El 23 de febrero de 2019, Juan Guaidó twittió 42 veces para el millón y medio de personas que lo siguen por esa red social. De todos esos twitts, el más importante dice: “Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando”.
Dicho twitt obtuvo 61 mil rettwits y 121 mil likes, siendo por lejos el más popular. Además fue el más comentado, con casi 11 mil respuestas, las que mayoritariamente rezuman la frustración que vivió la oposición venezolana en el momento. Buena parte de los comentarios responden a la fórmula elegida por Guaidó “tener todas las opciones para la liberación de esta Patria que lucha” pidiendo que pida abiertamente la intervención militar de Estados Unidos en el conflicto.
Marco Rubio, senador por Florida y activo en el apoyo a la oposición venezolana en Estados Unidos, quien estuvo en Cúcuta en ese momento, respondió a ese twitt: “Después de discusiones anoche con varios líderes regionales, es ahora claro que los graves crímenes cometidos hoy por Maduro han abierto la puerta a varias acciones multilaterales potenciales que no estaban en la mesa hace 24 horas atrás”.
Luego de un tiempo como para despejar o ahondar la frustración, la cosa sigue espesa. "Vamos el lunes junto al presidente Juan Guaidó a la reunión del Grupo de Lima a presentar posiciones firmes que signifiquen una escalada en medidas diplomáticas, políticas y de uso de la fuerza en contra del régimen por bloquear la ayuda humanitaria y generar una violencia sin presentes en la frontera", escribió Julio Borges, el embajador de Guaidó ante el Grupo de Lima -el que se reúne este lunes 25 de febrero de 2019 en Bogotá- en un comunicado.
El casus belli al que se refiere Borges es -ya lo enunciaba Rubio- la supuesta desproporción en el uso de la fuerza por parte del gobierno venezolano durante el intento de internación por su frontera de la ayuda humanitaria. Esto, pues esa defensa contó con los llamados colectivos, que son grupos paragubernamentales de civiles armados, los que habrían sido responsables de las cuatro muertes y los 330 heridos durante la jornada del sábado 23 de febrero.
También se invoca como posible causal, la quema de dos camiones de ayuda humanitaria, lo que sucedió en el puente Simón Bolívar en circunstancias que todavía no están claras, pues los bandos se echan la culpa mutuamente.
Con todo, la Unión Europea y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que preside Michelle Bachelet, condenaron la presencia de dichos colectivos y el uso excesivo de la violencia.
"El Gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y ciudadanos comunes", escribió Bachelet en un comunicado.
En tanto, Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea dijo: "Rechazamos el uso de grupos armados irregulares para intimidar a los civiles y los legisladores que se movilizaron para distribuir la ayuda".
También Mogherini -en todo caso- reiteró el compromiso europeo de llevar ayuda humanitaria aceptada por el gobierno venezolano: "Recordamos nuestro compromiso de ayudar a los que lo necesitan el tiempo que sea necesario, a aumentar esta ayuda y a trabajar en mecanismos de coordinación más sólidos y más inclusivos bajo la dirección de las instituciones competentes de Naciones Unidas, en total respeto de los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”.
Estados Unidos y otras piezas en el mapa
Esto se da en un contexto en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado varias veces que no se descarta una intervención militar (aunque por estos días se ha mostrado por encima, limitándose a bendecir el pueblo de Venezuela a través de Twitter) y en que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo previo al 23 F que “cualquier atroz violación de los derechos humanos por parte de Maduro y los que están bajo su mando no quedarán impunes”.
Posteriormente a ese día, Michael Pence, vicepresidente de Estados Unidos, quien será quien interlocute directamente con Guaidó en la reunión del Grupo de Lima, afirmó a través de Twittter que “es tiempo para una Venezuela libre y democrática”.
Michael Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos y ex director de la CIA, en una entrevista en CNN, por su parte y recordando su experiencia militar, dijo que “las predicciones son difíciles. Elegir los días exactos es difícil. Confío en que el pueblo venezolano garantizará que los días de Maduro están contados".
Por su parte, Chile y España, dos países que reconocieron a Guaidó como presidente encargado, descartaron ayer sumarse a alternativas violentas.
“Chile reitera su respaldo a una salida política y pacífica para la crisis en #Venezuela. Chile no está disponible para apoyar alternativas que no sean pacíficas. Por eso mismo, seguimos trabajando por vías diplomáticas, en diálogo con la comunidad internacional”, escribió en su twitter Roberto Ampuero, el canciller chileno.
Por su parte, el canciller español Josep Borrell, dijo a EFE que “no todas las posiciones están sobre la mesa. Hemos advertido claramente que no apoyaríamos y condenaríamos firmemente cualquier intervención militar extranjera, que esperamos que no se produzca".
En cuanto los principales países limítrofes de Venezuela, se ha observado silencio respecto de la posibilidad de una salida armada.
De tal modo, Iván Duque, presidente de Colombia, quien también estará en la reunión con Pence y Guaidó, no se ha referido a la materia.
Tampoco lo ha hecho Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien -apremiado por casos de corrupción de sus hijos- ha estado fuera de escena por estos días y se limitó a twittear “¡fuerza a nuestros hermanos venezolanos! ¡Dios al mando!”, aunque en enero, su vicepresidente, el ex general Hamilton Mourão aseguró a Reuters que "nuestra visión es sin apoyo a una intervención (militar)".
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