En noviembre de 2018 un dictamen de Contraloría favoreció a vecinos de la comuna de Estación Central, que pidieron paralizar la construcción de casi 50 edificios de más de 30 pisos de alturas, conocidos como “guetos verticales”. La medida afectó a 12 inmobiliarias, todas pertenecientes a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

En respuesta, las inmobiliarias Placilla, Inmobiliarias Fortaleza, Cenit Placilla, Eurocorp Dos, entre otras, presentaron en diciembre de 2018 una serie de recursos de protección en contra de la resolución de la Contraloría que ordenó la paralización de los denominados “guetos verticales”, además de establecer que se debía hacer un sumario dentro de la municipalidad de Estación Central.

En paralelo, han surgido iniciativas como el proyecto de ley de diputados de distintas coaliciones políticas que busca otorgar un perdonazo a las inmobiliarias que habían incurrido en faltas a la legislación, tal como informó INTERFERENCIA hace unos días. 

Los recursos de protección interpuestos por las inmobiliarias en contra de la Contraloría debían resolverse en julio por la Corte de Apelaciones de Santiago, pero ahora se suma una nueva acción por parte de Inmobiliaria Placilla SpA a través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ingresado al Tribunal Constitucional el 26 de junio de 2018, en relación al recurso de protección caratulado “Inmobiliaria Fortaleza Placilla SPA/Contraloría General de la República”, en que varios recurrentes solicitan se deje sin efecto el Dictamen Nº27.918, de fecha 12 de noviembre de 2018, del Contralor General de la República, que ordenaba paralizar las construcciones. 

El documento se funda en la falta de competencias de la Contraloría respecto de las Direcciones de Obra Municipales (DOM) de cada comuna. En concreto, señala que el Contralor estaría arrogando una potestad inconstitucional, al suplantar el criterio y potestad técnica-urbanística del DOM de Estación Central en la materia respectiva, altamente técnica. Además, cuestiona la intervención de Contraloría en el permiso de edificación otorgado originalmente por el DOM para un proyecto de 12 pisos de altura y 298 departamentos, permiso que luego resultó invalidado por el mismo DOM en acatamiento de lo resuelto por el Contralor. 

Finalmente, la queja de las inmobiliarias señalan que el ente fiscalizador habría actuado “sin procedimiento legal alguno, sin expediente -ni físico ni electrónico-, sin publicidad de sus actos, sin plazo alguno que lo rija y sustituyendo vistosamente las atribuciones jurisdiccionales exclusivas que el artículo 76 de la Carta Fundamental reserva a los tribunales de justicia”. Además, el escrito de las empresas constructoras menciona que la inversión considerada en la obra asciende hasta la fecha a más de 1.900 millones de pesos. 

Por su parte, según denuncian vecinos y organizaciones ciudadanas del sector, esta acción legal sería una maniobra por parte de las inmobiliarias para ganar tiempo y actuar bajo una política de “hechos consumados”, ya que hasta la fecha han observado cómo las construcciones han seguido avanzando en Estación Central, pese a la paralización de obras que habría impulsado Contraloría.