El momento políticamente complejo que vive Luis Castillo, subsecretario de Redes Asistenciales, a partir de los coletazos del fallo en el caso Frei Montalva, se podría volver aún más intenso luego de que se aceptara a tramitación en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal –a la cual accedió nuestro medio– en su contra por presunta prevaricación en una compra pública al interior del ministerio.

Según el artículo 228 del Código Penal, se trata de "un delito que comete un empleado público no judicial que dicte providencia o resolución manifiestamente injusta en un negocio contencioso administrativo o meramente administrativo".

La empresa que interpuso esta acción judicial el  8 de abril, es Pronova Technologies S.A., la que, patrocinada por el abogado penalista Ciro Colombara, le reclama al subsecretario el haberlos dejado fuera de manera injustificada del proceso de compra del sistema que reunirá los datos clínicos de los chilenos en internet, en el marco del programa ‘Hospital Digital’.

Esto porque el subsecretario aprobó la decisión de una comisión evaluadora –en el marco de un concurso para prestar un servicio a Hospital Digital– que los dejó inhabilitados para adjudicarse el millonario contrato que, acorde a la querella, asciende a 161.497 UF (cerca de 4.450 millones de pesos).

Las dudas con la inadmisibilidad

La historia se inició el pasado 6 de diciembre, cuando desde la subsecretaría de Redes Asistenciales se abrió un proceso de contratación enmarcado en el plan e-salud, cuyo objetivo era buscar una empresa que entregara “un servicio de componentes para la historia clínica compartida nacional para el Ministerio de Salud, a través de la contratación de un software como servicio (SaaS)”.

Pronova Technologies S.A. -una firma de soluciones tecnológicas que, según el sitio de información financiera Hoovers, factura cerca de 1.200 millones de pesos al año y cuenta entre sus clientes a entidades públicas como Codelco y la Defensoría Pública, además de varios clientes privados como DUOC y Ultramar- acusa en su querella distintas irregularidades que habrían existido en el proceso adjudicado a la empresa Claro Servicios Empresariales S.A., perteneciente al grupo de telefonía mexicano cuyo dueño es Carlos Slim. De esta forma, exponen que la comisión evaluadora de este concurso se modificó a medio camino por parte de la subsecretaría , reemplazando a dos de los profesionales que la integraban por otras dos personas, lo que empezó a encender las alarmas de la ahora parte querellante.

Luego de ese momento, se cuenta que este órgano encargado de evaluar cada una de las ofertas, emitió un informe fechado el 7 de febrero pero que se publicó en mercado público el 6 de marzo de 2019. Allí, la comisión recomendó declarar inadmisible a Pronova, indicando que uno de los cargos propuestos por la empresa para el proyecto no cumplía con los cinco años de experiencia que se solicitaban para esas funciones.

El nombre del profesional en cuestión, propuesto por Pronova, se llama Sebastián Ruby Martínez quien, según la querella, es “ingeniero en sistemas de computaciones, en el que constaba que el profesional contaba con 6 años y 9 meses de experiencia en materia de seguridad, vale decir, cumplía con los requerimientos señalados en la intención de Compra”.

La irregularidad en este detalle no llegaría hasta ahí, pues la empresa querellante indica en su acción que “Rayen”, una de las dos compañías declaradas admisibles por la comisión, había presentado el currículum del mismo profesional, y todo así, “la oferta de la primera [Rayen] fue declarada admisible, mientras que la de nuestra representada fue declarada inadmisible (…) ni la Comisión ni la autoridad que adjudicó el contrato [Luis Castillo] explicaron las razones por las cuales se consideró que en un caso el CV del Sr. SEBASTIÁN RUBY MARTINEZ cumplía con los requisitos de experiencia establecidos en la Intención de Compra, mientras que en el otro no”.

Acusan un producto deficiente de Claro

Según los querellantes también existen irregularidades dentro del servicio ofrecido por la empresa Claro, asegurando que no cumplirían con los requisitos de seguridad necesarios para proteger la información clínica de los chilenos en el Hospital Digital, los cuales eran exigidos en la licitación.

El documento explica que “esta empresa presentó los Softwares MySQL y Red Hat JBoss14, que corresponden a soluciones de código abierto, conocidos como ‘open source’. Este tipo de productos se caracteriza por tener un código de fuente o estructura pública que, por lo tanto, permite que terceros puedan modificarlo sin ninguna restricción, salvo el reconocimiento a la propiedad intelectual original”.

Otro punto respecto del software utilizado por Claro, según Pronova, es que su acceso sería gratuito, lo que no justificaría el precio pagado en la compra, puesto que sólo se estaría cancelando por “la consultoría y la plataforma tecnológica”, indica el documento.

Por todos estos antecedentes la querella también solicita que se investigue el delito de fraude al fisco contra todos quienes resulten responsables. Entre las diligencias, Pronova solicita que se interrogue a distintas autoridades como testigos, entre ellas el ministro de Salud, Emilio Santelices, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

INTERFERENCIA consultó al equipo de comunicaciones de Luis Castillo respecto de esta situación judicial, que señaló lo siguiente: “Mediante el presente, la Subsecretaría de Redes Asistenciales informa que se ha tomado conocimiento –extraoficialmente-, de una querella que apuntaría al  proceso licitatorio de la Historia Clínica Compartida del Hospital Digital. En este contexto y en el marco de la observancia  de los principios de probidad y transparencia, esta subsecretaría, con fecha 09 de abril, solicitó a todos los jefes de departamentos y miembros de las diferentes comisiones que trabajaron en la preparación de bases de licitación, como así también en la evaluación y adjudicación del proceso aludido, que dispongan, a la brevedad, de la totalidad de la información, para ser presentada a los organismos correspondientes, en la eventualidad de que así sea solicitado”.

INTERFERENCIA también contactó al abogado Circo Colombara, pero este declinó referirse al tema.