Siguen las situaciones anómalas en el caso de los cabos de Ejército que se encuentran internados en la unidad de Psiquiatría del Hospital Militar, luego de que estos denunciaran acoso por parte de sus superiores del Regimiento 23° de Copiapó.

Esta vez se trata de las trabas que puso el Hospital Militar para evitar o dilatar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la jueza Carolina Araya, accediesen a comunicarse con el cabo Óscar Alvayay, uno de los uniformados denunciantes (el otro es Rubén Mendoza, en estado similar al de Alvayay). 

El 2 de abril de 2019, la abogada Francisca Figueroa y la psicóloga Marcela Cerda, ambas del INDH, llegaron hasta el Hospital Militar para entrevistarse con Alvayay.

Cerca de las 16:30 horas fueron recibidas por el teniente coronel Jorge Enrique Araya García, por delegación del director del establecimiento, general Gonzalo Rodríguez Córdova. Las representantes del INDH informaron el objetivo de la visita y solicitaron autorización para entrevistar al cabo y acceso a la documentación clínica para levantar antecedentes sobre su internación.

Ante la solicitud, Araya llamó a la abogada jefe del establecimiento, Marcela Maldonado, también uniformada. “Con ella sostuvimos una conversación en la cual reiteramos lo solicitado y su fundamento legal, dándonos cuenta de que [nos] encontrarnos con la barrera del desconocimiento respecto a las atribuciones de INDH y el sentido de realizar la visita de aquella forma [no programada]. Ella nos indicó que por tratarse de un paciente psiquiátrico, sólo podíamos entrevistarnos con él con autorización del médico tratante, que sólo podíamos acceder a la ficha clínica si acaso llegábamos con autorización judicial, y que estábamos fuera del horario de visitas”, reportaron las profesionales en un documento judicial al que tuvo acceso INTERFERENCIA.

En el intertanto, el teniente Araya les comentó que Alvayay estaba siendo investigado por un robo al interior del Regimiento de Copiapó. “Nos indicó que habitualmente cuando hay investigaciones de sumarios internos, los afectados van al psiquiatra y con eso prolongan licencias médicas que les impiden desvincularse de la institución, debiendo continuar entregando prestaciones de seguridad social”, según se lee del documento presentado por las profesionales del INDH.

La abogada Figueroa contactó telefónicamente a los médicos tratantes, Mauricio Droguett e Isabel Concha, quienes reiteraron la denegación del acceso al INDH, asegurando que sólo podían visitar al cabo sus familiares dentro de horario de visitas. 

Por su parte, Alvayay, alertado de la situación, escribió a mano una carta donde señaló que quería ser atendido y entrevistarse por el INDH, pero que el “personal del Hospital Militar se lo impidió”.

Ante estos hechos, el INDH presentó un recurso de amparo a favor del cabo.

Una jueza toca las puertas del Hospital Militar

El 4 de abril, dos días después de la visita del INDH y ante la interposición del recurso de amparo, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Araya, llegó hasta el Hospital Militar para conocer el estado del cabo y para verificar las circunstancias de la prohibición de verlo.

En ese lugar, la enfermera de turno, Francisca Monsalve, le negó el acceso para ver al cabo Alvayay, aduciendo diversas razones, entre las cuales se encuentra que la solicitud estaba fuera del horario de visita, que podría ser contraproducente para el paciente y, principalmente, que ella no tenía autorización de su jefatura.

“Le explico que, en uso de mis facultades legales [...] no me retiraría del lugar sino hasta ver al amparado, conversar con él, de ser posible según su estado de salud, y de constatar la voluntariedad de su ingreso y permanencia en el hospital. La enfermera quedó de contactarse con los médicos tratantes y con su superioridad”, se lee la constancia de la visita de la jueza, disponible en la página del Poder Judicial.

Después de casi 40 minutos, la jueza Araya pudo encontrarse finalmente con el cabo Alvayay y conversar con él, aunque sólo delante de la presencia de un cabo, un suboficial, un general y la propia enfermera.

“El amparado se aprecia en buenas condiciones físicas, de hablar pausado pero coherente, con buena apariencia de aseo e higiene y correctamente vestido. Llega caminado por sí solo a mi presencia. Logra responder las preguntas que le formulo y aporta otros antecedentes. Le exhibo el documento 'Consentimiento Informado', fechado 25 de marzo de 2019. Manifiesta que reconoce su firma pero que no recuerda cuando lo firmó”, relata la jueza sobre la visita en el documento.

Y agrega: “A la pregunta del tribunal en cuanto a si él había dispuesto restricción de sus visitas manifiesta que no y que solo pidió que no lo visitara nadie del Regimiento de Copiapó, donde él presta funciones”.

Tras entrevistarse con Alvayay, la jueza relata que tuvo acceso a su ficha clínica, donde se señala que la orden de hospitalización tiene fecha 22 de marzo de 2019, con el siguiente diagnóstico: intento de suicidio, extendida por el Dr. Mauricio Droguett.

Tras la visita, la jueza verificó que Alvayay se encontraba internado bajo su consentimiento. “Quiero recuperarme, recuperar a mi familia y tengo que estar bien”, le dijo el cabo. 

Sin embargo, la jueza señaló que “el personal del INDH se encuentra perfectamente habilitado para concurrir a visitar al amparado, siendo indispensable su labor de seguimiento del caso”. 

Más allá de las declaraciones judiciales, extraoficialmente a algunos de los profesionales que accedieron a hablar con el cabo Alvayay les llamó la atención lo sedado que se encontraba, algo que consideran contraproducente para los casos de intentos suicidas.

"Es extraño que tras una denuncia se interne a los denunciantes en psiquiatría con tantas dificultades para acceder a ellos", dijo por su parte a INTERFERENCIA la senadora de la región, Yasna Provoste (DC), quien ha comenzado a seguir de cerca el caso, habiendo ya visitado de sorpresa el Regimiento 23° de Copiapó para enterarse de los por menores del caso.

INTERFERENCIA intentó comunicarse con el Departamento de Comunicaciones del Hospital Militar a través de la central telefónica, para obtener su versión de los hechos, pero hasta el cierre de esta edición no contestaron.

Cómo llegó el INDH al caso

El 26 de marzo de 2019, Jessica Campusano, esposa del cabo del Regimiento N°23 de Copiapó internado en psiquiatría, Oscar Alvayay,  fue a la sede Copiapó del INDH, en compañía de Yasna Provoste.

La senadora de la región, explicó, en entrevista con INTERFERENCIA, que el la familia del cabo se contactó con ella porque comparten la ascendencia diaguita.

"Estamos preocupados por este caso. Hablé con la esposa del cabo Alvayay y me pareció necesario llevar el caso al INDH regional", aseguró la parlamentaria.

El objetivo de recurrir al INDH era dar cuenta de la situación del cabo, que ha denunciado a las autoridades del Regimiento N°23 de Copiapó por acoso laboral. En esa instancia, la esposa de Alvayay dijo que sería de ayuda que el INDH pudiera visitarlo en el Hospital Militar y que constatara que se encontraba en buenas condiciones de salud.

Además, la esposa solicitó, dentro de los posible, que se pudiera acceder a un diagnóstico médico más certero y más claro respecto al tratamiento del cabo, puesto que por falta de recursos ella no había podido visitarlo frecuentemente. 

El conflicto entre el cabo Alvayay y las autoridades del Regimiento se inició tras el episodio de los cascos y el inicio de un sumario y una investigación en Fiscalía Militar.

Junto con esto y ante la denuncia de otras irregularidades al interior de la unidad acusadas por el cabo, también se inició el hostigamiento por parte de sus superiores jerárquicos, lo que lo condujo a serios problemas psicológicos que terminaron en tres intentos de suicidio.