Nota de la Redacción: Este artículo fue modificado en la forma y condiciones en que se indican hacia el final del mismo.
“Lugar en que se cometió el delito: Gral. San Martín 665”, se puede leer en el documento de la audiencia de formalización del abogado Rodrigo Andrés Arancibia Moreno. El delito en cuestión es “tráfico ilícito de drogas”, y la dirección corresponde al recinto penitenciario Colina 1.
Arancibia, que actúa como representante legal en algunos casos de relevancia pública, pasó a ser el representado; siendo formalizado el 2 de marzo de este año –luego de que ésta fuera reagendada seis veces–, quedando con la medida cautelar de prohibición de salir del país.
El pasado 3 de agosto, el caso llegó, aparentemente, a buen puerto para el acusado: De común acuerdo con la Fiscalía, se solicitó una audiencia de salida alternativa fechada para el 13 de noviembre, siendo poco probable que Arancibia tenga que cumplir alguna pena restrictiva de libertad. (Revisar acá el documento Individualización de audiencia de aumento plazo para investigar donde se llega al acuerdo de la salida alternativa).
Este medio intentó tomar contacto vía telefónica con el abogado con la intención de ahondar en el delito que se le atribuye, además del lugar y circunstancias en que éste fue cometido, sin embargo, no fue posible ubicarlo.
Arancibia tiene, además, una querella reciente en su contra por estafa. Según es relatado en la demanda, durante enero del año 2020, un profesor de yoga contrató sus servicios para efectuar la “venta o traspaso de una sociedad” de la cual este tercero era socio. En el intertanto, el abogado lo convenció de realizar la compra de otro inmueble, una botillería, depositándole $7,5 millones a la cuenta del abogado para así cerrar el negocio.
El afectado, luego de no obtener mayor información sobre la compra de la botillería, decidió acudir a la dirección donde se ubicaba el inmueble que supuestamente había comprado, percatándose que ahí no había tal negocio. En su lugar, una inmobiliaria se encontraba construyendo un edificio.
Arancibia no le contestaba el teléfono ni le respondía los correos, por lo que lo fue a visitar a la oficina que mantenía en ese momento con su socio, Antonio Guzmán, atendiéndolo este último. Según indica la querella presentada, el socio de Arancibia se comprometió a pagar los $7,5 millones en un plazo de 24 horas, cuestión que no ocurrió. Días después, el afectado volvió a visitar la oficina, percatándose que la oficina de los abogados ya no existía.
El querellante terminó por desistir su demanda el pasado 28 de agosto, cuatro meses después de haberla presentado.
Los clientes de Arancibia
Entre los casos que lleva el abogado –quien aseguró ser militante de Renovación Nacional en una columna de opinión publicada en el medio Radio Universidad de Chile– destaca la representación, junto a otros dos profesionales, del empresario Jorge Said Yarur en una demanda realizada contra Latam.
Said es accionista minoritario de la empresa y contrató los servicios de Arancibia para presentar un recurso de apelación en contra de la aerolínea, luego de perder en dos instancias una demanda interpuesta con el objetivo de que “no se da a lugar a la solicitud de reconocimiento de procedimiento extranjero formulada […] por Latam Airlines Group S.A.”
En conversación posterior a la publicación de este artículo, Said explicó a INTERFERENCIA que Arancibia no es su abogado personal en ninguna otra causa que la del 2° Juzgado por la reorganización de Latam, en la que cumple funciones secundarias, en acompañamiento de otros dos profesionales.
Pero, más cercana que su relación con el mundo empresarial el vínculo de Arancibia es con el mundo militar.
Arancibia es abogado del general en retiro del Ejército, Daniel Aberl Pacheco, quien fue acusado del delito de fraude al Fisco. Si bien la causa es secreta, este medio tuvo acceso a la Individualización de audiencia del caso, con fecha 15 de noviembre de 2018, donde figura Rodrigo Arancibia como el representante legal privado del militar.
En un artículo del medio Radio Bío Bío, titulado Comisiones de servicio falsas: CDE se querella en contra de 26 ex uniformados del Ejército, se describe la participación del general Aberl en el delito acusado.
Dos comandantes de la IV° División del Ejército ordenaron disponer de comisiones de servicio a distintos lugares dentro de la Región de Aysén, sin que se realizaran varias de estas, pero pagándose los viáticos. Aberl, quien se desempeñaba como comandante del Comando de Personal, “fue quien suscribió los mencionados contratos”, informa el medio. (Revisar acá el artículo).
En comunicaciones posteriores a la publicación de este artículo, Abert señaló a INTERFERENCIA que su relación con Arancibia es "meramente profesional".
Arancibia es también el defensor del ex militar Nicolás Bertín Meneses en una demanda que interpuso en contra del coronel Raúl Marante, responsable de darle la baja. Su apartamiento de la institución castrense se dio luego de que el entonces cabo Bertín matara a golpes a un asaltante.
Según se da cuenta en la causa respectiva, Bertín “colocó su pie derecho en el cuello de ésta, pateando la cabeza con el otro pie en reiteradas ocasiones”. Luego de esto –y mientras la víctima era aplastada en el piso por otra persona– el ex uniformado “tomó un pack de bebidas alcohólicas de vidrio y lo golpeó de manera artera en la cabeza, reventándose éstas por la fuerza del golpe”.
Luego de estos hechos, el coronel Marante optó por dar de baja a Bertín, puesto que “genera un trastorno administrativo para la Unidad de la cual dependen, y además, afecta gravemente la imagen institucional, ya que al personal castrense se le exige un alto estándar de compromiso ético y moral, demostrando fortaleza y templanza en su carácter personal y funcionario, lo que tiene reconocimiento normativo incluso a nivel constitucional”.
Arancibia busca que se suspenda la baja de su defendido –quien fue formalizado por homicidio calificado y se encuentra en prisión– a través de una acción de no discriminación arbitraria presentada en julio de este año.
Nota de la Redacción: El título y bajada de este artículo fue modificado, sacando de ellos los nombres del general y del empresario nombrados en el cuerpo. Esto, dadas comunicaciones posteriores a la publicación, que tuvimos con ambos, quienes nos hicieron ver su preocupación por aparecer vinculados indirectamente a hechos delictuales a los que son completamente ajenos. Por nuestra parte, cometimos el error de no haberlos contactado previamente a la publicación, lo que contraviene nuestro propio estándar editorial. Algo que lamentamos y por lo que les pedimos las excusas correspondientes, al igual que a nuestros lectores.
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