Conmoción generó en el mundo el retroceso en los derechos humanos y de personas LGTBI la ley que esta semana se aprobó en Hungría, que puso fin al reconocimiento legal de personas trans. Esto implica que las personas tendrán en su tarjeta de identificación el sexo que tienen desde su nacimiento y no podrán identificarse con otro género. Además, se restringe el uso de nombres que no “correspondan” al sexo ni que sean neutros. 

Los votos del partido Fidesz, al cual pertenece el primer ministro ultraderechista Viktor Orbán, hicieron que la ley fuera aprobada por 134 ante 56 votos y cuatro abstenciones. Es probable que sea promulgada por el presidente, János Áder, un aliado cercano de Orbán. El proyecto de ley pasó por votación por el congreso, a pesar de que el primer ministro logró que se aprobara en el parlamento que él tuviese potestad de gobernar por decreto, sin que los proyectos sean discutidos por el parlamento.

Para activistas de derechos sexuales y de género ha sido un noticia que viene a abrir espacio para la discriminación y que limita las libertades de las personas. Krisztina Tamás-Sáróy, de Amnistía Internacional, afirmó que esta iniciativa “empuja a Hungría hacia una edad oscura y pisotea los derechos de las personas transgénero e intersexuales".

Sin embargo, esta ley es un eslabón más del ascenso hacia un gobierno cada más autoritario, liderado por Viktor Orbán. Y la pandemia de coronavirus solo vino a acelerar este proceso.

Ya en junio de 2018 Orbán hacía patente su discurso anti inmigrantes, cuando logró que el parlamento aprobara una ley que prohibía a las ONG del país prestar ayuda humanitaria a inmigrantes irregulares. La ley criminaliza a las organizaciones que prestaran esta ayuda, hasta con penas de cárcel para los representantes de dichos organismos. Fue conocida en Hungría como “Ley Stop Soros”, - por el filántropo y millonario George Soros, cuyas ideas liberales y financiamiento a ONG solo ha provocado molestia en Orbán- y también generó molestia en activistas y en instituciones como Unicef.  

Antes de eso, el gobierno había limitado el acceso a extranjeros, con leyes más restrictivas para entregar visas. Orbán se negó a dar refugio a personas que escaparon de conflictos bélicos en medio oriente y África. También en 2018, tras ser reelecto como primer ministro, Orbán impulsó un proyecto de cambio Constitucional que fue aprobado, que impide reasentar población extranjeras en Hungría, que no sean europeos. Y aunque estas iniciativas han generado roces con la Unión Europea, lo cierto es que las notificaciones de molestia y llamados de atención no han impedido que Orbán llame a los inmigrantes “una amenaza a la civilización cristiana” e incluso haya electrificado las fronteras.   

En 2018, el gobierno de Orbán fue sancionado por el Parlamento Europeo por limitar la libertad de expresión y por silenciar a medios de comunicación independientes. La actitud del primer ministro no acomoda a las democracias europeas, mientras que Orbán parece atraer a personajes ligados a la extrema derecha nacionalista en Italia y Francia, como el partido Forza Italia y Marión Le Pen, pero se aleja de líderes como Angela Merkel , gravitante en el continente.

Su discurso ultraconservador primero apuntó a los inmigrantes y luego a la comunidad LGTBI, en un atentado directo a la libertad de las personas y sus derechos humanos. Pero ahora, en medio de la pandemia mundial de coronavirus, ha sofocado a la oposición y a la democracia húngara, completamente resignada a los designios del primer ministro, que tras ser reelecto en 2018, cumplirá diez años en el cargo.

El pasado 30 de marzo, Orbán logró la aprobación de la llamada "Ley de protección del coronavirus", que le permite gobernar por decreto, sin que los proyectos sean discutidos en el parlamento. Desde ese día, el primer ministro no ha desaprovechado su oportunidad y al 12 de mayo había emitido 124 decretos. 

Según un artículo del medio alemán Deutsche Welle (DW), el objetivo de la ley era darle poderes absolutos al primer ministro para enfrentar la pandemia, pero muchos de los decretos que se han emitido no se relacionan con contener los contagios de Covid-19. "Da la impresión de que el Gobierno aprovecha la situación y modifica una gran cantidad de leyes, para lo cual habría necesitado mucho más tiempo por la vía parlamentaria", afirmó a DW Máté Szabó, de la Sociedad de Derechos Libertarios (TASZ). 

Es así como se emitió un decreto que posterga indefinidamente los procesos judiciales civiles y penales. Otro decreto permite al ministro de Innovación y Tecnología acceder a los datos privados de los ciudadanos. Y alargó el tiempo de respuesta a consultas de datos e información pública, triplicando el plazo de respuesta del Estado a los ciudadanos. Asimismo, el ejército ahora cumple funciones de orden público, mientras que la policía tiene potestad para detener y realizar controles de identidad a cualquier persona.

Además, Orbán ha impulsado una reforma educativa que busca omitir batallas en donde Hungría ha sido derrotada en los libros de historia, y destaca a escritores y personajes de ese país con un fuerte tinte nacionalista. En los nuevos libros de estudios, se destacará a Mikòz Horthy, mandatario desde 1920 hasta 1944, quien dictó leyes antisemitas y fue colaboracionista del Tercer Reich.

“El Estado le compró a Lörinc Mészáros, uno de los hombres más ricos del país y amigo de Orbán, una empresa energética con una planta eléctrica deficitaria, por un precio evidentemente excesivo. La revisión de que las compras estatales se han efectuado correctamente puede hacerse a posteriori, sin que exista un plazo fijo para ello”, explica el medio DW.

Otras medidas apuntan a debilitar a la oposición. Ha denegado los ingresos de estacionamientos y otros servicios a municipalidades, lo que genera déficit a ciudades lideradas por alcaldes de oposición, como Budapest. Y ha reducido en un 50% la ayuda estatal a todos los partidos políticos. 

En paralelo, Orbán se ha dedicado a atacar y cuestionar a la prensa, que acusa de difundir “fake news”. Y emitió una ley de prohibe difundir información que pueda "alarmar a la población", lo que ha generado censura a medios y dos detenciones, por publicaciones de ciudadanos en sus redes sociales, criticando al régimen y asegurando que las cifras de contagios de Covid-19 en Hungría serían más que las cifras oficiales.

El primer ministro anunció que a fines de mayo el parlamento volvería funcionar normalmente y finalizaría el estado de excepción. “Se probará que nos han acusado injustificadamente y que hemos obrado con éxito, y ofreceremos la oportunidad a todos para que pidan perdón a Hungría por las acusaciones injustas”, añadió Orbán, refiriéndose a las críticas que ha recibido el régimen. 

Muchos ven con desconfianza que todos los decretos emitidos se vayan a cancelar después de mayo. El régimen de Orbán se ve cada día más cómodo con las nuevas leyes y se ha dedicado a alabar la ayuda de Rusia, China y Azerbaiyán durante la pandemia de coronavirus, obviando los derechos civiles y democráticos que ha intentado impulsar la Unión Europea en Hungría, y que Orbán parece no querer recordar.