Más de mil haitianos han salido de Chile luego de que el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior publicase la resolución que aprobó la puesta en marcha del Plan Retorno el 16 de octubre de 2018. El plan dispuso aviones de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para que los inmigrantes retornen gratuitamente a Haití, país que se encuentra al borde de una guerra civil, a condición de que les quede prohibida la entrada a Chile en un plazo de nueve años.

Mientras se realizaba el embarque del sexto vuelo el 26 de febrero pasado, Mijail Bonito, funcionario del Ministerio de Interior y encargado de las relaciones con las comunidades migrantes en Chile, anunció a distintos medios de comunicación que la fecha del séptimo vuelo estaba programada para el 20 de marzo.

Sin embargo, el vuelo no está programado para hoy ni para fecha cercana.

INTERFERENCIA se contactó con Extranjería esta semana con la intención de realizar coordinaciones propias de la cobertura periodística del vuelo, pero sin resultados. Finalmente, la información provino del Grupo 10 de la FACh -desde donde habitualmente salen los aviones con los haitianos expulsados- desde donde se aseguró que no había vuelos de esa naturaleza programados para estas fechas, ni en ninguna otra. Tampoco hay información en ninguna de las plataformas online ni de redes sociales de Extranjería en las que se informe ni explique las razones de la cancelación del vuelo, ni su reprogramación.

Esto se da en un contexto en el que se han denunciado ante Contraloría graves desórdenes administrativos por parte de ex funcionarios ligados al Plan Retorno, en el que incluso hay acusaciones de cursar expulsiones sin los suficientes antecedentes, presionados por el cumplimiento de cuotas. Esto, según varias fuentes consultadas, ha derivado en un clima de hermetismo que ronda la entidad.

Como en la denuncia -que tiene carácter de abuso laboral- hay dos ciudadanas colombianas afectadas, la situación ha despertado también la preocupación del cónsul general de Colombia en Santiago, Elías Silva, quien habría pedido a Extranjería los antecedentes del caso, sin que todavía le hayan sido entregados.

Rendición de cuentas

Otra arista del conflicto que mantiene tensionada la gestión del Departamento de Extranjería y Migración es la rendición de cuentas del Plan Retorno. El Consejo para la Transparencia (CPLT) remitió un oficio a la Subsecretaría del Interior -de la cual depende Extranjería- ordenando la entrega de los antecedentes que habían sido solicitados por un ciudadano en noviembre pasado, relativos al financiamiento y las razones para establecer la prohibición de entrar al país por nueve años.

El Consejo  estableció que la información hasta ahora proporcionada al ciudadano es parcial, ya que sólo fue remitida una resolución administrativa en donde no se informaba ninguno de los aspectos relevantes solicitados.

Además la Subsecretaría incumplió el plazo establecido en la Ley de Transparencia, de 20 días hábiles, para la entrega de información. El Consejo desestimó la respuesta de la Subsecretaría, la que derivó la solicitud del presupuesto del Plan Retorno a la FACh. Esto no corresponde, ya que en la resolución de la misma Subsecretaría que crea el Plan Retorno se establece que “los gastos en que se incurra para la ejecución del presente plan se imputarán al presupuesto vigente de la Subsecretaría del Interior”.

Paralelamente, se encuentra en curso, desde diciembre de 2018, una auditoría de la Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia en la Subsecretaría del Interior con la finalidad de verificar el incumplimiento de la Ley de Transparencia e identificar si se han implementado observaciones remitidas con anterioridad a la institución.