Bruno Villalobos controló desde un principio la Operación Huracán. Sabía a qué personas se iba a acusar y cuándo. Monitoreó el minuto a minuto de las detenciones. Coordinó y financió la compra del software clave del caso. Y entregó el primer informe con pruebas falsas a la fiscalía. Pero aún sigue siendo sólo un 'testigo' en la investigación.

CiperChile reveló el martes de la semana pasada las conversaciones que sostenía el ex general director vía Whatsapp con su subalterno y encargado del trabajo operativo de Huracán, el capitán Patricio Marín. En estos diálogos Villalobos es constantemente informado de los pasos que se dieron en el operativo, incluida la compra del software Oxygen Forensics, con el cual se intervinieron los celulares de los detenidos, y cuya compra Villalobos ocultó a Contraloría, según publicó INTERFERENCIA.

De paso por Santiago, Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y una de las víctimas del montaje de la Operación Huracán, comentó a nuestro medio los nuevos antecedentes que se han conocido, señalando que desde un principio resultaba evidente el nivel de responsabilidad del ex general director.

El 23 de septiembre de 2017 Llaitul fue detenido en un domicilio del sector Collao de Concepción, lugar en que vivían sus hijos que estudian en dicha ciudad. Carabineros entró con violencia y un funcionario golpeó a la hija de Llaitul por negarse a entregar su celular –hay una querella en curso por esto–por lo que el vocero de la CAM decidió reaccionar con total tranquilidad, para que el operativo finalizara rápido y así no exponer a sus familiares. Pero en ese momento ya le llamaba la atención el fuerte interés de los uniformados por llevarse celulares y computadores por sobre cualquier otro material de prueba.

"No había otro tipo de interés de los policías cuando allanaron. Se llevaron entre seis u ocho celulares, algunos que estaban dados de baja incluso. Se daba esta necesidad de buscar aparatos con tal de insertar esta mensajería inventada".

“No había otro tipo de interés de los policías cuando allanaron. Se llevaron entre seis u ocho celulares, algunos que estaban dados de baja incluso. Esto coincide con las conversaciones publicadas por Ciper entre Marín y Villalobos, donde se daba esta necesidad de buscar aparatos con tal de insertar esta mensajería inventada”, señaló el dirigente.

Llaitul recuerda que durante el procedimiento le dijo a Patricio Marín que se lo llevaran rápido, que ya estaba detenido, pero el ex capitán le respondió que se tomarían todo el tiempo del mundo, esto mientras los demás funcionarios buscaban teléfonos celulares.

El vocero de la CAM le dijo a Marín: “Llévame rápido, si tú eres un mandado y después yo me voy a reir de ti”. A esto el uniformado le respondió entre risas: “No tienes idea, yo controlo La Araucanía”.

Pese a que se jactaba de su autonomía, Llaitul cuenta que Marín fue reportando el minuto a minuto a por celular a una persona a la que se dirigía como 'mi general', lo que coincide con los chat publicados por Ciper Chile.

“En uno de los chat publicados por Ciper aparece una foto donde yo voy esposado. Esta me la sacó directamente Patricio Marín, quien iba sentado frente a mí, mientras iba reportando todo sobre los objetivos, el “uno” [precisamente Llaitul], el “dos”, el “tres” y así sucesivamente. Recuerdo que le solicitaban una prueba de detención y por eso me toma esta foto”, recordó.

Las conclusiones de Llaitul

“Todo esto da pie a una eventual responsabilidad incriminatoria, estamos hablando de un delito grave que es la implantación de pruebas falsas y la utilización de instrumento público para armar este montaje. Está comprometido el general Bruno Villalobos, a nuestro juicio él debe ir a la cárcel, debe ser procesado y condenado por su responsabilidad de mando”, dice el dirigente de la CAM a INTERFERENCIA.

Pero desde los días en que estuvo en la cárcel por este montaje de Carabineros, Llaitul ha declarado que esto se trataba de una operación de alta envergadura. Así lo dijo en una entrevista dada a este periodista para Radio Universidad de Chile, en el Centro Penitenciario de Concepción, a fines de 2017. Desde aquel momento hasta hoy el foco del vocero de la CAM es que hay que destapar la operación hasta el más alto nivel.

“Villalobos también debe dar cuenta de cómo se iba relacionando con Mahmud Aleuy, porque resulta poco creíble que el subsecretario no estuviera al tanto de una operación de este nivel, siendo que él era el responsable de Inteligencia en ese momento".

“Villalobos también debe dar cuenta de cómo se iba relacionando con Mahmud Aleuy, porque resulta poco creíble que el subsecretario no estuviera al tanto de una operación de este nivel, siendo que él era el responsable de inteligencia en ese momento. Nosotros habíamos dicho que había una responsabilidad de Villalobos y del general Gonzalo Blu, aún así habíamos traspasado también la responsabilidad a Aleuy, porque él como subsecretario del Interior sostuvo reuniones con poderes involucrados en el conflicto con nuestro pueblo, como gremios, forestales, el poder judicial y con las dos policías”, dice Llaitul.

Según el vocero de la CAM existen coordinaciones políticas que enturbian el desarrollo normal del proceso en tribunales: “Él es un reconocido bacheletista y nos da la impresión que él de alguna manera pauteó al fiscal Carlos Palma para que no involucrara directamente a Villalobos, así no se establece un enlace con la figura política de Mahmud Aleuy en la Operación Huracán. Pensamos que hay un entramado mayor con personas que están vinculadas a Michelle Bachelet y que están comprometidos con el montaje de la Operación Huracán, todo para desarticular al movimiento mapuche autonomista. Las responsabilidades judiciales deberían ir enfocadas también a los responsables políticos de la operación”, agregó.

Sobre la posibilidad de que Villalobos sea formalizado próximamente, distintos abogados relacionados con la causa han señalado a nuestro medio que tienen esperanzas con que se concrete, pero que depende de que el Ministerio Público tome acciones al respecto.

INTERFERENCIA contactó al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien está a cargo de la investigación, pero este respondió que no entregará antecedentes por la prensa, pese a que en ocasiones anteriores sí lo ha hecho, en especial al diario La Tercera.