El ministerio de Justicia, que encabeza Hernán Larraín Fernández, ya acumula dos agrias derrotas desde que comenzó el gobierno de Sebastián Piñera, y ambas en el mismo campo de batalla: la designación de ministros del tribunal más importante del país, la Corte Suprema. 

Se trata de las frustradas candidaturas de Dobra Lusic, en 2019, y Raúl Mera Muñoz, en agosto de este año; los cuales habían sido elegidos por el presidente Piñera para convertirse en nuevos ministros de la Corte Suprema, pero que no superaron la confirmación del Senado. 

Ahora bien, a pesar de la responsabilidad de Hernán Larraín como cabeza del ministerio, lo cierto es que estas gestiones y negociaciones, mediante las cuales el gobierno busca asegurar el nombramiento de determinados jueces al máximo tribunal del país, le corresponde en particular a la División Judicial de ese ministerio, cuyo jefe es Héctor Mery Romero.

Fuentes vinculadas al Poder Judicial comentaron a nuestro medio el rol que cumple típicamente este importante cargo del ministerio de Justicia, señalando que se trata de una labor de muchísima influencia: “La Corte tiene que nombrar a sus candidatos, para una quina o terna según el caso, y estos se mandan al ministerio por orden de antigüedad. El presidente de la Corte llama a este personaje [al jefe de División Judicial] y le dice ‘mira, esto está ordenado así, pero este es nuestro candidato’. El resto es ‘arroz graneado’, como se dice en este lenguaje”, señaló una de estas fuentes. 

“Luego este mismo personaje, cuando hay alguna materia de interés del ejecutivo que se está viendo en un tribunal en específico, se encarga de llamar al juez que nombró para conversar sobre el tema. Piensa que el 90% de los recursos de protección son contra agentes del Estado. Esto es pura influencia”, agregó. 

Mery con la Suprema en la mira

Héctor Mery es un abogado egresado de la Universidad Católica en los años ochentas, militante de la UDI y mano derecha de Hernán Larraín. Ha ocupado puestos en tribunales de justicia de manera intermitente, cuando entre 2012 y 2015 fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, a la que volvió en 2017, luego de un breve paso como abogado integrante de la Corte de San Miguel. 

“Mery está intentando armar una Corte Suprema que luego le permita a él ser parte de una quina y así llegar a ser ministro"

Como jefe de División Judicial del ministerio de Justicia, se incorporó al gobierno en marzo de 2018, cuando Piñera comenzó su segundo periodo presidencial. Y no lo haría solo, pues en los meses consecutivos se incorporaron a reparticiones gubernamentales dos de sus hijos, José Tomás y Magdalena del Pilar, los que se desempeñan hasta ahora en la Superintendencia del Medioambiente y en la Segpres, respectivamente. 

Mery trabajó codo a codo tanto con Dobra Lusic como con Adelita Ravanales cuando pasó por la Corte de Apelaciones de Santiago. Con Mery a la cabeza de la División Judicial, ambas fueron nombradas por el ministerio de Justicia para integrar la Corte Suprema. Con Ravanales, incluso fueron compañeros de generación cuando estudiaban en la escuela de Derecho de la Universidad Católica, coincidiendo también con Ángela Vivanco, abogada y amiga cercana de Mery, la cual desde agosto de 2018 es ministra de la Corte Suprema.

Fuentes cercanas al Poder Judicial comentaron a INTERFERENCIA que “Mery está intentando armar una Corte Suprema que luego le permita a él ser parte de una quina y así llegar a ser ministro. Luego del nombramiento de Adelita Ravanales, hay otra vacante por llenar, en la que Mery pretende insistir con el nombre del ministro Raúl Mera”, quien no pudo integrar la Corte Suprema debido a la falta de un voto en el pleno del Senado en agosto de este año.

“Después viene otro nombramiento de un abogado externo, donde Mery quiere poner a Leonor Etcheberry [abogada integrante de la Corte Suprema y consejera del Colegio de Abogados]. Está armando algo para que todos le deban algún favor y así tenga pavimentado el camino para llegar a la Suprema”, mencionó.

Otra alta fuente, pero en este caso cercana al ministerio de Justicia, confirmó que efectivamente Mery tiene pretensiones de llegar a la Suprema como ministro, pero que también baraja las opciones de integrar el Tribunal Constitucional, debido a una vacante que se abre en marzo del próximo año, y que también baraja la idea de llegar al Consejo de Defensa del Estado.

Pese a esto, según pudo averiguar nuestro medio, hasta ahora no hay una sensación muy positiva de su trabajo en el Poder Judicial: “La Suprema venía molesta por el mal manejo que hizo el ministerio con los casos de Lusic y Mera. Abrieron un debate en el que al Poder Judicial no le interesa entrar, porque no le interesa que se converse sobre la idoneidad de sus jueces”, dice una fuente. 

Otra fuente menciona que se le critica el transar mucho en el tema de los nombramientos de notarios, lo que es visto como una intromisión del ejecutivo en la influencia que puede ejercer el Poder Judicial. 

Por la misma razón, las pretensiones de Mery de convertirse en parte del tribunal supremo dependen mucho de la habilidad con que juegue sus cartas en los sucesivos nombramientos que vienen en el futuro.

Consejero constitucional de la UDI

“Algunos consideramos, y creo que no somos pocos, que la Constitución que hoy nos rige es buena y que legitimidades o ilegitimidades que pudiera portar corresponden a cuestionamientos que los países que tienen decisión de avanzar en un camino institucional ya no lo hacen”, señaló Mery.

Paralelamente a su labor en tribunales, Mery ha sido parte de la Fundación Jaime Guzmán como asesor legislativo durante largos años, y también ha cumplido el mismo rol asesorando a parlamentarios de la UDI en el Congreso, donde apoyó el trabajo del propio Larraín, de Iván Moreira, y en general de toda esta bancada. 

En el sitio web de la Fundación Jaime Guzmán se destacan algunas apariciones en prensa de Mery, en las que señala entre otras cosas que la nueva Constitución es “una promesa de difícil cumplimiento”, además destaca su participación en las discusiones sobre matrimonio homosexual, en las que plantea una defensa al caracter heterosexual del matrimonio y a la familia como pilar de la sociedad. 

A propósito de la Constitución, entre 2016 y 2017, Michelle Bachelet lo nombró parte del “Consejo Ciudadano de Observadores”, comisión creada para supervisar el proceso constitucional que esa presidenta pretendía llevar a cabo, donde Mery adoptó una posición crítica respecto de una nueva carta magna que deje en el olvido a la del 80.

Mery participó en muchas sesiones del Congreso donde se discutió el proceso constituyente que pretendía Bachelet. Una de ellas se celebró en mayo de 2017 en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se discutió la idea de la ex presidenta de crear una Convención Constitucional para redactar una nueva carta fundamental.

“La promesa de una nueva Constitución no es algo que nos convoque a todos y eso también hay que decirlo”, dijo Mery en esa ocasión, y agregó “algunos consideramos, y creo que no somos pocos, que la Constitución que hoy nos rige es buena y que legitimidades o ilegitimidades que pudiera portar corresponden a cuestionamientos que los países que tienen decisión de avanzar en un camino institucional ya no lo hacen”, señaló. 

“Lo que sí llama la atención es que se invite a través de este mecanismo [Convención Constitucional] a que este Congreso y sus dos ramas consientan a que sea otro órgano, y no el Congreso ni el Presidente de la República los que diluciden una cuestión tan importante [la nueva Constitución]”, dijo Mery en esa ocasión, interpelando a los congresistas, agregando además: “¿Están dispuestos, su señoría, a hacer una declaración de este tipo, de que este Congreso no tiene la aptitud, no tiene la legitimidad para hacer una discusión constitucional por sí misma?”. 

Por lo mismo, durante el estallido social, cuando las protestas hacían visible que una de las demandas de la gente era por una nueva Constitución, Mery era uno de los asesores con los que los parlamentarios tenían “línea directa” para consultar sobre la materia, tal como señala una publicación de Pauta de noviembre de 2019. 

INTERFERENCIA se comunicó con Héctor Mery Romero para contrastar información y consultarle sobre sus ambiciones de llegar a la Corte Suprema, pero señaló no tener interés en referirse a la situación.