El martes de esta semana, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Instituto Nacional de Derechos Humanos (Affindh) denunció un eventual cierre del Programa Institucional de Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (ver documentación adjunta), tras recibir algunos trabajadores la instrucción de que debían “cerrar procesos” y “cerrar casos” en el entendido de que los recursos están comprometidos hasta fines de agosto de este año. 

Esta situación encendió las alarmas entre los funcionarios por la revictimización y el abandono que implicaría una medida de este tipo en las víctimas que atiende el INDH y la complejidad que implicaría para los funcionarios de planta del Instituto el tramitar las más de 3 mil querellas presentadas hasta la fecha.

Esto se enmarca en un problema mayor, denuncian desde el sindicato que ya suma más de 10 días en paro, relacionado con las demandas de terminar con la precarización laboral de los profesionales que forman parte de los programas de atención de víctimas del estallido social, que se iniciaron en noviembre de 2019. “Ellos y ellas, se desempeñan con contratos de trabajo a plazo fijo, por periodos de 6 meses, lo que dificulta la continuidad de las diversas acciones que se realizan con las víctimas, y que no contribuye a un proceso de acompañamiento genuino y acorde a las necesidades de las personas”, explican.

La situación sucede en un contexto profunda crisis del INDH en el último tiempo, reflejados en paros de ambos sindicatos de funcionarios, la polémica por la reducción de las cifras de heridos por trauma ocular en sus reportes y la reciente toma de la sede del INDH en Providencia.

Lo anterior se da en el contexto de una profunda crisis por la que pasa la institución durante el último tiempo, reflejados en paros de ambos sindicatos de funcionarios del Instituto, a lo que se sumó la polémica por la reducción de las cifras de heridos por trauma ocular en sus reportes revelado por INTERFERENCIA, y la reciente toma de la sede del INDH en Providencia por parte de la ACES y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. 

Esto llevó incluso a que la dirección encabezada por Sergio Micco abriera recientemente una licitación por hasta $100 millones para contratar una agencia de comunicación en materia de comunicación política, estratégica y de crisis, con el objetivo de fortalecer la reputación y posicionar ciertos atributos de la institución, tal como informó este medio. 

Desde las comunicaciones del INDH negaron el cierre del programa a través de un comunicado público, donde hicieron un llamado a “terminar con la difusión de información falsa e imprecisa, que no sólo daña a la institución, sino que empaña el trabajo, y los esfuerzos, que realiza para acompañar a las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos”. 

¿Continuidad condicionada a desmovilización?

En conversación con INTERFERENCIA, la presidenta de la Affindh, Soledad Molinet, dijo que “estamos solicitando esa información de manera oficial, porque nuestros asociados y asociadas que trabajan en este programa -ya sean abogados, psicólogos y trabajadores sociales- recibieron la notificación de que debían cerrar procesos y el trabajo con las víctimas porque los contratos ya terminaban, algunos a mediados o a fines de agosto y otros en septiembre. Entonces nosotros le pedimos a la Dirección que nos aclarara esta situación y no nos han dado reunión, sólo se nos ha comunicado de manera telefónica, lo que nos parece preocupante porque hemos estado solicitando formalmente esta información”

“Nos parece grave e inaceptable que se condicione la renovación del programa al hecho de que estemos movilizados”, dicen desde el sindicato. 

En esa línea, Molinet explicó que se les dijo que se está preparando una propuesta para dar continuidad a los equipos hasta fines de año y eventualmente hacia el próximo año, pero esto ha sido de manera verbal e informal. “El tema es que como excusa, inmediatamente señalan que no lo han podido hacer porque las asociaciones de trabajadores están movilizados, y que ante ese escenario de movilización y de denuncias de parte de los funcionarios, difícilmente les van a entregar recursos a la institución”, apuntó.

La dirigenta manifestó que “hay un tema controversial porque los contratos a los profesionales colaboradores son a plazo fijo, por lo que tienen fecha de término. Pero siempre a ellos se les dijo en las reuniones de equipo que han tenido en la unidad que los coordina que esto podía continuar con la solicitud que debe presentar el instituto a la Dipres. Nosotros hemos consultado por qué no se ha presentado todavía, ya que hay que gestionarla con los tiempos suficientes para la administración pública y nos vuelven a salir con la excusa de que no pueden hacerlo porque hay movilizaciones. Esto nos genera muchas suspicacias porque la dirección tiene que anticiparse. Ellos conocen los tiempos que demora la Dipres o cómo hay que presentar los proyectos para ir a defenderlos a la Cámara de Diputados donde finalmente se aprueban”.  

A partir de ahí, Molinet denunció que “nos parece grave e inaceptable que se condicione la renovación del programa al hecho de que estemos movilizados. Hemos insistido vía correo electrónico al asesor de dirección que nos de una audiencia para aclarar todo esto y ha sido en un tono bien condicionante. El 13 de julio el director nos dijo que cómo podía ir a pedir dinero si nosotros estábamos movilizados y denunciando lo que ganan sus asesores”. 

“La dirección ha cortado el diálogo y nos tiene muy preocupados la situación de nuestros asociados y asociadas que trabajan en el programa, y por cierto, por las víctimas. Porque si ellos reciben la instrucción de cerrar los procesos, qué les van a decir a las víctimas. Hay mucha incertidumbre y poca información oficial”, denuncian. 

Junto a ello, la presidenta de la Affindh expresó que “en el fondo, la dirección ha cortado el diálogo y nos tiene muy preocupados la situación de nuestros asociados y asociadas que trabajan en el programa, y por cierto, por las víctimas. Porque si ellos reciben la instrucción de cerrar los procesos, qué les van a decir a las víctimas. Hay mucha incertidumbre y poca información oficial”. 

Respecto a la millonaria licitación que se consideró para mejorar la imagen institucional del INDH, Molinet cree que si se llegase a reducir el presupuesto para otorgarle continuidad al programa resultaría “absolutamente contradictorio”. 

“Afortunadamente la licitación se declaró desierta, porque ahí pudo haber sido un escándalo mayor, en el sentido de tener 100 millones de pesos para mejorar la imagen corporativa pero no para dar continuidad a los equipos que trabajan con víctimas. Asimismo, nuestra asociación hizo un requerimiento a Contraloría para que nos digan si la planilla de asesores, que es bastante abultada en esta dirección, compromete o no el ejercicio de presupuesto institucional, porque según los datos que nosotros recopilamos excedería el 5% que está permitido para gastos de personal. Entonces se invierte esta cantidad en asesores y no en fortalecer a la institución con una planta definitiva y con trabajadores que van a estar haciendo de manera permanente esa vinculación con las víctimas, sin estar cambiando cada seis meses a los profesionales que se relacionan con los casos más complejos”, aseveró.