos no percibidos destaca el Metropolitano Oriente, donde se entregaron ventiladores por un tiempo que equivalió, según la entidad de control, a $187 millones. 

De ahí es Clínica Las Condes, que adeuda $41 millones, aunque este establecimiento asegura que ninguno de los ventiladores fue utilizado, manteniéndose guardados. 

También figuran de ese sector de la ciudad, Clínica Indisa ($12,2 millones), Nueva Clínica Cordillera ($36 millones), Clínica Santa María ($31 millones), Fundación Arturo López Pérez ($24 millones), Hospital Clínico de la Universidad de Los Andes ($32 millones) y la Clínica San Carlos de Apoquindo ($11 millones)

Sin embargo, el hospital que lidera la tabla no corresponde al sector oriente. Esa posición corresponde al Hospital Clínico de la Universidad Católica, con $64 millones, operado por Christus y correspondiente al Servicio de Salud Metropolitano Central. Con este, los centros asistenciales asociados a la Universidad Católica adeudan $76 millones. En segundo lugar está Red Salud Bicentenario ($47 millones), que opera también en el servicio Metropolitano Central.

La lista también incluye a Clínica Sanatorio Alemán ($6 millones), Clinica Isamédica ($9 millones), Hospital Parroquial de San Bernardo ($10 millones), Clínica Dávila ($23 millones), Clínica BUPA Santiago ($33 millones), Clínica Vespucio ($24 millones), Mutual de Seguridad ($7 millones) y el Hospital del Profesor ($23 millones). (Revise acá la tabla elaborada por INTERFERENCIA con datos obtenidos del informe de Contraloría).

El estado de los ventiladores, su entrega y casos de devoluciones

La investigación especial de la CGR detectó –además del no pago de arriendos durante la gestión de Zúñiga– la entrega de ventiladores a establecimientos privados que aseguran nunca los utilizaron, otros equipos que llegaron con piezas faltantes y el despacho directo de esta herramienta médica a privados sin que pasaran por el servicio de salud público, como lo establece el propio Ministerio de Salud.

En concreto, en el decreto N° 4, con fecha 5 de febrero de 2020, el Ministerio de SAlud autorizó la “transferencia de dominio, a título gratuito, de bienes muebles adquiridos para hacer frente a la epidemia de Covid-19”, pero sólo a “servicios públicos”. En cuanto al resto de los recintos de salud, el mismo decreto otorgó a los establecimientos públicos entregar “en arriendo, a prestadores privados, dispositivos médicos sin más trámite que el acto administrativo por el cual se autoriza dicho arrendamiento”.

La entidad de Salud argumentó que se entregaron ventiladores “en el momento en que los contagios iban en alza y cuando los establecimientos comunicaban contar con la capacidad para implementar nuevas camas UCI”

Sin embargo, la entidad de control detectó que 141 ventiladores fueron entregados por SubRedes directamente a establecimientos privados, sin que estos pasaran por el servicio público correspondiente y, en algunos casos, sin emitir actos administrativos; generando la pérdida de recursos para el sistema público por concepto de arriendos no cobrados ni exigidos.

La entidad de Salud justificó esto último en la situación de emergencia, argumentando que se entregaron ventiladores “en el momento en que los contagios iban en alza y cuando los establecimientos comunicaban contar con la capacidad para implementar nuevas camas UCI”. Sin perjuicio de esto, aseguraron a la CGR que “una vez que dichos equipos fueron entregados, se iniciaron las acciones tendientes a regularizar las transferencias de dichos dispositivos”.

Con posterioridad, el 9 de julio de 2020, se estableció mediante el oficio ordinario C14/N° 2.131 la instrucción “a todos los servicios de salud de suscribir contratos de arrendamiento con las entidades de salud privadas receptoras de ventiladores mecánicos invasivos, precisando que son tales órganos quienes deben determinar las condiciones de contratación”.

La Subsecretaría dirigida por Arturo Zúñiga hizo entrega de ventiladores antes y después de la publicación de este oficio, sin firmar contrato con buena parte de los establecimientos privados beneficiados con la llegada de los ventiladores, según el informe. La entrega previa y posterior al C14/2.131 llevó a la Contraloría a establecer dos formas de contabilizar el perjuicio monetario que provocó la entrega sin contratos de arrendamiento de ventiladores comprados por el Estado.

En el apartado hallazgos principales de la CGR figura la cifra más abultada, donde se contabilizaron los días transcurridos entre “la fecha de entrega de los EVM [ventiladores] y la devolución de estos”. A partir de esta variable, se calcularon $432 millones no cobrados a privados, tomando en cuenta como precio diario de arriendo el máximo establecido por la propia SubRedes de $56.704 diarios.

Sin embargo, las clínicas privadas podrían descontar la mitad de esta deuda, por casos de ventiladores devueltos o no usados.

Para eso la CGR empleó un cálculo a partir de los “ingresos que los servicios de salud habrían dejado de percibir entre la fecha de emisión del oficio C14/N° 2.131, esto es, el 9 de julio de 2020, y la data en que cada entidad privada envió su respuesta” a los requerimientos de la CGR, o bien, la fecha en que devolvieron los equipos. Cabe recordar que la Subsecretaría hizo entrega de múltiples ventiladores previo a la publicación del oficio C14.

En ese orden de cosas, la Contraloría contempla ingresos no percibidos por los servicios de salud pública de $221 millones.

Sanatorio Alemán, Clínica Indisa y Clínica Las Condes son establecimientos que recibieron 29 equipos que, “al 1 de septiembre de 2020, no los habían utilizado.

La entidad de control también detectó que Subredes no realizó el levantamiento de información correspondiente que diera cuenta de las necesidades de equipos de ventilación mecánica en el sector privado, generando la entrega de ventiladores que nunca fueron utilizados.

Tal es el caso del Sanatorio Alemán, Clínica Indisa y Clínica Las Condes, establecimientos que recibieron 29 equipos que, al 1 de septiembre de 2020 no los habían utilizado.

El gerente de Administración y Finanzas de la Clínica Sanatorio Alemán indicó a la CGR que los equipos “fueron entregados a ese recinto asistencial por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Cenabast, no mencionando la posibilidad de arriendo”, añadiendo que fueron entregados sin usar el mismo mes y año al Servicio de Salud de Concepción.

La subdirectora médica de Clínica Las Condes, por su parte, expresó que “los ventiladores mecánicos entregados a esa institución por la SubRedes se encontraban en la unidad de equipos médicos del establecimiento, sin utilizar”.

Por su parte, el jefe del Departamento de Equipos Médicos de la Clínica lndisa indicó “que los ventiladores distribuidos a dicho centro privado de salud no fueron ocupados y se devolvieron al Servicio de Salud Metropolitano Oriente el 20 de julio de 2020”.